PGN - FALLA EN EL SERVICIO - Por causal eximente de antijuridicidad o de culpabilidad

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Se aplica cuando el sujeto privado de la libertad termina absuelto/RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Se configura cuando no existe el elemento de tipicidad/FALLA EN EL SERVICIO-Por causal eximente de antijuridicidad o de culpabilidad Se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera injusta siempre que el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C.P.P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se exonere de responsabilidad penal porque opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad la disputa sobre la responsabilidad que obliga a indemnizar ha de resolverse con el título de imputación ordinario: La falla en el servicio. DAÑO ANTIJURIDICO-Por privación injusta de la libertad Para el Ministerio Público, el análisis precedente permite inferir que el fundamento de la absolución se enmarca dentro de uno de los eventos regulados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en particular el que refiere a que el sindicado no la cometió, lo cual conlleva a concluir que el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto es el objetivo, razón por la cual resulta irrelevante estudiar si las decisiones que impusieron tanto la medida de detención preventiva como la resolución acusatoria

estuvieron o no ajustadas a derecho. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Responsabilidad Patrimonial de la Fiscalía General de la Nación En suma, acreditado el daño antijurídico (privación injusta de la libertad) y su imputación a la Nación – Fiscalía General de la Nación corresponde a ésta resarcir los perjuicios causados a los actores.

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 168 / 2012

Bogotá, D.C., 3 de julio de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Dra. OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso No 43.765 (25000232600020090060301) Acción de reparación directa Actor: Félix Iván Ramírez López y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ (afectado directo), quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores (hijos mayores);

SANDRA LILIANA CASTRO CAMACHO (compañera permanente); VIRGINIA LOPEZ DE RAMIREZ (madre); MARILUZ, BLANCA LUCY DEYCY, JOSE DANIEL y URIEL LIZANDRO RAMIREZ LOPEZ (hermanos), en ejercicio de la acción de reparación directa, instauraron demanda1 contra la Nación – Ministerio

del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación y Rama JudicialConsejo Superior de la Judicatura, para que se les declare administrativamente responsables de los perjuicios causados por la injusta privación de la libertad de que fue objeto el primero. Como consecuencia de tal declaración se condene a las entidades demandadas a pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del directo afectado y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demás actores, por concepto de daños a la vida de relación 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del directo afectado y perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente $13.593.322.99 y por lucro cesante $97.997.037 Como soporte fáctico se adujo que el señor Fredy Antonio Duque Ramírez instauró denuncia penal por el presunto delito de tentativa de secuestro en contra de Félix Iván Ramírez López y otros. Que la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales Especializados de Bogotá, mediante proveído de septiembre de 2003, les resolvió la situación jurídica y les impuso medida de aseguramiento con detención preventiva sin beneficio de excarcelación. Que la Fiscalía encargada de la instrucción, mediante proveído de 16 de mayo de 2004, profirió resolución de acusación en contra de Félix Iván Ramírez y otros. EL Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, mediante providencia de 30 de 1 30 de mayo de 2008 (fl 43 c. ppal) junio de 2005, lo absolvió y recuperó su libertad el 15 de julio de 2005.

Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala de Decisión Penal de Descongestión, mediante sentencia de 14 de junio de 2007, confirmó en todas sus partes el fallo absolutorio, por tanto afirma que el señor Ramírez López permaneció privado injustamente de la libertad durante 2 años, 8 meses y 28 días. 1.2 Contestación de la demanda:  El Ministerio de Interior y de Justicia (fls 182 a 184 c. ppal) se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues advierte que dicho Ministerio pertenece a la Rama Ejecutiva y dentro de sus competencias no se encuentra asignada atribución alguna que le permita proferir decisiones judiciales, como las que invoca la actora como causa del daño alegado.  La Fiscalía General de la Nación (fls 191 a 206 c. ppal) alega que por disposición constitucional se encuentra obligada a adelantar la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revisten las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. Que el Fiscal que conoció de la investigación penal obró de acuerdo a los parámetros legales, pues para dictar la medida de aseguramiento se basó en pruebas que satisfacían los requisitos exigidos para imponerla. Que las medidas de aseguramiento no requieren de juicio previo, toda vez que pueden aplicarse cuando se cumplen los requisitos exigidos para ello, sin

que sea necesario que existan pruebas que den la certeza sobre la responsabilidad penal del sindicado.  La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fls 221 a 236 c. ppal) se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: - Caducidad de la acción.- Pues afirma que para fecha en que se instauró la demanda ya había operado la caducidad de la acción, pues advierte que el 30 de junio de 2005 se profirió sentencia absolutoria de primera instancia y se ordenó la libertad inmediata del señor Martínez López, y como la demanda se presentó el 30 de mayo de 2008, para esa fecha ya se había superado el término legal de los dos (2) años para ejercer el derecho. - Falta de legitimación en la causa por pasiva.- Toda vez que en vigencia de la Ley 600 de 2000 la Fiscalía General de la Nación se encontraba facultada de manera autónoma e independiente de la Rama Judicial para imponer medidas restrictivas de la libertad, bajo el entendido que como ente instructor era el único que dirigía por completo la etapa sumarial. Consecuente con lo anterior no le cabe responsabilidad alguna a la Rama judicial, pues la única actuación desplegada por los jueces fue la providencia dictada por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá que absolvió de toda responsabilidad penal al señor Martínez López, sentencia que a la postre fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, cuyas decisiones no son objeto de cuestionamiento. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de

Cundinamarca2 declaró la falta de legitimación por activa de los señores: Sandra Liliana Castro Camacho (compañera permanente), Virginia López de Ramírez (progenitora) y Marilú, Blanca Lucy, Deicy, José Daniel y Uriel Lizandro Ramírez López3; declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y Justicia y negó las pretensiones de la demanda. Para el a-quo, las resoluciones proferidas por el ente investigador de fechas 13 de septiembre de 2002 y 16 de mayo de 2003, por medio de las cuales impuso medida de aseguramiento y profirió resolución de acusación contra el señor Félix Iván Ramírez López, “se encuentran jurídicamente sustentadas, soportadas con una extensa valoración de las pruebas legal y oportunamente allegadas al expediente, y con el cumplimiento de los requisitos consagrados en el Código de Procedimiento Penal vigente para cada una de las etapas del proceso”. Precisó que la parte actora no realizó cargo alguno contra funcionario judicial que tramitó la etapa de juicio, aunado a que la decisión de absolución a favor del señor Ramírez López no evidencia anormalidad que le pueda ser imputable. 1.4 Apelación.- El apoderado de la parte demandante (fls 352 a 277 c. 3) alega que el señor Félix Iván Ramírez López no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, pues éste se enmarca dentro del concepto de lo antijurídico, cuya configuración obliga a que los perjuicios causados le sean resarcidos.

Que el Estado no logró desvirtuar la presunción constitucional de inocencia del procesado, lo cual constituye la existencia de un daño antijurídico, en cuyo caso la privación de su libertad se tornó en injusta desde el momento en que fue absuelto de responsabilidad penal. Medida que además fue desproporcionada, pues la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, razón por la cual su aplicación debe ser excepcional y limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Que en casos como el hoy se analiza opera el régimen de responsabilidad objetivo, en donde no se discute si la entidad demandada incurrió en falla del servicio o si actúo o no en cumplimiento de las funciones de investigación y acusación asignadas por la Constitución y la Ley. Solicita tener como pruebas, aquellas que no fueron valoradas por el Tribunal, pues advierte que éstas cumplen los requisitos exigidos para que puedan ser estimadas. II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 Problema jurídico Por tratarse de apelante único, la controversia en esta instancia se limitará de manera exclusiva a los argumentos expuestos por el recurrente, como lo dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. 2 En sentencia de 28 de octubre de 2011 (fls 339 a 349 C. ante Consejo de Estado) 3 Acuden al proceso invocando la condición de madre y hermanos del señor Félix Iván Martínez, sin embargo, en sentir del Tribunal este último no allegó el registro civil de nacimiento en el momento procesal oportuno. En cuanto a la señora Sandra Liliana Castro, advierte que la declaración extraproceso para acreditar la calidad de

compañera permanente no es prueba suficiente. Para resolver la controversia planteada, corresponde absolver en su orden los siguientes problemas jurídicos (i) Acreditación del daño antijurídico y (ii) Régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto. De conformidad con las pruebas documentales4 y testimoniales debidamente aportadas y recepcionadas en el proceso, se tiene probado lo siguiente. (i) El hecho dañoso.- La situación intramural del señor Félix Iván Ramírez López se acreditó con los originales de las certificaciones expedidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, en las que consta que estuvo detenido “desde el 17 de octubre de 2002 hasta el 26 de febrero de 2004 y desde el 27 de febrero de ese mismo año hasta el 15 de julio de 2005, fecha esta última que salió en libertad por cuenta del Juzgado 9 de Ejecución de penas por el delito de secuestro extorsivo” (fls 133 y 134 c. 2) Lo anterior permite concluir que estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de 2 años, 8 meses y 28 días. (ii) Titulo de imputación: (ii.1) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha predicado la imputación de responsabilidad objetiva a la administración por casos de privación injusta de la libertad en los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y cuando se absuelve aplicando el principio de in dubio pro reo (strictu sensu). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó:

“En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones ocasiones5, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 19916 (C. de

P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias7, se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible.

La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 19978 y reiterada recientemente9, amplió la 4 Unas aportadas en copia auténtica por la parte actora junto con la demanda (fls 1 a 156 c 2), otras solicitadas por la parte demandante (fls 41 y 42 c. ppal), decretadas por el Tribunal en el auto de pruebas (fls 238 a 239 c. ppal) y allegadas en copia autentica por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá (cuadernos 3 al 19) y la Procuraduría General de la Nación – Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos ( cuadernos 20 y 21) 5 (pie de página de la cita) Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel

Zabala Méndez.; 27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chávez López y otros. Consejera

Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

6 (pie de página de la cita)Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991 7 (pie de página de la cita) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de diciembre de

2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña Galvis. Demandado: Nación, Ministerio de Justicia. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195. Actor: Henry Marín Garzón y otros.

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.591. Actor:

Alberto Mesías Chávez y otros. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr.

Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

8 (pie de página de la cita) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 9 (pie de página de la cita) Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo” , pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue

injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia10 y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) (ii.2) Existen precedentes jurisprudenciales de la Sección Tercera que han adoptado como criterio general que se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera injusta siempre que el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C.P.P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se exonere de responsabilidad penal porque opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad la disputa sobre la responsabilidad que obliga a indemnizar ha de resolverse con el título de imputación ordinario: La falla en el servicio. “(…) las causales eximentes de responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad o la culpabilidad, no están contenidas en ninguno de los tres eventos regulados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, esto es: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió, o iii) que no constituía hecho punible. (…) (…) las tres circunstancias definidas por el legislador hacen referencia al tipo penal, mas no a los restantes elementos de la conducta punible. Y, si

bien el último acontecimiento menciona el “hecho punible”, lo cual podría dar a entender que cualquier causal eximente de responsabilidad generaría el derecho a ser indemnizado sin ninguna consideración subjetiva, lo cierto es que la interpretación sistemática, histórica y teleológica de la norma permite concluir que el legislador determinó circunscribir esas tres hipótesis a sucesos en los que el funcionario judicial encuentra que el tipo penal no está configurado, esto es, que la conducta no es típica. En efecto, si el hecho no existió no es posible predicar la materialización de la acción contenida en el tipo; de otra parte, si el sindicado no lo cometió, a él no le es imputable objetivamente razón por la que tampoco se configura la tipicidad respecto del sindicado y, finalmente, si la conducta no constituía hecho punible, es porque no se encontraba así tipificada en el ordenamiento jurídico. 10 (pie de página de la cita) “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”. En consecuencia, cuando se precluye un proceso penal por el hecho de haber operado una de las causales de exoneración de la responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad del comportamiento (v.gr. legítima defensa o el estado de necesidad, etc.) o la culpabilidad del mismo (v.gr. error de prohibición o de tipo, fuerza mayor o caso fortuito, etc.), no resulta admisible enmarcar la absolución en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la segunda parte del artículo 414 del C.P.P. de 1991; a

contrario sensu, cuando se absuelve a una persona porque su conducta no fue antijurídica o culpable, lo procedente es reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad, pero con fundamento en la primera parte del precepto en comento, razón por la que será necesario acreditar que la limitación de la libertad ostentó el carácter de injusta, es decir, habrá que imputar el daño en cabeza de la administración pública con fundamento en la prueba de una falla del servicio. (…) (…) cuando la absolución se genera por la verificación de que la conducta sí existió y era típica, pero no antijurídica o culpable, lo cierto es que corresponde al ciudadano en aras de obtener la correspondiente reparación del daño que supuso la privación de la libertad, acreditar que la misma provino de una falla del servicio como por ejemplo de un análisis inadecuado de las pruebas o de los indicios en que se fundamentó la medida de aseguramiento o de restricción de la libertad.”11 (ii.3) Para determinar cual es el título de imputación aplicable en el caso concreto, es necesario analizar tanto la sentencia de 30 de junio de 2005, proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por medio de la cual se absolvió a Félix Iván Ramírez López del delito de secuestro extorsivo agravado, como aquella que la confirmó en todas sus partes proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala de Decisión Penal de fecha 14 de junio de 2007, pues su fundamentación permitirá determinar bajo que régimen de

responsabilidad debe evaluarse y consecuente con ello establecer si efectivamente la privación de la libertad fue injusta. De su contenido se destacan los siguientes apartes: Sentencia de 30 de junio de 2005 (fls 16 a 78 c. 2 – 54 a 116 c. ppal) “ASUNTO A TRATAR: (…) procede el despacho a proferir el fallo definitivo dentro de la causa seguida contra MARCO AURELIO BUITRAFGO MORA, JHON JAIRO HERRERA GARXIA, FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ y LUIS FERNANDO FORERO BLANCO, acusados por al Fiscalía especializada, como presuntos coautores responsables del delito de secuestro extorsivo agravado. (…) Distinta es la situación de los procesados JHON JAIRO HERRERA GARCIA y FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ quienes ajenos de todo conocimiento previo al trámite a realizar, participaron en el procedimiento policial realizado el 4 de junio de 2002 al mando del

teniente MARCO AURELIO BUITRAGO MORA .

En efecto fueron contestes y coherentes con lo narrado por Buitrago Mora en lo concerniente al desarrollo de los actos relevantes de la privación de la libertad de FREDY ANTONIO DUQUE, pues manifestaron que se requirió a éste para una requisa y ante la reacción agresiva y de escándalo de de 11 Sección Tercera, sentencia de 5 de noviembre de 2009. Exp 17.117 (Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero DUQUE RAMIREZ el teniente Buitrago Mora optó por tomarlo a la fuerza y subirlo obligado a la patrulla que comandaba.

En realidad tales circunstancias fueron igualmente descritas por los multicitados testigos presenciales en el centro comercial de la calle 147 con carrera 7ª, de la misma manera relataron el recorrido o trayecto emprendido en la panel con Fredy Antonio Duque Ramírez, al punto que refirieron que BUITRAGO MORA le ordenó a FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ dirigirse a la Estación de Servitá o 1ª de Policía de Usaquén, luego el particular les pidió agua y FELIX IVAN se la proporcionó, cuando regresó a la patrulla se encontraba una persona a quien identificaron como el informante de las ordenes de captura exigiéndole el pago de una deuda al retenido, por lo que el teniente BUITRAGO le dijo que esa no era función de la Policía, luego cuando se bajó FREDY DUQUE RAMIREZ de la patrulla volvió a observar al mismo es ese sitio, agregando que le decomisaron una pistola. Estos dos procesados admitieron que BUITRAGO MORA no llevaba orden de captura, y ciertamente fluye de la actuación probatoria aquella insular manifestación; que por estar avalada por el procedimiento a llevar a cabo por BUITRAGO MORA en calidad de comandante, no expresaron ni observaron situación irregular para llevar a cabo el mismo, pues carecía el delator o el informante de un móvil para señalar al ofendido como un evasor de la justicia, sino que de manera desprevenida estaba aportando tal información, de ahí que las exculpaciones entregadas por estos acusados, no se resquebrajan desde el cuestionado interés de BUITRAFO MORA en realizar el

trámite, pues éste le indicó al conductor de la patrulla FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ y a JHON JAIRO HERRERA GARCIA en donde se reuniría con el informante, máxime, que era quien lo conocía. (…) De ahí, que no se devele un nexo común entre los tripulantes de la panel, con el procedimiento que dirigía BUITRAGO MORA, y mucho menos, con el informante de quien no se tiene un elemento de juicio que sea punto de partida para inferir que existía connivencia de estos dos procesados con BUITRAGO MORA Y FORERO BLANCO, pues se estableció que tanto FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ como JHON JAIRO HERRERA GARCIA habían realizado escasos 4 turnos de vigilancia en esa Estación de Policía el primero de los nombrados y 3 el segundo, bajo el mando de BUITRAGO MORA. (…) Tampoco hay siquiera un indicio del que deduzcamos que los encartados RAMIREZ LOPEZ y HERRERA GARCIA hicieran parte del grupo delictivo, es más los descargos de éstos procesados ilustran a la foliatura en torno a la identidad del informante cuando manifestaron que éste se reunió con BUITRAGO MORA en la calle 161 con carrera 19 y luego posteriormente se acercó en la calle 147 cerca de la carrera 7ª al exigir el pago de una acreencia a FREDY ANTONIO DUQUE MARTINEZ (…) (…) En síntesis lo expuesto por JHON JAIRO HERRERA GARCIA y FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ es convergente pues ambos indican que no

observaron ningún procedimiento anómalo en que se llevó a cabo la aprehensión de FREDY ANTONIO DUQUE dado que estaba avalado por el Comandante de la patrulla, BUITRAGO MORA, quien tuvo contacto directo con el informante, que resultó ser LUIS FERNANDO FORERO ya que este también se dirigió siempre a él, al paso que el mismo BUITRAGO MORA quien expresó que éste lo llamaría al celular para darle la ubicación del individuo por capturar. Ante la ausencia de un medio probatorio de la entidad que ofrezca certitud en el conocimiento previo que los procesados JHON JAIRO HERRERA GARCIA y FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ actuaron voluntariamente en el iter crimines, es manifiesto que se impone en consecuencia la absolución de los acusados. (…)” (resalto y subrayo) Sentencia de 14 de junio de 2007, confirmatoria de la anterior proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala de Decisión Penal de Riohacha – Guajira (fls 117 a 134 c. ppal) “(…) En lo que tiene que ver con las reflexiones de la Fiscalía Cuarta Especializada, la COLEGIATURA estima, en total avenencia con el Fallador de Primera Instancia, que es evidente que la foliatura cuenta con la densidad probatoria suficiente para acreditar la materialidad de la conducta punible de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO, de la que fuera víctima el señor FREFY ANTONIO DUQUE RAMIREZ, no obstante, no se vislumbra la misma claridad respecto del vínculo o conexidad del comportamiento de los procesados JHON JAIRO HERRERA GARCIA y

FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ con los hechos materia de estudio, en otras palabras, que en connivencia con BUITRAGO MORA dichos individuos hubieran desplegado la prealudida actuación delictiva, traducida ésta en la retención ilegal de la persona del denunciante, por el contrario, del paginarlo se desprende que los mismos no se estaban a sabiendas de las reales intenciones de su comandante al aprehender a DUQUE RAMIREZ, pues si bien pudieron percibir el cruce de llamadas que se dio entre el Teniente BUITRAGO y su informante, de las que no pudieron HERERRA Y RAMIREZ suministrar mayores datos por cuanto el interlocutor de las mismas siempre era su jefe (…) no puede predicarse que tales individuos se hallen incursos en la conducta Sub Examine a título de coautores materiales, dado a que ello demanda necesariamente una división de trabajo criminal, y en el expediente puede manifiestamente advertirse que la idea, el plan y la ejecución de dicho operativo estuvo indiscutiblemente coordinado por el multicitado Teniente BUITRAGO MORA, quien tenía el absoluto conocimiento de la ilicitud de su proceder. (…)” (resalto y subrayo) (ii.4) Los argumentos que fundamentan la absolución del señor FELIX IVAN RAMIREZ LOPEZ, indican que en su condición de agente de la Policía Nacional y conductor de la patrulla para el día de los hechos, no participó en la comisión del delito de secuestro extorsivo agravado que se le imputó a título de coautor, pues se logró demostrar que su Jefe inmediato, fue quien que

prevalido de su investidura, como Teniente de la Institución Policial y al mando del operativo, se puso de acuerdo con un particular para cometer la actuación delictiva. Para el juez de primera instancia no existió indicio para inferir que Félix Iván Ramírez, hubiese sido coautor del hecho delictivo, pues no encontró elementos de juicio para deducir que hubiese concertado para privar de la libertad en forma irregular del señor Duque Martínez. Tales consideraciones fueron compartidas por el juzgador de segunda instancia, quien además precisó que frente a Félix Iván Ramírez no era posible predicar que estuviese incurso en una conducta delictiva, pues la planeación y ejecución del operativo fue responsabilidad exclusiva del Teniente Buitrago Mora. Para el Ministerio Público, el análisis precedente permite inferir que el fundamento de la absolución se enmarca dentro de uno de los eventos regulados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en particular el que refiere a “que el sindicado no lo cometió”, lo cual conlleva a concluir que el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto es el OBJETIVO, razón por la cual resulta irrelevante estudiar si las decisiones que impusieron tanto la medida de detención preventiva como la resolución acusatoria estuvieron o no ajustadas a derecho. En suma, acreditado el daño antijurídico (privación injusta de la libertad) y su imputación a la Nación – Fiscalía General de la Nación corresponde a ésta resarcir los perjuicios causados a los actores. Lo anterior bajo el entendido de no contar con elemento de juicio alguno para predicar un actuar doloso o gravemente cul