PGN - FALSEDAD O TEMERIDAD DEL ESCRITO DE QUEJA - Trato diferenciado al quejoso sospechoso de i

Bogotá, D.C., 17 de Abril de 2006 PAD Doctora

MARIA LILIANA MARTINEZ RUEDA

Profesional Universitaria Oficina de Control Interno Disciplinario-Alcaldía Bucaramanga Calle 37 No. 12-80

Bucaramanga-Santander Ref: Su oficio del 16 de marzo de 2006, radicado en esta oficina el 29 del mismo mes y año.

En relación con la distinción entre quejoso e informante, requiere precisión sobre deberes, derechos y debidas actuaciones de los mismos dentro del proceso disciplinario. Conforme a lo dispuesto en el estatuto disciplinario podría validamente pensarse que cuando las normas se refieren a quejoso, éstas aluden únicamente a la persona o particular que presenta una queja sobre un hecho irregular. Lo anterior, porque se ha entendido que éste es sólo uno de los medios que ponen en movimiento la acción disciplinaria, pues la actuación puede originarse también de oficio o por información suministrada por servidor público (artículo 69), en este último evento se denomina comúnmente al funcionario como informante, 2 diferencia que plasmaba expresamente la Ley 200 de 1995, al señalar en el artículo 71 que ni uno ni otro eran parte del proceso disciplinario. En relación con este punto, la doctora JEANNETTE NAVAS DE RICO, en comentarios a la norma en cita y refiriéndose a la diferencia entre informador y quejoso, señaló lo siguiente: “El servidor público adquirirá la calidad de quejoso cuando tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos que puedan constituir falta disciplinaria, siempre que el conocimiento no surja del ejercicio de sus funciones. En tal caso, se le tendrá que

comunicar la decisión de archivo y absolución. Diferente situación se presenta, cuando la acción disciplinaria se inicie oficiosamente como consecuencia de irregularidades detectadas en informe rendido por servidor público en cumplimiento de una función que le es propia, por ejemplo, cuando surgen de informes rendidos por la contraloría, la oficina de control interno de gestión, o cuando en ejercicio de la actividad disciplinaria, en la práctica de pruebas, se detecta alguna irregularidad no conexa con los hechos investigados. En este evento, la decisión no tendrá que comunicarse a quien rindió el informe o informó el hecho detectado.”. - En cuanto a los derechos que le atañen a uno y a otro, se tiene que el artículo 202 de la Ley 734 de 2002 prevé que del auto de archivo y de la decisión absolutoria se debe enterar al quejoso, mediante comunicación acompañada de copia de la decisión remitida a la última dirección registrada. Esta norma tiene que ver directamente con el parágrafo del artículo 90 del mismo estatuto, en virtud del cual la intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la 3 queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas y a recurrir las decisiones arriba citadas. Ahora bien, aunque el nuevo estatuto no plantea la diferencia entre quejoso e informante, no por eso podría pasarse por alto la existencia de las dos modalidades referidas y concluirse que al hacer alusión el artículo 202 a la primera de ellas (por queja -quejoso), tal circunstancia excluye de la comunicación al servidor público, cuando en ejercicio de sus funciones informa de un hecho presuntamente anómalo. Sin embargo, como la comunicación está orientada a

que la decisión respectiva pueda impugnarse por quien formula la queja por el interés que tiene en los resultados del proceso, el autor IVAN VELÁZQUEZ GÓMEZ en su libro Manual de Derecho Disciplinario, en torno a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 200 de 1995, que al igual que en la nueva ley sólo se refiere a la comunicación del quejoso para los efectos antes señalados, indicó: “Conforme se vio antes, la actuación disciplinaria puede iniciarse de oficio, por información proveniente de servidor público, por queja formulada por cualquier persona o por cualquier otro medido que amerite credibilidad. Aunque el artículo 151 se refiere al quejoso, nada se opone a que el servidor público que informó sobre la comisión de la conducta presuntamente irregular sea considerado también como quejoso y se le permita impugnar el auto de archivo y el fallo absolutorio, pues igualmente de él se puede predicar la existencia de interés en que se garantice el cumplimiento y los fines del Estado. 4 En general, puede afirmarse que al tercero identificado -lo cual excluye obviamente al informante anónimoque puso en conocimiento de la autoridad correspondiente la comisión de una presunta falta disciplinaria, es a quien faculta el inciso segundo del artículo 151 CDU para impugnar la decisión que ponga fin, temporal o definitivamente, a la actuación disciplinaria”. La similitud de las normas del antiguo y nuevo régimen disciplinario en este aspecto permitiría en el caso del artículo 202 de la Ley 734 de 2002 aplicar el criterio aludido, el cual es compartido por esta oficina, pues si bien la disposición

sólo alude al quejoso, nada impide que al servidor público se le de esa connotación e igualmente se le comunique el archivo o el fallo absolutorio para los fines indicados y en miras a resguardar el debido ejercicio de la gestión administrativa. - Otro aspecto que debe considerarse respecto de las actuaciones de quien pone en moviendo la acción disciplinaria, es el contemplado en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, en la que se establece: “Parágrafo 1. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna. Parágrafo 2. Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el investigador podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. La Procuraduría General de la Nación, o quienes ejerzan funciones disciplinarias, en 5 los casos que se advierta la temeridad de la queja, podrá imponer sanciones de multa, previa audiencia del quejoso, por medio de resolución motivada contra la cual procede únicamente recurso de apelación que pueda ser interpuesto dentro de los dos días siguientes a la notificación.”. La norma establece un procedimiento especial y distinto del ordinario que se adelanta contra el disciplinado, que pretende imponer un correctivo de tipo monetario a la persona que formula una queja en términos que no corresponden a la realidad o que es temeraria. Se trata de un trámite sumario que compromete a

quien no es parte del proceso, cuyas reglas, en la actualidad, no son otras que aquellas que el mismo legislador ha previsto en la norma en referencia, en virtud de las cuales establecida la falsedad o temeridad de la queja por parte de la autoridad disciplinaria que conoce de la misma, debe citarse a audiencia al quejoso para confrontarlo con los hechos que denuncia y si es pertinente rinda las explicaciones respectivas, cumplido lo cual y sin ninguna otra diligencia debe resolverse el asunto mediante una providencia motivada, sujeta a notificación personal, ya que este acto es susceptible de recurso de apelación que podrá interponerse dentro de los dos días siguientes a la notificación. Se trata obviamente de sancionar a quien sólo busca utilizar a la administración para dañar a alguien o entorpecer alguna situación en particular, apartándose así de los fines que persigue el proceso disciplinario, tendientes a asegurar el debido comportamiento y la eficacia, obediencia y disciplina de los servidores públicos con miras a consolidar el buen funcionamiento de las instituciones oficiales y de los servicios a cargo del Estado. 6 El reproche en cuestión debe entenderse dirigido a la persona que interpone la queja como particular, pues aunque el servidor público también puede poner en movimiento la acción de la administración respecto del disciplinario propiamente dicho, cuando éste actúa en ejercicio de sus funciones y en virtud del cargo que desempeña, es obvio que su proceder queda supeditado a las normas que regulan la conducta de quienes pertenecen al sector oficial, de las cuales hace parte el catálogo de deberes, obligaciones, prohibiciones y faltas, cuyo desconocimiento implica la responsabilidad disciplinaria que debe estructurarse

conforme al procedimiento ordinario que contempla el estatuto en la materia, en el que se prevén las pasos que han de seguirse y las sanciones a imponer según la naturaleza de los hechos investigados; todo lo cual, como ya se anotó, constituye un trámite diferente del abreviado en examen. Ahora bien, como el funcionario público de todas maneras puede formular quejas a nombre propio y personal, sin que medie para ello su condición oficial, se estima que en esos casos nada impide que pueda procederse en la forma descrita en el artículo 150-parágrafo 2, cuando se den las circunstancias allí previstas. Finalmente, le informo que la presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención, 7

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (e) C-114/2006

MLRR-MPCM