PGN - FALSO JUICIO DE EXISTENCIA - Configuración en la modalidad de error de hecho

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-Sala de Casación PenalM. P. Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA Ref.: Casaciones interpuestas por los defensores de DARIO QUINTERO PATIÑO y ALFREDO LUIS PADILLA BOLÍVAR, procesados por el concurso de delitos de peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción. Rdo. 28900.

Honorables Magistrados: Procede la Procuraduría a conceptuar sobre la legalidad de la sentencia del 15 de junio de 2007, mediante la cual el Tribunal Superior de Valledupar confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 4º Penal del Circuito de esa ciudad, que condenó a Darío Quintero Patiño a la pena principal de ocho (8) años de prisión, y multa de setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en calidad de autor de peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y determinador de prevaricato por acción.

También condenó a Alfredo Luis Padilla Bolívar, Patricia Rojas Domínguez y Casto de Jesús Socarrás Reales a la pena principal de tres (3) años de prisión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautores de prevaricato por acción.

1. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

El Tribunal los resumió así: Casación Nº 28900

Darío Quintero Patiño y Otro “2.1.1 El 6 de febrero de 1998 el Diputado del Departamento de Cesar, Darío

Quintero Patiño, recibió por concepto de viáticos la suma de $1.468.014 (aparte de tiquetes aéreos) para cumplir una comisión por término de 3 días en Bogotá. A pesar de que aquella se cumplió en dos días, el futuro procesado no reintegró el dinero sobrante, en cuantía de $489.338. 2.1.2 El 28 de septiembre de ese mismo año, Quintero Patiño como Presidente de la Corporación citada contrató con Carmelo Galeano el suministro e instalación de un equipo amplificador de sonido para el recinto de sesiones por valor de $15.854.250, sin consultar a otros oferentes (a), sin certificado de disponibilidad presupuestal (b), y sin que el contratista contara con el paz y salvo que lo habilitaba para contratar con el Estado, el cual se expidió después de la negociación (c). 2.1.3 El 12 de febrero de 1999 la Mesa Directiva de la Corporación integrada por Patricia Rojas Domínguez, Casto de Jesús Socarrás Reales y Alfredo Luis Padilla Bolívar suscribieron bajo orientación del Diputado Darío Quintero Patiño la resolución 049, elaborada por éste, en la que nombraron al Contralor Auxiliar como Contralor Departamental para la totalidad del período constitucional que comprendía desde el 1º de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000, en razón de la falta absoluta de la titular del cargo que se produjo el 10 de diciembre de 1998, al ejecutoriarse la decisión judicial que anuló su elección.” Adelantadas las correspondientes investigaciones y superadas las diversas fases

de las mismas, se profirieron las providencias calificatorias de la siguiente manera:

1. La investigación originada en los hechos del numeral 2.1.1, inicialmente fue adelantada por la Fiscalía 6a Seccional de Valledupar, pero en cumplimiento de la Resolución 0250 del 9 de marzo de 2000, se dispuso la remisión de las diligencias a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca (fs. 162 c. 1A), en donde fueron asignadas a la Fiscal 1a de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública y el Medio Ambiente (f. 171).

2 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro El 8 de septiembre de 2000, la Fiscalía 1ª Seccional de Bogotá, profirió resolución de acusación por el delito de peculado por apropiación (fs. 236 a 241 c. 1A). Decisión apelada por el defensor del procesado, siendo concedido el recurso, en el efecto suspensivo, mediante resolución del 1º de diciembre de 2000 (f. 274 c.cit). Revisado el proceso no se encuentra la providencia que resolvió el recurso. Sin embargo, en providencia del 21 de diciembre de 2000, el Juzgado 3º Penal del Circuito de Valledupar decretó la acumulación de los tres procesos seguidos contra el señor Quintero Patiño, señalando en ella que la acusación quedó ejecutoriada el 21 de diciembre de 2000.

2. En la investigación adelantada por los hechos reseñados en el acápite 2.1.2, el 11 de febrero de 2000, la Fiscalía 11 Seccional de Valledupar profirió resolución

de acusación contra Darío Quintero Patiño como presunto autor de interés ilícito en la celebración de contratos, en concurso con peculado por apropiación (fls. 341 a 348 c. 2), con constancia de ejecutoria del 29 de febrero de 2000.

3. El proceso seguido por los hechos consignados en el acápite 2.1.3, fue calificado el 11 de febrero de 2000, por la Fiscalía 5a Seccional de Valledupar, con resolución de acusación contra Darío Quintero Patiño, Alfredo Luis Padilla Bolívar, Casto de Jesús Socarrás Reales y Patricia Rojas Domínguez, como presuntos responsables del delito de prevaricato por acción (fs. 286 a 294 c.3A). Apelada por los defensores de los tres últimos, el 13 de diciembre de 2000, la Fiscalía 2a Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar la confirmó, quedando ejecutoriada en esa fecha.

Estando en curso la etapa del juicio en los diferentes procesos, el 12 de marzo de 2001, el Juzgado 3º Penal del Circuito de Valledupar, a cargo de la doctora Cecilia Leonor Olivilla Araujo, decretó la acumulación de las tres causas (fs. 388 a 391 c. 3A). Igualados en su tramitación, se inició la audiencia pública y avanza hasta el 26 de septiembre de 2002, cuando el titular del despacho, en ese momento, doctor Alfonso Tatis Vásquez se declara impedido para seguir conociendo de la actuación, por causal de impedimento sobreviviente, en razón a que el agente del Ministerio Público inició en su contra investigación disciplinaria (fs. 850 a 854 c. 3).

Al declarar que es de recibo el impedimento, el Juez 4º Penal del Circuito de 3 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro Valledupar, a cargo del doctor Franklin Martínez Solano, en providencia del 3 de octubre de 2002, lo declara fundado y aprehende el conocimiento del proceso. La audiencia pública continúa el 19 de febrero de 2003, luego se producen varias actuaciones relativas a solicitudes de libertad del procesado Darío Quintero Patiño, negada mediante providencia del 3 de junio de 2003, la recusación del Juez por parte del defensor de dicho procesado, despachada desfavorablemente el 16 de junio de dicho año. La audiencia pública continúa el 28 de agosto de 2003, en la que el despacho negó las pruebas solicitadas por la defensa del señor Quintero Patiño, siendo apelada dicha decisión. El Tribunal Superior de Valledupar confirmó la decisión impugnada el 27 de octubre de 2003. Se fijó fecha para continuar la audiencia pública el 10 de diciembre de 2003. El 9 de diciembre de 2003, el defensor de Quintero Patiño solicita la cesación de procedimiento por la supuesta violación del principio de non bis in ídem, toda vez que considera que a dicho procesado se le han adelantado dos procesos por un mismo hecho (fs. 1281 a 1291 c. 5). Mediante auto del 29 de noviembre de 2004, el Juzgado se abstiene de decretar la medida solicitada y ordena fijar fecha para que continúe la audiencia pública (fs. 1357 a 1363 c. 5). El 23 de febrero de 2005

continúa y finaliza la audiencia pública (fs. 1372 a 1381 c. 5). El 19 de septiembre de 2005 se profirió sentencia condenatoria de primera instancia, en la que se absolvió al procesado Darío Quintero Patiño por el delito de peculado por apropiación vinculado con la celebración indebida de contratos, y se le condenó a las penas principales de ocho (8) años de prisión, y multa de setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor de los delitos de peculado por apropiación, en cuantía inferior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, interés ilícito en celebración de contratos y prevaricato por acción. La sentencia de primera instancia también condenó a Patricia Rojas Domínguez, Casto de Jesús Socarrás Reales y Alfredo Luis Padilla a la pena de tres (3) años de prisión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 4 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro como autores de prevaricato por acción, concediéndoles la suspensión condicional de la ejecución de la pena (fs. 1406 a 1452 c. 5). Impugnada por los defensores de los cuatro procesados, el 15 de junio de 2007, el Tribunal Superior de Valledupar confirmó el fallo de primera instancia, modificando la calificación jurídica de la conducta de interés indebido en la celebración de contratos, por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (fs. 119 a 132). Contra esta decisión se recurre ahora en casación.

2. LAS DEMANDAS 2.1 Demanda presentada a nombre de DARIO QUINTERO PATIÑO 2.1.1 Primer Cargo En relación con el peculado por apropiación de $489.338.00, el censor, apoyado en la causal primera de casación, alega la violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación del artículo 61 del Decreto 100 de 1980, vigente para la época, referente a los criterios para cuantificar la pena.

En una anotación previa al desarrollo del cargo, el censor afirma que la acción penal por el delito de peculado ha prescrito. Sostiene que la resolución de acusación por esa conducta quedó ejecutoriada el 21 de diciembre de 2000. Que por tratarse de cuantía inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales la pena asignada va de un año seis meses a siete años seis meses, que la prescripción sería la mitad de este último término, pero se establece en cinco años en virtud de lo dispuesto por el artículo 84 C. Penal, cifra incrementada en una tercera parte por tratarse de servidor público, para un total de seis años ocho meses, los cuales, ya transcurrieron. Retomando el cargo planteado, el actor sostiene que en la sentencia de primer grado se concluyó que el procesado se había apropiado indebidamente de un día de viáticos (de tres que le habían sido otorgados), por $489.338,oo y el valor de un pasaje aéreo Valledupar Bogotá por $198.500 para un total de $687.338. Por su 5 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro parte, el Tribunal ad quem, en segunda instancia, modificó dicha decisión al

señalar que el peculado sólo se había producido respecto del valor del día de viáticos no justificados, y no respecto del pasaje aéreo. La reducción de la cuantía de lo apropiado, sostiene el libelista, ha debido reflejarse en la disminución de la pena, “no sólo por acatamiento a los principios de lesividad y proporcionalidad, que exigen correspondencia entre la afectación del bien jurídico y la sanción, sino del artículo 61 del Decreto 100 de 1980, entonces vigente, que disponía que dentro de los criterios para graduar la sanción se debe tener en cuenta la gravedad del hecho punible, por lo que al no disminuirse la pena proporcionalmente a la menor gravedad del injusto, se vulneró, por falta de aplicación, la citada norma.” (fs. 177 a 178 c. Trib.). El demandante solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y en consecuencia, disminuir la pena proporcionalmente a la menor gravedad de la conducta punible. 2.1.2 Segundo Cargo Respecto del delito de prevaricato por acción, el actor afirma que el Tribunal incurrió en violación indirecta de la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 149 del Decreto 100 de 1980, modificado por el 28 de la Ley 190 de 1995, producto de un error de hecho por falso juicio de identidad, por tergiversación de la prueba documental. Al igual que en el cargo anterior, el censor considera que este delito se encuentra prescrito. Señala que la resolución de acusación proferida por la Fiscalía Quinta Seccional de Valledupar relacionada con este delito el 11 de febrero de 2000,

quedó ejecutoriada el 13 de diciembre de 2000. El máximo de pena de acuerdo con el artículo 149 del Decreto 100 de 1980, es de ocho años, con la ejecutoria de la resolución de acusación se reduce a la mitad, pero se aumenta a cinco años en virtud del artículo 84 ibídem, y por tratarse de un servidor público, se aumenta en una tercera parte (art. 82 ídem), quedando en seis años ocho meses, los cuales ya transcurrieron. 6 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro Alega el demandante que la configuración del prevaricato por acción exige el proferimiento de una resolución manifiestamente contraria a la ley, elemento estructural cuya existencia fue inferida en la sentencia como resultado de la tergiversación de la prueba documental. La irregularidad se hizo consistir en la falta de competencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental para designar al Contralor Auxiliar como titular, en caso de falta absoluta o temporal de este. El recurrente transcribe apartes de la sentencia de primera instancia, en la que se consigna que la irregularidad atribuida a Patricia Rojas Domínguez, Casto de Jesús Socarrás Reales y Alfredo Luis Padilla Bolívar radica en que como miembros de la Mesa Directiva de la Asamblea del Cesar, suscribieron la resolución 047 de 1999, en la que se designó en encargo como Controlar Departamental a Francisco Javier Andrade Zambrano, la que se produjo por gestión del procesado Darío Quintero Patiño. Resolución contraria a la ley, toda vez que de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 42 de 1993, esta es facultad de la

Asamblea en pleno, no solo de su Mesa Directiva, además el capítulo 3º de la Ordenanza 011 de 1995 que contiene las funciones de la Mesa Directiva de la Corporación no establece que puedan suplir las faltas del contralor. En el fallo de segunda instancia, señala el casacionista, el ingrediente normativo de la ilegalidad de la resolución, radica en que al Contralor Auxiliar Andrade Zambrano se le designó como titular el 12 de febrero de 1999, haciéndose constar que la designación se hacía a partir del 1º de enero del año anterior. Para el demandante el Tribunal falsea el contenido de la resolución 047 del 12 de febrero de 1999, pues en ella lo que se lee es que se resuelve dar cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo del Cesar que anuló la designación de la doctora Juana Bautista Ramírez Gutiérrez, como Contralor General del Departamento, y dispuso el encargo por el término del período comprendido entre el 1º de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000, al Contralor General Auxiliar, doctor Francisco Javier Zambrano. (fs. 37 y 38 c. 3). 7 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro Considera que lo que indica dicha resolución es que la designación se realiza para terminar el período, el cual es institucional, comprendiendo el lapso entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000, dando cumplimiento así a lo dispuesto en la Ordenanza 017 de 1998, la cual dispone que el Contralor General Auxiliar del Departamento suplirá las fallas del Contralor General del

Departamento, previstas en el artículo 69 de la Ley 42 de 1993, hasta el término del período constitucional correspondiente. Se pregunta el censor para qué iba nombrar la Mesa Directiva desde el 1º de enero de 1998, si el Contralor Auxiliar ya venía desempeñando el cargo de Contralor General desde el 4 de julio de 1998, por suspensión provisional de la doctora Juana Ramírez, dispuesta en providencia del 11 de junio de 1998, como lo relata la sentencia de primera instancia (f. 33), que fuera confirmada por la segunda instancia. Tampoco considera cierto, como se afirma en el fallo del Tribunal, que el doctor Andrade Zambrano hubiera sido posesionado retroactivamente, pues el acta de posesión india que lo hizo el 12 de enero de 1999 (f. 39 c. 3), en la misma fecha de la resolución en que se le designó. Al estimar demostrada la tergiversación de la parte resolutiva de la resolución 047, el censor solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y en consecuencia, absolver al procesado Quintero Patiño del cargo de prevaricato imputado. 2.1.3 Tercer Cargo Respecto del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el actor acusa la sentencia impugnada por violación indirecta de la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 146 del Decreto 100 de 1980, modificado por el 32 de la Ley 190 de 1995, proveniente de error de hecho por falso juicio de existencia por omisión de varias pruebas, que permiten concluir que el acusado no actuó con el propósito de obtener provecho para el contratista, como se afirma en el fallo, por

lo que la conducta es atípica. Afirma el censor que en relación con el ingrediente subjetivo del tipo mencionado, consistente en que el agente haya actuado con el propósito de obtener un 8 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, las instancias sostienen que ese interés se manifestó en que no hubo selección objetiva, ya que únicamente se allegó una oferta, y en que en la celebración del contrato se violaron los requisitos legales, con el interés inocultable de otorgárselo a “Dotaciones y Servicios y/o Ostilio Carmelo Galeano”. Sostiene que las sentencias no consignan ninguna consideración sobre lo manifestado por el acusado, por el contratista y por la pagadora de la Asamblea, sobre el motivo de la rapidez con que fue evacuado el contrato al que se refiere el proceso, de donde se infiere que el procesado no actuó con el ánimo un provecho ilícito para el contratista sino por un motivo noble, como fue el afán de dotar a la Asamblea de un buen equipo de sonido, antes de iniciarse las sesiones, lo que ocurriría en un perentorio término de tres días. El doctor Quintero explicó, continúa el libelista, que las sesiones ordinarias se iniciaban el 1º de octubre, y era normal que si se habían hecho una adecuaciones locativas en la sede de la Corporación, concretamente en los sanitarios, en el parqueadero, en la sala de juntas y en las oficinas, tuvieran ellos el deseo, en calidad de Mesa Directiva, de inaugurar y entregar esos servicios el 1º de octubre,

estando por lo demás en el ejercicio pleno de sus funciones, contando con apropiación presupuestal y la disponibilidad (f. 125 c. 1). La Pagadora de la Asamblea, Luz María Ibarra, al explicar las razones por las que se impulsó con rapidez el contrato señaló que se hizo de carera porque el 1º de octubre se instalaba la Asamblea y los diputados “siempre molestaban” porque se necesitaban los micrófonos, “y como eso fue el 28 y 29 de septiembre y ellos se instalaban el 30 se necesitaba rápido” (f. 466 c. 2A). El contratista Ostilio Carmelo Galeano, agrega el recurrente, afirmó en la audiencia pública, al preguntársele sobre la fecha en que instaló el equipo de amplificación, que no recordaba el día exacto, que se procedió a instalarlo enseguida, porque ellos iban a hacer cambio de presidente y necesitaban el equipo (f. 473 c. 2A). 9 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro De haberse tenido en cuenta tales testimonios, alega el actor, se habría colegido que el procesado, al celebrar el contrato en cuestión, no tuvo en mente el propósito de buscar un provecho indebido para el contratista, sino el sano interés de dotar prontamente a la Asamblea de un equipo de amplificación de sonido, antes de que se iniciaran las sesiones y así mejorara su eficiencia. Concluye que ante la falta del ingrediente subjetivo, exigido por la norma entonces vigente, el comportamiento es atípico, por lo que solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y absolver al procesado por el punible de celebración

indebida de contratos. 2.1.4 Cuarto Cargo De manera subsidiaria al anterior cargo, el actor acusa la sentencia de segunda instancia de violar de manera directa la ley sustancial, por errónea interpretación del artículo 61 del Decreto 100 de 1980, referido a los criterios para fijar la pena, error que, en su opinión, condujo a que por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales se impusiera una pena excesiva. El actor se identifica con la sentencia de primer grado en cuanto a la necesidad de sancionar severamente los actos de corrupción administrativa, pero también señala que por la gravedad de tales conductas, la graduación de la pena parte de una pena mínima elevada, aspecto no tenido en cuenta en el fallo. El que se haya actuado con dolo no puede ser criterio para elevar la sanción, ya que si fuera culposa la conducta no sería delictiva, por no admitir dicha modalidad. Considera que al dosificar la pena, el fallador no tuvo en cuenta que dentro de los delitos contra la administración pública, el que generó este proceso no reviste mayor gravedad, entre otras razones por la cuantía del contrato, pues apenas sobrepasó los quince millones de pesos, los cuales no se perdieron, ya que el acusado fue absuelto del delito de peculado y en el proceso seguido contra el contratista también fue absuelto, y en últimas la administración no sufrió ningún perjuicio de carácter económico. 10 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro Sostiene el demandante que una interpretación correcta del artículo 61 del Decreto 100 de 1980, que establece como criterios para graduar la sanción la

gravedad y modalidades del hecho punible, así como el grado de culpabilidad, unida a las circunstancias que se aceptan en la sentencia como la absolución por el peculado y a que reintegró con antelación la suma presuntamente apropiada, y que no registra antecedentes, habría llevado a la aplicación de una pena mínima. Si debido a la gravedad intrínseca de las conductas contra la administración pública, nunca se aplicara el mínimo, ni para los delitos menos graves como es el del caso juzgado, los mínimos sobrarían. Con base en lo anterior, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y en consecuencia, reducir la sanción para este delito al mínimo previsto en la ley, o sea, cuatro años. Además, que si como consecuencia de que se decrete la prescripción de algunas de las conductas imputadas, y de la prosperidad del algún cargo, la pena no excede de cinco años, se le conceda al acusado el beneficio de prisión domiciliara. 2.2 Demanda presentada a nombre de ALFREDO LUIS PADILLA BOLÍVAR El texto del único cargo formulado por el defensor del señor Padilla Bolívar resulta formal y materialmente idéntico al 2º cargo de la demanda presentada a nombre del procesado Darío Quintero Patiño, reproches formulados con base en la causal 1ª de casación, por la supuesta violación indirecta de la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 149 Decreto 100 de 1980 (modificado por el artículo 29 de la Ley 190 de 1995), que consagra el delito de prevaricato por acción. El error de juicio se hace consistir en falso juicio de identidad, por

tergiversación de la prueba documental. Ante la identidad de las propuestas, resulta innecesario un nuevo resumen, y por ende su respuesta será conjunta. 11 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro

3. EL CONCEPTO En razón a que los apoderados de los procesados advierten sobre la posible configuración del fenómeno de la prescripción de la acción penal, en relación con los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, esta Delegada considera necesario aclarar este aspecto en primer término, pues de ser ello cierto el Estado habría perdido la potestad punitiva respecto de tales ilícitos y solo procedería, frente a ellos, la cesación de procedimiento a favor de los procesados. 3.1 Revisada la actuación seguida contra Darío Quintero Patiño por el delito de peculado por apropiación, cuya cuantía finalmente fue establecida por el Tribunal al resolver la apelación de la sentencia condenatoria de primera instancia, en $489.338.oo, se observa que el 8 de septiembre de 2000 la Fiscalía 1ª Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y el Medio Ambiente de Bogotá profirió resolución de acusación por el citado delito (fs. 236 a 241 C. 1A).

Esta decisión fue apelada por el defensor del procesado, siendo concedido el recurso, en el efecto suspensivo, mediante resolución del 1º de diciembre de 2000. Efectuada una revisión minuciosa del expediente no se observa la providencia de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales Superiores de Bogotá y

Cundinamarca que desató la alzada, sin embargo, la misma en nada modificó la calificación de primera instancia, como se desprende de todas las actuaciones subsiguientes en las que se cita la resolución de acusación del 8 de septiembre de 2000, como el acto calificatorio que rige el proceso. Ahora bien, debe tomarse como fecha de ejecutoria de la citada providencia el 21 de diciembre de 2000, pues así lo consigna de manera expresa el Juzgado 3º Penal del Circuito de Valledupar en la providencia que decretó la acumulación del referido proceso con otro seguido contra el mismo procesado, y además contra Alfredo Luis Padilla Bolívar, Casto de Jesús Socarrás Reales y Patricia Rojas Domínguez por el delito de prevaricato por acción (f. 389 c. cit.). 12 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro Para el delito de peculado por apropiación, la pena establecida por el artículo 133 del Decreto 100 de 1980, norma vigente para la época de los hechos, modificada por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995, era de seis (6) a quince (15) años de prisión. Sin embargo, como lo apropiado ($489.338) no supera el valor de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a 1998, el cual era de $203.826, la citada pena se disminuye de la mitad (½) a las tres cuartas partes (3/4) partes, con lo que queda en un año seis meses a siete años seis meses. Al interrumpirse el término de prescripción con la resolución de acusación, de

conformidad con el artículo 84 ídem, el término se reduce a la mitad sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco años, siendo este el aplicable a esta especie delictiva. Finalmente, como el procesado actuó en su calidad de servidor público, la sanción debe incrementarse en una tercera parte, como lo ordena el artículo 82 del referido estatuto procesal, quedando en últimas en seis años ocho meses. Así las cosas, tenemos que la resolución de acusación del 8 de septiembre de 2000 cobró ejecutoria el 21 de diciembre de 2000, por lo que es a partir de esta fecha que se contabilizan los seis años ocho meses, los cuales vencieron el 21 de agosto de 2007, por lo que a la fecha se encuentra prescrita la acción penal. 3.2 Lo mismo acontece con el delito de prevaricato por acción, el cual les fue imputado a Darío Quintero Patiño, Alfredo Luis Padilla, Casto de Jesús Socarrás Reales y Patricia Rojas Domínguez, mediante resolución de acusación proferida el 11 de febrero de 2000, por la Fiscalía Quinta Seccional de Valledupar. Apelada por los apoderados de los tres últimos, el 13 de diciembre del año 2000, la Fiscalía 2ª Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar la confirmó, quedando ejecutoriada en esa fecha. El artículo 149 del Decreto 100 de 1980, modificado por el 28 de la Ley 190 de 1995, vigente por la época de los hechos, como ya se consignó, establece como máximo de pena para el delito de prevaricato por acción ocho años de prisión. Al

interrumpirse el término de prescripción con la resolución de acusación, de 13 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro acuerdo con el artículo 84 ibídem, el término se reduce a la mitad sin que no pueda ser inferior a cinco años. Como lo señalamos al estudiar la anterior prescripción, a los citados cinco años se les debe agregar una tercera parte por cuanto los procesados actuaron en su condición de servidores públicos, quedando por tanto el término de prescripción en seis años ocho meses. La resolución de acusación contra los procesados por el delito prevaricato por acción quedó ejecutoriada el 13 de diciembre de 2000, momento a partir del cual se contabilizan los seis años ocho meses, los cuales vencieron el 13 de agosto de 2007, por lo que la acción penal ya se encuentra prescrita Así las cosas, esta Procuraduría Delegada solicitará a la Corte declarar la prescripción de la acción penal por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, y en consecuencia decretar la cesación de procedimiento respecto de ellos, así como realizar la correspondiente redosificación de la pena impuesta a los condenados. 3.3 Tercer Cargo Plantea el libelista la violación indirecta de la ley sustancial, consistente en la aplicación indebida del artículo 146 del C. Penal de 1980, originada en error de hecho por falso juicio de existencia por omisión de pruebas que, en su opinión, demuestran que el procesado no actuó con el propósito de obtener provecho el contratista. 3.3.1 Como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, el falso juicio de

existencia, una de las modalidades del error de hecho, se presenta cuando el fallador ignora, desconoce u omite el reconocimiento de una prueba que obra en el 14 Casación Nº 28900 Darío Quintero Patiño y Otro proceso (por omisión), o cuando supone o imagina una prueba que no está en proceso, dando por demostrado un hecho que carece de prueba (suposición).1 Para que una censura por omisión probatoria prospere, el actor debe demostrar no solo la pretermisión de la prueba, sino también la modificación que ella genera en el panorama probatorio del proceso, de modo que altere sustancialmente el sentido o el alcance de la sentencia, circunstancia que justifica el quebrantamiento del fallo. 3.3.2 En el presente caso, el actor se refiere a la falta de valoración por parte del Tribunal de las versiones del procesado Darío Quintero Patiño, de la Pagadora de la Asamblea, luz María Ibarra, y del contratista Ostilio Carmelo Galeano. Sostiene que Quintero Patiño explicó la razón por la cual se adelantó con rapidez el procedimiento contractual, no siendo otro el interés que el de dotar a la Asamblea de un buen equipo de sonido antes de que se iniciaran las sesiones, lo que ocurriría en un plazo perentorio de tres días. Tal versión es corroborada por las otras dos personas citadas. Estima que así se demuestra que el verdadero interés en la celebración del contrato para la adquisición del equipo de