PGN - FALSO JUICIO DE IDENTIDAD - Obligatoriedad

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M.P.: Dr. Herman Galán Castellanos

Bogotá D.C.

REF.: Concepto Demanda de Casación

(Rad. 18.928) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva mediante sentencia del 17 de mayo de 2001 revocó la de carácter absolutoria que profirió el Juzgado Tercero Penal del Circuito, y en su lugar condenó a Pedro Fabián Giraldo Buitrago y Jorge Eliécer Varón Tamayo, por los delitos de Hurto calificado y agravado, Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y Lesiones personales. El defensor del primero interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia y respecto de la demanda presentada, la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal emite concepto sobre su viabilidad, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal. 1.- SITUACIÓN DE HECHO El 2 de mayo de 2000, en Neiva (Huila), a eso de las dos de la tarde Carlos Hernán Lizcano Bonilla y Elver Suaza Hurtado se dirigieron en motocicleta a un Banco de la ciudad con el fin de consignar una suma de dinero (en efectivo $25’269.459 y en cheque $39’847.118), y al pasar por el Portón de las Aguas de Huila, sobre la Avenida Circunvalación, unos sujetos que se movilizaban también en similares velocípedos, los interceptaron, intimidaron con armas de fuego y arrebataron al último el bolso con la cantidad dineral. Debido a la

resistencia que opuso éste, durante el forcejeo fue herido de un disparo en una pierna por uno de los asaltantes, quienes huyeron en dirección al corregimiento del Caguán. El aviso oportuno a las autoridades permitió minutos después, en la misma vía, la captura de Pedro Fabián Giraldo Buitrago quien viajaba en una motocicleta de característica similares a una de las empleadas en el asalto y llevaba la suma de $ 620.000, como también la aprehensión de Jorge Eliécer Varón Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª Nº 15-80 Piso 23 - PBX 3360011 / 3520066 - ext. 12307/14 www.procuraduria.gov.co - casacion4penal@procuraduria.gov.co Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. Tamayo persona que guiaba un automóvil, el cual según la información telefónica de testigos también había sido utilizado en el ilícito y en cuyo interior hallaron prendas y elementos del otro retenido.

2.- SINOPSIS PROCESAL.

Abierta la investigación y escuchados en indagatoria los procesados, su situación jurídica provisional fue resuelta el 8 de mayo de 2000 con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de Hurto calificado y agravado, Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y Lesiones personales. Perfeccionada en lo posible la instrucción se la clausuró el 25 de julio de 2000, y mediante providencia del 15 de agosto siguiente se calificó el mérito probatorio del sumario con Resolución de Acusación contra Pedro Fabián

Giraldo Buitrago y Jorge Eliécer Varón Tamayo como coautores de Hurto calificado y agravado, Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y Lesiones personales, de conformidad con lo previsto en los artículos 201, 333, inciso 1, 349, 350, numeral 1, y 351, numeral 10, todos del Código Penal. Esta decisión se notificó personalmente a todos los sujetos procesales y a partir del 25 de agosto de 2000 cobró ejecutoria formal y material. El conocimiento de la fase procesal del juicio correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, que rituó el debate público oral del juzgamiento y finalmente dictó la sentencia del 13 de marzo de 2001 por medio de la cual absolvió de los cargos a los acusados. El Ministerio Público mostró su inconformismo con la decisión y en virtud del recurso de apelación que interpuso el Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial, mediante la suya del 17 de mayo siguiente la revocó, y, en su lugar condenó a cada uno de los procesados conforme al pliego de cargos, a las penas principales de tres años, once meses de prisión y multa de $3.000.oo, además a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad y por concepto de perjuicios materiales les impuso el pago solidario de $24’969.459 en favor de la empresa afectada. A ambos les negó el subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la sentencia. 2 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro.

Uno y otro interpusieron oportunamente “acción de casación”, pero sólo el defensor de Pedro Fabián Giraldo Buitrago sustentó el recurso extraordinario, y el 14 de mayo de 2002 la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia declaró la respectiva demanda ajustada a los requisitos de forma previstos en la ley.

3.- LA DEMANDA.

Los cargos con los que el censor aspira a derruir la doble presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia de segunda instancia pueden sintetizarse así: 3.1 Primer Cargo De manera principal, al amparo de la causal de casación, el actor alega la violación del debido proceso porque la decisión de condena en la sentencia de segunda instancia fue adoptada con olvido de los principios de imparcialidad e investigación integral; agrega que en la presente actuación es comprobada la existencia de irregularidades sustanciales que, a la par con el debido proceso, vulneraron el derecho de defensa de su representado. Puntualiza que en la formación del raciocinio que lo llevó a revocar la decisión de primera instancia el iudex ad-quem tenía la obligación de observar el mandato contenido en el artículo 234 del actual régimen procesal penal (art. 249 Decreto 2700 de 1991); indica que no podía construirse el fallo censurado con base en el parcializado adelantamiento y desarrollo del proceso por parte de la Fiscalía, entidad que una vez aprehendió a los acusados, optó por mostrarlos a los testigos para que fuesen reconocidos, situación que influyó en la diligencia de reconocimiento en fila de personas llevada a cabo con Elver Suaza Hurtado, pues aún cuando él no estuvo presente en la SIJIN cuando

llegó la patrulla con los capturados y vehículos, seguramente las personas a quienes fueron enseñados previamente le indicaron las características de uno y otro. Por lo mismo critica los testimonios de Hernando Suaza Hurtado y Carlos Hernán Lizcano Bonilla, pues señala que ellos ajustaron sus relatos en cuanto a las características de los acusados y los vehículos por la parcializada decisión de la Policía que procedió a mostrarlos previamente, toda vez que antes de ese evento los declarantes no daban razón ni tenían certidumbre sobre tales aspectos, amén que para infortunio de los procesados sus fotografías fueron publicadas en la sección judicial de los diarios de Neiva, en 3 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. los que se hizo un relato del atraco de marras en el que no falta la exageración y el fallo anticipado de condena fundado exclusivamente en el rumor. Echa en falta un reconocimiento del dinero encontrado en poder de su defendido por parte de la víctima en orden a constar que, de acuerdo con la serie y numeración, se tratara de los mismos billetes que ésta había organizado y dispuesto para realizar la consignación, no obstante lo cual, sin esa necesaria diligencia, es decir, dejando de investigar lo favorable, se predicó que la suma encontrada a aquel hacía parte del botín arrebatado. Por último, destaca que los tiquetes de los peajes decomisados a los procesados los solicitó la segunda instancia previamente a la emisión del respectivo fallo y luego los esgrimió como elemento de convicción para comprometer la situación de los procesados, quienes por esa circunstancia no

tuvieron oportunidad de ejercitar su derecho de contradicción respecto de tal situación, como si lo habrían hecho en la fase anterior si el principio de investigación integral no hubiese sido desconocido en perjuicio del debido proceso. Pide casar el fallo y dictar el que declare el estado en que queda el proceso, como también ordenar la remisión del expediente al funcionario respectivo. 3.2 Segundo Cargo En subsidio del anterior, con fundamento en la causal primera de casación, alega la violación indirecta de la ley sustancial, inicialmente, a consecuencia de error de hecho por falso juicio de existencia, y luego de transcribir fragmentos de jurisprudencia relacionados con esa modalidad de yerros, señala que el vicio en el que incurrió el iudex ad-quem consiste en un falso juicio de identidad dado que la valoración de los testimonios se llevó a cabo al margen de la sana crítica. Cita el artículo 232 del actual Código Procesal Penal (art. 247 Decreto 2700/91) como norma medio violada y los artículos 28, 29, 30, 31, 112, 240, 241 y 365 del actual Código Penal (art. 23, 201, 332, 350 y 351 del Decreto Ley 100/80) como indirectamente vulnerados. Sostiene que la valoración de los testimonios de Carlos Hernán Lizcano Bonilla, Elver y Hernando Suaza Hurtado fue equívoca, ya que de sus asertos emerge la duda en cuanto a la descripción somática de los acusados y las características de los vehículos, debido a que esas manifestaciones fueron el resultado de la decisión malintencionada de la Policía de mostrarlos previamente a los testigos, de suerte que si otras personas hubieren sido las

capturadas tales serían hoy las procesadas. 4 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. Agrega, para terminar, que el Juez de Segundo Grado dio a las apariencias, coincidencias y sospechas el tratamiento de indicios graves de responsabilidad, como por ejemplo la inexactitud en que incurren los procesados acerca del itinerario cumplido entre Bogotá y Neiva, o con el hecho de portar su prohijado dinero en billetes parecidos a los hurtados, no obstante que nada se hizo para determinar esa inferencia pese a que la ínfima cantidad no concordaba con el botín materia del ilícito. 3.3. Tercer Cargo Como subsidiario del anterior reproche propone otro al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, pero por incurrir el iudex ad-quem en error de derecho por falso juicio de convicción, y advierte que se ampara en la facultad contenida en el inciso final del artículo 212 del C. de P. P., de acuerdo con la cual es válido formular cargos excluyentes de manera subsidiaria. Considera que las normas medio violadas son los artículos 7 y 232 del Código Procesal Penal vigente, y las indirectamente vulneradas los artículos 28, 29, 30, 31, 112, 240, 241 y 365 de la Ley Penal Sustantiva. Precisa que el Tribunal incurrió en equívoco juicio de convicción al estimar como probado que su defendido fue autor del concurso delictivo deducido en la sentencia atacada, ya que tal inferencia cabalga en unos indicios contingentes con tintes de simples sospechas y sin parangón con verdaderos indicios graves

de compromiso penal; insiste en que apariencias y coincidencias llevaron al procesado a la picota de la justicia y a ser sujeto de juicio de reproche, sin que tales elementos comuniquen la certeza para erigir un fallo de condena. Puntualiza que el juez de segunda instancia transgredió, por falta de aplicación, el principio de in dubio pro reo, y recuerda que cuando el error consiste en otorgar a un medio de prueba un valor diferente al señalado o admitido por la ley, el vicio constituye un error de derecho por falso juicio de convicción. Solicita, por último, como petición común a los dos últimos cargos, que la sentencia de segunda instancia sea casada y en su lugar se dicte la de reemplazo de absolución de su representado en relación con los delitos imputados. 4.- CONCEPTO Tras una lectura detenida de los cargos expuestos en la demanda, es evidente que el recurrente no lleva a cabo un enjuiciamiento técnico y jurídico de la 5 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. decisión atacada, debido al desconocimiento garrafal de elementales exigencias técnicas que gobiernan este recurso rogado, en razón de lo cual ha de advertirse desde ahora que las diversas censuras están condenadas al fracaso, como quiera que en ellas se desatienden los principios de debida técnica, autonomía de los cargos y causales, trascendencia, no contradicción y proposición jurídica completa, entre otros. Primer Cargo La causal tercera de casación no escapa al obligado respeto de la técnica,

decantada tras largos años por la jurisprudencia en acatamiento a la normatividad legal, no obstante que respecto de ella se admite cierta libertad en su proposición y desarrollo, a condición de obedecer irrestrictamente los principios que gobiernan la materia de las nulidades, como son los de taxatividad, prioridad, convalidación, trascendencia y residualidad. De ahí que, con sujeción a las normas que gobiernan la proposición de nulidades el sujeto procesal que plantee un vicio de tal naturaleza debe determinar de manera clara y precisa la causal en que se subsume la circunstancia fáctica que alega, y como en esta materia -la de las nulidadesrige el principio de taxatividad, que implica la obligación de aducir únicamente a las previstas en la ley, la solicitud debe ir relacionada con uno de los motivos contempladas en el artículo 306 de la Ley 600/00 (Art. 304 Decreto 2700/91). En el evento examinado aún cuando expresamente el actor invoca como motivo de nulidad la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que atentan contra el debido proceso, no faltan las referencias también las afirmaciones respecto de un presunto desconocimiento del derecho de defensa, lo que de suyo entraña falta de claridad y precisión, toda vez que de antaño se sabe que, sin desconocer la existencia de eventos en que las dos garantías pueden verse lesionadas con ocasión de un mismo acto, atendiendo a que son de contenido esencialmente diferente es deber de quien alega su transgresión, hacer los planteamientos en forma separada e indicar con claridad y precisión cuándo se afecta el debido proceso y cuándo el derecho de

defensa. Al margen de esa circunstancia, el censor tampoco es claro en la determinación de los vicios que se acomodarían a alguno de los señalados motivos de nulidad, y mucho menos en el del estadio procesal desde el que debería rehacerse la actuación con miras a su saneamiento, aspecto que pone de presente la falta de seriedad de la propuesta invalidatoria, porque simplemente lo abandona al criterio del Órgano jurisdiccional competente de la casación. 6 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. El fundamento de la petición de nulidad, lo anuncia varias veces el censor, es el desconocimiento del principio de investigación integral, pero para acreditar su violación en verdad no demuestra la ocurrencia de circunstancia o actuación alguna que virtualmente tenga la potencialidad de inflingir lesión alguna a esa garantía. El principio de investigación integral como obligación constitucional y legal impuesta a los funcionarios judiciales (fiscal o juez) puede sufrir menoscabo, entre otros eventos, cuando la actividad probatoria de estos no se orienta a implantar en el proceso la verdad real de lo acontecido, sino a averiguar aspectos desfavorables al procesado o a otro de los sujetos procesales, vulnerando así la imparcialidad que debe presidir toda actuación judicial, y quebrando, por ende, la garantía del debido proceso. La mengua de ese principio que agita el censor puede ocurrir porque el funcionario judicial omite practicar pruebas necesarias que se desprenden de manera urgente y evidente de la actuación, o porque sin justificación omiten practicar las pruebas solicitadas por alguno de los sujetos procesales, o por

simple capricho las niegan. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias es la alegada por demandante, sino que atribuye al fallador de segundo grado el atentado a la garantía que reclama por no haber tenido en cuenta que una vez capturado su defendido fue expuesto ante los testigos del suceso, lo cual habría determinado, de una parte, que estos hubiesen acomodado su relato para señalar a los aprehendidos como ejecutores del asalto, y de otra, tales testigos hubiesen comunicado a la víctima las características de los aprehendidos para que los señalara en la posterior diligencia que para tal efecto se llevó a cabo con la intervención de aquella. Tal argumentación, como puede advertirse no conduce a la demostración de vicio in procedendo alguno, sino que se relaciona más bien con un problema de valoración probatoria, aspecto por completo ajeno a la causal tercera de casación. De existir algún procedimiento irregular por parte de los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo la aprehensión de los procesados, al permitir sin las garantías legales que los retenidos fueran vistos por quienes posteriormente irían a señalarlos como autores del suceso investigado, a lo sumo conllevaría a que al momento de valorar el específico elemento de convicción (testimonio), de acuerdo con las reglas de la sana critica, se le restara eficacia demostrativa, más no constituye vicio alguno que se comunique 7 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. a la actuación para obligar a retrotraerla, amén que si la nulidad del proceso es

con el fin de repetir el trámite irregular, ningún sentido tendría la nulidad para rehacer un acto cumplido que ha causado sus efectos, y cuyos efectos lesivos pueden corregirse marginando de la estimación probatoria el elemento de convicción contaminado. De otra parte, falta a la realidad procesal el actor al esgrimir como violatorio del principio de investigación integral la omisión de un “reconocimiento” por parte de Elver Suaza Hurtado del dinero hallado en poder de su defendido, en orden a establecer si esa suma hacía parte de la que aquel se disponía a consignar, pues la verdad es que en el testimonio que el precitado rindió le fue puesto de presente el dinero incautado, con la pretensión que reclama el aquí demandante, y al respecto el exponente señaló que no podía precisar si se trataba de los mismos billetes, luego no es cierto que se haya violado el principio de investigación integral por no practicar la diligencia que echa en falta el actor, porque ésta si tuvo lugar. El asunto en discusión vuelve a ser, en este caso, un problema netamente de valoración probatoria, pues si bien es cierto en el fallo atacado el hallazgo de la aludida suma es esgrimido como hecho que compromete la responsabilidad del acusado, tal deducción la hizo el iudex ad-quem con fundamento en la contradictoria justificación que ofreció el acusado sobre la posesión de esa suma en sus diversas salidas procesales. La crítica probatoria que se evidencia en la fundamentación de este cargo es por completo ajena a la causal de casación invocada, al no estar dirigida a enseñar o ilustrar sobre la posible cristalización de un vicio «in procedendo»,

sino que, a lo sumo, sería valida para acreditar errores «in indicando» en la estimación de esos medios de prueba, aspecto que concierne más bien a los desarrollos de la causal primera, cuerpo segundo, lo cual pone en evidencia el desconocimiento del principio de debida técnica, así como los de autonomía e independencia de las causales. Ninguna otra queja hizo el demandante en procura de demostrar la supuesta violación del principio de investigación integral, razón por la que es necesario recordar que quien alega un atentado de esa garantía no puede quedarse en simples enunciados generales, sino que le es preciso relacionar las pruebas que siendo importantes para el establecimiento de circunstancias favorables al acusado, en este caso, dejaron de ser incorporadas al proceso, y demostrar que de haber sido allegadas habrían conducido al juzgador a una solución distinta del asunto, requerimientos que no cumplió el casacionista, pues aparte de las dos circunstancias atrás destacadas no determinó en concreto qué 8 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. elementos de convicción eran los que se habrían podido allegar, cuál su aptitud probatoria y cuál su trascendencia. Con fundamento en lo expuesto el cargo no está llamado a prosperar. Segundo Cargo Desde la postulación de este cargo subsidiario es ostensible el fracaso de la pretensión, toda vez que aún cuando para la fecha de presentación de la demanda (1 de agosto de 2001) la pedagogía jurisprudencial ya tenía decantado en que consistían las tres modalidades de error de hecho, el

demandante, pese a haber acudido a esa fuente para dirigir con acierto el cuestionamiento, anuncia simultáneamente todas las formas de violación, es decir, falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio, circunstancia que atenta contra la esperada lógica y precisión, e impide comprender el motivo del ataque. Los errores de hecho, como es verdad sabida, suelen configurarse por tres distintas causas: el falso juicio de existencia se presenta cuando el juzgador se equivoca al contemplar materialmente el medio; porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso; porque la supone existente sin estarlo; el falso juicio de identidad obliga a aceptar que no obstante considerarse legal y oportunamente recaudado un determinado elemento de convicción, al fijar su contenido el fallador la tergiversa, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de ella; y el falso raciocinio ocurre porque sin cometer ninguno de los anteriores desaciertos, existiendo la prueba y apreciada en su real dimensión fáctica, el juzgador al asignarle mérito persuasivo vulnera o atenta contra determinada regla de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia o sentido común, es decir, desconoce los postulados de la sana crítica como método de valoración probatoria. Cada uno de esos vicios obliga un ejercicio demostrativo diferente; así, si se trata de un falso juicio de existencia por suposición de prueba, compete al casacionista demostrar mediante la indicación correspondiente la parte del fallo

donde se aluda a dicho medio que materialmente no obra en el proceso, en tanto que si es por omisión, debe señalar la prueba que material y válidamente obra en la actuación, qué objetivamente se establece de ella, cuál el mérito que le corresponde siguiendo los postulados de la sana crítica, y cómo su estimación conjunta con el arsenal probatorio que integra la actuación, da lugar a variar las conclusiones del fallo de manera favorable a la parte que alega el vicio. 9 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. Si lo demandado es la configuración de errores de hecho por falsos juicios de identidad en la apreciación probatoria, el libelista debe indicar expresamente qué dice en concreto el medio probatorio, qué dijo exactamente de él el juzgador, cómo se le tergiversó, cercenó o adicionó haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de él, y la repercusión definitiva del desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo. Por último, cuando lo denunciado consiste en un falso raciocinio por desconocimiento de los postulados de la sana crítica, se debe indicar qué dice de manera objetiva el medio, qué infirió de él el juzgador, cuál mérito persuasivo le fue otorgado, señalar cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de experiencia fue desconocida, debiéndose indicar cuál es el aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración y demostrar la trascendencia del error

indicando cuál debe ser la apreciación correcta de la prueba o pruebas que cuestiona, y que habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto. Al desarrollar el reproche el censor no hace ejercicio argumental que se asemeje a la demostración de alguno de los anunciados vicios, y lejos de superar la confusión conceptual que evidencian sus reparos, hace consistir el dislate de valoración probatoria en la imposibilidad de dar crédito a los testimonios de Carlos Hernán Lizcano Bonilla, Elver y Hernando Suaza Hurtado, y en el hecho de que a simples apariencias y coincidencias se les dio el tratamiento de indicios graves de responsabilidad, argumentación que también revela olvido de la técnica propia del recurso de casación. En cuanto a la crítica cimentada en la credibilidad otorgada a las mencionadas declaraciones, es preciso recordar que un tal aspecto es de imposible confutación a través de este medio de impugnación extraordinario, pues la credibilidad negada por el funcionario no constituye aspecto demandable en sede de casación, debido a que al acoger el legislador patrio el sistema de la sana crítica en el proceso penal, se faculta al fallador para formar su convencimiento racional, respetando siempre las leyes de la ciencia, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, postulados que tampoco aparecen vulnerados por el juez de segundo grado en la valoración de los elementos de convicción aludidos por el recurrente, y en relación con lo cual ningún ejercicio técnico jurídico de demostración hizo el actor. La contradicción de la prueba indiciaria igualmente tiene una técnica especial que debe ser observada irrestrictamente por el casacionista, toda vez que

dependiendo del momento de construcción del indicio resulta válida la alegación de los respectivos errores de hecho; así, dado que este medio de prueba es una construcción lógica a partir de un hecho indicador acreditado 10 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. con cualquier medio de prueba (discutible si lo puede otro indicio), en relación con el cual mediante una inferencia se llega a otro hecho indicado hasta ahora desconocido, el demandante debe tener claro que si ataca lo primero (el hecho indicador) procede la invocación de errores de hecho o de derecho, pero si lo cuestionado es la inferencia para obtener el hecho desconocido, el poder suasorio conferido a este, bien de manera independiente, o articulado con los demás indicios o medios de prueba, el único yerro posible de alegar es el falso raciocinio. En este evento el recurrente, con prescindencia de la técnica, se opone al poder suasorio otorgado por el juzgador a algunas de las contradicciones advertidas en las indagatorias de los acusados respecto del itinerario cumplido antes de llegar a Neiva y en relación con el dinero hallado a su prohijado, pero no lo hace demostrando el desconocimiento de alguno de los postulados de la sana critica, sino exponiendo su personal valoración de esas circunstancias, como igual lo hizo frente a los testimonios que descalificó al interior de este mismo cargo. Todo lo anterior evidencia la particular percepción que de esos medios de prueba tiene el censor, merced a la cual llega a conclusiones opuestas a las de los juzgadores, y sabido es que la simple disparidad de criterios entre el

raciocinio del ad-quem y el demandante no da lugar a la conformación de falsos juicios de existencia, identidad o falso raciocinio, pues la doble presunción de acierto y legalidad que ampara a los fallos judiciales así lo impide, máxime cuando, reiterase, el sistema penal vigente está regido por el modelo de valoración de la sana crítica y las sentencias se erigen sobre la base de la persuasión racional del juez, correspondiendo al casacionista el deber de desvirtuar esa presunción, no mediante una argumentación libre y propia de las instancias, sino con sujeción a la técnica establecida para probar yerros protuberantes, manifiestos y graves que incidan de manera trascendente en el fallo, lo que en este caso no consigue acreditar el recurrente. Tercer Cargo. Finalmente, como subsidiario del anterior reproche, e invocando licencia para alegar cargos excluyentes como lo prevé el inciso final del artículo 212 del Código de Procedimiento Penal vigente, el censor denuncia un error de derecho por falso juicio de convicción, vicio in iudicando que atribuye al fallador de segundo grado por haber estimado como probada la participación de su defendido en el concurso de conductas punibles atribuidas en el fallo, con base en indicios contingentes con tintes de simples sospechas, y que no pasan de ser simples coincidencias y apariencias. 11 Radicación Nº 18.928 Giraldo Buitrago Pedro Fabián y otro. Frente a tal argumentación resulta obligado destacar que el juicio de convicción consiste en una actividad intelectiva de constatación por medio de la cual se

reconoce el valor que la ley asigna a ciertos medios de pruebas, luego presupone la existencia de una tarifa legal en la que por voluntad de la ley corresponde a cada uno un mérito demostrativo o de persuasión único, predeterminado y que no puede ser alterado por el interprete, de suerte tal que se caería en error por falso juicio de convicción cuando se niega a la prueba ese valor que la ley le atribuye o se le hace corresponder uno distinto al que la ley le otorga. Lo anterior hace evidente lo impropio del ataque propuesto, ya que en un sistema probatorio como el vigente en Colombia, gobernado por la sana crítica y con total prescindencia de un modelo tarifado de la prueba, resulta insostenible, por principio general, en sede de casación, predicar que a unas pruebas se les dio un valor que no tienen, pues nuestro ordenamiento no asigna a las pruebas un grado o importe para que el funcionario llegue a la convicción acerca de lo que interesa al proceso (tipicidad, antijuridicidad y responsabilidad), sino que tal estado de conocimiento lo deja sometido a la estimación racional que de la prueba haga el funcionario con sujeción a los postulados de la sana crítica. Pero además, lo cierto es que el actor se limita a decir que la condena de su representado se basó en indicios contingentes, que, menores a simples sospechas, son coincidencias y apariencias, lo que no revela en manera alguna que el fallador de segunda instancia hubiese desconocido el valor de la prueba indiciaria o le haya conferido alguno que no tiene, siendo menester recordar que la c