PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Está prohibido pactar y pagar anticipos superiores al cincuenta por

FALTA DISCIPLINARIA-Está prohibido pactar y pagar anticipos superiores al cincuenta por ciento del valor de un contrato estatal CONTRATO ESTATAL-Marco legal del anticipo Antes de entrar a realizar la evaluación probatoria en orden a establecer un juicio de responsabilidad que pueda asistirles al disciplinado acorde con la imputación fáctica objeto de cargos, la Procuraduría Regional procederá a realizar algunas consideraciones de orden legal en relación con las reglas establecidas en la Ley 80 de 1993 respecto de la entrega de anticipo y el pago anticipado del contrato y sus diferencias. En el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se encuentra regulado lo correspondiente al anticipo y al pago anticipado …Con fundamento en esta norma, en los contratos que celebren las entidades estatales es viable la entrega de anticipo o pago anticipado de acuerdo con la naturaleza de la prestación a desarrollar por el contratista. ANTICIPO-Definición El anticipo es la suma de dinero que la entidad entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual; en otras palabras, es la financiación por parte de la entidad estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestación a ejecutar; bajo estas condiciones se exige que el anticipo sea amparado con una garantía consistente en una póliza de seguro correspondiente al cien por ciento (100%) de su valor, como también que vaya amortizando durante la ejecución del contrato. La amortización hace referencia al descuento que debe hacer la entidad estatal de la suma entregada al contratista, es decir, que tales dineros no entran a formar parte del patrimonio del particular, pues su finalidad es financiar el objeto

contractual, por tanto poseen el carácter de dineros públicos. PAGO ANTICIPADO–Definición …Consiste en un pago parcial que el contratante realiza al contratista, en este caso las sumas percibidas ingresan al patrimonio de éste, mientras que los dineros que recibe como anticipo son en calidad de préstamo, quiere ello significar que el anticipo continua siendo de propiedad de la entidad pública y su inversión sólo procede en aspectos propios del objeto contractual. ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO-Criterio de diferenciación En conclusión, los conceptos de anticipo y pago anticipado, aunque no lo parece, son diferentes, pues en el anticipo los valores que se entregan al contratista los recibe en calidad de préstamo, aspecto que genera algunas consecuencias de orden práctico dado que el dinero entregado sería de la entidad y conservan el carácter de públicos. En cambio en el pago anticipado, el contratista es dueño de la suma que le ha sido entregada, es un verdadero pago en su favor, al cual se le hacen retenciones que ordene la ley por concepto de los impuestos que graven dicho ingreso. El pago anticipado es común en los contratos de suministro. ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO-Sólo es permitido hasta el cincuenta por ciento del valor del respectivo contrato De otra parte, la ley confiere plena autonomía a las partes para convenir en cualquier modalidad contractual, anticipo o pago anticipado, o ambos, sólo que el pacto que incluya a las dos modalidades no puede servir de base para transgredir la intención del legislador de no entregar nunca más del 50% del precio por estos conceptos. Sería una burla a la ley en el

PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA Edificio Banco popular calle 7 # 3 - 67 2o Piso t1elefax 8710351 y 8712692 que se pactara la entrega del anticipo en un 50% y el pago anticipado por otro 50%, es decir, que nunca se debe desbordar el límite legal del 50%, sin hacer excepción a ningún tipo de contrato estatal. ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO-Cuando se entregan debe garantizarse su manejo Sobre la naturaleza jurídica del anticipo y el pago anticipado, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, se expresó en la sentencia 13436 de junio 22 de 2001 …Similares instrucciones se impartieron en la Directiva No. 04 de 4 de Abril de 2003 cuando reitera que, salvo casos excepcionales plenamente justificados y motivados, las entidades no pactarán pagos anticipados. Esta directriz se encuentra dirigida a los ministros del despacho, directores de los departamentos administrativos, superintendentes, directores de unidades administrativas, gerentes y presidentes de entidades centralizadas y descentralizadas del orden nacional y otros altos funcionarios del Gobierno. La directiva también ordena que para el caso de los anticipos debe establecerse como criterio, para la entrega de los recursos, que se realice utilizando instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente de los dineros y su destinación exclusiva al contrato. Además volvió a indicar que deberá estipularse en los contratos estatales que la entidad pública contratante es la propietaria de los recursos entregados en calidad de anticipo, y en consecuencia, los

rendimientos financieros que los mismos generen pertenecerán al Tesoro. CONTRATACIÓN ESTATAL-La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual es del ordenador del gasto y del representante legal de la entidad/CONTRATACIÓN ESTATAL-La responsabilidad sobre la misma no es delegable Para la Procuraduría Regional es claro que independientemente del deber legal que le asistía al disciplinado de ejercer una labor de coordinación, vigilancia y control de sus dependientes, en materia de contratación estatal el legislador atribuyó directamente en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual a quien fungiera como ordenador del gasto y representante legal de la entidad y precisó que esa responsabilidad no puede ser trasladada a los comités de asesores, juntas o consejos directivos de la entidad, como lo pretende hacer ver el disciplinado respecto de la asesoría brindada por los funcionarios asesores. Cabe precisar que la actuación precontractual que llevaría a la suscripción del acuerdo de voluntades identificado con el número 0265-2010 del 21 de diciembre de 2010, fue ampliamente conocida por el disciplinado en todas sus etapas, en el entendido de que conoció los documentos que formaban parte del mismo, como se desprende de la firma que aparece como aprobación del estudio de conveniencia y oportunidad (fls. 11-18), luego, no son de recibo las alegaciones del disciplinado en el sentido de que el concepto e información dada por el asesor jurídico externo y la suscripción del convenio interadministrativo 120 de 2009 para el uso de recursos entre el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo

Territorial y el Municipio de Campoalegre le dieron la confianza y soporte jurídico para pensar que la transferencia de los recursos a la Fundación para el Bienestar Global violaran el inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, por cuanto además era su deber como representante legal de la entidad y ordenador del gasto, conocer los límites legales de su actuación en orden a cumplir en debida forma los requisitos y procedimientos de la contratación estatal. No desconoce esta instancia que la administración pública es por esencia compleja y requiere de la intervención de funcionarios de distintos niveles con competencias específicas, pero así mismo comprende que no por ello es posible desprenderse de ciertas responsabilidades, pues si así fuera quien es el supremo director de la administración siempre encontraría en ello una buena excusa para evadir los deberes que la Constitución y la ley le imponen. DEBER FUNCIONAL-El servidor público responde por acción, omisión y extralimitación de funciones La incursión en el comportamiento irregular antes descrito hace al disciplinado transgresor de los deberes que le eran propios como máxima autoridad del Municipio de Campoalegre, así como de la actividad contractual al interior de dicha entidad, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que le imponían el deber de cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes y, en el presente caso, observar y cumplir la Ley 80 de 1993 en el parágrafo del artículo 40, lo cual no cumplió; así mismo, este proceder se adecúa o subsume en el numeral 2 ibídem, en cuanto el disciplinado no cumplió con diligencia y eficiencia el servicio que le fue encomendado.

La omisión de los deberes anteriormente señalados lo hace igualmente transgresor del artículo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, el cual enlista como prohibición el incumplimiento de deberes, toda vez que conforme a las pruebas que se acopiaron a proceso se demostró que efectivamente el Contrato Interadministrativo No. 265 del 21 de diciembre de 2010 se pactó y posteriormente se pagó al contratista la totalidad del valor del contrato, incurriéndose en la prohibición de PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA Edificio Banco popular calle 7 # 3 - 67 2o Piso telefax 8710351 y 8712692 incumplir lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual no se pueden entregar anticipos o hacer pagos anticipados por montos que excedan el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA Edificio Banco popular calle 7 # 3 - 67 2o Piso telefax 8710351 y 8712692

Dependencia: PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA

Radicación: IUS 2011-139364 IUC 2011-588-385546

Disciplinado: CESAR ALBERTO POLANIA SILVA Y YESID LLANOS

RINCON

Cargo y Entidad: ALCALDE Y SECRETARIO DE DESPACHO Quejoso: ANÓNIMO Fecha de la queja: 23 DE MARZO DE 2011

Fecha de los hechos: 21 DE DICIEMBRE DE 2010

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Artículo 171 de la ley 734 de

2002).

NEIVA HUILA 28 NOV. 2014

Se dispone esta Regional a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado CESAR ALBERTO POLANIA PUENTES, en contra del fallo de primera instancia del 13 de junio de 2014, proferida por la Procuraduría Provincial de Neiva, Huila, de conformidad con el numeral 3o del artículo 75 del Decreto 262 de 2000.

ANTECEDENTES.

La actuación se inició con fundamento en el escrito queja anónima, en el que hace alusión que el 21 de diciembre de 2010, la Administración Municipal de Campoalegre, celebró el convenio interadministrativo No. 265-2010 con la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO GLOBAL, por valor de $1.699.317.208.oo, dineros que pagó en un 100%, sin que siquiera se hubiera iniciado la ejecución de la obra denominada eje lúdico cultural y peatonal sobre la carrera novena, que comprende la realización de andenes y pavimentación de la carrera novena del Municipio de Campoalegre, además que dicho acuerdo no establece las obligaciones precisas de qué tipo de obra van a realizar porque la administración no remite los planos ni diseños específicos, tampoco indica los metros que se deben pavimentar o el tipo de materiales que se deben utilizar. También obra copia del escrito titulado "URGENTE NO MAS ROBOS", en el cual se precisa que el Alcalde Municipal de Campoalegre, auspiciado por los Concejales endeudaron al Municipio en más de $1.700 millones de pesos, para realizar un proyecto de embellecimiento y sin haberlo iniciado pagó como anticipo el 100% de su valor a una fundación de Antioquia, manejado

a través del concepto de convenio de cooperación y cofinanciación, eludiendo así el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública al no publicarlo por página web, teniendo como soporte que dicha fundación es idónea. Mediante auto de 31 de mayo de 2011, la Procuraduría Provincial de Neiva ordenó iniciar indagación preliminar en averiguación de responsables ante la Alcaldía Municipal de Campoalegre (fl. 4 y 5), mediante auto del 10 de octubre de 2011 (fls. 80 - 84), dispuso vincular a la actuación a los señores CESAR ALBERTO POLANIÍA SILVA y YESID LLANOS RINCON, en sus condiciones de Alcalde y Secretario de Planeación Municipal de Campoalegre - Huila. Finalmente mediante auto de 6 de marzo de 2013, la Procuraduría Provincial de Neiva ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores CESAR ALBERTO POLANIÍA SILVA y YESID LLANOS RINCON- (fls. 244 a 252), por presuntas irregularidades al suscribir el 21 de diciembre de 2010, el contrato interadministrativo No. 265-2010, vulnerando presuntamente lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, providencia que fue notificada mediante edicto el 22 de abril de 2006 (fl. 289) Con auto del 8 de octubre de 2013, el Procurador Provincial de Neiva formuló el siguiente cargo a los funcionarios vinculados (fls. 339 a 349):

2. CARGO UNICO.

Al señor CESAR ALBERTO POLANIA SILVA, en su condición de Alcalde Municipal de Campoalegre, Huila, periodo constitucional

2008-2011, se le reprocha haber vulnerado presuntamente el inciso primero del parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que prohibe pactar y pagar el pago anticipado y anticipos, en monto superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato, teniendo en cuenta que para el 21 de diciembre de 2010, suscribió el contrato Interadministrativo No. 265-2010, con el señor HUGO MARIO ZULUAGA URREA, representante legal de la FUNDACION PARA EL BIENESTAR GLOBAL, con el objeto de PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA Edificio Banco popular calle 7 # 3 - 67 2o Piso telefax 8710351 y 8712692 que el municipio transfería unos recursos a la fundación con destino aja ejecución de las obras para la construcción del eje lúdico cultural y peatonal de la carrera novena (9a) del Municipio de Campoalegre, y la interventoría del proyecto, según el presupuesto y los estudios realizados, por valor de $1.699.317.207.oo, habiéndose pactado en el literal a) de la cláusula sexta del contrato, que dicho valor se pagaría por el Municipio a la Fundación a través del giro del ciento por ciento (100%), una vez cumplidos los requisitos de legalización, como en efecto se realizó a través del acta de desembolso suscrita el 22 de diciembre de 2010, por los extremos contractuales. En efecto mediante Nota Bancaria No. 2011000034, por valor de $1.699.317.207.oo, del 18 de febrero de 2011 y oficio de la misma

fecha enviado a la Gerente del INFIHUILA, le solicitó elaborar cheque de gerencia de la cuenta de ahorros No. 10108010 denominada CTA. DESEMBOLSOS DE CREDITOS, a la CTA DE AHORROS FBG-CTO CAMPOALEGRE No. 406-01136-1 Banco de Bogotá, para consignar a la Fundación para el Bienestar Global la suma de $1.556.862.208.oo luego de las deducciones de ley, disponiendo el pago de la totalidad del contrato, cuando el 50% del valor del acuerdo interadministrativo era la suma de $849.658.603.50 es decir, que pagó en exceso a lo permitido legalmente por el inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. Notificado personalmente y en debida forma del auto de cargos, tal como aparece en diligencia visible a folios 351, el disciplinados presentó sus escritos de descargos en los que solicitaron la práctica de pruebas (fls. 353 a 355), petición que el a quo despachó favorablemente a través del auto proferido el 27 de enero de 2014, decretando la práctica de pruebas solicitadas. Con auto de 19 de marzo de 2014, el funcionario de conocimiento ordenó correr traslado al disciplinado para que presentaran alegatos de conclusión previos al fallo, conforme lo prevé el artículo 92 de la Ley 734 de 2002 (fl. 399 - 400), los cuales fueron presentados por el disciplinado en escrito del 11 de abril de 2014. (fls. 408 a 411), El 13 de junio de 2014, la Procuraduría Provincial de Neiva profirió fallo de primera instancia declarando disciplinariamente

responsable del cargo formulado a CESAR ALBERTO POLANIA SILVA, en su condición de Alcalde Municipal de CampoalegreHuila, a quien le fue impuesta sanción consistente en suspensión del cargo por el término de diez (10) meses. En la misma decisión se dispuso el archivo de las diligencias en relación con el señor YESID LLANOS RINCON, conforme a los presupuestos del artículo 73 de la Ley 734 de 2002. (fls. 439 a 445). El fallo de instancia fue notificado en forma personal al apoderado del disciplinado el día 19 de junio de 2014 (fl. 435), quien interpuso recurso de apelación dentro del término legal mediante escrito presentado el 25 de junio de 2014 (fls. 439 a 445). El recurso de apelación presentado por el apoderado del disciplinado Cesar Alberto Polanía Silva fue concedido por el fallador de instancia en el efecto suspensivo para ante la Procuraduría Regional del Huila, mediante auto del 14 de julio de 2014 (fl. 451). Así las cosas, este despacho está habilitado para resolver el recurso interpuesto y a ello procede a continuación. Como normas vulneradas se citaron las siguientes disposiciones: - Constitucionales: Artículo 209, y 315, numeral 1o. - Legales: 1) Inciso primero, parágrafo del artículo 40 de ley 80 de 1993; 2) Artículo 34, numerales 1 y 3, Artículo 35 numeral 1 de la ley 734 de 2002; 3) Ley 136 de 1994, artículo 91, literal D), numeral 1o y 5o ; 4) Literal D numerales 1o y 5o del

Decreto No. 127 del 28 de diciembre de 2005, de la Alcaldía Municipal de Campoalegre, mediante el cual se fija el manual específico de funciones y de competencias laborales. La falta fue calificada provisionalmente como GRAVE a título de CULPA en la modalidad de CULPA GRAVISIMA, falta esta cuya calificación fue variada de culpa gravísima a culpa grave

3. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Los argumentos del fallo de instancia se sintetizan en los siguientes términos: Considera el tallador de primera instancia que una vez revisada la minuta del acto jurídico que ocupa la atención, se encontró que este claramente se denomina "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 265 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE

PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA Edificio Banco popular calle 7 # 3 - 67 2o Piso telefax 8710351 y 8712692 CAMPOALEGRE HUILA Y LA FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR GLOBAL" es decir que el Doctor CESAR ALBERTO POLANIA SILVA, suscribió un contrato interadministrativo y no un convenio interadministrativo. Así mismo manifiesta que una vez revisada la totalidad de la minuta, se encuentra en la cláusula quinta, el valor del contrato donde se indica que el valor de este sería de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($1.699.317.027.oo) incluido el valor del A.I.U. el cual asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, que correspondería al 25%

del valor del contrato. Que ésta finalidad de lucro, por parte de la Fundación para el Bienestar Global, más allá de ser pública, determina que la naturaleza jurídica del acto jurídico suscrito con el municipio de Campoalegre Huila, era el de un contrato interadministrativo. Manifiesta la Procuraduría Provincial de Neiva que esta conclusión le permite indicar que el acto jurídico suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el municipio de Campoalegre Huila, difiere del acto jurídico suscrito entre este último y la Fundación para el Buen Gobierno, asunto este que para el fallador le resultó inadmisible considerar como justificación para la conducta investigada e imputada, la suscripción del primero de estos actos donde se giró el 100% del valor del convenio, pues reitera, la finalidad de este no era la de generar un lucro para ninguna de las partes intervinientes, como si la hubo, en el contrato interadministrativo 265 de 2010. Con relación a las irregularidades endilgadas a Cesar Alberto Polanía Silva, señala el a quo que efectivamente este servidor público el 21 de diciembre de 2010, suscribió el contrato interadministrativo No. 265-2010 por la suma de ($1.699.317.207,oo), habiéndose pactado en el literal a) de la cláusula sexta del contrato que dicho valor se pagaría por el Municipio a la Fundación a través del giro del ciento por ciento (100%), desconociendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que dispone: «...En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no

podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato», queriendo el a quo significar que la norma, en un lenguaje sencillo e inteligible, señala que no se puede pactar el anticipo ni el pago anticipado en más del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, pretendiendo la norma con ello que no se pague antes de que se cumpla el objeto pactado en el contrato, lo que resulta obvio para el a quo en el entendido de que se trata de recursos públicos. En lo que refiere al error de hecho alegado por el investigado como excluyente de responsabilidad, en el sentido de que el profesional del derecho que ocupa el cargo de asesor externo fuera el que avalara dicho acto jurídico y cuyo equívoco le fue transmitido al Alcalde Municipal, sin que este pudiera opinar sobre la materia por no ser su especialidad, dice el a quo que desde ninguna óptica, puede ser considerado como error invencible, toda vez que existían diversas y distintas formas de poder salir de tal error jurídico, manifestando que al estar dentro de tal institución jurídica, se debe necesariamente variar la calificación de culpa gravísima a culpa grave por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común le imprime a sus propias actuaciones. Por las anteriores razones, el funcionario de conocimiento consideró suficientemente acreditada la tipicidad de la conducta reprochada, por cuanto con la actuación del disciplinado se produjo la violación del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y consecuencialmente la transgresión del artículo 34 numerales 1 y 3; 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002; artículo 91 literal d) numerales 1 y 5 de la ley 136 de 1994 y el literal d) numerales 1 y 5 del Decreto 127 del 28 de diciembre de 2005 de la Alcaldía

Municipal de Campoalegre , cuyos conceptos de violación fueron desarrollados en el auto de cargos. Con respecto a la calificación provisional de la conducta como antijurídica, el A quo manifiesta que como no fue controvertida por los sujetos procesales, así como los argumentos que la sustentas, la procuraduría Provincial se mantiene y ratifica dichos argumentos, como sustento de la calificación definitiva de la conducta, como además de típica, antijurídica, por afectar el deber funcional del disciplinado, sin justificación alguna. En lo que concierne al grado de culpabilidad, el a quo aceptó la solicitud del disciplinado en el sentido que la conducta se imputó provisionalmente como Culposa en la modalidad de culpa gravísima, teniendo en cuenta que actuó con la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común le imprime a sus actuaciones, pues al suscribir el contrato interadministrativo con un porcentaje de anticipo del cien por ciento (100%), el cual es superior al permitido por la ley, no tuvo el cuidado necesario de confirmar y cerciorarse que dicho porcentaje sobrepasaba el legalmente establecido, situación que según el a quo expone que existían distintas y diversas formas de poder salir de tal error. Posteriormente el A quo varía la calificación de culpa gravísima a culpa grave. PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA Edificio Banco popular calle 7 # 3 - 67 2o Piso telefax 8710351 y 8712692 Por último, conforme a las pruebas aportadas al proceso, las circunstancias que rodearon los hechos, el grado de culpabilidad de la conducta, la jerarquía del disciplinado, los efectos que produjo la falta y la existencia de antecedentes disciplinarios, el a quo

procedió a imponer a CESAR ALBERTO POLANIA SILVA, sanción disciplinaria consistente en SUSPENSIÓN por el término de

DIEZ (10) MESES.

RECURSOS DE APELACIÓN Notificado el fallo de primera instancia, el defensor del investigado, interpuso recurso de apelación (fls. 439 a 44), inconforme con el pronunciamiento de responsabilidad que se hizo a la conducta del disciplinado. En ese sentido la defensa del señor CESAR ALBERTO POLANIA SILVA, vinculado en su condición de Alcalde del Municipio de Campoalegre, Huila, para la época de los hechos, el cual fue sustentado en los siguientes términos: Dice que el Doctor Cesar Alberto Polanía actuó facultado legalmente por el Concejo Municipal, máximo órgano de control político y administrativo, que mediante acuerdo municipal No. 020 de diciembre de 2009 lo autorizó para tal fin. Manifiesta que la Fundación para el Bienestar Global es una persona jurídica de derecho público, la cual nació de la asociación de dos entidades de esta naturaleza. Así mismo aduce que la Fundación para el Bienestar Global es una entidad de experiencia acreditada y capacidad técnica, administrativa y de gestión en ejecución de proyectos de infraestructura vial y edificaciones, así como también ser una entidad sin ánimo de lucro. Continúa con su escrito mencionando que el acuerdo de voluntades celebrado el 21 de diciembre de 2010, entre el Municipio de Campoalegre y la Fundación para el Bienestar Global, el cual tuvo como objeto la transferencia de unos recursos para la construcción y la interventoría de una obra, por su finalidad y la naturaleza de las partes, es decir, por su esencia, corresponde a un convenio interadministrativo y no a un contrato estatal.

Transcribe apartes de las consideraciones de la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en relación al Contrato Estatal resaltando que cada uno de los participantes pretende satisfacer necesidades o finalidades opuestas y donde una de sus partes es necesariamente una entidad estatal; seguidamente continua relacionando lo concerniente al Convenio o Contrato Interadministrativo donde destaca el hecho de ser un acuerdo de voluntades entre particulares con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo. Trae a colación el concepto No. 1476 del 22 de noviembre de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, donde extrae que en tratándose de convenios o contratos ¡nteradministrativos, la limitación a que se refiere el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 no tiene aplicabilidad. Seguidamente hace alusión a lo señalado por la doctrina con respecto a los contratos estatales en el sentido de que No puede tener el mismo tratamiento el acuerdo de voluntades que celebran dos entidades estatales para el cumplimiento de los fines de cada una de ellas que el contrato que celebra una entidad para adquirir un bien, servicio o construir una obra. Menciona lo dicho por el Dr. PINO RICCI, Jorge. Al referirse que cuando las entidades estatales concurren en un acuerdo de voluntades, desprovisto de todo interés particular y egoísta, cuando la prestación fundamental es dar cumplimiento a obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico, la inexistencia de intereses opuestos genera celebración de convenios. Asevera que los convenios interadministrativos, se celebran entre entidades estatales con la

finalidad de cumplir un fin común, en el que no tienen intereses opuestos, ni persiguen un fin particular, continua manifestando que los contratos interadministrativos se distinguirán de los convenios interadministrativos en que en los primeros por regla general hay entre las partes intereses opuestos y buscan perseguir una retribución o pago, mientras que en los segundos las partes tienen intereses comunes para lograr el cumplimiento de una finalidad estatal impuesta por la Constitución o la le, sin que por ello se reciba ningún pago o ventaja económica. PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA Edificio Banco popular calle 7 # 3 - 67 2o Piso telefax 8710351 y 8712692 Con fundamento en lo expuesto, en las consideraciones de orden constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial, el apoderado solicita respetuosamente la revocatoria de la decisión objeto de apelación.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

COMPETENCIA Es competencia de la Procuraduría Regional del Huila revisar, por vía de apelación, los recursos de apelación interpuestos por los disciplinados en contra del fallo de primera instancia contenido en la providencia de 13 de junio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3o del artículo 75 del Decreto 262 de 2000, toda vez que de acuerdo con la naturaleza del asunto (irregularidades en materia contractual) y la calidad del sujeto investigado (Alcalde Municipal de Campoalegre - Huila), la Procuraduría Provincial de Neiva conoció y falló en primera instancia el presente proceso disciplinario, correspondiéndole a la Procuraduría Regional del Huila, por ser superior funcional de aquel, conocer en segunda instancia el presente diligenciamiento disciplinario. Para seguir un orden

lógico en el estudio de la decisión del presente asunto, la Procuraduría Regional, estudiará el fondo del asunto en orden a determinar la existencia de las conductas presuntamente constitutivas de falta, así como la responsabilidad de quienes en este proceso son enjuiciados disciplinariamente. CARGOS FORMULADOS A Cesar Alberto Polanía Silva, identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.086.736 de Campoalegre (Huila), en su condición de Alcalde Municipal de Campoalegre - Huila, cargo que ejerció entre el 1o de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011 (fl. 100. cuad. 1), fue hallado responsable disciplinariamente en fallo de instancia por el siguiente cargo (fls. 412 a 426 cuad. 1): «(■■■) 4-1-1. CARGO UNICO: En su condición de Alcalde Municipal de Campoalegre, Huila, periodo constitucional 20082011, se le reprocha haber vulnerado presuntamente el inciso primero del parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que prohibe pactar y pagar el pago anticipado y anticipos, en monto superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato, teniendo en PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA Edificio Banco popular calle 7 # 3 - 67 2o Piso telefax 8710351 y 8712692 45 5 cuenta que para el 21 de diciembre de 2010, suscribió el contrato Interadminist