PGN - FALTA GRAVISIMA - No adoptar las acciones del estatuto orgánico de presupuesto si la apro

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., Veintiuno (21) de noviembre de dos mil tres (2003) Radicación No: 161-01877 (154-80517/03) Disciplinado y Hugo Alberto Gnecco cargo: Arregoces, Alicia María Mejía Martínez, Elberto Lemus García e Irina Rosana Granados Avendaño Alcalde, Secretarios de Hacienda y Tesorera del

Distrito de Santa Marta Quejoso: De oficio Fecha hechos: Vigencias fiscales 2001 y Fecha queja: 2002

Diciembre 3 de 2002 Asunto Apelación fallo de primera instancia P.D. Ponente: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ La Sala Disciplinaria en virtud de la competencia otorgada por el numeral 1º. del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, revisa por vía de apelación, la decisión proferida el 19 de septiembre de 2003 por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública por la cual se sancionó a los disciplinados HUGO GNECCO ARREGOCES con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de quince (15) años, ALICIA MARIA MEJIA MARTINEZ con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de diez (10) años, ELBERTO LEMUS GARCIA, con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de diez (10) años, en sus condiciones de Alcalde el primero y Secretarios de Hacienda los dos últimos (Fl. 2498 del C.O. 10).

ANTECEDENTES PROCESALES

Tuvo origen el presente proceso disciplinario en la actuación oficiosa del Despacho del señor Procurador General de la Nación, quien dispuso mediante auto del 3 de diciembre de 2002 la investigación tendiente a establecer la posible celebración irregular por parte del Alcalde del Distrito de Santa Marta, de contratos de prestación de servicios, y obra pública, así como la ejecución presupuestal en las vigencias fiscales de 2001 y 2002, para cuyos efectos comisionó a funcionarios de este órgano de control (Fl. 2 del C.O. 1). Radicación No. 161-01877 Con sustento en los resultados de las diligencias adelantadas conforme a lo anterior, el Jefe Supremo del Ministerio Público mediante auto del 14 de enero de 2003 conformó una Comisión Especial para adelantar la investigación disciplinaria correspondiente (Fl. 437 del C.O. 2). A través de providencia del 16 de enero de 2003, la Comisión Especial dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de HUGO GNECCO ARREGOCES, en su condición de Alcalde; ELBERTO LEMUS GARCIA, como Secretario de Hacienda, e IRINA GRANADOS AVENDAÑO, Tesorera del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (Fl. 438 del C.O. 2); por auto del 27 de febrero del mismo año, vinculó a la investigación disciplinaria a la Doctora ALICIA MARIA MEJIA MARTINEZ, como Secretaria de Hacienda de dicho ente territorial (Fl. 1110 del C.O. 6) y mediante providencia de la última de las mencionadas fechas formuló cargos

contra los mismos servidores (Fl. 1332 del C.O. 7). En el referido auto del 27 de febrero de 2003, la Comisión Especial formuló contra los cuatro servidores mencionados los cargos que se reseñarán más adelante, endilgando la comisión de faltas gravísimas por conductas relacionadas con el manejo de las finanzas del distrito especial, especialmente con la omisión en la implementación de medidas para conjurar la crisis presupuestal del ente territorial y la desatención en el pago de las obligaciones a cargo del mismo. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública mediante providencia del 19 de septiembre de 2003, declaró responsables e impuso las sanciones antes indicadas a los disciplinados HUGO GNECCO ARREGOCES, ELBERTO LEMUS GARCIA y ALICIA MARIA MEJIA MARTINEZ, con sustento en los argumentos que se reseñan a continuación (folio 1193 del C.O. 6), expuestos por esa instancia después de transcribir los cargos y hacer una síntesis de los descargos presentados:

1. En primer lugar la Delegada examina la situación disciplinaria del Alcalde de Santa Marta HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES, respecto de quien analiza sucesivamente los tres cargos endilgados. 1.1. En relación con el primer reproche el fallador de primera instancia, recuerda sintéticamente la falta imputada diciendo que se le endilgó “omitir durante la vigencia fiscal de 2002, la reducción o el aplazamiento total o parcial de las apropiaciones

presupuestales, ya que los gastos de funcionamiento programados en el presupuesto Distrital para la referida vigencia no contaban con una fuente real de pago, pues los recursos que se recibirían para el giro normal de sus actividades, se encontraban en su mayoría embargados, inclusive, desde la fuente.” 1.2. En seguida la Delegada se refiere a las pruebas en que tal cargo se sustenta, a cuyo efecto menciona la relación de embargos que a diciembre de 2002 se surtían contra las rentas distritales, los cuales para el 11 de ese mes sumaban $7.006.372.672; el oficio suscrito el 13 de diciembre de 2002 por la Tesorera Distrital, donde certifica que debido a la crítica situación del Distrito y la renuencia de la banca para otorgar un crédito, se había dificultado el pago de las obligaciones derivadas de 2 Radicación No. 161-01877 la supresión de cargos adelantada por Decreto 1452 de 2002, pero que se habían efectuado algunos pagos a través del Fondo Común de Pasivos; la certificación expedida el 10 de diciembre de 2002 por el Subsecretario de Presupuesto del Distrito, en la cual consta que a esa fecha no se había dictado ningún acto administrativo sobre la reducción del presupuesto de gastos o el aplazamiento de la ejecución de apropiaciones que no contaran con financiación por incumplimiento de las metas financieras programadas; y el cuadro de ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión de enero a diciembre de 2002, donde se determina que

la apropiación final de ingresos y egresos programadas sumó $125.966.645.417, mientras que la ejecución definitiva de ingresos $118.027.664.195, equivalente al 93.70% y un saldo de apropiación de $7.938.981.222; en tanto que la ejecución definitiva de gastos, incluyendo las reservas por pagar, ascendió a $123.927.895.249, equivalente al 98.38% de lo programado, superando al recaudo efectivo en cuantía de $5.900.213.054, con lo cual se incrementó por igual valor el déficit fiscal acumulado. 1.3. La medida de reducción o aplazamiento de partidas presupuestales no hace referencia al presupuesto de determinada vigencia frente a presupuestos de años anteriores, sino a las modificaciones presupuestales que en el curso de la vigencia se deben efectuar al presupuesto inicial, cuando en su ejecución parcial se observa la necesidad de hacer las respectivas modificaciones. La reducción o aplazamiento debió realizarse en forma razonable y proporcionada. La administración del Distrito, en vez de efectuar un manejo austero del gasto de funcionamiento y reducir o aplazar determinadas partidas en el transcurso de la vigencia fiscal, no solamente adicionó el presupuesto de funcionamiento, sino que ejecutó el referido presupuesto casi en su totalidad. “Lo anterior se establece entre otros documentos, con el Decreto 323 del 23 de octubre de 2002, con el cual se acreditaron los rubros de recepciones oficiales y viáticos y gastos de viaje; el decreto 350 del 22 de noviembre, por el cual se acreditaron apropiaciones para honorarios y recepciones oficiales; cuadro de

ejecución presupuestal de la vigencia fiscal de 2002, en donde se establece que en el presupuesto de la vigencia de 2002, la apropiación inicial para gastos personales fue de $2.942'843.173, mientras que con las modificaciones de la vigencia la apropiación final ascendió a $3.554'031.173, con un aumento de $611'188.000 y una ejecución definitiva del 97.68%, de donde se concluye que no es cierto lo alegado por el Alcalde sobre una reducción del presupuesto del 24%, porque el presupuesto de gastos se aumentó y la ejecución definitiva alcanzó el 98.38%.” Como ejemplo la Delegada cita algunos rubros como el de Viáticos y Gastos de Viaje del Despacho del Alcalde en el cual de una apropiación inicial de $35 millones, se pasó a un presupuesto definitivo de $123 millones, con una ejecución definitiva del 99.99%; el rubro recepciones oficiales, de una apropiación inicial de $15 millones se pasó a una apropiación definitiva de $107 millones, con una ejecución del 99.96%. 1.4. Es cierto que no existía una fuente real de pago, pues a pesar de la existencia de cartera por impuesto predial y por industria y comercio, las cifras demuestran que de un presupuesto definitivo de $125.916'640.417 de ingresos corrientes, incluidos impuesto predial y de industria y comercio (sin incluir los ingresos correspondientes a convenios de cofinanciación), el recaudo efectivo apenas alcanzó al 93.73%, con un saldo pendiente de recaudo de $7.891'632.542, lo cual comprueba que el recaudo de

3 Radicación No. 161-01877 los ingresos no se comportó en la forma como se había estimado en el presupuesto. 1.5. Respecto de la potestad establecida en el artículo 76 del Decreto 111 de 1996, en el cual se indica que se "podrán" reducir o aplazar las apropiaciones, las normas pertinentes confieren autonomía a los ordenadores del gasto frente al manejo del presupuesto, pero bajo determinados límites, porque bajo su responsabilidad se encuentra la regulación, adecuado manejo y ejecución del presupuesto de gastos, conforme la disponibilidad de recursos efectivamente recaudados. Para respaldar este argumento la Delegada cita apartes de las Sentencias C-122/97, C-197/97 y C101/96, las cuales se refieren a la obligación de los órganos que intervienen en el proceso presupuestal de promover la coherencia macroeconómica y aplicar una serie de principios y regulaciones dirigidas a evitar que el presupuesto que es instrumento de orden se convierta en factor de desorden y de imprecisión, la diferencia entre la discrecionalidad administrativa y la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública, así como al hecho de que la autonomía en la ejecución presupuestal no supone independencia respecto de las metas macroeconómicas y los planes de financiamiento de la operación estatal. 1.6. De acuerdo con el mandato establecido en el artículo 347 de la Constitución Política, la totalidad de los gastos que se pretendan realizar en la respectiva vigencia fiscal, deben estar contemplados en el presupuesto; pero las apropiaciones presupuestales no son órdenes de gasto, ni cifras que obligatoriamente deben ser

comprometidas, sino que conforme lo indica el artículo 89 del decreto 111 de 1996 son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva y le corresponde al ordenador del gasto, durante la ejecución presupuestal, ejecutar, es decir, comprometer las partidas sin superar los montos máximos aprobados y conforme al recaudo efectivo de ingresos. 1.7. “En relación con la aclaración respecto a que el déficit fiscal está compuesto por aquellas cuentas que tengan la naturaleza de cuentas por pagar y que los simples compromisos, mientras no se reciba el bien o servicio, son simplemente unas cuentas de orden y por ello no son una exigibilidad para el Distrito, debe aclararse que cuando se afecta definitivamente la apropiación, esto es, mediante el registro presupuestal, la entidad está perfeccionando compromisos que le obligan a contar con respaldo financiero cierto para pagar las obligaciones que de allí se deriven. Excepciones a lo dicho sólo proceden por incumplimiento del contratista, para lo cual debe reversarse la operación, pero ello no es la constante, sino la eventualidad. En consecuencia, al cerrarse la vigencia fiscal se cuantifica el total comprometido de apropiaciones y compara con el total ejecutado por recaudos, lo cual arroja el equilibrio o desequilibrio negativo para la formación del déficit fiscal.” Sobre este tema continua su análisis la primera instancia expresando que “Frente a que en la ejecución de gastos se incluyen las tutelas pagadas, gastos por embargos y gastos fijos como nómina, servicios públicos, parafiscales, etc., que se convierten

en cuentas por pagar que aunque no se tiene garantizada su financiación, y son reconocibles legalmente y en la ejecución de ingresos se deben incluir los recursos retenidos por los juzgados mediante embargos en la fuente, cuyo reporte no es muy claro, precisamente debido a los gastos referidos anteriormente y por el irregular recaudo de los ingresos presupuestados, que desequilibraron en gran medida el presupuesto, es que ha debido frenarse la ejecución del presupuesto de gastos, porque los gastos fijos de funcionamiento de la administración se fueron ejecutando 4 Radicación No. 161-01877 presupuestal y materialmente, mientras que los ingresos, si bien se ejecutaban en libros, su destinación no era para atender las obligaciones generadas en tiempo real sino de vigencias anteriores.” 1.8. El cargo no se formuló por la forma como se ejecutó el presupuesto con los recursos provenientes de los convenios de cofinanciación suscritos con entidades del orden nacional, dado que la ejecución de esta parte del presupuesto en nada incidió en la crisis financiera Distrital, teniendo en cuenta que la destinación de los recursos es específica para inversión y la situación de fondos por parte del ente cofinanciador se encuentra garantizada. 1.9. Las rentas de destinación específica no recaudadas debieron generar la reducción proporcional de obligaciones. Lo presupuestado y no recaudado, excepto que sea una exigibilidad de obligatorio pago a favor de la administración, como ocurre con el Sistema General de Participaciones y las regalías, no constituye ingresos efectivamente recibidos y por lo tanto no se deben sumar al total del presupuesto de ingresos ejecutados. 1.10. Conforme al oficio del 21 de mayo 2003, el doctor ARMANDO BANDERA DE

ARMAS, Subsecretario de Contabilidad Distrital, certificó que a 31 de diciembre de los años 2001 y 2002, el déficit fiscal de Santa Marta fue de $7.095.152.000 y $31.859.570.000, respectivamente, lo cual representa un incremento de una vigencia a otra del 349% y sucedió durante la administración del doctor HUGO GNECCO ARREGOCES. Ello prueba que la entidad territorial iba desenfrenadamente a un estado de insolvencia financiera, urgiendo tal situación la toma de medidas drásticas para aminorar el gasto y conjurar el déficit, en lugar de optar por acrecentarlo por la vía de la ejecución presupuestal, sin respaldo económico real, “debido a que la administración Distrital había perdido el control de manejo de las principales fuentes de financiamiento por cuanto sus rentas propias se encontraban embargadas en la fuente por causa de los múltiples procesos ejecutivos y tutelas adelantadas en su contra debido al incumplimiento en el pago de las obligaciones. (Folio 1.986).” De acuerdo con lo informado por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el pasivo acumulado al cierre de la vigencia de 2002 fue de al menos $101.459 millones. Esta cifra comparada con los ingresos del Distrito, es equivalente al 86% del total de las rentas recibidas durante ese año, de cuyo monto $70.995 millones se le adeudaban a proveedores, contratistas y empresas del sector descentralizado. “Un acumulado tan alto de exigibilidades a cargo del erario no pasa desapercibido por cuanto los acreedores demandan su pago, es más, para tan considerable suma

multimillonaria, a diario se estuvieron asumiendo compromisos que sumado al saldo adeudado de vigencias anteriores demandaba la aplicación de medidas austeras y suspensión de todo gasto que lo permitiera, porque a futuro era más perjudicial económicamente.” 1.11. La Delegada no acepta la existencia de la causal 6ª de inimputabilidad alegada por el disciplinado porque ella procede cuando se trata de errores invencibles, cosa que aquí no se presenta porque el error es vencible y por cuanto conforme al artículo 6 del Código Civil Colombiano la ignorancia de la Ley no sirve de excusa para alegar su incumplimiento, máxime si el investigado es un profesional del derecho y que el cargo desempeñado implica la presunción de conocimiento de la 5 Radicación No. 161-01877 normatividad aplicable a sus funciones. Concluye el a-quo que el investigado violó la parte pertinente del artículo 76 del Decreto 111 de 1996 y que la falta cometida por el investigado se tipifica como gravísima, conforme al artículo 48 numeral 25 de la Le 734 de 2002. Así mismo, infiere de las pruebas allegadas al proceso que el investigado actuó con dolo, pues conociendo la crisis que del Distrito, según se desprende de la comunicación que remitió al Presidente del Concejo Distrital el 18 de julio de 2002, cuya copia obra a folios 791 y 792 a 797, no sólo omitió reducir el presupuesto de gastos, sino que por el contrario lo ejecutó, conforme se deriva de las órdenes de pago y sus anexos, que a manera de ejemplo se allegaron al expediente,

documentos según los cuales el propio disciplinado ordenó o autorizó pago de cuentas por obligaciones de gastos de funcionamiento que no eran prioritarias y que más bien agravaban la difícil situación económica de la entidad territorial.

2. Respecto del segundo cargo la Delegada recuerda que se le endilgó al investigado no realizar gestiones para que se efectuaran puntualmente los pagos de salarios a los empleados activos y las mesadas a los pensionados del Distrito de Santa Marta, a quienes a diciembre 11 de 2002 se les adeudaba siete meses por los referidos conceptos; para el giro de aportes para los sistemas de pensiones, que a diciembre 11 de 2002 sumaban $518.640.779 de vigencias anteriores a 2001, $332.333.885 de la vigencia de 2001 y $202.056.057 de la vigencia de 2002; para el pago de aportes al ICBF, que sumaban $544.202.544 de vigencias anteriores al 2001, $97.512.391 de la vigencia 2001 y $54.065.600 de la vigencia 2002, y de julio a noviembre de 2002 no se había realizado pago alguno; para el giro de transferencias al Concejo Distrital, que ascendía a $803.813.891 de vigencias anteriores a 2001 y $143.453.296 de la vigencia de 2002; a la Personería, que ascendía a $817.861.680 de vigencias anteriores a 2001, $284.958.201 de la vigencia 2001 y $91.284.114 de la vigencia 2002, y a la Contraloría de Santa Marta,

por $665.429.431 de vigencias anteriores a 2001. 2.1. La primera instancia considera que el cargo se respalda con las siguientes pruebas que obran en el expediente: oficio suscrito el 13 de diciembre de 2002, por la Tesorera Distrital, donde certifica que en la referida fecha se adeudaban los sueldos de los empleados de la Alcaldía Distrital desde marzo de 2002; certificación suscrita por la Tesorera Distrital el 11 de diciembre de 2002, donde relaciona los saldos pendientes de pago por pensión a los fondos de pensiones; certificación suscrita por la Tesorera Distrital el 11 de diciembre de 2002, donde relaciona los saldos pendientes de transferir al Concejo, Personería y Contraloría Distrital; certificación suscrita por la Tesorera Distrital el 11 de diciembre de 2002, donde hace constar que se encuentra pendiente de girar $1.088.806.420 al ICBF, SENA y CAJAMAG, por concepto de transferencias entre agosto de 1996 y agosto de 2002; y oficio DR-711-02 del 11 de diciembre de 2002, suscrito por la Directora Regional del ICBF Regional Magdalena, donde certifica los montos adeudados por la Alcaldía Distrital de Santa Marta por aportes parafiscales desde el año 1985 hasta noviembre de 2002. 2.2. La Delegada señala que los derechos laborales materia de cuestionamiento estaban causados y por ello es que se formula el cargo en forma total, ante la omisión del pago y giro de sueldos, mesadas y transferencias causadas en meses

anteriores. Igualmente el cuestionamiento es conjunto, no solamente por la omisión 6 Radicación No. 161-01877 en el pago de aportes derivados de la nómina, sino, además, por el no pago de la propia nómina y surge por la falta de gestión para conseguir los recursos encaminados a cumplir con dichas obligaciones. 2.3. Si bien es cierto algunas de las acreencias materia de cuestionamiento provenían de períodos fiscales anteriores a la administración del investigado, también lo es que la entidad territorial es la misma, independiente de quiénes sean sus funcionarios, y las administraciones subsiguientes no pueden ampararse en los errores de sus antecesores para omitir la continuidad de la prestación de la función pública. Las sumas adeudadas al Concejo Distrital por las vigencias anteriores al 2000 y 2002, y las pendientes de giro a Contraloría de Santa Marta por vigencias anteriores al 2000, estaban claramente determinadas por la administración Distrital, según certificación que la Tesorería de Santa Marta en tal sentido, por lo cual no obedecían a un porcentaje de las rentas recaudadas. 2.4. Indica la Delegada que “El artículo 23 de la Ley 100 de 1993 establece, tal como lo aduce la defensa, como causal de mala conducta la no consignación de los aportes sin justa causa, pero la crisis financiera que atravesaba el Distrito por sí sola no es eximente de responsabilidad disciplinaria ni justifica la omisión, mientras no se compruebe la realización de acciones efectivas tendientes a conjurar dicha crisis. Empero, dicha circunstancia se tendrá en cuenta como atenuante de la

responsabilidad disciplinaria.” 2.5. A pesar de ser cierto que se inició proceso de sometimiento a la Ley 550 de 1999 y en junio de 2002 se solicitaron facultades al Concejo Distrital, así como que se realizaron reuniones con la Dirección de Apoyo Fiscal y de concientización con los funcionarios de la administración, también lo es que hasta febrero de 2003, época en que el investigado se desempeñó como alcalde de Santa Marta, no se había sometido el Distrito a la Ley de reestructuración de sus pasivos, hasta que el sucesor lo solicitó una vez se posesionó como Alcalde encargado. 2.6. La Delegada acepta que existía una imposibilidad de hacer los pagos que se omitieron por causa de las condiciones a las que estuvo sometida la entidad durante la vigencia de fiscal de 2002, principalmente por haber perdido su capacidad de maniobra financiera con rentas propias, producto del embargo en la fuente de las rentas propias. Dado el estado de anormalidad financiera insalvable en la que se encontraba financieramente el Distrito es que el Alcalde cuestionado debió utilizar las herramientas jurídicas para conjurar la crisis, como es haberse acogido a la Ley 550 de 1999. Tal crisis no se presentó de manera intempestiva y ella se sabía desde el inició del mandato. 2.7. El a-quo en seguida se refiere al testimonio de la doctora ANA LUCIA VILLA ARCILA, Directora General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - DAF -, prueba solicitada por la defensa, conforme a cuya declaración el

Alcalde acudió a su Despacho e hizo manifestaciones verbales sobre la intención del ente territorial de acogerse a la Ley 550 de 1994, ello nunca se materializó con el lleno de los requisitos correspondientes. Esa testigo informa sobre el conocimiento de parte de la DAF de la crisis del Distrito de Santa Marta desde la administración 7 Radicación No. 161-01877 anterior a la del Alcalde investigado y sobre el hecho de que le recomendó al comienzo de su administración al disciplinado acogerse inmediatamente a la Ley 550, como una solución al problema estructural de las finanzas del municipio. 2.8. En relación con dicha problemática estructural del Distrito proveniente de administraciones anteriores, la Delegada se refiere a la suscripción en noviembre de 1997 por el Distrito de Santa Marta de un Plan de desempeño con el Ministerio de Hacienda, el cual no dio los resultados esperados, al parecer por falta de voluntad de la administración de esa época y menciona también que para el año de 2000, JAIME SOLANO JIMENO, Alcalde Distrital, inició consultas sobre los lineamientos a seguir para encausar la administración en las normas de la Ley 617 de 2000 el presupuesto del año 2001, año en el cual inició su mandato el doctor GNECCO ARREGOCES. Sobre ello recuerda que la DAF envió al Distrito los lineamientos de la Ley para su aplicación y para obtener los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de reestructuración que implicaba la supresión de cargos. 2.9. Refiriéndose a la evolución de los procesos de ajuste iniciados en anteriores

administraciones, la Delegada observa que ellos no podían ser desconocidos por el disciplinado. Señala que la nueva administración debió tenerlos en cuenta y no desconocer las sugerencias de los expertos en la materia. En ese contexto se refiere a una serie de pruebas como son el oficio del 14 de febrero de 2001 remitido por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda al doctor HUGO GNECCO ARREGOCES, en relación con el “Programa de Apoyo fiscal y Fortalecimiento Institucional de Entidades Territoriales”; al oficio del 8 de junio de 2001, dirigido por el Secretario Privado de la Presidencia de la República le remitió al Ministro de Hacienda y Crédito Público remitiéndole copia del oficio enviado al Presidente de la República por el investigado, por medio del cual le solicitaba su intervención ante entidades estatales que adeudaban el pago de impuesto al Distrito. Al transcribir apartes de este último documento, la Delegada recuerda que el Alcalde había dispuesto superar la crisis con el acogimiento a la Ley 617 de 2000, lo que a la postre tampoco llevó a cabo con ayuda del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo transcribe apartes de la comunicación dirigida por el Alcalde al Dr. CARLOS ANDRES MENDOZA AVILA, Consultor Financiero de la DAF, de los cuales infiere que el conocimiento de la crisis del Distrito de Santa Marta por parte los actores involucrados en su solución. 2.10. “Así las cosas, el doctor HUGO GNECCO ARREGOCES asumió directamente

el proceso de saneamiento fiscal aplicando el procedimiento que había concebido sin ayuda de la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las medidas adoptadas no fueron suficientes para sortear positivamente el grave deterioro de las finanzas públicas, y por el contrario, éstas se agravaron al punto de entrar en una cesación de pagos tanto de las obligaciones causadas como las que en tiempo real se iban asumiendo, entre otras, por concepto de salarios del sector central, transferencias a Contraloría, Concejo, Personería y pensiones en lo corrido del año de 2002, además, debió afrontar el embargo de las rentas en la fuente, lo cual le cerró toda maniobrabilidad autónoma de orientar los fondos financieros.” 2.11. Sólo hasta el 9 de agosto de 2002 el disciplinado solicita y el Concejo Distrital le otorga mediante el Acuerdo 011 facultades para que solicite, promueva y celebre un acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos de la Ley 550 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Después de reseñar algunas pruebas, la Delegada señala que “la decisión que conscientemente se abstuvo de tomar el doctor HUGO 8 Radicación No. 161-01877 GNECCO ARREGOCES se postergó hasta el 5 de marzo de 2003, fecha cuando ANA LUCIA VILLA ARCILA, Directora de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, profirió la Resolución N º 447 por medio de la cual se resolvió la promoción del acuerdo de reestructuración y se designó el promotor. Pero

para ese momento ya no era alcalde el doctor HUGO GENECCO, porque la Procuraduría General de la Nación, le había impuesto medida de suspensión provisional y en su reemplazo actuaba en calidad de alcalde encargado FERNANDO ALBERTO CELY SANTOS.” Igualmente indica que “Lo inapropiado de las medidas implementadas por el doctor HUGO GNECCO ARREGOCES derivó en un alto costo económico para el Distrito de cuyo resultado da cuenta una información contable aún sin depurar, de acuerdo con lo expuesto por ANA LUCIA VILLA ARCILA, Directora de la Dirección de Apoyo, en oficio del 27 de mayo de 2003, el cual suministró como soporte de su declaración, en donde expresa que los documentos remitidos por el Distrito de Santa Marta evidencian al cierre de 2002 un pasivo por pagar de $101.459 millones, equivalente al 86% del total de ingresos recibidos por la entidad durante ese año. El pasivo estaba compuesto por $70.995 millones correspondiente a cuentas por pagar no laborales adeudas a proveedores, contratistas y las empresas del sector descentralizado. Las acreencias laborales ascendieron en ese año a $16.000 millones y otro tanto los recaudos a favor de terceros y provisiones para contingencias. Inicialmente, los procesos judiciales en contra de la administración arrojaban $11.000 millones. De otra parte, se dice, que la forma como el Distrito asumió sus competencias constitucionales y legales frente a la comunidad Samaria, mediante la creación de entidades descentralizadas cuyo funcionamiento y capacidad de inversión dependía de los ingresos corrientes de libre destinación del

sector central, produjo un déficit acumulado sin depurar de $15.000 millones, lo cual se convierte en uno de los lastres más importantes para llevar a cabo el saneamiento fiscal de la administración. (Folios 2.104 y 2.105).” 2.11. El fallador de instancia se refiere a las gestiones emprendidas para recuperar algunas acciones que ELECTROMAG poseía en ELECTRICARIBE, así como a su venta y al recaudo adicional de cartera por impuesto predial, señalando que tales cifras reflejan gestiones que aunque no son suficientes ni algunas dieron los resultados deseados, se tendrían en cuenta al momento de determinar la responsabilidad disciplinaria. 2.12. Concluye el a-quo manifestando que “Con las omisiones anteriormente referidas el investigado violó lo dispuesto por el artículo 40 numeral 2 de la Ley 200 de 1995, que en su parte pertinente establece como deber de todo servidor público, cumplir con diligencia y eficiencia el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial; la parte pertinente del artículo 10 de la Ley