PGN - FALTA GRAVISIMA - Por haber recorrido objetivamente una descripción típica consagrada en

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación: 308-141729-06

Investigada: RUTH LEONOR CÓRDOBA DE BETANCURTH

Cargo y entidad: Directora ESAP Nariño Quejoso: De oficio Fecha queja: noviembre de 2005

Fecha Hechos: de marzo de 2004 a junio de 2005

Asunto: Resolver apelación

Bogotá, D.C. 6 de marzo de 2007

I. ASUNTO POR DECIDIR Provienen las presentes diligencias de la Procuraduría Judicial Penal 144, con el fin de desatar el recurso de APELACIÓN incoado contra el fallo de primera instancia dictado en el proceso de la referencia.

II. DECISIÓN IMPUGNADA Mediante decisión del 27 de noviembre de 2006, la Procuraduría Judicial Penal 144, profirió fallo sancionatorio contra RUTH LEONOR CÓRDOBA DE BETANCURTH, Directora de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, regional Nariño – Alto Putumayo y le impuso la sanción de destitución del cargo e inhabilidad permanente para el ejercicio de funciones públicas (folios 545 c. 9), por haberse apropiado ilegalmente de $34.081.475 del presupuesto de la entidad, en el período comprendido entre junio de 2004 y marzo de 2005, para lo cual, además, incurrió en falsedad en documentos, público y privado, conductas por las que fue condenada penalmente, con lo que realizó objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito, sancionable a título de dolo, con ocasión o como consecuencia de

la función o cargo. La conducta fue calificada como gravísima e imputada a título de dolo.

III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN A través de memorial del 29 de noviembre de 2006, la disciplinada solicitó la nulidad de la actuación y la revocatoria del fallo sancionatorio, para en su lugar absolverla de la imputación formulada, por las razones que se señalan a continuación.

De la petición de nulidad La impugnante considera vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa, porque nuevamente el fallador de instancia omitió analizar la prueba de cargo y se limitó a tener por ciertas las apreciaciones hechas en la sentencia penal condenatoria proferida en su contra, de modo que se encuentra en indefensión para ejercer su defensa, pues desconoce las motivaciones fácticas que llevaron a la primera instancia a sancionarla. 1 Para el efecto, la apelante cita doctrina nacional y extranjera, así como jurisprudencia penal y disciplinaria, con lo cual pretende desvirtuar la legalidad del pronunciamiento de primer grado y lograr así una nueva declaratoria de nulidad. Además acusa de incongruente el fallo con los cargos a ella endilgados, por cuanto en la primera pieza procesal aparecen enunciados aquellos de los que en principio no se dijo nada, sin hacer más precisiones sobre el particular, más que con la mención de alguna jurisprudencia que ha tocado el tema. De la impugnación del fallo Luego de presentar algunos aspectos introductorias, la impugnante hace referencia a los elementos del tipo de peculado por apropiación y señala que presenta como

verbo rector apropiarse, en torno al cual giran los demás elementos de la descripción, de modo que el conocimiento previo de la conducta, la desaprobación del riesgo y su realización deben ser abarcados por el conocimiento del autor para que pueda ser atribuido a título de dolo. Por tratarse de un delito que tiene objeto material real de alcance patrimonial, es requisito indispensable para su tipicidad, que exista el ánimo de lucro y que la acción recaiga en forma directa sobre bienes del Estado. En el presente asunto no obra prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad de la investigada, por tanto ante una duda razonable, debe dictarse decisión absolutoria a su favor. Si bien las pruebas testimoniales resultaron algo imprecisas sobre el número de días en los procesos de capacitación, en ellas no se negó que se hubiera realizado tal actividad, lo que se confirma con los recibos de pago para cada uno de ellos, sin que haya razones por la primera instancia, para desestimarlos y negarles su valor probatorio. Como quiera que los testimonios recibidos en la Fiscalía – no en la Procuraduría, no fueron controvertidos por haberse acogido a sentencia anticipada, los mismos deben valorarse y apreciarse en conjunto, con sujeción a las reglas de la sana crítica. Afirma la impugnante que hay ausencia de antijuridicidad, traducida en una ilicitud sustancial, para lo cual trae los comentarios que sobre la figura se ha escrito en la doctrina y jurisprudencia en materia disciplinaria y señala que “…en el asunto de marras se mira el desarrollo de un virtual llamamiento a hacer frente sobre una

responsabilidad objetiva, contraria a la subjetiva la que consiste en la necesidad de examinar si en verdad la persona tenía la intención, de infringir la ley, esto es, establecer en qué dirección estaba orientada su voluntad al momento de realizar la acción reprochada, o de omitir el comportamiento exigido”. El auto de adecuación y el fallo impugnado presentan rasgos de ligereza y superficialidad en cuanto a las pruebas, puesto que dada la delicadeza de los hechos que se denuncian, era imperioso profundizar en su análisis y efectuar otras que coadyuvaran en la obtención del grado de certeza necesario para dictar fallo sancionatorio. 2 Frente a las órdenes de servicios suscritas para la capacitación en diferentes municipios, sostiene que en el fallo apelado se afirma que fueron adulteradas porque en las certificaciones sobre cumplimiento se hacía constar que los capacitadores estuvieron cinco días, pero que solo lo hicieron en uno o dos días. No hay una discriminación sobre qué municipio, quién firmó, no hay prueba grafológica para establecer el autor material de las falsedades, pero no se lo hizo de manera globalizada se afirma que las personas que aparentemente estaban apareciendo como los que expidieron las certificaciones no reconocieron las mismas, mas no se hace sindicación del autor material o determinador y haciendo una ruptura insólita del principio de inocencia, lo que lleva a invertir la carga de la prueba, porque la procesada sería la que debe demostrar que no cometió un delito contra la fe pública. Sobre la compra de bienes señala que la disciplinada se apropió de $34.081.475, tras la adulteración de documentos que hacían referencia a contratos y soportes,

afirmación que se hace con fundamento en la trascripción de la sentencia en materia penal dictada en su contra. Sobre este aspecto a su juicio, también existe duda probatoria sobre la categoría de culpabilidad, la cual debe resolverse a su favor. La prueba no demostró que la investigada haya participado en los hechos atribuidos, por ello es necesario amparar su inocencia, como presupuesto del proceso disciplinario. Finalmente disiente de la inhabilidad permanente impuesta, por cuanto la justicia penal se pronunció sobre ella y a tal sanción, a su juicio, la Procuraduría “…se quiere unir…” (folio 713 c.9), para lo cual trae apartes de lo expresado por la doctrina sobre la prohibición de la doble aplicación de esta sanción, en materia penal y en disciplinaria.

IV. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Metodología de la argumentación Para desatar el recurso de apelación formulado por la señora RUTH LEONOR CÓRDOBA DE BETANCURTH, el despacho abordará en primer lugar la solicitud de pruebas, luego se pronunciará sobre la nulidad planteada y de no encontrarla fundada, proceder a estudiar el fondo de la impugnación.

Competencia Mediante auto del 9 de noviembre de 2005, el señor Procurador General de la Nación (E), designó al Procurador Delegado para la Moralidad Pública, para conocer, en segunda instancia, el proceso disciplinario adelantado contra la señora RUTH LEONOR CÓRDOBA DE BETANCURT, razón por la cual este despacho es competente para resolver la apelación formulada contra el fallo de primera instancia. La petición de pruebas

Antes de proceder al examen de la nulidad y el fondo de la impugnación presentada, es necesario emitir pronunciamiento sobre las pruebas deprecadas por la señora 3 RUTH LEONOR CÓRDOBA, para ser practicadas por la segunda instancia, con las que pretende sustentar sus argumentos. El artículo 171 del Código Disciplinario Único prevé que el funcionario de segunda instancia, si lo considera necesario, podrá decretar pruebas de oficio. De la simple lectura de la norma en cita, se advierte con meridiana claridad que la ordenación y práctica de pruebas en sede de segunda instancia, son del resorte exclusivo del operador disciplinario, es decir que las mismas no proceden cuando provienen de petición de parte, como ocurre en el caso sub lite, razón apenas suficiente para negar las pruebas solicitadas por la disciplinada. Si aceptásemos, en gracia de discusión, que por vía de solicitud de un sujeto procesal, el funcionario de conocimiento debe decretar pruebas en sede de segunda instancia, encuentra el despacho que en el caso sometido a debate los medios de prueba deprecados resultan innecesarios para los fines de la presente decisión, ya que dentro del plenario se cuenta con diversas probanzas con las que se determina la responsabilidad disciplinaria de la señora CÓRDOBA DE BETANCURTH, lo cual que se analizará una vez se aborde el tema de la nulidad planteada. En consecuencia, la petición de pruebas será negada. Respuesta a la solicitud de nulidad De la falta de motivación Esta Procuraduría Delegada, mediante auto del 17 de agosto de 2006, decretó la

nulidad del fallo de primera instancia por adolecer de una debida motivación, razón por la cual el 27 de noviembre siguiente el Procurador de primera instancia dictó una decisión con las razones de hecho que lo llevaban a la convicción sobre la materialidad de la falta y la responsabilidad disciplinaria en cabeza de la señora

CÓRDOBA DE B.

En este momento, luego de producido el fallo sustitutivo, este despacho no encuentra asidero en los argumentos que fundamenten una nueva declaratoria de nulidad por falta de motivación de la decisión que ahora se revisa, como ocurrió en pretérita oportunidad, pues no se detectan las irregularidades que señala la apelante que afectan su debido proceso y el derecho a la defensa. En el fallo objeto de alzada el a quo manifestó las razones fácticas que lo condujeron a la convicción sobre los elementos para dictar fallo sancionatorio, nótese que analizó la prueba documental aducida, cual fuera la decisión de fondo dictada en el proceso penal, con la que fue declarada responsable, señalando este medio, como un documento auténtico debidamente trasladado al proceso, pero si ello no fuera suficiente, hizo clara mención y estudio de los testimonios que le sirvieron de fundamento a la sanción, así como de los documentos relacionados con las órdenes de servicio celebrados y que resultaron espurios, precisamente para apropiarse ilegalmente de una suma de dinero del erario público, con lo que fue declarada culpable y responsable de la comisión objetiva de un hecho descrito en la ley como delito. 4 Es por ello que ahora es posible dar respuesta a las apreciaciones que hace la censora en su escrito de impugnación, pues la segunda instancia cuenta con

elementos suficientes para analizar y tomar una decisión de fondo, es decir que tenemos una hipótesis y una antítesis para presentar una postura que en definitiva culminará el proceso disciplinario adelantado contra la disciplinada. De la falta de congruencia entre cargos y fallo En lo que respecta a la incongruencia de que es tachado el fallo impugnado frente a los cargos deducidos a la disciplinada, a juicio del despacho, es una causal de nulidad que no está llamada a prosperar porque la imputación contenida en las dos decisiones, los hechos son idénticos, basta con hacer una simple comparación de las conductas descritas en cada pieza procesal, para concluir que el a quo no varió en momento alguno la descripción típica señalada en el auto de cargos que le sirvieron de fundamento al fallo que hoy se revisa. Ciertamente, en los cargos contenidos en el auto del 7 de febrero de 2006, se hace alusión a una serie de actos y contratos en los que intervino activamente la señora RUTH LEONOR CÓRDOBA, como Directora de la ESAP – Nariño, dentro de los cuales se destacaban particularmente documentos espurios, que sirvieron de mecanismo facilitador de la apropiación que hizo de recursos del erario público, como lo atestiguaron algunos de los contratistas, de modo que con el acervo probatorio trasladado del proceso penal, se determinó la comisión de un concurso de delitos, cuya configuración ahora constituye la falta disciplinaria descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Tal imputación corresponde exactamente a la contenida en el fallo sancionatorio proferido el 27 de noviembre de 2006, por el Procurador Judicial 144, sin que en el mismo, la sanción se haya extendido a hechos diferentes o al menos “similares” a los destacados en los cargos, contrario sensu, la imputación en uno y otro pronunciamiento son idénticos, de modo que la causal de nulidad por incongruencia no será declarada. Examen de las razones de disenso Como lo demanda la apelante en su escrito, las pruebas allegadas al plenario serán evaluadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, confrontadas con lo expresado por el operador de instancia. De la materialidad de la falta El marco fáctico sobre el cual reposa la imputación de la conducta hecha por el Procurador de primera instancia a la disciplinada es haber recorrido objetivamente una descripción típica, consagrada en la ley como delito, sancionable a título de dolo, cometido en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo. Lo anterior, porque según la primera instancia, RUTH LEONOR CÓRDOBA se apropió ilegalmente de $34.081.475 del presupuesto de la ESAP regional Nariño – Alto Putumayo entre junio de 2004 y marzo de 2005, para lo cual, además, incurrió 5 en falsedad de documento público y falsedad de documento privado, conductas por las que fue condenada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto. Sirvió de fundamento a tal imputación, en primer lugar, la sentencia penal

ejecutoriada, pieza procesal que fue suficientemente examinada y valorada, sobre la cual reposa principalmente el fundamento de la responsabilidad disciplinaria deducida a la investigada, porque decanta los argumentos que describen objetivamente los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Además, como lo reconoce la propia disciplinada, además de aceptar los cargos penalmente formulados, impugnó la decisión, solo en lo que hace mención a la detención ordenada, para que fuera cumplida en su domicilio, en tanto que la responsabilidad atribuida y la materialidad del hecho permanecieron incólumes, no solo porque no fueron impugnadas sino porque la segunda instancia no encontró desconocidas las garantías de la procesada, examen a que está obligado el operador penal, al examinar la sentencia anticipada. La presente actuación disciplinaria se adelantó por el procedimiento verbal, durante el cual estuvo presente, desde su iniciación, la señora CÓRDOBA DE BETANCURTH, cada decisión le fue notificada, fue debidamente enterada del traslado de la prueba del proceso penal al disciplinario, tuvo la oportunidad de debatir todos los medios de prueba, pero nunca intentó contradecir la prueba, su silencio se interpretó lógicamente, como su conformidad ante el contenido, de los documentos y de los testimonios recibidos en el proceso penal. Es que la finalidad de la prueba trasladada no es fincar en la disciplinada una responsabilidad objetiva, como ella lo cree, es hacer uso de un mecanismo legal – traslado de prueba – y ejercer válidamente el principio de economía procesal, pues se traen a una actuación, medios de prueba practicados válidamente en otra [Arts.

135 CDU y 239 CPP], según ello, el trasladado de prueba consiste en: "Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.". Para sustentar su acusación, era deber del Procurador de instancia, proveer los medios de prueba necesarios para establecer la materialidad de la falta que se decía había cometido la señora RUTH LEONOR CÓRDOBA DE BETANCURTH y así se hizo cuando trasladó la prueba obtenida válidamente en el proceso penal. Distinto es que cuando la disciplinada fue enterada del uso de tal mecanismo procesal, no solicitó ampliación de pruebas, ratificación de denuncias ni hizo ejercicio de su derecho de contradicción y conocer las razones sería adentrarnos en especulaciones que no son propias de este pronunciamiento. La impugnante ha solicitado el examen de las pruebas según las reglas de la sana crítica, porque estima que hay duda sobre su responsabilidad en los hechos y sobre la culpabilidad atribuida, de modo que así procederá esta instancia. 6 El numeral 1 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 prevé que constituye falta gravísima: “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”. De acuerdo con lo anterior surge una prueba que por excelencia debe ser tenida en

cuenta en este proceso: la sentencia anticipada, ejecutoriada, dictada contra RUTH LEONOR CÓRDOBA DE BETANCURTH, en la que fue condenada a la pena principal de 42 meses de prisión y por el mismo término inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la accesoria de multa de 25 millones de pesos, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Como quiera que en tal asunto no era procedente la suspensión condicional de la sentencia, ni la sustitutiva de prisión domiciliaria, el Juez Tercero Penal de Circuito de Pasto, declaró que la pena debía cumplirse en establecimiento carcelario, decisión ésta que fue motiva de apelación y que en su momento fue modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Nariño, sin que tal decisión involucrara la responsabilidad de la procesada, como ella misma lo admite en su escrito. Al operador disciplinario le podría resultar difícil demostrar que un funcionario público, en ejercicio de sus funciones cometió un delito sancionable a título de dolo, cuando en contra del mismo no se ha producido una sentencia condenatoria, sin embargo, el único análisis que debe abordar es el de la tipicidad del hecho, ya que así lo exige el numeral 1 del artículo 48 citado, pero además y de especial relevancia en el presente asunto, la procesada ya fue condenada y la decisión cobro ejecutoria, por la comisión de un concurso de hechos punibles. Así, los elementos recaudados han permitido establecer que con la conducta desplegada por la investigada además de configurarse como una falta disciplinaria,

realizó objetivamente la descripción típica de tres delitos que tuvieron lugar en razón, con ocasión o como consecuencia de la función desplegada, como Director Regional de la ESAP en Nariño y Alto Putumayo. La tipicidad objetiva de la falta disciplinaria así descrita por el legislador se completa con la adecuación de la conducta al tipo objetivo previsto en la legislación penal, por tanto para su configuración desde la perspectiva del operador disciplinario, no requiere la existencia previa de una sentencia condenatoria en un proceso penal, pero que para nuestro caso existe y facilita la labor del operador disciplinario. En efecto, el tipo consagrado en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, para la configuración de la falta gravísima allí prevista, señala que la misma se verifica como tal, cuando el servidor público realiza, “objetivamente una descripción típica consagrada en la Ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o, abusando del mismo”. Basta entonces con la adecuación típica a un tipo penal doloso, realizado con ocasión o como consecuencia del cargo, para que se configure la falta disciplinaria, 7 es decir se limita a una parte del examen de tipicidad en la estructura dogmática del delito, al análisis objetivo del tipo penal. La configuración de la falta disciplinaria así descrita no implica el estudio de la antijuridicidad del comportamiento ni el juicio de reproche sobre la culpabilidad, es decir, no se requiere como tal que exista un juicio de responsabilidad penal, basta la realización objetiva de una descripción típica.

El análisis realizado en el aspecto que nos ocupa, permite concluir que en el presente caso se tiene comprobado la existencia de la falta disciplinaria endilgada, por cuanto con la conducta desplegada por la Directora Regional de la ESAP en Nariño y Alto Putumayo, se verificó la adecuación típica de tal comportamiento con las disposiciones ya señaladas del Código Disciplinario Único. Corroboran la materialidad de la falta cometida el informe de estudio grafológico (folios 162 s.s. c.a.1), según el cual el contratista HENRY ORLANDO BRAVO NARVÁEZ solo suscribió una orden de pago, las demás que fueron expedidas a su nombre no provienen de él, situación que se repite en el caso de la señora CLAUDIA PATRICIA GUERRERO y quien en las más de las ocasiones firma los cheques que no fueron cobrados por sus beneficiarios, es JORGE FERNANDO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ.

Lo anterior confirma no solo la materialidad de los delitos contra la fe pública, sino el peculado por apropiación atribuido a RUTH LEONOR CÓRDOBA, porque el propio JOSÉ FERNANDO RODRÍGUEZ aseguró que ella le solicitó cambiar algunos títulos girados por la ESAP a otros contratistas, como en efecto lo hizo y le entregó el dinero personalmente (folio 124 c.a. 7). El propio JOSÉ FERNANDO informó que el hijo de la doctora RUTH LEONOR, a quien señaló como BETO BETANCURTH, reconocido por ella en su indagatoria como hijo suyo, había suministrado algunas resmas de papel a la entidad, pero

dentro de los contratos obtenidos no existe ninguna orden o acto que autorizara tal suministro, en especial por el parentesco con la funcionaria procesada, ya que generaría una inhabilidad, por tal razón resulta obvio que él hubiese entregado elementos de oficina, los cuales según servidores de la ESAP ingresaron materialmente a la entidad, pero no fueron entregados por la firma H&B, contratada para el efecto. Ciertamente, preocupa a la disciplinada el hecho de que elementos de oficina como computadores y otros de necesidad para la entidad, hayan ingresado materialmente, como lo atestiguaron diversos funcionarios de la ESAP, con lo que ella pretende demostrar que la falta atribuida no existió, sin embargo olvida que el señor HENRY ORLANDO BRAVO, a nombre de quien se encuentran múltiples órdenes de compra de tales elementos y los pagos realizados, señalan que él no fue quien los entregó, situación que se repite con MAURICIO RIASCOS y la señora CLAUDIA GUERRA, a nombre de quienes existen cotizaciones, facturas, órdenes de compra, pagos y cheques girados, pero en realidad ellos ni cotizaron, ni sirvieron como proveedores de la entidad. Así lo demuestran los dictámenes grafológicos realizados por la Fiscalía, que si bien él firmó algunos ingresos, en su mayoría no provienen de tales 8 contratistas, con lo que se desvirtúa la duda que la procesada señala existe sobre la falta cometida. El problema no es que los elementos no se hayan recibido, es que los contratistas que se dice que los entregaron no corresponde a los que expidieron las facturas,

firmaron los comprobantes y demás documentos que soportan la transacción, ya que los dineros con los que se cancelaban tales suministros llegaban a las manos de la directora de la ESAP, ya que como se dijo, JOSÉ FERNANDO RODRÍGUEZ cobró en su mayoría los títulos valores y le entregó los recursos a su jefe, pues él le hacía un favor, por su experiencia en el medio bancario. Ciertamente, el señor HENRY ORLANDO BRAVO NARVÁEZ, quien fue favorecido con la adjudicación de un sinnúmero de órdenes de suministro, pero la mayoría de ellas los recursos girados no le fueron entregados a él, pues las órdenes de pago no fueron firmadas por él sino por el hombre de confianza de la procesada, JOSÉ FERNANDO RODRÍGUEZ, así lo demuestra la declaración de éste y el peritaje rendido por los técnicos del DAS y ratificado por comunicación de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (folios 609 s.s. c.a. 3). En el caso de los suministros se alteraron las firmas en los cheques girados, pero en los contratos de capacitación la adulteración abarcó los certificados firmados por algunos alcaldes y secretarios de gabinete de municipios de Tumaco, Túquerres, Cumbal, Guaspud Carlosama, Ricaurte, Ipiales, Sibundoy, San Pablo y San Lorenzo, así se logró establecer con los dictámenes realizados por peritos del DAS (folios 169 s.s. c.a.1) y como lo declararon los autores de los documentos, quienes reconocen sus firmas, no así el formato y contenido de los mismos, así como los

listados de asistentes a los seminarios, en los que hay nombres de persona fallecidas, inexistentes o simplemente se repiten, cambiando la cédula y en ocasiones dejando el mismo número. RICARDO REVELO DÍAZ, secretario de desarrollo social y asistencia técnica del municipio de Ipiales, señaló que el 17 de enero y medio día del 18, de 2005, se llevó a cabo una capacitación sobre veeduría ciudadana y gestión de proyectos; se pasaron listados de asistentes en papelería del municipio y él certificó la presencia de dos o tres personas de la ESAP. Sin embargo, los documentos en que constan tales manifestaciones, no corresponden a los que él firmó, no reconoce la papelería que utiliza el ente municipal en sus asuntos, por el tipo de letra, el logotipo; además en la lista de asistentes figuran personas que no estuvieron presentes en el evento y en especial, el seminario no se realizó los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2004, como lo indica la certificación que el Fiscal le puso de presente, sino el 17 y parte del 18 de enero de 2005. Frente a tal situación, solo asegura que la adulteración pudo ser el resultado de un escaneo del documento, porque la firma sí es suya, pero el contenido es falaz (folios 219 s.s. c.a.1). En igual sentido declaró el señor HUMBERTO GABRIEL ARCOS LÓPEZ, alcalde de Cumbal, quien fue preciso en manifestar que en ese municipio no se dictó ningún seminario por funcionarios de la ESAP, de modo que tanto las certificaciones de permanencia expedidas y que al parecer él suscribió son falsas (folios 222 s.s. ib.).

9 Tan contestes y claros como los anteriores, se mostraron los declarantes LUIS ARMANDO FUELPAZ RAMÍREZ, inspector de Guaspud – Carlosama (folios 225 ej.); RICARDO EMIRO GÓMEZ LASSO, alcalde de San Pablo (folios 228 ib); JUAN HUMBERTO ESCRUCERÍA LLORENTE, Presidente de la Cámara de Comercio de Tumaco (folios 270 c.a. 2); RUBER AMILCAR MUÑOZ TENORIO, alcalde de San Lorenzo (folios 274 ib); EDGAR RAMIRO REYES SANTACRUZ, alcalde de Túquerres (folios 277 ib); PEDRO PABLO CASTILLO CÓRDOBA, secretario de gobierno de Sibundoy (folios 281 ej.); MARIO FERNANDO ORTEGA BENÍTEZ, secretario de la comunidad de Túquerres (folios 289 ob. cit.), y LUIS ALDEMAR DELGADO, secretario de gobierno de Ancuyá (folios 298 ej.). Sumado a lo anterior tenemos que los contratistas, vinculados a la ESAP para dictar las charlas o seminarios en diferentes municipios de la comprensión territorial de la entidad en Nariño y Alto Putumayo, manifestó que dictaron las conferencias en los municipios para los cuales fueron contratados, pero no durante los días y en las fechas señaladas en los documentos espurios, pues indican que presentaron unos certificados en que constan períodos de tiempo inferiores. En tal sentido se encuentran las versiones de DIEGO FERNANDO CALVACHE GARCÍA (folios 407 s.s. c.a. 2), quien manifestó que fue contratado para dictar

conferencias en representación de la ESAP, en diferentes municipios en los que la entidad tenía jurisdicción, pero que la doctora RUTH LEONOR CÓRDOBA fue clara al exigirle la suma de dos millones o dos millones y medio por la adjudicación del contrato, exigencia a la que él se sometió, así como la mayoría de contratistas para capacitación, además las charlas que dictó en el municipio de Cumbal fue por un día. Además indicó que muchos contratos de suministro suscritos por la procesada, se realizaban con firmas creadas por amigos de ella para favorecerlos y en otros casos, como los suministros hechos por CLAUDIA GUERRA, todos eran ficticios, pues ella nunca firmó ninguna cotización, orden o factura. MARÍA MERCEDES CALVACHE BURBANO, capacitada vinculada por orden de prestación de servicios, afirmó que dictó un seminario en Sibundoy, los días 13 y 14 de enero de 2005, actividad que fue oportunamente certificada, pero no por el tiempo que figura en la certificación que le fue puesta de presente en la diligencia, según la cual dictó las charlas del 13 al 17 de enero de 2005 (folios 415 s.s. ib). En igual sentido se pronunciaron MAURICIO ACOSTA ROMO (folios 440 s.s. c.a. 2); MAURICIO RODRÍGUEZ OSEJO (folios 450 s.s. ib); MARÍA MERCEDES DÍAZ SARRALDE (folios 457 s.s. ej.); GLORIA DEL SOCORRO CÓRDOBA RODRÍGUEZ (folios 465 c.a.3); HENRY LEÓN GUERRERO TORRES (folios 475 ib.); JOSÉ

FERNANDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (folios 480 ib.), y DIEGO ANDRÉS GARCÍA DELGADO (folios 596 ej.).

Los deponentes señalaron a la doctora RUTH LEONOR CÓRDOBA DE BETANCURTH como la persona que se quedó con una suma de dinero, correspondiente a la orden de prestación de servicios otorgada a cada uno, como parte de pago por la adjudicación. Además, JOSÉ FERNANDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (folios 480 ib.) señaló que por su experiencia en el medio bancario, le era fácil cambiar