PGN - FALTAS GRAVISIMAS - Por conducta típica, antijurídica y reprochable
Detalles
- Título
- PGN - FALTAS GRAVISIMAS - Por conducta típica, antijurídica y reprochable
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
FALTAS GRAVÍSIMAS-Por conducta típica, antijurídica y reprochable. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES-Por carecer de los elementos y herramientas necesarias para la implementación del sistema de información. Si bien es cierto, la alcaldía de la Jagua del pilar carecía de los elementos y herramientas necesarias para la implementación del sistema de información que se quería implantar por parte de la Contaduría general de la Nación, este sería un momento para que esta funcionaria manifestara dichos inconvenientes ante esa entidad para buscar la posible solución, lo que no sucedió. De la misma forma, a pesar que la disciplinada tuvo la inducción necesaria para cumplir con el nuevo sistema de información requerida por la Contaduría General de la Nación, durante el primer trimestre del año 2007, nunca dio cumplimiento a esta obligación, ni manifestó los inconvenientes señalados a ningún funcionario de la Contaduría, para que se tomaran las medidas pertinentes encausadas a cumplir con esta exigencia y no causar el traumatismo que este incumplimiento genera a la Contaduría General, para el cumplimiento de su misión.
DELEGADA PARA LA ECONOMÍA Y LA HACIENDA PÚBLICA
Radicación Nº. IUC. 121-002515
Disciplinado: Elías Rafael Lago Mendoza y Mary Luz Pinto Ariza Cargo y Entidad: Alcalde y Jefe de Presupuesto de la Jagua del Pilar.
Quejoso: De oficio Fecha de Queja: 14 abril 2008
Fecha hechos: 31 octubre de 2007
Asunto: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
Bogotá DC 27 de agosto 2012
I. ASUNTO En atención al recurso de apelación interpuesto y sustentado por los disciplinados y sus apoderados, en contra del auto sancionatorio de primera instancia del 26 de abril de 2012, de la Procuraduría Regional de la Guajira, mediante el cual declaró responsables disciplinariamente a los investigados, sancionándolos con destitución e inhabilidad general por 10 años. (Fls. 323 a 335).
II. IDENTIFICACIÓN DE LOS DISCIPLINADOS
GPG 1 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co Los disciplinados dentro de las presentes diligencias, se desempeñaron en los siguientes cargos, según certificación del Secretario de Gobierno de la Protección Social, Educación, Cultura y Deporte de la Alcaldía Municipal (Fls. 128 y 129). 2.1 MARY LUZ PINTO ARIZA, identificada con la CC. No. 49.760.838, Directora de Presupuesto y Contabilidad en el periodo comprendido del 30 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2007, devengando en el 2007, un salario de $1.090.389. 2.2 ELIAS RAFAEL LAGO MENDOZA, identificado con la CC. No. 77.160.149, Alcalde de la Jagua del Pilar entre el 29 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007, devengando en el 2007, un salario de $2.102.656.
III. LOS HECHOS 3.1. LA QUEJA La presente investigación se inició por la queja presentada por el señor JAIRO GRUESO, Asesor de la Contaduría General de la Nación, relacionada con el incumplimiento por parte de la Alcaldía de remitir a esa entidad, la información financiera, económica, social y ambiental con corte a 30 de septiembre de 2007. 3.2 Cargos Mediante decisión del 22 de junio de 2.011, la Procuraduría Regional de la Guajira formuló pliego de cargos a los implicados (folios 192 a 207), los cuales se
transcriben a continuación: -. A MARY LUZ PINTO ARIZA: “Durante el ejercicio del cargo, no coordinó la consolidación y preparación oportuna y debida de la información económica, social, financiera y ambiental del municipio de la Jagua del Pilar, correspondiente al corte del 30de septiembre de 2007, la cual debió enviarse el 31 de octubre de 2007, tal como lo disponía la Resolución 248 de 2007 en su artículo 10”. -. A ELIAS RAFAEL LAGOS MENDOZA: “Desconocer los términos para el envío de la información económica, social, financiera y ambiental del Municipio de la Jagua del Pilar, correspondiente al corte del 30 de septiembre de 2007, la cual debió enviarse el 31 de octubre de 2007 tal como lo disponía la Resolución 248 de 2007 en su artículo 10”. La conducta se calificó, para los dos disciplinados, como GRAVÍSIMA, con
fundamento en el numeral 52 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a título de
CULPA GRAVÍSIMA.
GPG 2 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co Se les señalo como norma transgredida, el numeral 52, artículo 48 del CDU. 3.3 Descargos La apoderada de la señora MARY LUZ PINTO ARIZA, precisó en sus descargos: Admite que su defendida no envió oportunamente la información contable del Municipio de la Jagua del Pilar, a la Contaduría, correspondiente a la vigencia 2007, pero que ello se debió a circunstancias ajenas a su voluntad, en tanto no contaba con las herramientas técnicas y humanas necesarias para dar cabal cumplimiento a su función, pues la oficina no contaba con Internet. Además, dice, que del 25 de octubre al 20 de noviembre hubo un bloqueo en la página web de la Contaduría. A lo anterior, se suma el cúmulo de trabajo que debía realizar y la presión que ejercía el alcalde entrante. A su turno, el defensor de oficio del señor ELIAS RAFAEL LAGOS MENDOZA, preciso que según lo dispuesto en la Resolución 248 de 2007el responsable del envío de la información financiera, económica, social y ambiental con corte a 30 de septiembre de 2007, era la Jefe de Presupuesto de la alcaldía, la señora Mary
Luz Pinto Ariza, tal como se ve en el manual de funciones. Se refirió al principio de desconcentración de funciones insistiendo que el alcalde como jefe de la entidad no puede ocuparse de las funciones que legal y constitucionalmente le corresponden a funcionarios de la entidad y que por ello no puede ser responsable de una conducta cuya función estaba de otro servidor público. Los disciplinados no presentaron alegatos de conclusión, según lo manifestado por el fallador de primera instancia.
VI. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Procurador Regional de la Guajira se introduce en el análisis del caso, partiendo de lo señalado en la Ley 298 de 1996, para definir el perfil administrativo de la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, en la que el Contador General tiene entre sus funciones, la siguiente: e) Señalar y definir los estados financieros e informes que deben elaborara y presentar las entidades y organismos del sector público, en su conjunto, con sus anexos y notas explicativas, estableciendo la periodicidad, estructura y características que deben cumplir.
Advierte que en ejercicio de esas funciones el Contador expidió las Resoluciones No.373 del 20 de diciembre de 1999 y la 248 de 2007, fijando en la última las fechas límite para su presentación, en la que resalta que la información con corte a 31 de septiembre, se debía haber presentado hasta el 16 de octubre del mismo año. GPG 3 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co
Igualmente, hace referencia al artículo 3 de la misma resolución, al referirse a los funcionarios responsables por el incumplimiento de este mandato, como el Representante Legal, el funcionario que tenga a cargo la contabilidad y el Revisor Fiscal de la entidad. Controvierte lo manifestado por el defensor del disciplinado Elías Lago Mendoza, en lo relacionado a que esa obligación no le estaba atribuida a su defendido, sino al Jefe de Presupuesto , como se considera en el manual de funciones de la entidad, argumentando que la función atribuida a ese funcionario, es la de coordinar la preparación, análisis y consolidación de la información económica, social y financiera del municipio requeridos por los órganos de control y vigilancia, lo cual es diferente del deber de cumplir con la obligación de envío o remisión en su debida oportunidad del informe mencionado, a la Contaduría General de la Nación. Argumenta el A-quo que la Resolución 248 de 2007, señala claramente quienes son los responsables de esa omisión. Que el manual de funciones atribuye al Jefe de Presupuesto el deber funcional de coordinar la preparación del informe y consolidarlo, por ello no acepta el argumento en beneficio del alcalde a despensas de que esa responsabilidad solo esta en cabeza de quien debía prepararlo.. Que a pesar de todo, el alcalde tenía el deber de control y vigilancia que le correspondía como jefe de la entidad y responsable de la acción o conducta que últimamente consumó. Tiene en cuenta que la función pública no puede ser ajena a los principios de confianza, buena fe y división del trabajo, pero que bajo este último, el alcalde tenía claros deberes de revisión de los hechos objeto de investigación y
responsabilidad de velar por el envío oportuno de la información, que por lo tanto, no puede ampararse en el comportamiento de su subalterna para evadir su responsabilidad. Hace referencia a la sentencia del 17 de septiembre de 1997 de la Corte Suprema de Justicia, que hace referencia al principio de confianza. En lo que respecta a MARY LUZ ARIZA PINTO, no comparte sus exculpaciones, en tanto que siendo conocedora del deber de preparar y consolidar el informe que debía enviarse a la Contraloría y al encontrar que no podía cumplir con el plazo señalado, debió manifestárselo con antelación al señor alcalde, y no esperar que la Procuraduría iniciara una investigación. Tampoco acepta el argumento que para el 20 de noviembre la página Web de la Contaduría estuvo bloqueada, en tanto que la información debió enviarse el 16 de octubre de ese año, es decir antes que se produjera ese hecho. Igualmente, no considera excusa la falta de Internet en la alcaldía municipal, considerando que se pudo haber hecho uso de otro mecanismo para cumplir con la obligación de enviar de manera oportuna la información. De otra parte, resalta el hecho que la Contaduría General de la Nación, invitó a la doctora MARY LUZ PINTO ARIZA, a una capacitación el 8 de octubre de 2007, en las instalaciones de la Gobernación del magdalena , además, que dicha GPG 4 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co
funcionaria participó del seminario “Implementación del sistema consolidador de hacienda e información financiera pública CHIP”, dictado por la Contaduría el 27 de enero de 2007, es decir que esta funcionaria estaba instruida de la forma como debía enviar la información requerida y por lo tanto no podía justificar su omisión por la ausencia del funcionario de sistemas en la entidad. En cuanto a las manifestaciones de dos testigos que afirman que el informe se elaboró en su oportunidad pero que por falta de Internet en la entidad no se envió a la Contaduría, las confronta con la manifestación hecha por el alcalde que reemplazo al investigado Elías Lagos, quien informa a esta entidad el 16 de mayo de 2008, que en los archivos de la entidad no se encontró elaborada ni presentada a ningún organismo de control, información financiera, económica y social con corte a 30 de septiembre de 2007. Por lo anterior, considera el fallador de primera instancia, que aparece probado que la señora MARY LUZ PINTO ARIZA, efectivamente no coordinó la consolidación y preparación oportuna y debida de la información requerida por la Contaduría, tal como lo disponía la Resolución 248 de 2007. Mantuvo la calificación de la falta y el grado de culpabilidad, citada en el pliego de cargos, como GRAVÍSIMA a título de CULPA GRAVÍSIMA, sancionándolos con destitución e inhabilidad general por 10 años.
VII. FUNDAMENTOS DE LA INPUGNACIÓN 7.1. El doctor Ugalbis Enrique Rodríguez Bolaños, en su condición de apoderado de oficio del señor ELIAS RAFAEL LAGOS MENDOZA, presentó recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia, (Fls. 349 a 351), argumentando que: Su defendido, en su condición de Alcalde municipal de la Jagua del Pilar, si bien es cierto es el Representante Legal de la entidad y frente a la aplicación de la Resolución 248 de 2007, era responsable del envío de la información financiera, económica y social, con corte a 30 de septiembre de 2007, la elaboración y envío de la misma estaba en cabeza de la señora MARY LUZ PINTO ARIZA, quien ejercía el cargo de jefe de Presupuesto, quien de acuerdo al manual de funciones de la entidad tenía asignada esa responsabilidad, pero que no la pudo cumplir según ella, por inconvenientes de tipo técnico administrativos. Que para el señor ELIAS LAGOS, es aplicable el principio de desconcentración de funciones, pues él no puede ocuparse de cada una de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden a los funcionarios y empleados de la administración municipal. Dice, refiriéndose a la Jefe de Presupuesto, que los servidores públicos al tomar posesión de un cargo, son responsables ante la Constitución y la ley, tal como lo ordena el artículo 6, 34 superior, numerales 1 y 2. GPG 5 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co Que por todo lo anterior y lo expuesto en los descargos, queda establecido que su defendido está cobijado por el principio de la desconcentración de funciones.
Complementa su defensa en lo dicho por la señora MARY LUZ PINTO, en el sentido que no se pudo enviar oportunamente la información por circunstancias ajenas a su voluntad. Finaliza diciendo que el sancionado actuó siempre dentro del marco de la Constitución y la ley, y frente al caso estudiado, no fue negligente ni desconoció el plazo estipulado por la Contaduría General de la Nación, como lo afirma el organismo de control, otra cosa es la fuerza mayor y el caso fortuito que se dio, al bloquearse la página Web de la Contaduría del 25 de octubre al 20 de noviembre de 2007. Solicita la revocatoria por parte de esta Delegada, del fallo de primera instancia, en cuanto a su cliente. 7.2 Igualmente, el disciplinado ELIAS RAFAEL LAGOS MENDOZA, presentó escrito de apelación contra el fallo de primera instancia (Fls 362 a 368), considerando su desacuerdo en la calificación de su conducta como CULPA GRAVÍSIMA, y en consecuencia la sanción expuesta. Reitera los diferentes inconvenientes que según él tuvo la administración municipal para esa época, como la falta de Internet, el bloqueo de la página Web de la Contaduría, etc. Manifiesta algo nuevo en el sentido que, la administración a pesar de no contar con el servicio de Internet en ese momento, autorizó a la funcionaria responsable de la información para que se desplazar a otro lugar e incluso fuera a la ciudad de Valledupar para cumplir con ese deber, tal como hasta la fecha se había cumplido, pero se encontró con el inconveniente que el formulario no guardaba la información por un error en los códigos, al tomarlos cuando se recibió la
capacitación del manejo del software.. Recuerda que la Contaduría cambió el aplicativo para esa época, lo que dificultó más el diligenciamiento del formato ya que se hacía necesario el acompañamiento de un ingeniero de sistemas. Dice, que la Procuraduría Regional no tuvo en cuenta que la alcaldía por él representada fue muy juiciosa en los términos establecidos por al Contaduría, en el manejo de la información contable y financiera, lo que permitió que obtuvieran un reconocimiento par el manejo administrativo y contable, por parte del CONPES. Con esto pretende demostrar que si bien la conducta investigada es típica y antijurídica, no es culpable, por lo tanto, no se configura la falta disciplinaria. Solicita se revoque el fallo de primera instancia y en consecuencia se absuelva de responsabilidad disciplinaria. GPG 6 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co Anexa como prueba, un CD que contiene la leyenda “Cupones que el premio que el CONPES le otorgó al Municipio de la Jagua del Pilar”, pero que al abrir el archivo solo muestra una relación de asignación de recursos por varios conceptos sin mayor explicación. A su turno, LUZ MARY PINTO ARIZA, presento recurso de apelación (Fls. 356 a 361), expresando su desacuerdo con el fallo de primera instancia en los siguientes
términos: Que no comparte la decisión de primera instancia por cuanto la información que se cuestiona no se envió oportunamente, por causas ajenas a su voluntad las cuales las ha venido explicando y que la procuraduría Regional no tuvo en cuanta para sancionarla. Argumenta que para la época de los hechos investigados, en su calidad de jefe de Presupuesto, tenía a su cargo múltiples informes de igual importancia que remitir a los diferentes organismos de control, además, que para esa época se adelantaban elecciones para alcaldes, concejales, diputados y gobernadores lo cual requería de envío de información constante a la Contraloría y Procuraduría, que paralelamente se estaba elaborando el presupuesto de gastos e ingresos del municipio para la vigencia 2008. Que no obstante todo lo anterior, estuvo atenta del término para enviar la información cuestionada, pero que un cúmulo de circunstancias acaecidas en esa época hizo imposible su cumplimiento, haciendo un recuento de las circunstancias relatadas en los descargos, transcritas anteriormente. Se pregunta, porque no fueron de recibo por parte de la Procuraduría Regional sus argumentos, si los hechos, según ella, fueron probados con: i) con el acta de instalación del servicio de Internet en la alcaldía, por parte de COMPARTEL, el día 30 de noviembre de 2007, ii) con las declaraciones de las señoras DIANA MARÍA JIMENEZ MARTÍNEZ y CARMEN ROCIO BEDOYA RÁMOS, quienes laboraban en el ente municipal para la época de los hechos y iii) con la certificación expedida por la Alcaldía municipal donde se certifica la falta de un
profesional en sistemas para le época de los hechos en el ente territorial. Que el Procurador Regional le da plena validez a la manifestación hecha por el alcalde entrante José Augusto Manjares, cuando dice que no encontró constancia de que el informe que nos ocupa hubiese sido elaborado ni presentado, DICHO QUE NO TIENE VALIDEZ, teniendo en cuenta que la información se diligencia directamente en la página Web de la Contaduría y no de manera manual, la cual fue entregada al alcalde entrante señor MANJARES, al momento que recibió el cargo. Dice que tampoco se tuvo en cuenta por parte del operador disciplinario, que lesa administración municipal siempre fue cumplidora de los términos impuestos por la Contaduría a pesar de las circunstancias expresadas a lo largo de la investigación y a pesar de la multiplicidad de funciones que tenía bajo su responsabilidad, sin ninguna clase de apoyo, pero que siempre la manejo impecablemente, lo que llevó GPG 7 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co al municipio, el único del departamento a obtener un reconocimiento por parte del COMPES por el manejo de los recursos. Con lo anterior, quiere demostrar que en su actuar no hubo negligencia, ni falta de interés, sino que se presentaron circunstancias que no permitieron que la información se diligenciara en el tiempo oportuno, como se había hecho en otras oportunidades.
Que por lo tanto, si bien es cierta su conducta fue típica y antijurídica, le falta un elemento, el de la culpabilidad, para que se convierta en falta disciplinaria. Por lo anterior, solicita que se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se le absuelva de toda responsabilidad en los hechos investigados.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Probado esta en el expediente que evidentemente, el Alcalde de la Jagua del pilar omitió remitir a la Contaduría General de la Nación la información financiera, económica, social y ambiental con corte a 30 de septiembre de 2007, dentro del plazo establecido en las Resoluciones 373 de 1999 y 248 de 2007, que señalaban como fecha límite, el 16 de octubre de ese año. Igualmente, señaló los funcionarios responsables por el incumplimiento de dicha obligación, así: “3) Funcionarios responsables: El Representante legal, el Contador Público que tenga a su cargo la contabilidad de la entidad pública y el Revisor Fiscal de las entidades obligadas, serán responsables por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los plazos y requisitos para el reporte de la información a la
Contaduría General de la Nación”. Bajo este contexto jurídico, el Despacho considera que la Resolución 248 de 2007, es clara en cuanto señala taxativamente a los responsables por el incumplimiento de los plazos establecidos en el mismo acto, lo que no da lugar a interpretación alguna diferente a lo que allí se lee. Así las cosas, el Despacho encuentra que la Alcaldía de la Jagua del Pilar
incumplió con el envío de la información contenida en la Resolución No. 248 de 2007, a la Contaduría General de la Nación, correspondiente al corte del septiembre de 2007, comportamiento que está señalado como falta disciplinaria GRAVÍSIMA, a la luz del numeral 52, artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual dispone: “Artículo 48. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 52. (…) no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir información confiable oportuna y veraz”. GPG 8 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co Frente a la materialidad de este comportamiento, el Despacho analizará la defensa planteada por los disciplinados en los respectivos descargos y recursos de apelación, en contra del fallo de primera instancia. 8.1.- Así las cosas, frente a lo expresado por el señor ELIAS RAFAEL LAGOS MENDOZA, en su calidad de Alcalde de la Jagua del Pilar, para la época de los hechos, el Despacho considera que: No le asiste razón cuando manifiesta que la Procuraduría Regional no tuvo en cuenta circunstancias que rodearon los hechos ajenas a su voluntad para calificar la falta a título de Culpa Gravísima, teniendo en cuenta que el disciplinado basó
los argumentos de sus descargos en considerar que esa obligación no estaba atribuida a él, sino a la Jefe de Presupuesto, como lo consideraba el Manual de Funciones vigente en la época de los hechos, pues como quedo claramente establecido, la Resolución No. 248 de 2007 de la Contaduría General de la Nación establece concretamente los responsables directos por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los plazos y requisitos para el reporte de la información a esa entidad. Independientemente de las funciones señaladas en el Manual para el cargo de Jefe de Presupuesto y Contabilidad del Municipio de la Jagua del Pilar en el año 2007, este no puede desconocer las directrices establecidas en las Resoluciones emanadas de la Contaduría Pública, las cuales tienen soporte constitucional en el artículo 354 superior. Por esto, este Despacho comparte la crítica del A-quo cuando le señala a este investigado que la función del Jefe de Presupuesto de la Alcaldía era la de coordinar la preparación, análisis y consolidación de la información económica, social y financiera del municipio, diferente del deber de cumplir con la obligación de envío o remisión en su debida oportunidad a la Contaduría General de la Nación. Además, Elías Rafael Lagos, en su calidad de Alcalde de la Jagua del Pilar, no puede escudar su responsabilidad en los comportamientos de su entonces Jefe de Presupuesto, teniendo en cuenta que dicha responsabilidad es atribuida taxativamente por la Resolución 248 de 2007 de la Contaduría General. Ahora bien, con respecto a lo planteado por el disciplinado en el recurso de
apelación en contra del fallo de primera instancia, en cuanto a que para la época en que ocurrieron los hechos, se presentaron situaciones que no permitieron el envío de la información, como la falta de Internet en la Alcaldía, la deficiente prestación del servicio de energía etc., tampoco son aceptadas por este Despacho, pues del mismo escrito se infiere que a pesar de ser consiente de todos los inconvenientes expuestos por él mismo, nunca se apersonó de la situación para cumplir con este deber, sino que se limitó a esperar que la Jefe de presupuesto realizara “malabares”, para cumplir con lo exigido. En lo que tiene que ver con el bloqueo de la página Web de la Contaduría, que manifiestan los implicados, se presentó el 25 de octubre de 2007, el despacho considera que este hecho no es determinante en el no envío de la información por GPG 9 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co parte de la Alcaldía, considerando que la fecha límite para dicho trámite era el día 16 del mismo mes Así las cosas, el Despacho comparte los argumentos expuestos por el A-quo, frente a este ex funcionario, en el sentido que la conducta reprochada es típica, antijurídica y también culpable, en la modalidad de CULPA GRAVÍSIMA, teniendo en cuenta que se presentó una violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento, como lo señalado en la Resolución 248 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. 8.2.- En Cuanto a MARY LUZ ARIZA PINTO, quien manifestó que carecía de las herramientas para llevar a cabo el cumplimiento de esta función, no son de recibo por parte de esta instancia, teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 8.2.1 - En primer lugar, Mary Luz Pinto Ariza, asistió al seminario “Implementación del sistema consolidador de la Hacienda e Información Financiera Pública–CHIP-“, celebrado en la ciudad de Barranquilla, el 31 de enero de 2007, según certificación vista a folio 278 del expediente. Este hecho hace pensar al despacho, que si bien es cierto, la alcaldía de la Jagua del pilar carecía de los elementos y herramientas necesarias para la implementación del sistema de información que se quería implantar por parte de la Contaduría general de la Nación, este sería un momento para que esta funcionaria manifestara dichos inconvenientes ante esa entidad, lo que no sucedió. 8.2.2.- En segundo lugar, aparece igualmente demostrado a folio 276, que la Contaduría General de la Nación invitó a la señora Mary Luz Pinto Ariza, a una jornada pedagógica con el fin de reforzar la capacitación en dicho sistema de información, para el día 8 de octubre de 2007. Es evidente para este Despacho, que el día en que se llevó a cabo esta capacitación (8 de octubre de 2007), la Alcaldía de la Jagua del Pilar, se encontraba dentro del límite establecido por la Contaduría General de la Nación,
para el envío de la información señalada, y si esta funcionaria percibía tantos inconvenientes para cumplir con esta obligación, es indiscutible que era el momento preciso para manifestarle estos hechos a los funcionarios de esa entidad y buscar una solución conjunta, para no incurrir en el incumplimiento que efectivamente cometió la alcaldía. De otra parte, este Despacho tampoco acepta lo manifestado por esta disciplinada en su memorial de apelación, refiriéndose al fallo de primera instancia, cuando manifiesta que: “Tampoco tuvo en cuenta el operador disciplinario al momento de decidir que la administración municipal para la cual trabajaba siempre fue cumplidora fielmente de los términos impuestos por la Contaduría a pesar de las circunstancias y dificultades de la entidad”. GPG 10 IUC. 121-002515 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co Esta afirmación de la implicada, se cae de su peso, al leer el oficio que la Contaduría General le envió a Mary Luz, el 26 de septiembre de 2007, invitándola a la capacitación sobre el nuevo sistema de información CHIP, en el que le señala: “No obstante lo anterior, y a pesar de haber pasado tres trimestres, hemos notado que su entidad, aún no ha empezado a reportar a través del CHIP (…)”. Lo anterior demuestra, que a pesar que la disciplinada tuvo la inducción necesaria para cumplir con el nuevo sistema de información requerida por la Contaduría
General de la Nación, durante el primer trimestre del año 2007, nunca dio cumplimiento a esta obligación, ni manifestó los inconvenientes señalados a ningún funcionario de la Contaduría, para que se tomaran las medidas pertinentes encausadas a cumplir con esta exigencia y no causar el traumatismo que este incumplimiento genera a la Contaduría General, para el cumplimiento de su misión. En tales condiciones, lo ajustado a derecho es confirmar integralmente el falló impugnado, como efectivamente así se hará. En virtud de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, en uso de sus atribuciones legales RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en el auto del 26 de abril de 2012, mediante el cual el Procurador Regional de la Guajira, encontró responsables de los cargos formulados a MARY LUZ PINTO ARIZA, identificada con la CC. No. 49.760.838, en su calidad de Jefe de Presupuesto y Contabilidad y a ELÍAS LAGOS MENDOZA, identificado con la CC. No. 77.160.149, en su condición de Alcalde de la Jagua del Pilar en el año 2007, y los sancionó con DESTITUCIÓN DEL REFERIDO CARGO E INHABILIDAD GENERAL, para el ejercicio de cargos y funciones pública por el término de Diez
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