PGN - FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS - Adicionar y suscribir contratos con el mismo objeto sobrep

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación 052-8213-2004

Disciplinados: José del Carmen Poloche Culma

Cargo: Alcalde de Puerto Leguizamo (Putumayo) Quejoso: De oficio Fecha queja: 29 de julio de 2004

Fecha hechos: 20 de noviembre de 2003.

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., 27 de marzo de 2008 Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, es del caso entrar a conocer, por vía de apelación, el fallo de primera instancia del 21 de junio de 2006 de la Procuraduría Regional del Putumayo, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable al señor José del Carmen Poloche Culma, en su condición de Alcalde de Puerto Leguizamo, Putumayo, y le impuso sanción de destitución e inhabilidad general de diez (10) años.

1. ANTECEDENTES El presente proceso se originó en el informe de la Contraloría Departamental de Putumayo, del 28 de junio de 2004 (fl. 1 a 5), en el que da cuenta del hallazgo disciplinario en la Alcaldía de Puerto Leguizamo, según el cual, la administración celebró tres contratos para realizar el mismo objeto, con la misma afectación presupuestal, que sumados superan el 10% de la menor cuantía, por la que, el ordenador del gasto puede contratar teniendo en cuenta únicamente los precios del mercado, sin necesidad de obtener varias ofertas.

Por auto del 5 de agosto de 2004, la Procuraduría Regional de Putumayo, ordenó la

apertura de investigación disciplinaria (fl. 62 a 64), contra José del Carmen Poloche Culma, en su condición de Alcalde de Puerto Leguizamo, Putumayo, por presuntas irregularidades en la aplicación del artículo 1º del decreto 2170 de 2002, pretermitir los estudios previos para la confección técnica o jurídica de los términos de referencia o pliego de condiciones que ordena la ley y un fraccionamiento al celebrar los contratos de obra No. 031 y 032 del 20 de noviembre de 2003 y 030 del 27 de noviembre del mismo año.

2. CARGOS Mediante auto del 12 de diciembre de 2005, la Procuraduría Regional de Putumayo, formuló pliego de cargos contra el disciplinado, describiendo la conducta de la siguiente forma (fl. 127 a 133): "De acuerdo a lo que primariamente aparece demostrado en el expediente, el señor JOSÉ DEL CARMEN POLOCHE CULMA (c.c. 11.294.191 de GIRARDOT), en la condición oficial de ALCALDE MUNICIPAL DE puerto LEGUIZAMO, para la época de los hechos, habría incurrido en falta disciplinaria en cuanto al parecer actuó de manera irregular al celebrar los Contratos de Obra Civil No. 030 - 2003, valor contrato $8.000.000.oo, Contratista FRANKENSTEIN MONTIEL B; 031 - 2003, valor contrato $8.000.000, Contratista: HERIBERTO ORTIZ; 032-2003, valor contrato $8.000.000, Contratista JAIME MURCIA;

1 LJAR Exp. 052-8213-2004 Fallo de segunda instancia cuyo objeto era "CONSTRUCCION UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANIZACION NUEVO PROGRESO MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO", no ajustándose a los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales (artículo 23 ley 80/93) por ende violando el principio de transparencia (artículo 24 de la ley 80/93) en concordancia con el artículo 1 y 2 Decreto 2170/2002, teniendo en cuenta que los contratos precitados tienen el mismo objeto y unidos sobre pasan (sic) los topes para contratación directa, porque sobrepasa el proceso cuyo valor sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía ($8.300.000,oo para licitación $83.000.000.oo -ver folio 87), por ende, se debió prever proyecto de términos de referencia, con la respectiva publicación, recepción de propuestas, procedimiento que se omitió". El auto reprochó al disciplinado la violación de las siguientes disposiciones: Artículos 23, 24.1, a) de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 1° del Decreto 62 de 1996; artículo 1 y 2 del Decreto 2170 de 2002; artículos 37 (sic), 38 (sic), 40.1 y 40.2 (sic) y 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002; Artículo 6°, 123 inciso 2 y 209 de la Constitución Política.

La falta se consideró provisionalmente como gravísima a titulo de dolo.

3. DESCARGOS El disciplinado José del Carmen Poloche Culma, presentó escrito de descargos, en los cuales niega haber incurrido en la falta disciplinaria que se le atribuye (fl. 138 y

139). Manifestó, que con el fin de conseguir recursos para las familias desplazadas y vulnerables, invirtió recursos para presentar un proyecto de cien viviendas en el Inurbe, pero no fue posible, por lo cual acudió a varias organizaciones no gubernamentales - ONGs, logrando que ARD de Colombia y la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, ayudaran a Puerto Leguizamo, con recursos para 30 familias desplazadas del conflicto armado y 70 familias vulnerables de estratos 0 y 1. Alegó, que ARD Colombia, busca implementar y administrar un programa de fortalecimiento de la democracia local - FDL, en municipios como Puerto Leguizamo, afectados por la crisis social y económica y con agudos problemas de violencia y pobreza, cuyos aportes fueron invertidos en la construcción de las unidades sanitarias básicas y parte de gastos administrativos. Indicó, que los aportes de la OIM se invirtieron en la compra de materiales para vivienda básica y gastos administrativos, y que, los aportes de la Alcaldía se gastaron en materiales de río, mano de obra calificada y herramienta menor. Explicó, que "[e]n el desarrollo de este programa se manejaron los recursos, de acuerdo a los términos y condiciones de ARD, de la OIM y de la Alcaldía, sin omitir las obligaciones contempladas en la ley 80 y Decretos reglamentarios".

Agregó, que para el manejo de los recursos de este programa era necesario conformar un comité operativo, integrado por un representante de la administración municipal, el interventor, el ejecutor del proyecto, el inspector de la obra, un representante de ARD Colombia y un representante de veeduría del proyecto, en el cual se tomaban todas las decisiones para asegurar los aportes de cada uno de los 2 LJAR Exp. 052-8213-2004 Fallo de segunda instancia cofinanciados y la debida ejecución de los recursos; que "como uno de los objetivos era el de favorecer a la población beneficiada, se eligió a estos señores, quienes eran maestros vulnerables", y que, se buscaba "generar trabajo a la misma gente beneficiada y no buscaba violar normas y leyes" . Expresó, que "[I]os tres maestros elegidos en comité operativo para construir 10 viviendas cada uno, y por ocho millones de pesos, se determinó y se eligieron estos. Este hecho de haberles asignado estos contratos a estos maestros, no se está en pro de la corrupción, porque ninguno de los actos de estos proyectos fueron corruptos. Ni mucho menos con los dineros de las organizaciones Internacionales". Adujo, que si el proyecto incluyera solo recursos del Municipio, consideraría que estaría violando la norma, pero fue cofinanciado, y que, al realizar los requerimientos del Decreto 2170, las otras partes cofinanciadoras no esperarían a terminar el proceso, pues solo eran seis meses a partir de las firmas de legalización, y, que "[c]omo organizaciones internacionales no estaban obligadas a someterse a la Ley 80 y demás normas reglamentarias colombianas".

4. ALEGATOS DE CONCLUSION Mediante auto del 6 de marzo de 2006, la Procuraduría Regional de Putumayo corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, antes del fallo (fl. 202 Y 203); este auto se notificó por estado del 8 de marzo de 2006 y el término para presentar alegatos venció el 22 de marzo de 2006, sin que el investigado se pronunciara (fl. 205 a 207).

5. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo del 21 de junio de 2006, la Procuraduría Regional de Putumayo decidió el presente proceso en primera instancia, sancionando al señor José del Carmen Poloche Culma, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.294.191 de Girardot, en su condición de alcalde del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años (fI. 208 a 219), decisión que adoptó con fundamento en las siguientes razones: Consideró, que no se presentaron propuestas y que todo fue a través de la suscripción del contrato de obra civil entre la Alcaldía y los tres contratistas, siendo un mismo objeto y con recursos del sistema general de participaciones, cuyo valor asciende a $24.000.000, superando el 10% de la menor cuantía; que, adicionalmente, no se efectuó ninguna convocatoria, ni hubo documento en el que se estableciera la necesidad inminente de contratar el objeto del negocio celebrado.

De acuerdo con el presupuesto de la entidad, halló probado, que la menor cuantía

para la contratación directa en la Alcaldía de Puerto Leguizamo, Putumayo, para la vigencia de 2003 era hasta $81.725.000. Que como los contratos tienen el mismo objeto y unidos sobrepasan los topes para contratación directa, superior al 10% de la menor cuantía, debió el disciplinado cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 24, numeral 1° de la ley 80 de 1993, es decir, "con la invitación pública por medio de aviso, la presentación de por los 3 LJAR Exp. 052-8213-2004 Fallo de segunda instancia menos dos (2) ofertas y la respectiva evaluación de las presentadas. Sin embargo, JOSE DEL CARMEN POLOCHE, Alcalde Municipal de Puerto Leguizamo, celebró el aludido contrato inobservando tales exigencias". El a quo consideró, que los artículos 23 y 24 de la ley 80 de 1993, y 1° y 2° del Decreto 2170 de 2002, aún en los negocios de menor cuantía, el funcionario responsable de la contratación en la entidad estatal, tiene a su cargo la obligación del aplicar el procedimiento correspondiente, conforme los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva, para lo cual debe elaborar los términos de referencia, hacer las invitaciones para la presentación de las propuestas, recepcionar las ofertas, evaluarlas y, conforme el artículo 29 del estatuto contractual, adjudicar el contrato a quien hubiere presentado la propuesta más favorable a la entidad. Consideró, que como quedó probado, el disciplinado suscribió los respectivos

contratos de obra civil, sin hacer la invitación previa que el objeto requería, y por lo mismo, "no obtuvo las ofertas que debía recoger pues tan solo se remitió a la firma de los mentados contratos y, dada esa ausencia, no se hizo la valoración de la que pudiera ser la más favorable para los interés de la entidad". En relación con los argumentos de defensa, el a quo planteó que las normas legales que refiere el disciplinado para excusarse no lo relevan de las obligaciones de adelantar un proceso de contratación, elaborar términos de referencia, hacer la invitación para presentar propuestas, evaluarlas objetivamente y adjudicar el contrato a la más favorable a los intereses de la entidad; que, al contrario, de su contexto integral se concluye que hubo una asignación directa. Consideró, que no son de recibo los argumentos del disciplinado porque éste se refiere a su propósito de gobernante, "sacando a relucir los logros alcanzados con las organizaciones internacionales como ARD de Colombia y OIM, sin centrarse en el cargo formulado, aduciendo solamente que se dio trabajo con dichos contratos a la misma gente de la población vulnerable". Manifestó el a quo, que el disciplinado pasó por alto las condiciones que establece la ley 80 de 1993 y el decreto 2170 de 2002, para la celebración de contratos en las entidades estatales de cualquier nivel, pues la norma no establece distinción alguna; que en todo caso el representante legal de la entidad estatal debe aplicar los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, los cuales no fueron observados por el disciplinado en la celebración de los contratos cuestionados.

Concluyó, que el disciplinado faltó al deber, según el cual, los servidores están al servicio del Estado y la comunidad y ejercen sus funciones en la forma indicada en ese estatuto, la ley y el reglamento; que tienen que cumplir la Constitución y las leyes. En relación con la falta y su culpabilidad, consideró que conforme el numeral 31 del artículo 48 del CDU, la calificación hecha en los cargos de gravísima se mantiene, "pues no cabe duda de la gravedad de tal falta dada la evidente culpabilidad del implicado, su falta de consideración con los administrados a quienes iban dirigidos los servicios encargados a los contratistas, y ser él uno de las cabezas principales de la organización pública contratante". En relación con la culpabilidad, acogió la forma dolosa indicada en el pliego de 4 LJAR Exp. 052-8213-2004 Fallo de segunda instancia cargos partiendo del principio de que el servidor público está en la obligación de conocer las normas que regula sus actividades, entre ellas las relativas a la contratación estatal y agregó: "Es incuestionable que estando la actividad contractual absolutamente reglada, ello le impone al servidor público la obligación de actuar en consecuencia con sus dictados, de donde se sigue que la inobservancia a tales preceptos, que además son de manejo consuetudinario, toda vez que buena parte de la administración pública se implementa mediante la celebración y ejecución de negocios jurídicos-, no tiene otra explicación objetivamente razonable más que el propósito deliberado del encartado de desatender el cumplimiento de la ley que le ordena desarrollar la fase prescontractual con apego a los

dictados de la ley, y de actuar con absoluta responsabilidad alrededor de ello. Procedió, en consecuencia, este servidor público con dolo".

6. RECURSO DE APELACION El señor José del Carmen Poloche Culma, actuando mediante apoderado, interpuso recurso de apelación (fl. 233 a 236) para que se revoque el fallo de primera instancia, el cual sustenta en los siguientes términos: Manifiesta que "acordadas y observadas las exigencias de los aportantes, se procedió a contratar unas personas para que realizaran la obra cada una bajo su responsabilidad. Sana forma de procurar beneficiar también a otra clase de población desocupaba que imploraba porque se le diera trabajo, ya que la situación económica era apremiante para esta franja de la comunidad leguizameña”.

Explicó, que para tomar esa determinación se tuvo en cuenta a las entidades aportantes y a la comunidad, y que contó con la asesoría necesaria en relación con la forma de inversión de los recursos y con la técnica de la obra; que “[m]al puede deducirse entonces, que el sancionado haya procedido a título de dolo, ya que su intención nunca fue la de transgredir normatividad alguna, sino solucionar problemas apremiantes que estaba sufriendo la comunidad que de alguna u otra forma depositó en él su confianza". Planteó, que “no se demostró el dolo en cabeza del sancionado y en esas circunstancias, mal se lo puede condenar prácticamente al anonimato total, cuando se trata de una persona con respaldo popular, que en cualquier momento le puede volver a servir a su comunidad”, y que, con la sanción se le está privando de la

posibilidad de subsistencia y afectando su equilibrio emocional. Alegó, que no obra prueba que conduzca a la certeza de que la conducta considerada como falta gravísima haya sido ejecutada por el disciplinado, porque el fallador de instancia indicó que "la violación fue utilizada para favorecer a determinadas personas sin pronunciarse sobre la documentación anexa sobre todo cuanto se hizo con los otros aportantes para que el proceso fuera transparente”, lo que, considera, constituye una duda razonable que debió ser resuelta a su favor. Consideró, que "[I]a prueba documental no demuestra aspecto diferente al de la ejecutabilidad de las partidas presupuestales oportunamente asignadas dentro del Presupuesto Municipal, las cuales han sido retiradas con el lleno de los requerimientos legales e invertidas de acuerdo a como fueron destinadas..."; que no 5 LJAR Exp. 052-8213-2004 Fallo de segunda instancia existe indicio de que estos auxilios municipales hayan sido entregados a sus beneficiarios bajo condición de favorecer intereses ajenos a la provisión de vivienda a personas necesitadas, y que, por ello, no se demuestra la irregularidad, ni la responsabilidad del disciplinado. Concluyó, que se violó de manera indirecta la ley sustancial, por errores de hecho y de derecho, por suposición de la existencia de una prueba que no obra en la actuación, violando los postulados de la sana critica.

7. CONSIDERACIONES Antes de hacer cualquier pronunciamiento, esta Delegada encuentra pertinente entrar a realizar algunas consideraciones sobre el fraccionamiento de contrato para luego determinar si al investigado le asiste o no razón en lo expuesto en su escrito de

apelación. 7.1. La elusión del procedimiento de selección del contratista en la contracción directa1 En virtud del principio de transparencia señalado en el Estatuto General de Contratación Estatal, el contratista se escogerá siempre, a través de licitación o concurso público, salvo en los casos de contratación directa, entre los que se encuentra la menor cuantía determinada en función del presupuesto anual de las entidades estatales (artículo 24 numeral 1º literal a.). Un desarrollo de este principio es la prohibición contemplada en el numeral 8 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, según la cual a los servidores públicos les está vedado "eludir los procedimientos de selección objetiva" y los demás requisitos previstos en ese estatuto. Regla también aplicable a los casos de contratación directa en el que el jefe o representante legal de la entidad debe garantizar el cumplimiento del principio de transparencia y el deber de selección objetiva en el procedimiento de selección del contratista (artículo 2° del Decreto 855 de 1994). Así las cosas, con el fin de garantizar el principio de transparencia, en los procesos de licitación o concurso público, y en los casos de contratación directa "con excepción de los procesos cuyo valor sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía", se debe aplicar el procedimiento establecido en los artículos 1° y 2° del decreto 2170 de 2002, para la publicación del proyecto y de los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos. Por lo anterior, al dividir un proyecto y celebrar varios contratos con el mismo objeto

o con objetos aparentemente distintos, por valor que no supere el 10% de la menor cuantía, cuando resulta procedente la celebración de un solo negocio jurídico, se 1 Sobre la figura del fraccionamiento de contrato esta Procuraduría Delegada ha señalado, en diversos fallos de primera y segunda instancia, sus características y los elementos que la estructuran. Al respecto pueden consultarse los fallos proferidos en los expedientes 065-01273-2000, 156-672662002, 154-67690-2002 y 021-53137-2001. 6 LJAR Exp. 052-8213-2004 Fallo de segunda instancia elude el procedimiento de selección del contratista y en consecuencia se desconoce el principio de transparencia y el deber de selección objetiva. Ahora bien, no obstante que el fraccionamiento de contrato, como mecanismo para eludir el proceso de selección, no se encuentra regulado de forma expresa en el actual estatuto de contratación estatal, ello no significa que se permita su realización; por el contrario, a diferencia de la forma casuista en que se estableció esta figura en el decreto 222 de 19832, la Ley 80 de 1993, en forma general, prohíbe cualquier comportamiento que tienda a la evasión del principio de transparencia. En este orden de ideas, resulta claro que la figura del fraccionamiento de contratos es una forma de eludir los procedimientos de selección objetiva, sin que existan fórmulas fijas que contemplen los supuestos que constituyen la conducta. Le corresponderá al operador jurídico, en cada caso concreto, analizar si la actuación del servidor público está dirigida a evadir tal procedimiento.

En este sentido se ha pronunciado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 14 de septiembre de 2001, del ponente Magistrado Ricardo Monroy Church, radicado 1373: "Si bien dicha figura no aparece dentro del estatuto actual en los mismos términos de los estatutos anteriores, ello obedece a la estructura misma de la ley 80, puesto que se pretendió terminar con la exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se determinaron pautas, reglas y principios, de los que se infiere la prohibición del fraccionamiento, y que se traduce en distintas disposiciones como la regla contenida en el numeral 8° del artículo 24, según la cual las autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al propio tiempo les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en dicho estatuto. El estatuto actual traduce el querer del legislador de evitar por todos los medíos la posibilidad de que la administración haga nugatorio el mandato de obligatoriedad de la licitación o procedimiento de escogencia objetiva del contratista, y así impedir que los contratos queden en cabeza de uno solo o pocos contratistas. De manera que la facultad de la administración para elaborar unilateralmente los pliegos de condiciones está regida, en primer lugar, por el cumplimiento de la finalidad de interés general del contrato que se trate y por el principio de legalidad, y en segundo lugar limitada por los principios de transparencia, imparcialidad y de buena fe, este último inmerso en toda la actividad contractual. Todo ello impide a la entidad licitante

introducir en los pliegos de condiciones reglas que contraríen el principio de igualdad para beneficiar a determinado licitante, como cuando se establecen condiciones que de antemano se sabe que sólo podría cumplir una persona natural o jurídica determinada, o bien "que puedan calificarse como abusivas, vejatorias o leoninas". Tampoco podrá dejar en cabeza de un solo contratista varios contratos con el mismo objeto, pues mediante el fraccionamiento de contratos se elude el proceso licitatorio, lo que constituye favorecimiento indebido, en la forma en que antes quedó expuesto". Adicionalmente, la escogencia del contratista del Estado, debe estar precedida de un estudio de conveniencia que determine la necesidad y el contenido del objeto a contratar (artículo 25 numeral 7 de la ley 80 de 1993 y artículo 8 del decreto 2170 de 2002); es por ello que no es aceptable que existan varios contratos con el mismo objeto, o con objetos aparentemente distintos, y que en el caso que las condiciones 2 En el artículo 56 del decreto 222 de 1983 se prohibía expresamente el fraccionamiento de contratos.

La norma citada disponía: “Queda prohibido fraccionar los contratos cualquier sea su cuantía. Hay fraccionamiento cuando se suscriben dos o más contratos, entre las mismas partes, con el mismo objeto, dentro de un término de seis (6) meses”.

7 LJAR Exp. 052-8213-2004 Fallo de segunda instancia particulares del proyecto lo aconsejan, o que técnicamente sea lo más recomendable, dichas justificaciones y explicaciones deben quedar previamente plasmadas en el estudio respectivo. 7.2. Estudio del caso en concreto

Como ya se indicó, al disciplinado José del Carmen Poloche Culma, en su condición de Alcalde de Puerto Leguizamo, Putumayo, se le formuló cargo por celebrar los contratos de obra números 030, 31 y 32 de 2003, cada uno por valor de $8.000.000, y cuyo objeto, en los tres casos, fue la construcción de unidad básica de vivienda en la urbanización “nuevo progreso” del municipio de Puerto Leguizamo, "violando el principio de transparencia (artículo 24 de la ley 80/93) en concordancia con el artículo 1 y 2 Decreto 2170/2002, teniendo en cuenta que los contratos precitados tienen el mismo objeto y unidos sobrepasan los topes para contratación directa”, es decir la suma de $8.300.000 (10% de la menor cuantía). Agregó el auto de cargos, que el disciplinado omitió elaborar el proyecto y los términos de referencia, publicarlos y recepcionar las propuestas. Le fueron citadas, como normas vulneradas, los artículos 6°, 123 inciso 2 y 209 de la Constitución Política; Artículos 23, 24.1, a) de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 1º del Decreto 62 de 1996; artículo 1 y 2 del Decreto 2170 de 2002; artículos 37, 38, 40.1 y 40.22 [Ley 200 de 1995]3 y 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002. Así las cosas, debe establecer esta Delegada si, al celebrar de forma independiente

los contratos números 030, 031, 032 del 20 noviembre de 2003, se omitió adelantar un proceso de selección del contratista en la forma indicada en el decreto 2170 de 2002, dado que, a pesar de haber sido celebrados con distintas personas, el objeto de cada uno de ellos era el mismo y por el mismo valor, razón por la cual pudo haberse contratado en un mismo proceso de contratación. Se advierte en primer término, que según la certificación del jefe de presupuesto de la Alcaldía de Puerto Leguizamo, de acuerdo con el presupuesto de la entidad para la vigencia 2003, la menor cuantía para contratación directa ascendía a $81.725.000 (fl. 76); es decir, que a partir del 10% de este valor, o sea $8.172.500, se debía adelantar el proceso de contratación directa establecido en el decreto 2170 de 2002. En segundo lugar, el objeto de los contratos de obra números 030 (fl. 50 a 53), 031 (fI. 21 a 24) y 032 (fI.6 a 9) celebrados el 20 de noviembre de 2003, es idéntico; en efecto, en la cláusula primera de los referidos contratos se pactó la “construcción de la unidad básica de vivienda de la urbanización Nuevo Progreso del municipio de Puerto Leguizamo”. Igualmente, los ítems, actividades, unidades, cantidades de obra, valor unitario y valor total, es el mismo en los tres contratos, según la tabla, incluida en la cláusula segunda de cada uno de ellos; así como idéntico plazo: 45 días para su ejecución. Así mismo, los tres contratos se imputaron al rubro presupuestal denominado:

3 El contenido de los artículos 37, 38, 40.1 y 40.22 de la Ley 200 de 1995, están descritos en forma similar en los artículos 22, 23, 34.1 y 34.2 de la Ley 734, respectivamente. 8 LJAR Exp. 052-8213-2004 Fallo de segunda instancia "SECTOR: Vivienda de Interés Social VIS SUBPROGRAMA: 1000 Programa de Vivienda de Interés Social PROYECTO: 01 Mejoramiento de vivienda. RECURSOS: Sistema General de participaciones", como quedó consignado en la cláusula quinta de los contratos y en las resoluciones administrativas por las cuales se ordenó el pago de las cuentas a favor de los contratistas (fl. 10, 15, 28, 32,43 y 44); cada uno por valor de $8.000.000. En ese orden de ideas, existen suficientes elementos para concluir, que el disciplinado eludió el proceso de selección, puesto que separar la contratación entregándole a cada contratista un contrato por valor de $8.000.000, le facilitaba la contratación, ya que de esta manera la escogencia de los contratistas podía hacerla libremente. Es así como, al sumar los valores de los contratos 030, 031 y 032 del 20 de noviembre de 2003, se obtiene como resultado la suma de $24.000.000, valor que supera el 10% del monto de la menor cuantía para contratar directamente en ese año, en el Municipio de Puerto Leguizamo, el cual, como se dijo, era de $8.172.500. Lo anterior permite concluir que se dividió el objeto del contrato, inaplicando el

proceso de selección del contratista establecido en los artículos 1° y 2° del decreto 2170 de 2002, que señalan: Artículo 1°. Publicidad de proyectos de pliegos de condiciones y términos de referencia. Las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia de los procesos de licitación o concurso público, con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular observaciones al contenido de los documentos antes mencionados. Los proyectos de pliegos de condiciones o de términos de referencia, en los casos de licitación o concurso público, se publicarán en la página web de la entidad cuando menos con diez (10) días calendario de antelación a la fecha del acto que ordena la apertura del proceso de selección correspondiente. En el evento en que el proceso de selección sea de contratación directa, este término será de cinco (5) días calendario. Las observaciones a los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia podrán ser presentadas dentro del término previsto en el inciso anterior. La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. En aquellos casos en que la entidad estatal no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento para surtir la publicación en su página web, deberá publicar un aviso en el cual indique el lugar de la entidad donde puede ser consultado en forma gratuita el proyecto de pliego de condiciones o de términos de referencia. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación nacional,

departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa de modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido. Parágrafo 1°. Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de contratación directa a que se refiere el literal a) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 con excepción de los procesos cuyo valor sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía. Parágrafo 2°. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos que tengan carácter reservado de conformidad con la ley. Artículo 2°. Publicidad de los pliegos de condiciones o términos de referencia. 9 LJAR Exp. 052-8213-2004 Fallo de segunda instancia Las entidades publicarán los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos de los procesos de licitación