PGN - FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS - Repartir un mismo y único objeto entre varios contratistas

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación 112-04540-06 Disciplinado Marlio Peralta Ardila Cargo y entidad Alcalde Municipal de Santa María (Huila) Quejoso Héctor Sáenz Perdomo Fecha Queja 16 de julio de 2006 Fecha Hechos 27 de Noviembre de 2003 Asunto Fallo de Segunda Instancia Bogotá, D.C. 15 de octubre de 2008

I. ASUNTO.

Procede el Procurador Delegado para la Moralidad Pública a resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado Marlio Peralta Ardila, en contra del fallo emitido el 30 de julio de 2008 por la Procuraduría Provincial de Neiva, mediante el cual sancionó al investigado MARLIO PERALTA ARDILA, en su condición de Alcalde Municipal de Santa María Huila, con destitución e inhabilidad general por diez (10) años, al encontrarse responsable del cargo que le fuera inicialmente formulado.

II. HECHOS.

Dio inicio a la presente investigación la queja presentada por el señor Héctor Sáenz Perdomo, el 22 de mayo de 2006, quien denuncia una serie de irregularidades en el proceso de contratación durante la administración del Alcalde de Santa María (Huila), señor MARLIO PERALTA ARDILA, entre ellas, las posibles irregularidades al dividir indebidamente las órdenes de suministro Nos. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 31, las cuales tenían un mismo objeto contractual y cuyo monto total, obligaba a realizar un proceso licitatorio, el cual no se realizó (fls. 1 a 13 anexo 1).

III. ANTECEDENTES.

Mediante auto del 11 de septiembre de 2006, la Procuraduría Provincial de Neiva dispuso la apertura de indagación preliminar en los términos del artículo 150 de la ley 734 de 2002, con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria e identificar al presunto infractor (fls. 2 a 4). El auto de indagación fue notificado al investigado Peralta Ardila, de manera personal el 27 de septiembre de 2006 (fl. 6). Mediante providencia No. 0302 del 30 de octubre de 2006, la Procuraduría Provincial de Neiva archivó las diligencias adelantadas en contra del Alcalde Peralta Ardila, decisión que le fuera notificada personalmente el 7 de noviembre de 2006 (fls. 8 a 13 y 16). Por medio de escrito del 14 de noviembre de 2006, el quejoso Héctor Sáenz Perdomo presentó recurso de apelación en contra del archivo proferido por la Provincial de Neiva, apelación que fue decidida por la Procuraduría Regional de Huila mediante providencia de 23 de febrero de 2007, que revocó la decisión de 1 archivo de la provincial calendada el 30 de octubre de 2006 (fls. 51 a 58 anexo 2), providencia que le fue notificada al disciplinado por estado (fl. 62 anexo 2). Con auto del 10 de abril de 2007, la Procuraduría Provincial de Neiva ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de MARLIO PERALTA ARDILA, en su condición de Alcalde Municipal de Santa María, por presuntas irregularidades en

el proceso de contratación de las órdenes de suministro Nos. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 31, suscritos entre el 21 y el 27 de noviembre de 2003, al presumirse un posible fraccionamiento de contratos, en dicho proceso de adjudicación (fls. 26 a 29). El auto de apertura de investigación, fue notificado personalmente al funcionario PERALTA ARDILA el 7 de junio de 2007 (fl. 35). Practicadas las pruebas requeridas y previo análisis de los hechos objeto de estudio, la Procuraduría Provincial de Neiva formuló pliego de cargos en contra de MARLIO PERALTA ARDILA, mediante providencia del 11 de septiembre de 2007 (fls. 36 a 43), providencia notificada personalmente al disciplinado el 17 del mismo mes y año (fl. 46). El apoderado del disciplinado William Alvis Pinzón, presentó descargos dentro del término legal, el 1º de octubre de 2007 (fls. 340 a 345 anexo 2). Mediante auto del 11 de octubre de 2007, la Provincial de Neiva procede a decretar las pruebas solicitadas por el apoderado del disciplinado en los descargos (fls. 348 y 349 anexo 2). Teniendo en cuenta que fue solicitado el aplazamiento de las diligencias, mediante auto del 25 de octubre de 2007 se fijó nueva fecha para su realización (fls. 352 y 353 anexo 2). Practicadas las pruebas solicitadas por la defensa, se corrió traslado al disciplinado para alegatos de conclusión mediante auto del 14 de noviembre de 2007 (fl. 368

anexo 2). Mediante providencia del 16 de enero de 2008, la Procuraduría provincial de Neiva, falló en primera instancia sancionando al Alcalde MARLIO PERALTA ARDILA con destitución e inhabilidad general por diez (10) años (fls. 378 a 391 anexo 2), la que fue notificada al apoderado del investigado el 30 de enero de 2007 (fl. 394 anexo 2).El apoderado Alvis Pinzón y el disciplinado, dentro del término legal, interpusieron el 4 de febrero de 2008, recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia (fls. 396 a 406 anexo 2). La Procuraduría Regional del Huila procedió a resolver el recurso de apelación interpuesto por los interesados y decidió, mediante providencia No. 020 del 11 de abril de 2008, revocar el fallo de primera instancia por medio del cual se impuso la sanción de destitución y declarar la nulidad de la actuación a partir del auto de cargos del 11 de septiembre de 2007 (fls. 416 a 430 anexo 2). De tal decisión fue notificado el disciplinado el 18 de abril de 2008 (fl. 432 anexo 2). Con escrito del 21 de abril de 2008, el apoderado del disciplinado presentó recurso de reposición en contra de la providencia del 11 de abril del mismo año (fls. 2 a 4 anexo 2), recurso que fue negado por la Regional del Huila con auto del 24 de abril de 2008 (fls. 437 y 438 anexo 2). 2

Con auto del 30 de abril de 2008 se profirió nuevamente pliego de cargos en contra de MARLIO PERALTA ARDILA, en su condición de Alcalde Municipal de Santa María (fls. 453 a 461 anexo 2), el cual fue notificado al investigado el mismo 30 de abril de 2008 (fl. 462 anexo 2). Con escrito del 29 de abril de 2008, el apoderado del implicado presentó renuncia al poder que le fuera conferido por el Alcalde Municipal de Santa María (fl. 463 anexo 2). El servidor público PERALTA ARDILA, dentro del término legal señalado para el efecto, presentó sus respectivos descargos con escrito del 16 de mayo de 2008 (fls. 466 a 472 anexo 2). Con auto del 28 de mayo de 2008, fueron decretadas las pruebas solicitadas en los descargos (fls. 474 y 475 anexo 2), y mediante auto del 7 de julio de 2008 se ordenó el traslado del expediente al sujeto procesal, para alegaciones previas al fallo (fl. 489 anexo 2). El auto de alegatos de conclusión fue notificado al responsable el 14 de julio de 2008 (fl. 490 anexo 2) y frente a los mismos, no fue presentado escrito alguno dentro de los términos de ley por el disciplinado. Con Resolución de fecha 30 de julio de 2008, la Procuraduría Provincial de Neiva profirió fallo en contra de MARLIO PERALTA ARDILA, sancionándolo con destitución e inhabilidad general por diez (10) años (fls. 98 a 114).

A su vez el disciplinado interpuso recurso de apelación en contra del fallo sancionatorio, con escrito del 19 de agosto de 2008 (fls. 116 a 126).

III. DECISIÓN IMPUGNADA El 30 de julio de 2008, la Procuraduría Provincial de Neiva, falló en primera instancia el asunto de la referencia y declaró responsable disciplinariamente del cargo formulado a MARLIO PERALTA ARDILA, por lo que le impuso la sanción principal de destitución e inhabilidad general por diez (10) años (fls. 98 a 114).

La conducta atribuida al servidor público Peralta Ardila por la Procuraduría Provincial de Neiva, se concretó de la siguiente manera: “Porque usted como Alcalde Municipal de Santa María Huila, dividió indebidamente el objeto contractual en las órdenes de suministro No. 19 de noviembre 21 de 2003 cuyo objeto era la compra de material de ferretería por un monto de $40.082.150 y su imputación presupuestal Art. 141 “promover y apoyar mediante subsidios y programas o proyectos del S.G.P.”; la orden de suministro No. 20 de noviembre 21 de 2003 cuyo objeto era la compra de material de ferretería por un monto de $39.532.650 y su imputación presupuestal Art. 141 y 142 “promover y apoyar mediante subsidios y programas o proyectos del S.G.P. subsidio a la población pobre para la vivienda de interés S.G.P.”; Dichos contratos por tener un mismo objeto y porque la suma de sus montos ascendían a $79.614.800 millones de pesos, requerían haberse contratado en un solo acto y mediante el sistema de licitación

pública, ya que dicho monto sobrepasó la menor cuantía en el Municipio de Santa María que para esa vigencia era de $41.500.000”. “Igualmente usted dividió indebidamente las órdenes de suministro No. 21 del 21 de noviembre de 2003 cuyo objeto era la compra de material de ferretería por un monto 3 de $28.580.400 y su imputación presupuestal Art. 132 “SANEAMIENTO BÁSICO SGP”; la orden de suministro No. 22 del 21 de noviembre de 2003 cuyo objeto era la compra de materiales de ferretería por un monto de $33.571.600 y su imputación presupuestal Art. 126 “Construcción de pozos, jagueyes, y letrinas SGP”; la orden de suministro No. 24 del 22 de noviembre de 2003 cuyo objeto era la compra de materiales de ferretería por un monto de $9.975.865 y su imputación presupuestal Art. 125 “Construcción de acueductos SGP”; y la orden de suministro No. 31 de 27 de noviembre de 2003cuyo objeto era la compra de materiales de ferretería por un monto de $38.641.080 y su imputación presupuestal Art. 143, 125, 128, 131 promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo rural S.G.P. Construcción de acueductos SGP, subsidio a la población pobre para vivienda de interés SGP, ampliación del alcantarillado SGP, conservación de micro cuencas SGP. Dichos contratos por tener un mismo objeto y porque la suma de sus montos ascendían a

$110.768.945 Millones de pesos, requerían haberse contratado en un solo acto y mediante el sistema de licitación pública, ya que dicho monto sobrepasó la menor cuantía en el Municipio de Santa María que para esa vigencia era de $41.500.00.” (fls. 82 y 83).

IV. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN El servidor público MARLIO PERALTA ARDILA, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso de apelación el 19 de agosto de 2008, en contra del fallo de primera instancia (providencia del 30 de julio de 2008), proferido por la Procuraduría Provincial de Neiva, y solicitó se revocara íntegramente la decisión y en su lugar, se le absolviera de toda responsabilidad disciplinaria y consecuentemente, se archivara el proceso (fls. 116 a 126).

Los fundamentos jurídicos del recurso presentado fueron:

1. El apelante afirma que fue acusado y sancionado por violación al Principio de Selección Objetiva y que los fundamentos normativos de tal imputación y sanción fueron tres disposiciones: el principio de moralidad contenido en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 24 numeral 8 de la ley 80 de 1993 y el artículo 48 numeral 31 de la ley disciplinaria, éstos dos últimos, se refieren al Principio de Selección Objetiva.

2. Manifiesta que la Selección Objetiva no es igual a licitación pública, como concluye equivocadamente el fallador de primera instancia y que el cargo formulado, se sustentó en las normas que hacen referencia a la selección objetiva del contratista (artículo 24 de la ley 80/93) pero se fundamentó en que

la falla estaba en evitar el procedimiento de la licitación.

3. El error del juzgador radicó en acusar de violar la selección objetiva de contratistas, pero se abstuvo de investigar dicha situación. Se dedicó a cuestionar la existencia de un presunto fraccionamiento de contrato y a reprochar la no realización de una licitación, sin discutir lo que constituía propiamente la selección objetiva, y sin hacer mención ni a los seleccionados, ni a la evaluación de éstos.

4. Por lo tanto, no se encuentra probada la afectación al principio de selección objetiva, al no existir prueba de favorecimiento de candidato o propuesta alguna.

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5. Insiste en que como quiera que la norma citada como violada en el fallo es el artículo 24 numeral 8º de la Ley 80/93, que hace referencia al principio de selección objetiva y teniendo en cuenta que no hay evidencia de violación a este principio ni se le endilga cuestionamiento alguno al respecto, no puede ser condenado.

6. El evadir el procedimiento de la licitación, no constituye una infracción al principio de selección objetiva, pues existieron pliegos de condiciones, invitaciones públicas e informes de evaluación.

7. Aclara que con el fraccionamiento de contratos, el propósito es evadir el proceso licitatorio y fraccionar un mismo objeto contractual, y que por el contrario, en el caso de los contratos objeto de investigación, con el advenimiento de la ley 80 y del decreto 2170 de 2002, lo que existen son pequeñas licitaciones. Por lo tanto, no constituye fraccionamiento dejar de hacer una licitación para hacer varias contrataciones, pues las mismas fueron

realizadas en razón a la figura de la contratación directa, contemplada por la ley 80 y el Decreto 2170 con el lleno de los requisitos exigidos como invitación pública, pliegos de condiciones, publicaciones, y comités de evaluación de propuestas.

8. Con ello se prueba que no existió feria de contratos, ni adjudicaciones amañadas, razón por la cual no existe violación a los principios de moralidad, transparencia, ni selección objetiva y si la autoridad disciplinaria considera lo contrario, debe orientar su investigación contra el Comité de Evaluación de Propuestas, pues en su condición de Alcalde, aceptó las recomendaciones que en cada invitación le formuló el mencionado Comité. Al no ser vulnerados los principios de la contratación estatal, hay ausencia de ilicitud sustancial exigida en el artículo 5º del CDU.

9. Tampoco existe fraccionamiento pues los objetos contractuales tenían distintas destinaciones, las obras eran diferentes, lo mismo que su ubicación geográfica, y las disponibilidades presupuestales eran distintas, razón por la cual, la administración actuó de buena fe, hizo lo que le correspondía, y en ejercicio de una convocatoria pública, procedió a su desarrollo. 10.Argumenta no ser razón de sobresalto que varias invitaciones fueran adjudicadas a un mismo proponente, siempre que estuviera precedida de una convocatoria pública pues no existe prohibición legal al respecto y en ése caso, el Comité Evaluador recomendó la adjudicación por ser las ofertas más favorables a la entidad. 11.Aduce de igual manera, como razón para haber contratado de manera directa, que a finales de 2003 se encontraban en campañas políticas y si se hubiera

adelantado una licitación para adquirir materiales de construcción y entregarlos a sus destinatarios, ello hubiese sido entendido como una abierta y descarada compra de votos o ingerencia de la administración. Por ello, se hizo necesario esperar a que pasaran las elecciones, para iniciar el proceso de contratación que fuera posible realizar en lo que quedaba de vigencia, es decir, en dos meses, y en este término, no resultaba procedente una licitación, pues por su término de duración, no se habría logrado adjudicar, celebrar y ejecutar la contratación dentro de la vigencia, ya que el sólo registro en la 5 Cámara de Comercio se hubiese tomado cerca de un mes y concluye afirmando que tener afán no era malo y menos aún, cuando lo que se perseguía era ejecutar el presupuesto para satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos y evitar sanciones fiscales al Municipio, por falta de ejecución presupuestal. 12.Asegura que la culpa gravísima es una ignorancia supina o violación manifiesta a las reglas de obligatorio cumplimiento, reglas que no resultan ser tan elementales ni de dominio generalizado como para pregonar la misma. El derecho administrativo es una especialidad dentro del derecho general y la contratación administrativa, es una subespecialidad dentro del derecho administrativo, de manera que se está frente a normas muy especializadas. 13.Declara que el fallador de primera instancia calificó mal los contratos al denominarlos órdenes de suministro y argumenta que si se encontrara frente a “órdenes de servicio”, le sobrarían razones a la autoridad disciplinaria para imputarle responsabilidad pero en este caso, se está frente a siete contratos

con formalidades plenas, celebrados por escrito, con disponibilidad presupuestal, pólizas de garantía y exigencias en materia de publicación, para cuya celebración, fue necesario adelantar varias convocatorias públicas. 14.Finalmente considera inaceptable la afirmación de que el Alcalde, sin importar que sea o no abogado, o el grado de instrucción que tenga, sea título suficiente, para imputarle culpa gravísima, pues se trata de un campesino consagrado a su pueblo y no un abogado o profesional y para la época de los hechos, desempeñaba su primer cargo administrativo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA Procede el suscrito Procurador Delegado a resolver el recurso de apelación interpuesto por el investigado. Para ello, se ocupará en primer término (i) de analizar lo relativo a la competencia que le asiste para conocer de la actuación; posteriormente, señalará aspectos generales respecto al (ii) Principio de Transparencia; a (iii) la licitación o concurso público (iv) al Deber de Selección Objetiva, y efectuará un análisis de los hechos imputados de acuerdo con el material probatorio recaudado y se referirá a (v) los argumentos del apelante, (vi) a los contratos de suministro y (vii) a la declaración de responsabilidad del funcionario para, finalmente, decidir (viii) sobre la confirmación o revocatoria del fallo de instancia, así como la sanción impuesta.

Cuestiones Previas. Es necesario en primer lugar, mencionar que este despacho de segunda instancia, conforme a lo preceptuado por el artículo 171 del Código Único Disciplinario es

competente para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación y a ello se limitará, sin contemplación de otra clase de aspectos. Resulta igualmente necesario determinar que en el curso de la presente actuación se ha dado cumplimiento a lo previsto en la ley 734 de 2002 en cuanto a su forma, términos y procedimiento y que en todo momento, se han garantizado los derechos 6 al debido proceso y a la defensa, sin que se advierta la existencia de irregularidades que puedan constituir nulidad de las actuaciones surtidas dentro de este trámite. De igual manera, han sido incorporadas diversas pruebas las cuales han sido ordenadas y practicadas por las autoridades encargadas de la investigación, desde la órbita de su competencia, que fueron aportadas legal y oportunamente a la actuación, y que fueron valoradas en conjunto, al momento de proferir una decisión de fondo siendo conducentes y pertinentes a los hechos que se investigan y garantizándose en todo momento, el derecho de defensa. El caso objeto de estudio lo constituye el reproche efectuado a MARLIO PERALTA ARDILA, quien en su condición de Alcalde Municipal de Santa María, dividió indebidamente el objeto contractual en las órdenes de suministro No. 19 del 21 de noviembre de 2003 por un monto de $40.082.150 y la orden de suministro No. 20 del 21 de noviembre de 2003 por valor de $39.532.650, los cuales, por tener el mismo objeto y porque la suma de sus montos ascendían a $79.614.800 millones de pesos, requerían haberse contratado en un solo acto y mediante el sistema de licitación

pública, ya que dicho monto sobrepasó la menor cuantía en el municipio de Santa María que para esa vigencia era de $41.5000.000. Igual situación se predicó de las órdenes de suministro No. 21 del 21 de noviembre de 2003 por un monto de $28.580.400, la orden de suministro No. 22 del 21 de noviembre de 2003, por un valor de $33.571.600, la orden de suministro No. 24 del 22 de noviembre de 2003, por un monto de $9.975.865, y la orden de suministro No. 31 de 27 de noviembre de 2003, por valor de $38.641.080. Dichos contratos por tener un mismo objeto y porque la suma de sus montos ascendía a $110.768.945 millones de pesos, requerían haberse contratado de igual manera en un solo acto y mediante el sistema de licitación pública, pues su monto sobrepasó la menor cuantía del Municipio de Santa María que para esa vigencia era de $41.500.00. Quedó plenamente demostrado durante este proceso disciplinario que las órdenes de suministro fueron celebradas por el Alcalde Municipal de Santa María (Huila),

MARLIO PERALTA ARDILA (anexo 1).

(i) De la competencia. La competencia para conocer en segunda instancia las presentes diligencias, correspondió al Procurador Delegado para la Moralidad Pública, quien fuera designado como funcionario especial por el señor Procurador General de la Nación mediante auto del 27 de agosto de 2008, de conformidad con las facultades otorgadas por el parágrafo del artículo 7º del Decreto 262 de 2000 y demás normas

concordantes, con el fin de que conozca, para todos los efectos en sede de segunda instancia, sobre el proceso disciplinario 112-04540/06 adelantado en contra de MARLIO PERALTA ARDILA, en su condición de Alcalde Municipal de Santa María (Huila), para la época de los hechos investigados. En consecuencia, este Despacho es competente para adoptar la decisión que en segunda instancia corresponda. (ii) Del Principio de Transparencia 7 Es un principio de carácter general, aplicable a todas las formas de selección de contratistas establecidos por la ley, esto es, a la licitación o concurso público, a la contratación directa, al sistema de martillo e inclusive, a aquellos regímenes especiales que contempla la ley. Para algunos autores, el principio de transparencia se caracteriza “…por proporcionar elementos suficientes para una verdadera convivencia, para el respeto a la igualdad de los asociados, y en especial para garantizar el ejercicio del poder sobre bases de imparcialidad y publicidad, tendientes a evitar actuaciones oscuras, ocultas y, por lo tanto, arbitrarias de los servidores públicos en desarrollo de sus competencias o atribuciones…”1. El principio de transparencia comprende varios aspectos: a) la escogencia del contratista se debe efectuar siempre por licitación o concurso público salvo la excepción establecida en el numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80/93; b) publicidad y contradicción de informes y decisiones; c) solicitud para que una adjudicación se haga en audiencia pública; d) solicitud de copias de actuaciones y propuestas recibidas; e) elaboración de pliegos de condiciones con reglas objetivas, justas,

claras y completas; f) señalamiento de las reglas de adjudicación del contrato en los avisos de apertura y en los pliegos de condiciones; g) motivación de los actos administrativos que se expidan; h) actuación sin desviación o abuso de poder y sin eludir los procedimientos de selección objetiva; i) los demás previstos en la ley o en estatutos. El principio de transparencia garantiza la imparcialidad de la administración, y la escogencia objetiva de los contratistas. Este principio encuentra su fundamento constitucional en el artículo 209 de la Carta Política que señala: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad…”, lo que permite que la actuación de la administración sea transparente y que sus decisiones y procedimientos, lo sean igualmente. (iii) La licitación o concurso público. La licitación pública se erige como la regla general de todos los procedimientos de selección de contratistas. Se configura como un requisito legal esencial para cualquier contrato y encuentra su carácter imperativo en el artículo 24 de la ley 80 cuando en su inciso primero señala: “…la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente…” Sólo una excepción le asiste: la contratación por vía de urgencia manifiesta. La contratación directa constituye un mecanismo de selección del contratista para las entidades estatales, aplicable exclusivamente en los casos taxativamente señalados

por la ley. Con el proceso licitatorio se busca, que todos aquellos interesados en ofrecer sus bienes o servicios, lo hagan en igualdad de condiciones y criterios objetivos para seleccionar a quien ofrezca mejores términos para la contratación. 1 Tratado de Derecho Administrativo. Jaime Orlando Santofimio. Tomo IV. Pág.188. 8 “La licitación, por lo tanto, debe ser abierta. De ninguna manera puede constituir un procedimiento de privilegiados o de sujetos preseleccionados según criterios subjetivos por las autoridades responsables de la contratación estatal; por su misma esencia debe brindar las garantías necesarias para que todo aquel que tenga la posibilidad de ofrecerle a la administración lo que ésta requiere lo pueda hacer sin discriminación de ninguna naturaleza, sujetándose a las reglas objetivas, claras, imparciales, justas y completas, así como a las condiciones de costo y calidad que hubieren sido establecidas para estos efectos…”2. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de abril de 2002, Exp. 12294 C.P. Alier Eduardo Hernández señaló: “…La licitación pública entendida como el procedimiento de formación del contrato que tiene por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público que se persiguen con la contratación estatal, está sometida a condiciones normativas y reglamentarias que no pueden cambiarse caprichosamente durante su curso. La claridad e inalterabilidad de las condiciones del proceso licitatorio son características que tienen su fundamento en los elementos esenciales del mismo, cuales son: la libre concurrencia, la igualdad de los oferentes y la sujeción

estricta al pliego de condiciones […] Se tiene entonces que si el procedimiento de selección es el mecanismo que prevé la ley para escoger al mejor proponente vistos los fines de la contratación estatal, no es procedente realizar un cambio de las reglas que determinan la adjudicación, cuando el mismo ya se ha iniciado, porque ello atentaría contra el principio de transparencia, contra la igualdad entre los proponentes y el deber de selección objetiva, que caracteriza la contratación estatal…”. Las características de la licitación pública pueden resumirse así:

1. Es un procedimiento previo a través del cual se regula la forma de celebración de los contratos administrativos o estatales, con la finalidad de seleccionar a quien ofrece las mejores condiciones.

2. Consiste en una invitación pública para que los interesados hagan propuestas, ciñéndose a las bases previstas, esto es, al pliego de condiciones.

3. De las propuestas la administración selecciona la más favorable y a ella le adjudica el contrato.

4. El procedimiento se funda, para lograr la finalidad que busca la administración, entre otros, en los principios de igualdad, transparencia, economía y cumplimiento del pliego de condiciones…”3.

(iv) Del deber se selección objetiva. Es el conjunto de reglas, criterios, o parámetros que deben aplicarse a la conformación del pliego de condiciones o términos de referencia en la licitación pública, o en la contratación directa. El Decreto 2170 de 2002 los señaló en sus artículos 4º y 5º. 2 Tratado de Derecho Administrativo. Santofimio Gamboa. Pág. 196 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de julio de 1996, exp. 10313,

C.P. Juan de Dios Montes Hernández. 9 El deber de selección objetiva, es por lo tanto, consecuencia del principio de prevalencia del interés público sobre el particular. El artículo 29 de la Ley 80 de 1993, que recoge el concepto del deber de selección objetiva, hace referencia a que éste se traduce en el ofrecimiento más favorable a la entidad y a la aplicación de criterios y factores de escogencia previamente señalados por la entidad, para ser aplicados al momento de evaluar las propuestas recibidas. El deber de selección objetiva, hace referencia no al procedimiento (licitación pública o contratación directa) sino a la aplicación de esos criterios previamente establecidos para ser tenidos en cuenta al momento de evaluar las propuestas. El artículo 4º del Decreto 2170 de 2002 deja en claro que tales factores deben ser aplicados tanto en la licitación pública como en la contratación directa, entre ellos contempla los requisitos habilitantes del contratista, factores de favorabilidad y de selección. (v) Análisis de los argumentos del apelante. De los tres conceptos enunciados anteriormente y en forma separada, encuentra el Despacho que existe una equivocada lectura e interpretación del apelante frente a la denominación de “violación del principio de selección objetiva” pues se puede deducir claramente tanto de los cargos como del fallo de primera instancia que se trata de una violación al Principio de Transparencia consagrado en el artículo 24 específicamente de los numerales 1º y 8º, y es así como en el auto de cargos en el acápite correspondiente a las normas infringidas, se citan las normas violadas y se señalan las conductas contrarias al ordenamiento jurídico de la siguiente manera:

“Artículo 209 Constitución Nacional. “ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”. El artículo 209 fue infringido por cuanto el Alcalde Municipal celebró seis órdenes de suministro por un proceso diferente a la licitación pública cuando era éste el que se debía aplicar, violando el principio de moralidad que debe prevalecer en las actuaciones de todo servidor público. Ley 80 de 1993 artículo 24 numerales 1 y 8.

“ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARE