PGN - FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS - División artificial e ilegal del objeto contratado

Dependencia: Primera Delegada para la Contratación Estatal Radicación # 072-00282/97

Disciplinado y/o investigado: Marco Alirio Cortés Torres Cargo y entidad: Alcalde Municipal de Barbosa (Santander)

Quejoso: Henry Cortés Torres Fecha Queja: Agosto 25 de 1997

Fecha Hechos: Desde junio de 1996.

Asunto: Fallo de segunda instancia.

Bogotá D.C., 31 de Mayo de 2002 Se inició el presente averiguatorio por eventuales irregularidades relacionadas con la contratación realizada por el burgomaestre del municipio de Barbosa (Santander), en aras de lograr la construcción y dotación del colegio INSCOMERCIO del referido municipio, para lo cual invirtió la suma de $337’000.000=. La Procuraduría Regional de Santander, y luego de diligencias preliminares, dispuso apertura de Investigación Disciplinaria contra el Alcalde Municipal de esa localidad doctor MARCO ALlRIO CORTES TORRES, folio 203 a 205. DE LOS CARGOS (Folio 212 a 221) En enero 14 de 2000, se le efectuó al implicado el siguiente reproche: -Que con la celebración de los contratos de obra pública para el suministro de arena, suministro de triturado y mano de obra para la construcción de la estructura de las aulas de la nueva sede del Instituto Integrado de Comercio del municipio de Barbosa, que se registran a folios 143, 110 y 123, incurrió en una conducta culpable que lo dejó incurso en violación de las normas que rigen la contratación estatal, ya que de esta manera evadió el procedimiento de la Licitación o Concurso Público al

proceder, fraccionando el objeto a través de diversos contratos de contratación directa, desconociendo que para la época y de conformidad con el Presupuesto del Municipio la menor cuantía para la contratación directa era de $43’001.250,00= transgrediendo con su proceder los principios de transparencia y responsabilidad, señalados por la Ley 80 de 1993 en sus artículos 23, 24 y 25, ya que la suma total de dichos contratos era equivalente a un valor de $77.998.292,00= Además se determinó que los contratistas FABIO ARIZA CHAPARRO, PEDRO CASTAÑEDA CHAPARRO y HELBERT DELGADO MARTINEZ, no se encontraban inscritos como proveedores ante la Cámara de Comercio para la época de celebración de los contratos objeto de reproche (FI. 211). DE LOS DESCARGOS (Folio 227 a 247 y 253) Adujo que se cometió un gran error jurídico y procesal por parte de la Procuraduría Regional al afirmar que hubo fraccionamiento contractual, pues se están sumando los contratos públicos correspondientes a las vigencias de 1996 y 1997, cuando sabido es que cada vigencia presupuestal termina el 31 de diciembre y que cada contrato debe hacerse con cargo a un presupuesto, el cual no es indeterminado en cuantías ni en el tiempo, ya que ni siquiera las reservas obedecen a otro acto jurídico, pues éstas son consecuencia de los compromisos contractuales debidamente materializados pero cuya ejecución se realiza posteriormente, pero su pago se hace con cargo al presupuesto de la vigencia comprometida. Manifestó que

con esa simple apreciación; sin tener que acudir y determinar de dónde proviene el recurso, podría comprobarse que los cargos no tienen ningún fundamento legal, porque sumados los contratos de los señores FABIO ARIZA, PEDRO CASTAÑEDA y LlBARDO CHACON, correspondientes a la vigencia de 1996, estos ascienden a la suma de $30’847.149,00= incluido el adicional celebrado con el señor CHACON, suma esta que está por debajo del tope señalado para la contratación directa. Enfatizó que además el colegio no responde a una unidad física compacta, pues éste fue diseñado por módulos y con edificaciones separadas, tal como así mismo lo aconsejó el mismo Ingeniero Suárez, debido a los errores iniciales del anterior Alcalde, lo que obligó a cambiar el diseño arquitectónico. En síntesis, estima que se trata de una variada estructura física independiente la una de la otra, lo cual permitía desde luego contratar indistintamente cada una de sus obras, pues se trataba de objetos totalmente diferentes y por lo mismo no se puede hablar de fraccionamiento de contratos, ya que sus objetos eran totalmente diferentes. Añadió que en cuanto a la disponibilidad y origen de los recursos, estos provienen para unos contratos del presupuesto municipal, a través de las transferencias del IVA, a diferencia del contrato celebrado con LlBARDO CHACON, cuyos recursos provienen del convenio celebrado con el FONDO DE INVERSION SOCIAL -FIScorrespondiente al número 4901, de cumplimiento obligatorio, razón por la cual, reitera, las cuantías de los contratos no se podían sumar globalmente. Anexó copia

de la disponibilidad para probar lo expuesto, enfatizando que de todas maneras en el Convenio del FIS, cláusula vigésima primera aparece la naturaleza del recurso. Asimismo dijo que la señora Procuradora Regional (quien en su momento profirió los cargos) debió conocer que el Gobernador del Departamento por esa época, atendiendo a la características y circunstancias de orden público y a las necesidades del servicio educativo público decretó una urgencia manifiesta, la cual ruega traer al proceso, amén de que en la Alcaldía debe reposar un acto administrativo que confirma el acto jurídico departamental, no obstante lo cual y a pesar de tanto aprieto y urgencia, cumplió con los requisitos legales, pues primero que todo averiguó en la Cámara de Comercio de Barbosa, quién lo remitió para la de Bucaramanga, sobre las personas que se encontraban inscritas como proveedores de arena y triturado, sin que aparecieran por esa fecha ni ahora personas inscritas que facilitaran tales materiales en Barbosa. Ante tal situación y no pudiendo frenar el desarrollo de la vida municipal le solicitó a los contratistas pruebas de idoneidad sobre su oficio, tal como la expedida por la constructora y urbanizadora más antigua de Barbosa. Además, dice, según la Resolución No. 001365 del 16 de agosto de 1995, emanada de la Contraloría Departamental de Santander, el registro de proveedores se requiere en los casos de licitación pública, copia de la cual anexa. Pide asimismo que dichas certificaciones sobre idoneidad se pidan a la oficina de Planeación de Barbosa. Por lo tanto y a pesar de todo, reitera, se exigió idoneidad

de cada uno de los contratistas, los cuales son conocidos y gozan en el municipio de reconocida solvencia moral y contractual. Finalmente se allegó el certificado sobre antecedentes disciplinarios en el que se advierte que el investigado registra una sanción de Multa de diez (1O) días del sueldo que devengaba para la época de los hechos como Personero Municipal de Barbosa y otra sanción de Destitución con inhabilidad de un (1) año en el cargo de Alcalde Municipal de Barbosa, la cual terminó en Mayo 30 de 2001 (Fls. 319 a 320). DEL FALLO DE LA INSTANCIA (Folio 321 a 329 ) Advirtió la instancia que a pesar de la densidad de las motivaciones presentadas por el inculpado en la primera y última parte del numeral 8º de su escrito de descargos, ellas no se dirigen a lo sustancial del asunto en cuestión, pues su defensa apuntó a hechos que no fueron objeto de cargos y que por la misma razón no merecieron consideraciones al respecto, pues sabido es por la instancia, como por el propio disciplinado que las recusaciones presentadas en su momento contra la otrora titular de la Procuraduría Departamental (YOLANDA VlLLARREAL AMAYA) no le fueron admitidas el superior de Instancia, lo cual nos releva en consecuencia de todo comentario en tal sentido, y menos aún, cuando dentro del plenario no se está cuestionando la calidad técnica de la obra realizada sino la responsabilidad del contratante, tanto en la escogencia de los contratistas como en la aplicación de los principios procedimentales que rigen la contratación estatal, especialmente en su

tramitación o etapa de preparación, pues fue allí donde se obvió el procedimiento de la Licitación o Concurso Público, al decidirse por la celebración de varios contratos (Contratación directa), cuando por la magnitud y género de la obra debía acudirse a la licitación o concurso públicos, al tenor de las disposiciones vigentes sobre la materia y en especial a su cuantía. Estimo el a-quo que podría pensarse , que la acción disciplinaria relacionada con los contratos de Suministro de Arena con Fabio Ariza Chaparro de fecha Junio 11 de 1996 (FI. 97); de Suministro de Triturado con Pedro Castañeda Chaparro de fecha Junio 11 de 1996 (FI. 167); de Mano de Obra con Libardo Chacón Hernández de fecha junio 27 de 1996 (FI. 143) y el adicional de Mano de Obra con Libardo Chacón Hernández de fecha Octubre 18 de 1996 (FI. 110), se encuentra prescrita y que solamente quedarían por definir las acciones atinentes a los contratos de Mano de Obra con Helbert Delgado Martínez de fecha Febrero 12 de 1997 (FI. 176), y con Libardo Chacón Hernández de fecha Julio 28 de 1997 (FI. 123), empero, ha de tenerse en cuenta, que como en el caso, cuando se investigan en un mismo proceso uno o varios hechos o una o varias conductas entrelazadas entre si (conexidad) , sucedidos de manera simultánea o sucesiva, para todas ellas el término de prescripción de la acción disciplinaria es de cinco (5) años, contados a partir del último acto constitutivo de la falta, tal como lo dispone el articulo 34 de la Ley 200 de

1995, para las faltas de carácter permanente o continuado. Que trasladando estos conceptos al asunto en estudio, se encuentra que en este proceso se investigan varios hechos sucedidos en dos años diferentes, cuya autoría se le atribuye al entonces Burgomaestre de Barbosa (Santander), doctor MARCO ALlRIO CORTES TORRES, como Ordenador del Gasto y por ende Contratante en representación del Municipio dentro de los referidos contratos de suministro de arena, de triturado y mano de obra para la construcción de las aulas y batería de baños de la nueva sede del Instituto Integrado de Comercio de ese Municipio, celebrados entre Junio 11 de 1996 y Julio 28 de 1997. Entonces, para contabilizar la prescripción de la acción disciplinaria, se tendrá en cuenta la fecha del último acto que constituye la falta que motivó la presente averiguación y esta data de Julio 28 de 1997, por lo cual indicó la instancia, que para la fecha en que profirió el fallo objeto de apelación aquí, no había transcurrido el término necesario para que se extinguiera la facultad que tiene la Procuraduría para definir o decidir el proceso disciplinario. Consideró la instancia que al doctor CORTES TORRES en su calidad de Alcalde Municipal de Barbosa (S), no se le cuestionó la buena o mala calidad de las obras realizadas para las aulas de la nueva sede del Instituto Integrado de Comercio de esa ciudad, como así lo pretendió dar a entender en sus descargos y hacia donde puntualiza gran parte de sus explicaciones, lo que se le reprocha es el fraccionamiento de contratos para una misma obra, la cual por su género y especie

son uno sólo y se identifican entre si: arena, triturado tipo gravilla, mampostería, pañete, cubiertas y mano de obra, máxime cuando todos estos materiales tenían el mismo fin: Construcción de la estructura para las aulas y la batería de baños de la nueva sede del Instituto Integrado de Comercio de Barbosa, tal como así lo indica el objeto de cada uno de los contratos referenciados en el auto de cargos. En gracia de discusión, enunció el a-quo, que al eludirse la licitación pública lógicamente podría considerarse que los topes de los contratos celebrados por contratación directa no rebasaban el tope de la menor cuantía vigente para la época, pero precisamente, esta figura, -fraccionamiento de contratosfue la que ocasionó la investigación y por ende la solicitud de explicaciones al ordenador del gasto, razón para que sus descargos no fueran de recibo, ya que con dicho proceder transgredió ostensiblemente y en especial los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, así desde el punto de vista estructural y técnico, como bien lo dice el Perito en su informe, no habla ningún problema para que la construcción de las susodichas aulas se hubiera contratado por separado, pero lo que pasa es que la irregularidad se presenta es desde el punto de vista meramente presupuestal y contractual, pues al brincarse o evadirse las normas procedimentales de la Licitación o Concurso Público, lógicamente la Procuraduría como Ministerio Público y órgano de Control tiene que ejercer su fiscalización en aras de la defensa de los intereses de la sociedad, máxime cuando al disciplinado como Profesional del

derecho y conocedor de la normatividad contractual y de los métodos de interpretación no se le puede tolerar dicha aplicación de la Ley, amparado solamente en el ejercicio de sus propias razones. Que el fraccionamiento en el asunto de marras, se encuentra en el articulo 24 numeral 8 de la Ley 80 de 1993, cuando establece que a las autoridades les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva, en donde se encuentra implícito el fraccionamiento de contratos para evadir el procedimiento de la licitación y máxime cuando los aquí celebrados eran para contratar materiales de la misma especie y género, requeridos para la construcción de las aulas y batería de baños del Instituto Integrado de Comercio de Barbosa, los cuales en su esencia eran sinónimos y estaban referidos para la misma obra, separada o no. Ahora, el hecho de que los recursos para dichas obras afectaran varios códigos o numerales presupuestales no justificaba de ninguna manera la celebración de varios contratos, pues tratándose de un mismo objeto, como ya lo vimos, la norma no lo permite, so pena de incurrir en su violación y de ahí que no sea aceptable la justificación asomada por el disciplinado en el sentido de que unos recursos provenían del Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio y otros del Convenio celebrado con el FIS, pues de todas maneras su sumatoria superaba la menor cuantía que regia para la fecha en el Municipio para la contratación directa, esto es la de $43.001.250,00. Para la Regional, quedó determinado que la finalidad del entonces burgomaestre del municipio de Barbosa (Santander), doctor MARCO ALlRIO CORTES TORRES, al

celebrar varios contratos con el mismo objeto y por diferentes cuantías no fue otra que la de eludir el procedimiento de la licitación o concurso público, dejando de paso y de lado el principio de transparencia regulado por el articulo 24 numeral 8 de la Ley 80 de 1993, tal como se expreso en párrafos anteriores, cuyas cuantías superaron la menor cuantía vigente para la época y que por ende imponía la licitación pública. Se consideró en el fallo objeto de reproche, cómo el accionar del encartado estuvo encaminado a satisfacer las necesidades educativas de la comunidad, dicho atenuante es válido para entrar a dosificar la sanción a imponer más no para justificar la falta, ya que de todas maneras su proceder nos ubica frente a una conducta a titulo de Culpa, al colegirse que la misma se realizó por falta de previsión del resultado previsible, o cuando habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo, máxime cuando por su profesión tenía la posibilidad de comprender las exigencias normativas y de conducirse o motivarse de acuerdo a dichos dictados funcionales. Por ende la sanción a imponer será la mínima prevista para las faltas graves, esto es la de Multa equivalente a once (11) días del salario mensual que devengaba para la época de los hechos de autos, correspondiente a la suma de Cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos moneda corriente legal ($423.500,00), sobre un salario de $1.155.000,001 tal como así lo señala la constancia vista al folio 193 del expediente. Demostrada queda igualmente en el presente caso la antijuridicidad formal,

entendida esta como la trasgresión de las normas citadas en el auto de cargos, en especial las relativas a los principios que rigen las actuaciones contractuales de las entidades estatales y de la responsabilidad de los servidores públicos, amén de la antijuridicidad sustancial o material, la cual se refiere al daño social o la afectación o puesta en peligro en materia disciplinaria de los fines y funciones del Estado, que le corresponde cumplir a los servidores públicos. Dijo la instancia que no existió duda de que el comportamiento del implicado lo dejó incurso en responsabilidad disciplinaria por constituir una violación normativa en el ejercicio de sus funciones, de donde deviene su culpabilidad. Sobre la segunda parte del reproche, esto es, la referida a la celebración de contratos con personas que no se encontraban inscritas en el Registro Único de Proponentes ante la Cámara de Comercio (FI. 211), fueron aceptados los argumentos de defensa presentados por el disciplinado CORTES TORRES, pues ciertamente la Contraloría Departamental de Santander, a través de la Resolución No. 01365 de Agosto 16 de 1995, dispuso en su articulo Tercero numeral 8, que dicha inscripción sólo se exigirla en los casos de licitación pública, por lo cual los Alcaldes incluyendo el de autos en acatamiento a dicha Resolución quedan exentos de toda responsabilidad de conformidad con la causal tercera de justificación de la conducta contemplada por el articulo 23 de la Ley 200 de 1995, permitiéndose de contera aseverar, que dicha entidad como máximo órgano de control fiscal los orientó en tal sentido y por ello mismo también puede aseverarse que para el caso el

disciplinado no transgredió el deber objetivo de cuidado medio, pues su decisión tuvo un apoyo normativo local (relación de determinación), lo cual descartó en este aspecto toda trasgresión al principio de culpabilidad. Por lo anterior se procede a la absolución del investigado en cuanto a esta situación se refiere el auto de cargos formulado en su contra. DE LA APELACION (Folios 332 a 337) Dentro del término legal, expone el encartado que los argumentos de la instancia no corresponden jurídicamente a la realidad, advirtiendo error en la determinación de la sanción impuesta aquí objeto de alzada. Que del análisis de los contratos y atendiendo las diferentes vigencias en que éstos se celebraron, desconoció la instancia normas de carácter constitucional y principios claramente establecidos en normas orgánicas, como lo constituye el decreto 111 de 1.996 contentivo del estatuto orgánico de presupuesto. Es así como, no tuvo en cuenta que la Constitución Política en sus artículos 346 y 352 establece el principio de anualidad como característica esencial del presupuesto al señalar: "ART. 346. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al plan nacional de desarrollo, y lo presentará al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a la ley anterior o a uno propuesto por el gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al plan nacional de desarrollo. "

"ART. 352. Además de lo señalado en ésta Constitución, la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar". (resaltas fuera del texto) Que en el Decreto Ley 111 de 1.996, su articulo 10 es claro en advertir que él mismo constituye el estatuto orgánico de presupuesto general de la nación a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Nacional, en consecuencia todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a ]as prescripciones establecida en él. De la misma manera el artículo 14 ibídem señala como a continuación se transcribe un principio de vital importancia y el cual quiero resaltar v que aparece de manera expresa como principio del sistema presupuesta! v en el cual basaré mi defensa demostrando cómo el ente disciplinario lo desconoce de manera absoluta en la resolución objeto de apelación. “ART. 14. ANUALIDAD: El año fiscal comienza el 1º enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha v los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. " Que de las normas, constitucionales v presupuestales, ésta última con carácter de lev orgánica, se desprende entonces el desconocimiento de la interrelación que ha

de tenerse entre el procedimiento de contratación previsto en la Ley 80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios con la norma presupuestal en comento. Dice que llama la atención cómo la instancia en un esfuerzo de aparente legalidad se niega a aceptar que los presupuestos y partidas aprobadas en los mismos, a cuyos rubros se apropiaron los distintos contratos objeto de investigación en el proceso disciplinario que hoy nos ocupa, obedecen a contratos suscritos en vigencias totalmente diferentes como los son el año de 1.996 y 1.997 v, en consecuencia a partidas presupuestales afectadas en vigencias igualmente distintas. Considera absurdo, suponer que cada contrato conlleva la sumatoria de años anteriores, y, que la afectación se hizo a códigos similares sin tener en cuenta la naturaleza v época de cada contrato, pues si así fuere como se pretende hacer ver se desconocería el principio de anualidad antes trascrito. Indica que el a-quo no quiso atender las explicaciones dadas en el memorial de descargos, para que revisara el origen de las partidas, para que hubiera podido determinar v conocer la realidad procesal en el sentido que uno de los contratos de obra pertenece a un convenio previamente suscrito con el Fondo de Inversión Social FIS, que corresponde al número 4901 sumarse de manera errónea a las partidas que el Municipio había acordado invertir en el Instituto Integrado de Comercio, a pesar de haberse aclarado en el memorial de descargos y tener la obligación el Ministerio Público de probar y pronunciarse al respecto, no lo hizo, y cae en el error

de ratificar la formulación de cargos sobre una responsabilidad inexistente y que no está tipificada como violatoria de la Ley 80/93, esto sin tener en cuenta los argumentos antes esgrimidos y los contenidos al dar respuesta a los cargos y en este escrito. Que también la apreciación hecha sobre que los contratos se pagaron y afectaron por el mismo rubro presupuestal cae de su peso. Consecuentemente con lo anterior tampoco es de recibo el aceptar como se pretende, que los contratos por los cuales se me sanciona eran idénticos en su objeto para que pudiere configurarse lo que usualmente se ha conocido corno fraccionamiento contractual y así evitar los procesos de selección señalados en la ley de contratación. Si observamos el material probatorio encontramos que: El contrato celebrado con FABIO ARIZA CH. de fecha julio 10 de 1.996, su objeto fue suministro de arena; el celebrado en junio 11 de 1.996 con PEDRO CASTANEDA lo fue para suministro de triturado, el celebrado con CHACON HERNANDEZ de fecha julio 27 de 1.996 y su adicional de octubre 1996, lo fueron para ejecución de mano de obra. De igual manera y en la vigencia del ano 1.997 los contratos celebrados con HELBERTH DELGADO MARTINEZ (Febrero 12 de 1.997) y el suscrito con LIBARDO CHACON HERNÁNDEZ, de julio 28 lo fueron de mano de obra. Aduce el recurrente que olvida el ente disciplinario que la misma ley 80 de 1.993 expresa en su artículo 32 lo que constituye el contrato de obra definiéndolo expresamente en el numeral 1º como los que celebren las entidades estatales para

la construcción mantenimiento, instalación y en general para al realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles cualesquiera que sea su modalidad de ejecución y pago. De igual manera el suministro tiene como fin la entrega periódica de materiales o insumos como en el caso de los contratos investigados. Cuando el artículo 32 de la ley 80/93 define el contrato de obra con justa razón señala cualesquiera sea su modalidad de ejecución y es que la modalidad depende de diversas formas en que se pude contratar una obra como lo es, contratos de obra a precios unitarios, contratos de obra por administración delega , contratos para ejecución simple de obra sin materiales y otras modalidades aceptadas en nuestro ordenamiento jurídico, sin que necesariamente tenga que preverse la totalidad de materiales para su ejecución, que fue la característica que prevaleció en los contratos cuestionados. Dice el actor que sin lugar a dudas, los contratos obedecieron a objetos diferentes, desvirtuándose entonces una de las características para que se de el llamado fraccionamiento de contratos. Otra característica que desvirtúa tal suposición lo constituye el hecho de que los mismos se celebraron con personas diferentes, no encontrando entonces unidad en la persona del contratista. Y es que para que exista fraccionamiento de contrato ha de preverse que se logre demostrar que los contratos se celebraron durante un mismo lapso de tiempo, obedeciendo a objeto igual y con el mismo contratista, lo cual como queda demostrado no ocurrió. Aclarado como esta que los contratos obedecen a vigencias o anualidades diferentes, que sus objetos son indistintamente de suministro y obra, que en los mismos participaron previa selección personas diferentes, he de insistir en un

aspecto ya tratado pero que amerita claridad y es el que concierne a los contrato celebrados en la vigencia de 1.997, los cuales sumados indiscutiblemente superan la cuantía de $ 47’000.000= , límite de la contratación directa para la época, pero lo que no quiso establecer la Procuraduría Regional y hacer el análisis objetivo de la prueba aportada (certificado de disponibilidad presupuestal) que adjunté y convenio que solicité se requiriera como prueba al FIS) es que éste si bien tiene que adicionarse a el presupuesto su modalidad contractual esta previamente aprobada a través de un convenio Inter. administrativo conforme a la reglamentación de los fondos de Cofinanciación y que además era precedido de un proyecto, que determinada en forma exacta su objeto y destinación y las formas como debía hacerse la inversión, y la instancia erróneamente suma éste convenio con la partida afectada por el Municipio y sobre ésta premisa inconsistente e irreal se fundamenta la apreciación sobre el fraccionamiento contractual. Los convenios FIS o de cualquiera de los fondos de cofinanciación tiene vida propia, independientemente de los demás de carácter municipal desde luego ha de adicionarse al presupuesto cada vez que los dineros provenientes de la Nación lleguen al Municipio, pero la inversión está totalmente determinada al proyecto, a su aprobación ya la firma con el Gerente de cada Fondo, situación que de no reconocerse conlleva un equívoco sin precedentes. Que llamar la atención, la negativa a reconocer por parte de la Procuraduría Regional la prescripción de la acción disciplinaria y específicamente en relación con

los contratos celebrados en el año de 1.996, los cuales atendiendo los criterios antes desvirtuados pretenden sumarse con el ánimo de desvirtuar la certeza ocurrencia de su aplicación la cual vuelvo a reclamar, con la seguridad de que en la alzada se estudiará a fondo a misma y en consecuencia el pronunciamiento no podrá ser otro que el de su reconocimiento, lo cual llevará a la conclusión que no se violó en el año 97 los topes máximos de aplicación de los criterios de selección en la contratación del Municipio de Barbosa. Es la oportunidad igualmente para esbozar una nulidad flagrante en la presente investigación por violación al debido proceso y que se configura en el hecho de haberse realizado peritazgo, sin dárseme la oportunidad de su conocimiento y controversia, vulnerando de ésta manera el derecho de defensa implícito en el mencionado principio; peritazgo éste que sustenta la sanción como se expresa al folio 5 literal e) de la resolución que se apela. De igual manera llamo la atención sobre el contenido del peritazgo y que se resalta en su parte por la Procuraduría el cual hace pronunciamientos técnicos importantes y que no se analizan de manera objetiva, toda vez que aquel es claro en esgrimir la viabilidad técnica de la manera como se contrató ( construcción por módulos) y que el ente disciplinario se remite solo a resaltar un aspecto que precisamente al técnico no correspondía y es el relacionado con la existencia o no de fraccionamiento, el cual insisto no lo hubo. Siendo acorde con el pronunciamiento técnico, si se podía construir por módulos, entonces los contratos tal y como se realizaron, fueron celebrados acordes con el

mismo, esto es con objetos diferentes como lo fueron la construcción de laboratorios, del área administrativa, las zonas deportivas y de las baterías sanitarias. Que si de tuviera en cuenta los criterios que esboza la Procuraduría Regional valdría la pena señalar que entonces que a la fecha incluso tendrían que haberse seguido sumando vigencias anteriores y actuales y solo cabria la modalidad de licitación pública. Que a la luz de las jurisprudencias y conceptos de tratadistas, sobre el debido proceso se vulnera cuando no se da la oportunidad de controvertir las pruebas como ocurrió en mi caso, cuando no se hace un análisis objetivo de las pruebas aportadas, como los documentos públicos (CDP del FIS) adjuntos y el traslado del peritazgo, de igual manera se altera cuando no aparece clara la culpabilidad y la responsabilidad objetiva en la que se basa la providencia es incierta, violando con ello el debido proceso no solo por falta de defensa, sino por la falta de objetividad al aplicar la sanción, alterando entonces el ordenamiento legal de conformidad con lo previst