PGN - FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS - Su realización deshace la unidad del objeto contractual el

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C.,dieciocho (18) de noviembre de dos mil cuatro (2004). Aprobada en Acta de Sala No.56

Radicación No: 161-01792 (021-051255/01)

Disciplinados: JORGE PRIETO RIVEROS y Otros.

Cargo: Gobernador titular y encargados del Casanare.

Quejoso: De Oficio Fecha queja: 12 de abril de 2000

Fecha hechos: 28 y 29 de diciembre de

1999

Asunto: Fallo Segunda Instancia

P. D. Ponente: Dr. LEÓN DANILO AHUMADA RODRÍGUEZ Mediante recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por los disciplinados JORGE PRIETO RIVEROS, Gobernador titular, y LUIS EDUARDO CORRERA VALBUENA, Gobernador encargado, ambos del Casanare, revisa la Sala Disciplinaria la providencia del 23 de junio de 2004, mediante la cual la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal los declaró disciplinariamente responsables y los sancionó, al primero, con multa de sesenta (60) días del salario que devengaba en el año 1999, y al segundo, amonestación con anotación en la hoja de vida.

ANTECEDENTES PROCESALES El 14 de marzo de 2000, en la Procuraduría Departamental del Casanare con fundamento en el informe remitido por la Contraloría Departamental, se inició una indagación preliminar contra funcionarios de la Gobernación del Casanare, por la

presunta violación del principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, por haber celebrado una serie de contratos con el mismo objeto (fls. 5 C. O. 1). Posteriormente, el 16 de enero de 2001 se dispuso remitir el proceso, por competencia, a las Delegadas para la Contratación Estatal, por estar involucrados JORGE PRIETO RIVEROS y LUIS EDUARDO CORREA VALBUENA, Gobernadores titular y encargado del Departamento, respectivamente (fls. 22 C. O. 1). El 28 de noviembre de 2001 la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal decidió iniciar investigación disciplinaria contra JORGE PRIETO RIVEROS y LUIS EDUARDO CORREA VALBUENA, Gobernador titular y encargado del departamento de Casanare, respectivamente (fls. 360 a 366 C. O. 2), y el 24 de octubre de 2002 formuló cargos a JORGE PRIETO RIVEROS y LUIS EDUARDO 161-1792/04 CORREA VALBUENA (fls. 472 a 485 C. O. 3), auto que fue notificado personalmente a los disciplinados, quienes presentaron sus descargos El 23 de enero del 2003, la Procuraduría Delegada negó la práctica de las pruebas solicitadas en descargos por los disciplinados y ordenó tener como tales los documentos allegados por los disciplinados (fls.641 a 643 C. O. 3), decisión que fue apelada y confirmada por la Sala Disciplinaria mediante auto del 11 de abril de 2003

(fls. 671 a 679 C. O. 3). El 23 de junio de 2004, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dictó el fallo de primera instancia, mediante el cual declaró disciplinariamente responsables de las conductas endilgadas a los investigados JORGE PRIETO RIVEROS y LUIS EDUARDO CORREA VALBUENA, en sus calidades de Gobernador titular y encargado de Casanare, respectivamente, y los sancionó, al primero, con multa de sesenta (60) días de salario devengado a la época de los hechos, y al segundo, con amonestación escrita y orden de anotación en la hoja de vida (fls. 704 a 723 C. O. 3), quienes una vez les fue notificada la providencia, la recurrieron. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Como ya se dijo, el 23 de junio del 2004 la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dictó el fallo de primera instancia, mediante el cual declaró disciplinariamente responsables de los cargos endilgados y sancionó a los investigados JORGE PRIETO RIVEROS y LUIS EDUARDO CORREA VALBUENA, Gobernador titular y encargado de Casanare, respectivamente, con base en los siguientes argumentos:

1. Disciplinado JORGE PRIETO RIVEROS.

Respecto de éste, el a-quo consideró que los actos de voluntades suscritos y que fueron objeto de investigación, difieren de los términos de generación, interconexión, transmisión y distribución regulados en el artículo 24 de la Ley 143 de 1994, porque

estos llevan en su esencia la prestación del servicio público de energía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º ídem, y difieren porque los contratos que suscribió son actos de obras públicas y suministro regulados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Estimó el fallador de instancia que los contratos 394, 434 y 450 (ver: Anexos 2, 4 y 9) cuyo objeto era la construcción de las cimentaciones de las torres metálicas de la línea eléctrica Chivor–Aguaclara debieron ser asignados a un mismo contratista, así como los contratos 403, 435, 449 y 436 para el transporte, tendido y tensionado de los cables de la misma línea (ver: Anexos 3, 5, 6 y 8), teniendo en cuenta que los contratistas reunían las condiciones necesarias para que cada uno, en su especialidad, ejecutara los objetos de los contratos, contratistas que debían escogerse mediante el proceso de licitación pública. 2 161-1792/04 Afirma el a-quo que no era posible dejar en cabeza de varios contratistas los diferentes contratos con el mismo objeto, ya que mediante el fraccionamiento de los contratos se elude el proceso licitatorio previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, violando el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 ídem y el deber de selección objetiva contemplado en su artículo 29 ibídem, no pudiendo quedar al capricho del ordenador del gasto el acogerse o no a los procedimientos previstos en la ley, lo que lo llevó a emplear el proceso de la contratación directa contemplado en el Decreto 855 de 1994.

Tampoco se aceptó el argumento esgrimido por el disciplinado consistente en que los recursos provenientes de las regalías son girados después de dos (2) meses de su causación, por cuanto en la actividad administrativa deben tenerse en cuenta los principios de la planeación y organización que permitan una administración eficiente y eficaz y, por tanto, conociendo la fecha en las que se realizan los giros de los dineros correspondientes, era su obligación planear las contrataciones por las que se le investigan. El fallador de instancia calificó la conducta de JORGE PRIETO RIVEROS como grave cometida y cometida a título de culpa, por haber violado el principio de transparencia y deber de selección objetiva del contratista.

2. Disciplinado LUIS EDUARDO CORREA VALBUENA.

Acera de éste, el fallador consideró que suscribió varios grupos de contratos que tenían el mismo objeto contractual, sin manifestar extrañeza al observar que por su monto no podían ser divididos, aunque sin participar en el proceso precontractual. Quedó demostrado que mediante los contratos Nos. 509, 510, 511, 512 y 513 adquirió aproximadamente 119.900 metros de cable conductor, que por tratarse de la misma especie podían haber sido adquiridos de un mismo proveedor y con un solo contrato, y si se tiene en cuenta que su valor era de $601’606.095 y el destino era el mismo, los contratos no podían ser divididos; igual circunstancia ocurrió con los contratos 498, 499, 507, 508, 515 y 516 cuyo objeto contractual era la compra de torres autosoportadas en acero galvanizado, cuyo valor ascendió a la suma de

$739`407.214, que también pudieron ser suministradas por un mismo contratista. Consideró el a-quo que al investigado le asistía conocimiento sobre la actividad administrativa, en razón a que desempeñaba un alto cargo en la administración departamental y había sido encargado de la Gobernación en varias oportunidades, por consiguiente podía advertir si era viable jurídicamente suscribir el mismo día seis (6) contratos cuyo objeto era la compra de cable para el mismo destino y cinco (5) contratos para la compra de las torres. El aceptar el encargo como Gobernador le obligaba a ser cuidadoso y diligente en razón a que el ejercicio de la actividad pública le impone el respeto a las leyes, sin que se advierta en el expediente el menor interés en indagar, antes de suscribir los contratos, si el Gobernador titular o sus asesores habían actuado conforme a derecho en su adjudicación, sino que lo hizo confiando plenamente en lo realizado por ellos, actitud que es censurable por cuanto tenía experiencia en la actividad administrativa. 3 161-1792/04 El a-quo consideró que el disciplinado LUIS EDUARDO CORREA VALBUENA faltó al deber de cumplir y hacer cumplir las leyes consagrado en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, al desconocer lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. RECURSO DE APELACIÓN Una vez notificado el fallo sancionatorio, JORGE PRIETO RIVEROS y LUIS EDUARDO CORREA VALBUENA interpusieron el recurso de apelación (fls. 735 a 738 y 802 a 805 C. O. 3), en los que expusieron las siguientes razones:

1. JORGE PRIETO RIVEROS.

En el memorial sustentando el recurso de apelación solicita se le exonere de toda responsabilidad y se archive el expediente. Afirma que su intención fue construir una línea eléctrica desde Chivor hasta Aguaclara, mejorar las redes de distribución existentes y construir las que faltaban con el ánimo de optimizar y llevar energía eléctrica a varios municipios y áreas rurales del sur del Departamento, para permitir su desarrollo agroindustrial, energía que sería comercializada mediante un convenio con la Empresa de Energía de Boyacá. La interconexión eléctrica, la construcción de las torres y la cimentación de las mismas son actividades propias del sector eléctrico, de acuerdo con lo establecido en la Ley 143 de 1994, convicción a la que llegó después analizar con sus asesores, la Oficina Jurídica y la Secretaría de Obras el trámite de la contratación de las mencionadas obras, así como los conceptos de los juristas Norberto Parra García y Carlos Alberto Atehortúa Ríos. Solicita que si esas obras no podían calificarse como actividades propias del sector eléctrico, al menos se le excluya de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 numerales 2 y 6 de la ley 734 de 2002, porque es función del Gobernador resolver los problemas de la comunidad, llevar el bienestar a las gentes y porque actuó con la convicción invencible de que la conducta no constituía falta disciplinaria. Afirma que la contratación se realizó de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional, el régimen interno de contratación y el Banco de Proyectos.

2. LUIS EDUARDO CORREA VALBUENA.

Solicita se revoque el fallo de primera instancia y ordene el archivo de la investigación por no estar demostrada suficientemente la falta cometida, con base en las siguientes argumentaciones: 4 161-1792/04 El Código disciplinario de 95 adoptó una estructura dogmática–culpabilística en el que el elemento culpabilidad constituye principio esencial para imponer las sanciones y que se origina en la presencia de elementos como el conocimiento y la motivación, que para el presente caso, ese conocimiento y esa voluntad deben relacionarse con los hechos para determinar y demostrar si tenía o no previsto el daño causado y si este se demuestra, debe también demostrarse la voluntad de ocasionarlo. Afirma que en el expediente no existen pruebas que puedan demostrar o siquiera deducir que hubiera previsto algún daño contra la entidad y, por el contrario, se encuentra claramente demostrado, según la Fiscalía, que el Departamento obtuvo beneficios económicos con la contratación realizada. Manifiesta que la Constitución Nacional en su artículo 83, consagró el principio de la buena fe y en el caso de la contratación investigada era lógico y previsible confiar en el trabajo realizado por los expertos, puesto que el procedimiento había sido revisado por la Oficina Jurídica del Departamento y, con mayor razón, en consideración a los mínimos conocimientos jurídicos poseídos que le impedían controvertir los conceptos emitidos, bien por los funcionarios de la citada oficina o bien por asesores externos. Sostiene que no existe prueba en el proceso que indique que con su actuación se menoscabó el interés patrimonial público, por el contrario el Departamento fue el gran beneficiado y, por ende, los habitantes de una extensa región que empezaron a

gozar del servicio público de energía. Considera que los hechos de los funcionarios públicos deben analizarse por sus consecuencias y no exegéticamente como lo hace el investigador y por lo tanto, las investigaciones deben dirigirse a quienes le causan daño al Estado y no castigar a quienes han actuado con honestidad y guiados por la función social que debe cumplir el Estado. Concluye que en el proceso no se encuentran demostrados los elementos de la culpa y por consiguiente la sanción impuesta no se ajusta al régimen sancionatorio. CONSIDERACIONES DE LA SALA De acuerdo con la naturaleza del asunto, la calidad y jerarquía de los funcionarios investigados, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal falló en primera instancia el presente proceso disciplinario y, en consecuencia, corresponde a la Sala Disciplinaria revisar, por vía de apelación, los recursos interpuestos contra la providencia del 23 de junio 2.004, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000.

1. ANÁLISIS DE LOS CARGOS.

A los disciplinados se les formularon los siguientes cargos: “JORGE PRIETO RIVEROS, identificado con la cédula de ciudadanía 9.650.034 de Yopal, usted en calidad de Gobernador del Departamento del Casanare, tal como obra a folios 172 y siguientes del cuaderno principal 2, el día 28 de diciembre de 1999, suscribió los contratos directos 394/99, - 450/99, - 435/99, - 449/99 y 436/99, 5 161-1792/04 los que sumaron un total de $952’209.846.oo, superando la menor cuantía señalada

para el Departamento, la cual en el año de 1999, era de $141’876.000.oo –folio 254 cuaderno 2, omitió el proceso licitatorio establecido en la Ley 80 de 1993, toda vez que el objeto de estos contratos tenía como único fin la construcción de la línea eléctrica KV 115 de Chivor a Aguaclara en ese departamento, es decir, violando el principio de transparencia que contempla la regla de la selección objetiva del contratista, fraccionó su objeto para convertir en una feria de contratos entregando tres (3) a la Constructora G.C Ltda., los cuales se identifican con los números 450 – 403 y 449, dos (2) a la firma Frechind D y B Ltda., uno (1) a Arana Constructores y uno (1) a Abdenago Barajas Sanabria (anexos 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9). Con su actuación quebrantó, el principio de responsabilidad, el deber de selección objetiva y los fines que rigen la contratación estatal, por cuanto era su deber como mandatario departamental y ordenador del gasto, previo a celebrar estos contratos seguir el procedimiento de selección por licitación pública, puesto que su división favoreció a varios contratistas, deshaciendo la unidad de materia del objeto contractual para eludir los requisitos que el proceso de selección impone a las entidades públicas, es así como los contratos 394, 434 y 450 del 28 de diciembre de 1999, tienen objeto idéntico el cual consistió en la construcción de la cimentación de las torres auto soportadas, sin que exista justificación para la división de estos

contratos, pues la sumatoria de estos le imponía al mandatario departamental, celebrar uno sólo previo el proceso de selección por licitación pública. Igual ocurre con los contratos 403 y 436 del 28 de diciembre de 1999, cuyo objeto es el transporte tendido y tensionado de cable. Como los contratos 435 y 449/99, para la clasificación, transporte y armada de las torres. La conducta irregular que se imputa al disciplinado, tiene sustento probatorio en los contratos 394/99, - 434/99, - 403799, - 435/99, - 449/99, y 436/99, de diciembre 28 de 1999, suscrito por el Gobernador Departamental del Casanare y se pueden apreciar en los anexos 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 del expediente”. “LUIS EDUARDO CORREA VALBUENA, identificado con la cédula de ciudadanía 6.756.818, usted en calidad de Gobernador del (sic) Encargado Departamento de Casanare, tal como obra a folios 172 y siguientes del cuaderno principal 2, el día 29 de diciembre de 1999. Mediante la modalidad de contratación directa, suscribió los contratos 498,- 499, - 507, - 508, - 515, - 516,- para la compra de torres autosoportadas en acero galvanizado para la construcción de línea de transmisión eléctrica Chivor a Aguaclara, contratos que alcanzaron la suma de $739’407.214, superando la menor cuantía señalada para el Departamento en el año 1999, por $141’876.000.oo, igualmente en la misma fecha suscribió los contratos 509, - 510, -

511, - 512 y 513 para la compra de cable conductor, omitiendo el proceso licitatorio establecido en la Ley 80 de 1993, toda vez que el objeto de estos contratos tenía como único fin la construcción de la línea eléctrica KV 115 Chivor a Aguaclara en ese Departamento, es decir, violó el principio de transparencia que contempla la regla de la selección objetiva del contratista, fraccionó su objeto para continuar con la feria de contratos que había iniciado el Gobernador Jorge Prieto Riveros. Con su actuación quebrantó, el principio de responsabilidad, el deber de selección objetiva y los fines que rigen la contratación estatal, por cuanto era su deber como mandatario departamental encargado y ordenador del gasto, previo a celebrar estos contratos seguir el procedimiento de selección por licitación pública, puesto que su 6 161-1792/04 división favoreció a varios contratistas al romper la unidad de materia del objeto contractual para eludir los requisitos que el proceso de selección impone a las entidades públicas, es así como los contratos 498,- 499, -507, - 508, - 515, - 516 de diciembre de 1999, tienen el mismo objeto el cual consistió en la compra de torres autosoportadas en acero galvanizado en caliente, los cuales si bien es cierto se adquirieron de diferentes tipos, son del mismo género y por tanto cualquiera de los contratistas aquí beneficiados se encontraba en condiciones de distribuirlas, en consecuencia no existe justificación para la división de estos contratos, pues la sumatoria de estos imponía al mandatario departamental, celebrar uno solo previo el proceso de selección por licitación pública. Igual ocurre con los contratos 509, - 510, - 512, y 513, del 29 de diciembre de 199

(sic), cuyo objeto es el suministro de cable conductor de la línea eléctrica de Chivor a Aguaclara. La conducta irregular que se imputa al disciplinado, tiene sustento probatorio en los contratos 498, - 499, - 507, - 508, - 515, - 516, y 509, - 510, - 511, - 512 y 513, de diciembre 29 de 1999, suscrito por el Gobernador en cargado del Departamental (sic) del Casanare Luis Eduardo Correa y se pueden apreciar en los anexos 10 a 22 del expediente”. Para iniciar el análisis de todos los cargos, se debe hacer una serie de precisiones en cuanto a los diferentes aspectos contemplados en ellos. En principio, debemos establecer las normas que sobre la materia existen en Colombia y si los Gobernadores, al suscribir los contratos por los cuales se les investiga, podían o no acogerse a la Ley 143 de 1994. La Constitución Política faculta al legislador para establecer un régimen jurídico especial para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, los cuales deben prestarse en condiciones de calidad y eficiencia, directa o indirectamente por el Estado, comunidades organizadas o por particulares. En el caso que no ocupa debemos analizar la normas contenidas Ley 143 de 1994, en la que soportan los disciplinados las explicaciones de sus actuaciones, que regulan el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional y, en los aspectos no contemplados en ella, se debe acudir a lo ordenado en la Ley 142 de 1994, “Por la

cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos”. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 143 de 1994, las actividades allí reguladas están destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente y, por esta razón, son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública la prestación del servicio de energía en cualquiera de sus modalidades. La norma legal regula aspectos como la planeación de la expansión del sistema interconectado nacional (Capítulo III), regulación del sector eléctrico (Capítulo IV), generación de electricidad (Capítulo V), interconexión (Capítulo VI), operación del sistema interconectado nacional (Capítulo VII), tarifas de acceso y uso de las redes (Capítulo VIII), régimen económico y tarifas para las ventas de electricidad (Capítulo IX), conservación del medio ambiente (Capítulo X), contrato de concesión (Capítulo XI), ahorro, conservación y uso eficiente de la energía (Capítulo XII) y disposiciones finales (Capítulo XIII). 7 161-1792/04 Ahora bien, en cuanto a los establecimientos o entidades que pueden participar en el proceso total de la energía eléctrica, la citada ley establece en su artículo 7º, que podrán hacerlo los diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos, que gozarán de libertad para desarrollar sus funciones en un contexto de libre competencia, de conformidad con los artículos 333, 334 y el inciso penúltimo del artículo 336 de la Constitución Nacional, y en el artículo 8º establece que las empresas públicas que presten el servicio de electricidad deben tener autonomía

administrativa, patrimonial y presupuestaria, pero la ley no determina con claridad cuales son las entidades, empresas u organizaciones que pueden prestar el servicio domiciliario de energía, situación que obliga a acudir a la normatividad contenida en la Ley 142 de 1994, mediante la cual se estableció el régimen de los servicios públicos en nuestro país. Es así como ésta estableció, en su artículo 1º, que sus normas se aplican a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de los servicios públicos establecidas en el artículo 15 de la ley y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del Título I y a los otros servicios previstos en las normas especiales de la misma ley. El artículo 15 ibídem prescribe, de manera taxativa, las personas que pueden prestar los servicios públicos en general, considerando que sólo lo podrán prestar las empresas de servicios públicos; las personas naturales o jurídicas que produzcan ellas mismas o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; los municipios cuando asuman en forma directa la prestación de los servicios siempre y cuando lo hagan a través de la administración central; las organizaciones que la ley autorice para prestar los servicios públicos en los municipios menores, en áreas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas y las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de la expedición de la ley hubieren estado prestando cualquiera de los servicios públicos y siempre y cuando

se ajusten a lo establecido en el artículo 17 ibídem sobre la naturaleza de las empresas públicas que debe ser sociedades por acciones o empresas industriales y comerciales del Estado. Como puede deducirse de lo antes expuesto, la Gobernación del Casanare no es una entidad que está comprendida dentro de aquellas que puedan participar en la prestación del servicio público de energía en los términos establecidos en la Ley 143 de 1994, por cuanto no cumple con ninguna de las condiciones allí establecidas, y por lo tanto, no podía prestar de manera directa el servicio público de energía, ni tampoco, tenía participación en una sociedad por acciones, ni podía ser considerada como una empresa industrial o comercial del Departamento y, como consecuencia de ello, los disciplinados no pueden aducir que sus actuaciones en las contrataciones investigadas se debían regir por lo establecido en la Ley 143 de 1994 y no por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. No tiene razón el disciplinado PRIETO RIVEROS en cuanto a sus exculpaciones, por cuanto la Ley 143 de 1994 sólo establece que “Los actos y los contratos, salvo los que se refieren a contratos de empréstito, celebrados por las sociedades por acciones en las cuales las entidades oficiales tengan participación en su capital 8 161-1792/04 social, sin atención a la cuantía que dicha participación represente, se regirán por las normas del derecho privado”, pero como se deduce de la lectura del artículo citado, a este artículo deben someterse las sociedades por acciones en las cuales el Estado tenga participación en su capital social, que no es el caso de la Gobernación del Casanare, por cuanto en el proceso no existe prueba alguna que demuestre que su

participación en una sociedad por acciones y que sea el representante legal de dicha sociedad quien hubiera suscrito los contratos que originaron la presente investigación, sino que por el contrario, lo que está claramente demostrado es que los contratos fueron suscritos por quienes en su momento se desempeñaban como Gobernadores del Departamento, Ahora bien, como las contrataciones en el sector energético no están plenamente reguladas en la Ley 143 de 1994, es necesario acudir al Régimen de los Servicios Públicos establecido en la Ley 142 de 1994, en la que de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 31, “Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios públicos, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la presente ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa” El artículo 32 ídem establece que la constitución y todos los actos de las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para su administración se someterán a las reglas del derecho privado, y en el artículo 39 se establecen taxativamente los contratos de gestión de servicios públicos que se regirán por el derecho privado, pero como en el presente proceso no existe prueba que la Gobernación del Casanare estuviera considerada como una entidad que pudiera prestar el servicio público de energía, por no reunir los requisitos esenciales estipulados en la Ley 143 de 1994, todos los contratos relacionados con el tema que fueron suscritos por el Gobernador, deberían estar sometidos a lo dispuesto en el Estatuto Contractual, Ley 80 de 1993.

Así las cosas, en los cargos formulados a los dos disciplinados se les endilga el haber realizado fraccionamientos o división material de contratos con el fin de eludir el proceso licitatorio consagrado en la norma citada. Sobre el tema, la jurisprudencia y la doctrina colombianas han expresado que la gestión contractual debe desarrollarse con sujeción a los principios de transparencia, economía y responsabilidad; que en desarrollo del principio de economía se ha establecido, como regla general, que la selección de los contratistas debe realizarse a través de la licitación o concurso público, y que sólo en casos excepcionales, taxativamente establecidos en el artículo 24 del Estatuto Contractual, se podrá contratar de manera directa. Si bien es cierto que en la Ley 80 de 1993 no aparece expresamente prohibido el fraccionamiento o la división material de contratos, obedece a su estructura, ya que con ella el Gobierno y el Legislador pretendieron acabar con una exagerada reglamentación, por ello se establecieron pautas, reglas y principios de los cuales se deduce la prohibición del fraccionamiento de contratos, así la administración al cumplir las previsiones legales, evitaría el mencionado fraccionamiento y la concentración en uno o pocos contratistas. La ley establece como regla general, que es el proceso licitatorio el procedimiento establecido para escoger a los contratistas, sin que los administradores puedan interpretar artificiosamente las causales de la contratación directa, que son taxativas, 9 161-1792/04 y tampoco emplear figuras destinadas a violar el principio general enunciado. Esto significa, desde el punto de vista negativo, la prohibición de eludir los procesos de

selección. Ahora bien, las entidades estatales no pueden realizar el fraccionamiento o la división artificial de contratos con valores inferiores a aquellos establecidos en las normas que obligan a acudir a la licitación pública, porque la entidad al efectuar los estudios previos, debe establecer con claridad el valor aproximado del contrato y si este es superior a ese límite establecido en la ley, se hace obligatorio cumplir con el proceso licitatorio, examinando, además, para determinar si hubo abuso o no de la figura, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos. Es así como se ha demostrado que el doctor JORGE PRIETO RIVEROS, en su condición de Gobernador del Departamento del Casanare, el 28 de diciembre de 1999 suscribió tres (3) contratos por un valor total de $414’397.816, cuyo objeto era la construcción de las cimentaciones de las torres autosoportadas para la construcción de la línea eléctrica de 115 KV de Chivor–Aguaclara, así: No. 394, por valor de $140’397.665, con ARANA CONSTRUCTORES”, para las torres 3 a la 15; el No. 450, valor $135’131.817, con CONSTRUCTORA G. C. LTDA.”, para las torres 16 a la 33, y No. 434, valor $138’868.344, con “FRENCHIND D y B LTDA.”, para las torres 34 a la 72. Suscribió, además, dos (2) contratos por valor de $258’335.468 para el transporte, tendido y tensionado de cables de la línea eléctrica de 115 KV de Chivor–Aguaclara,

así: No.403, valor $129’496.572, con “CONSTRUCTORA G. C. LTDA.”, para las torres 3 a 24 y el No. 436, valor $128’838.896, con “FERCHIND D y B LTDA.”, para las torres 24 a 72 Así mismo, firmó dos (2) contratos por un valor de $279’486.562, para la clasificación, transporte y armada de las torres para la línea eléctrica de 155 KV de Chivor–Aguaclar