PGN - FUNCION DE INTERVENCION - Autonomía jurídica y democrática de las cooperativas

Expediente No 26.951 (1998-01734) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio por omisión y retardo en el cumplimiento de funciones RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por omisión en función y vigilancia de la actividad financiera La misma sentencia precisó que la responsabilidad del Estado por la omisión en sus funciones de control, inspección y vigilancia se aplica el régimen subjetivo de falla probada; que si bien la Sala se venía declarando inhibida para fallar cuando el proceso liquidatorio no había concluido al momento de presentación de la demanda, porque no se conocía si los ahorradores habían sufrido daño por el no pago de las acreencias, con esa sentencia variaba dicha posición, porque “a pesar de que la entidad financiera esté intervenida y su liquidación aún no haya terminado, los usuarios – ahorradores o depositantes –, e incluso la misma entidad objeto de dicho procedimiento, pueden sufrir daños ciertos que generan perjuicios materiales e inmateriales COPIAS SIMPLES-Deben ser valoradas/COPIAS SIMPLES-Jurisprudencia del Consejo de Estado Si bien esta Delegada venía conceptuando aplicando con rigor la previsión contenida en el artículo 254 del C.P.C. sobre la autenticidad de las copias, considerando la evolución de la jurisprudencia a la luz de principios constitucionales, modifica su tesis para considerar viable que las copias sean valoradas Algunos soportes documentales fueron aportados en copia simple por la parte actora, los cuales serán estimados como prueba, pues fueron allegados junto con la demanda y obraron como prueba a lo largo del proceso, y la entidad demandada no cuestionó su

veracidad ni autenticidad. HECHO GENERADOR-Disminución del patrimonio A juicio del Ministerio Publico el hecho generador de la disminución del patrimonio del señor demandante por el no pago de los cheques por iliquidez de dicha Cooperativa, no devino de la omisión en el ejercicio de las funciones de la entidad demandada. FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN-Autonomía jurídica y democrática de las cooperativas

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente No 26951 (1998-01734) No sobra advertir que si bien DANCOOP debía cumplir con la función de ejercer vigilancia sobre DANSOCIAL, ello de manera alguna lo convierte en cogestor de ella, como de manera equivocada lo afirma el recurrente, pues tal consideración resulta contraria a lo dispuesto por el mismo legislador, ya que el artículo 151 de la ley 79 de 1988, precisó que las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las cooperativas.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente No 26951 (1998-01734)

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 228 / 2012

Bogotá, D.C., 21 de agosto de 2012

Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso No 26.951 (76001233100019980173401) Acción de reparación directa

Actor: OSWALDO DIAZ CIFUENTES

Demandado: Departamento Administrativo Nacional De Cooperativas El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- OSWALDO DIAZ CIFUENTES, en ejercicio de la acción de reparación directa, demandó1 a la Nación – Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria (antes Departamento Nacional de Cooperativas) para que se le declare responsable de los perjuicios causados como consecuencia de la falla del servicio en que incurrió, por su omisión y retardo en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control con respecto a la Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Nacional – COODESNAL, lo que permitió que ésta entrara en cesación de pagos por iliquidez y no pudiera cancelar al actor el capital más los intereses debidos por los cheques Nos 256735 y 256734 del Banco de Occidente.

Como soporte fáctico se adujo que el señor Oswaldo Díaz Cifuentes ahorró 1 23 de noviembre de 1998 (fl 94 c. ppal)

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4 Expediente No 26951 (1998-01734) algunas sumas de dinero para sufragar los gastos de la campaña para concejal del Municipio de Palmira. Que, mientras empezaba la campaña, invirtió $10.000.000 en un CDT de la Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Nacional “COODESNAL”. Que por su parte el señor Humberto Calero Echeverry, también en dicha Cooperativa depositó en un CDT la suma de $13.783.075. Que las anteriores sumas de dineros fueron solicitadas por los ahorradores y la Cooperativa les entregó los cheques Nos 256735 y 256734 del Banco de Occidente. Que el señor Oswaldo Díaz le cambio el cheque al señor Humberto Calero y cuando se fueron hacer efectivos dichos cheques, fueron devueltos por cuenta embargada. El señor Díaz inicio proceso ejecutivo contra COODESNAL el cual terminó con sentencia favorable, pero para esa época ya se había intervenido para su disolución, por ende se envió el proceso al liquidador. Que por Resolución No 1550 de 17 de septiembre de 1997, DANCOOP ordenó la toma y liquidación de la Cooperativa COODESNAL, por los malos manejos en su administración. 1.2 Contestación de la demanda: El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP (hoy DANSOCIAL) (fls 202 a 208 c. ppal) alega que no es responsable de los hechos que derivaron en los perjuicios reclamados, pues ejerció sus funciones de control y vigilancia conforme a los ordenado en la ley, y que fueron los malos manejos de las directivas de COODESNAL los que originaron la crisis económica y administrativa de dicha cooperativa.

Que no es cierto que el señor Díaz Cifuentes haya perdido su dinero, ya que la liquidación de COODESNAL se encontraba en proceso y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Régimen Financiero, el hoy demandante debe constituirse en acreedor de la masa de liquidación a fin de solicitar el pago de sus acreencias. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, negó las pretensiones de la demanda. 2 En sentencia de 3 abril de 2003 (fls 238 a 245 c. 3)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente No 26951 (1998-01734) Para el a-quo, DANSOCIAL es una entidad de carácter técnico y dentro de sus funciones de vigilancia y control no se encuentra la de coadministrar o intervenir de manera directa en el giro ordinario de los negocios que desarrollaba Coodesnal Que para que el hoy demandante pudiera recibir el pago del capital ahorrado, debían hacerse parte del proceso liquidatorio, pues esta es la vía valida para hacer valer sus derechos. 1.4 Apelación.- La parte demandante (fls 247 a 248 c.3) alega que dentro de las funciones de DANSOCIAL se encuentra la de vigilar el buen funcionamiento de la entidad o cooperativa con el fin de evitar que los ahorradores sean timados o que su patrimonio se vea perjudicado, por ende le correspondía revisar, aprobar o improbar cuentas, balances y demás informes financieros, y en esa

medida debe asumir su condición de cogestora de la administración. Que Dansocial es una entidad instituida para vigilar entidades que captan dineros del público en forma de cooperativas y en virtud de ello debe responder de los descalabros de éstas por malos manejos de sus dirigentes y de los perjuicios ocasionados a los ahorradores. 1.5 CONCILIACION.- Por auto de 16 de abril de 2012 el Consejero ponente dispuso citar a las partes para el 30 de agosto de 2012 a las 3:15 p.m., a fin de llevar a cabo audiencia de conciliación. Lo anterior de conformidad con la facultad oficiosa otorgada mediante el artículo 43 de la Ley 640 de 20013 II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema jurídico La parte actora pretende por la vía de reparación directa obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa imputable a la Nación – Departamento Nacional de Cooperativas – DANCOOP (hoy Departamento Administrativo Nacional de la 3 Folio 275 c. 2

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente No 26951 (1998-01734) Economía Solidaria – DANSOCIAL) a título de falla del servicio por la falta de vigilancia y control que ha debido ejercer sobre la Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Nacional – COODESNAL. Para resolver sobre el asunto, corresponde absolver en su orden los siguientes temas jurídicos (i) La responsabilidad del Estado por omisión en función de

control y vigilancia de la actividad financiera (ii) Si la entidad demandada incumplió o no con las funciones de control y vigilancia, en caso afirmativo (iii) Establecer si las pretensiones de tipo pecuniario deben ser o no atendidas. (i) La responsabilidad del Estado por omisión en función de control y vigilancia de la actividad financiera. El Consejo de Estado4 frente al tema en cuestión indicó: “La intervención del Estado en la actividad financiera tiene por objeto garantizar su transparencia y proteger a los ahorradores para que, en los eventos de crisis financieras, éstos puedan obtener sus recursos, actuaciones con las que se pretende generar confianza en el sistema financiero.” La misma sentencia precisó que la responsabilidad del Estado por la omisión en sus funciones de control, inspección y vigilancia se aplica el régimen subjetivo de falla probada; que si bien la Sala se venía declarando inhibida para fallar cuando el proceso liquidatorio no había concluido al momento de presentación de la demanda, porque no se conocía si los ahorradores habían sufrido daño por el no pago de las acreencias, con esa sentencia variaba dicha posición, porque “a pesar de que la entidad financiera esté intervenida y su liquidación aún no haya terminado, los usuarios – ahorradores o depositantes –, e incluso la misma entidad objeto de dicho procedimiento, pueden sufrir daños ciertos que generan perjuicios materiales e inmateriales”. Analizó el marco normativo de las funciones de regulación de la actividad financiera5, y afirmó, en punto a la responsabilidad: 4 Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009. EXP 27.920

5 Ley 45 de 1923; Ley 24 de 1981; Ley 79 del 23 de diciembre de 1988; Decreto 1111 del 26 de mayo de 1989; Decreto 1134 del 30 de mayo de 1989; Ley 46 de 1990; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 (art. 335); Ley 35 de 1993; Decreto Ley 663 de 1993 (EOSF); Decreto 1688 del 27 de junio de 1997; Decreto 1840 del 21 de julio de 1997; Decreto 2188 del 3 de diciembre de 1997; Decreto 619 del 29 de marzo de 1998; Decreto 2330 del 16 de noviembre de

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente No 26951 (1998-01734) “En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habría evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño. 5.1. La conducta omisiva: Falla del servicio (…) Del panorama normativo y de los hechos probados, la Sala encuentra acreditado

que el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas “DANCOOP” fue creado para aplicar la legislación cooperativa y su principal función consistió en ejercer el control y vigilancia sobre las entidades cooperativas, entre ellas, las especializadas y multiactivas con sección de ahorro y crédito, sin que tal supervisión implicara la facultad de cogestión o intervención en la autonomía de dichas cooperativas. Para el cumplimiento de esa función, la ley atribuyó al Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas “DANCOOP” las mismas facultades del Superintendente Bancario respecto de las entidades sometidas a su control (art. 16 Dcto. 1134/89). (…) Como se advierte de la anterior disposición [Art. 113 Decreto 683 de 1993], DANCOOP estaba facultado para aplicar los mecanismos de prevención que se ajustaran al caso, en aquellos eventos en que se afectara la confianza en el sector financiero (…) (…) La Sala advierte que los malos manejos administrativos de CREDISOCIAL no son imputables a DANCOOP – máxime cuando éste no es el objeto de este proceso -, pues efectivamente no puede adoptar medidas que impliquen la coadministración de las entidades supervisadas por expresa disposición legal. Lo que sí se encuentra acreditado es la omisión de DANCOOP en adoptar alguna medida tendiente a evitar la toma de posesión para liquidar la entidad supervisada, cuando la ley lo facultó claramente para hacerlo en los casos en que la confianza del sistema financiero se viera afectada, circunstancia que se presentó desde mediados del año 1997, cuando los niveles de patrimonio técnico de CREDISOCIAL decayeron hasta el punto de quiebra, no solo por las altas pérdidas sino también por la cesación de pagos, causales legales que dan lugar a la toma de posesión. (…) Por el contrario, se demostró que transcurrieron casi 12 meses desde que DANCOOP advirtió el desajuste del fondo de liquidez y no adoptó ninguna medida para solucionar el problema económico, no se apoyó en la Superintendencia Bancaria ni sugirió soluciones a la cooperativa, sino que se limitó a denunciar penalmente a los directivos de CREDISOCIAL por los malos manejos, actuación que no evitaría el desplome económico y financiero de la entidad “supervisada”. 1998; Ley 454 del 4 de agosto de 1998; Decreto 2206 del 29 de octubre de 1998; Decreto 727 del 29 de abril de 1999; Decreto 813 del 7 de mayo de 1999 y Decreto 1001 del 28 de julio de 1999CdeE//FMSG/RYPHC

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente No 26951 (1998-01734) Con esa conducta omisiva, DANCOOP desconoció que su finalidad primordial era la de establecer reglas de conducta para sus supervisadas, velar por el estricto cumplimiento jurídico de las normas que regulaban el desarrollo y ejercicio de las actividades que desarrollaba la cooperativa y, especialmente, proteger el equilibrio

del sector cooperativo y a los usuarios del servicio prestado. El ente controlador también olvido su función preventiva, que pudo desarrollar adoptando medidas oportunas y eficaces en su momento, pero no lo hizo, conducta que a juicio de la Sala constituye una falla probada del servicio.” (Resalto y subrayo) (ii) Caso concreto: Hechos probados. Si bien esta Delegada venía conceptuando aplicando con rigor la previsión contenida en el artículo 254 del C.P.C. sobre la autenticidad de las copias, considerando la evolución de la jurisprudencia a la luz de principios constitucionales, modifica su tesis para considerar viable que las copias sean valoradas, acogiendo reciente posición jurisprudencial del Consejo de Estado6: “2.1. La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF – concretamente en sus archivos–, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes. Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple

por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción. “En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la 6SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. 9 de mayo de 2011. Radicación número: 05001-23-31-000-200101546-02(36912)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente No 26951 (1998-01734) buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. “En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que

integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo. “Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. “El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que entra a regir el 2 de julio de 2012– en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso.”7 “ (resalto y subrayo) Algunos soportes documentales fueron aportados en copia simple por la parte actora, los cuales serán estimados como prueba, pues fueron allegados junto con la demanda y obraron como prueba a lo largo del proceso, y la entidad demandada no cuestionó su veracidad ni autenticidad. Las pruebas que obran en el proceso acreditan los siguientes hechos:

1. El 6 de julio de 1997, el Director Regional Dancoop del Valle practicó visita a la

Cooperativa “COODESNAL” y detectó irregularidades (fls 113 a 133 c. ppal): “a) Atraso contable de más de tres meses (…) 7 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 20171, M.P. Enrique Gil Botero.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente No 26951 (1998-01734) b) Inconsistencias contables que llevan a arrojar un saldo crédito en la cuenta caja a marzo 30 de 1997, por valor de $825.927.769.99 aduciendo la contadora en escrito 10 de julio de 1997 que obedece a: Documentos mal digitados y/o mal contabilizados Documentos y soportes contables sin conceptos claros Ausencia de Controles y de conciliación Falta de soportes de reconocimiento del beneficiario y de su consecutivo Erogaciones que no consultan operaciones normales de la Cooperativa c) Desde el mes de mayo de 1996 no se concilia la cuenta de bancos. d) Ausencia de control en los inventarios de bienes muebles (…) CARTERA DE CREDITO (…) Créditos en los que se desconocen las garantías o son insuficientes No consta en actas su aprobación Ausencia de controles y seguridad en los documentos Se comprobó así mismo alto morosidad en la cartera (…) Se presentan créditos con alto riesgo por ausencia de garantías reales (…) Así mismo encontramos créditos concedidos al Consejo de Administración,

miembros de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa que se encuentran con morosidad (…)” (resalto y subrayo)

2. Con fundamento en lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas expidió la resolución No 1550 de 17 de septiembre de 1997, por medio de la cual ordenó la toma de posesión para liquidar la Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Nacional “COODESNAL”, designó tanto al liquidador como al contralor del proceso liquidatorio y dispuso la aplicación de las siguientes medidas preventivas: “a) Ordenar la inmediata guarda de los bienes y la colaboración de sellos y demás seguridades indispensables de la intervenida para liquidar.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente No 26951 (1998-01734) b) Ordenar a la intervenida liquidar poner a disposición del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, los libros de contabilidad y demás documentos cuando este lo requiera. c) Prevenir a: - Los deudores de la intervenida que solo podrán pagar al liquidador advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta. - Todos los que tengan negocios con la intervenida, que deben entenderse exclusivamente con el liquidador para todos los efectos legales. - A todos los registradores para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida, sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del liquidador. Así mismo,

deben abstenerse de registrar cualquier acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida, salvo que dicho acto haya sido realizado por el funcionario mencionado. d) Comunicar a los jueces que conozcan de Procesos Ejecutivos contra la entidad en liquidación, para los efectos previstos en el literal g) numeral 1 del artículo 116 del Decreto 663 de 1993. e) Advertir que en adelante no se podrán iniciar ni continuar Procesos o actuación alguna contra la intervenida, sin que se notifique personalmente al liquidador, so pena de nulidad.” (…) La situación de iliquidez, ha originado que la cooperativa no de cumplimiento con la devolución de depósitos en los términos pactados (…) Que teniendo en cuenta el mencionado informe se evidencia la crisis por la que atraviesa el citado ente corporativo en sus aspectos administrativos, económicos, financieros y contables tipificándose la causales señaladas en los literales a), e) y f) del artículo 114 del estatuto orgánico financiero que dan lugar a su liquidación” (resalto y subrayo)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente No 26951 (1998-01734)

3. Mediante Resoluciones No 1624 de 2 octubre de 1997 y 0111 de 20 de enero 1998, DANCOOP designó nuevo liquidador para la Cooperativa intervenida, lo anterior en razón a que el inicialmente nombrado no aceptó el cargo (fls 26 a 29

c. ppal)

4. Según información suministrada por el Director Regional DANCOOP Valle, mediante comunicación de 16 de junio de 1998 dirigido a la Procuraduría General de la Nación, se infiere que desde el 7 de julio de 1997 ya se había ordenado adelantar diligencias preliminares en la Cooperativa Multiactiva para el desarrollo Nacional “COODESNAL” (fl 33 c. ppal), informe que da cuenta de las irregularidades presentadas al interior de dicha Cooperativa e indica que mediante oficio “AVC-769 de julio 13 de 1997, dirigido al Director Seccional de Fiscalías, esta Regional emitió copia del mencionado informe, a fin de que sea evaluado y se analicen los irregularidades encontradas y violaciones a los preceptos legales y estatutarios” (fl 33 c. ppal)

5. Según comunicación de 4 de mayo de 1998, suscrita por el Director Regional de Dancoop Cali-Valle, se tiene por demostrado que desde abril de 1997 dicha regional, con el apoyo de funcionarios del nivel central de Dancoop, ordena “adelantar diligencias preliminares sobre legalidad en su funcionamiento y el 23 de abril de 1997 formuló pliego de cargos a los organismos de Administración y

Control”

6. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP durante el año 1996 no sólo solicitó a COODESNAL la presentación trimestral de informes, sino que procedió a analizarlos y realizó las observaciones correspondientes. Así consta en la diferentes comunicaciones cursadas entre ellas correspondientes a los meses de enero a marzo de 1996 (fls 162 c. ppal),

de marzo a septiembre de 1996 (fl 160 c. ppal) abril a junio de 1996 (fl 163 c. ppal). Se destaca, entre otras, la siguiente: “Hemos analizado los informes trimestrales de la referencia (a marzo, junio y septiembre de 1996), en cumplimiento al artículo 18 del Decreto 1134 de 1989, suscrito por el Doctor Efraín D Núñez con Matricula No 23408 T en su calidad de

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 13 Expediente No 26951 (1998-01734) Revisor Fiscal de la Cooperativa, los cuales quedan pendientes de toda consideración hasta tanto cumplan las siguientes observaciones. “El señor Revisor Fiscal, debe ser claro y preciso en la certificación de los 8 numerales del artículo 18 en cumplimiento del decreto 1134 de 1989, en los informes remitidos solamente se preciso en el primer punto (…) Por otra parte el Revisor Fiscal debe presentar los informes en la Regional en los primeros 15 días calendarios de los meses de enero, abril, julio y octubre correspondiendo su informe al trimestre inmediatamente anterior (…)” Lo anterior resulta suficiente para inferir que el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP no incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control con respecto a la Cooperativa sometida a su supervisión, pues realizó visitas de inspección, examinó sus archivos y los estados contables para determinar su situación económica y con

fundamento en ello dispuso la toma de medidas preventivas para subsanar las irregularidades detectadas. Además remitió copia del informe contentivo de dichas irregularidades a la Dirección Seccional de Fiscalías, a fin de que se adelantaran las investigaciones pertinentes. Las consideraciones contenidas en el acto administrativo de toma de posesión prueban las irregularidades graves en el manejo de la Cooperativa, pero no que la entidad encargada del control y vigilancia hubiera omitido el cumplimiento de sus funciones y que esa omisión a su vez generara la intervención. A juicio del Ministerio Publico el hecho generador de la disminución del patrimonio del señor demandante OSWALDO DIAZ CIFUENTES por el no pago de los cheques por iliquidez de dicha Cooperativa, no devino de la omisión en el ejercicio de las funciones de la entidad demandada. No sobra advertir que si bien DANCOOP debía cumplir con la función de ejercer vigilancia sobre DANSOCIAL, ello de manera alguna lo convierte en cogestor de ella, como de manera equivocada lo afirma el recurrente, pues tal consideración resulta contraria a lo dispuesto por el mismo legislador, ya que el artículo 151 de la ley 79 de 1988, precisó que las funciones de inspección y vigilancia no

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 14 Expediente No 26951 (1998-01734) implican por ningún motivo facultad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las cooperativas. El análisis que antecede es suficiente para concluir que las pretensiones de la

demandada deben ser desestimadas. Consecuente con lo anterior, el Ministerio Público es del criterio que no es viable un acuerdo conciliatorio, en el que se reconozca indemnización a favor de la parte demandante. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

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