PGN - FUNCION PUBLICA - Ejercida por particulares según la jurisprudencia constitucional

Dependencia: Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación: 13-121191/05

Disciplinado: John Fernando Euscátegui Collazos.

Cargo y entidad: Secretario Principal Quejoso: De oficio Fecha queja: 5 de abril de 2005

Fecha hechos: Abril 2005

Asunto: Archivo.

Bogotá DC, 16 de diciembre de 2005 Procede el Despacho a evaluar la queja radicada bajo el número 13-121191, dentro de la cual el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito de Bogotá requiere al Ministro de la Protección Social para que de cumplimiento al fallo de la acción de tutela promovida por el Señor CARLOS EDUARDO QUINTERO HERNÁNDEZ, y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el Secretario Principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez JOHN FERNANDO EUSCÁTEGUI COLLAZOS, persona encargada de cumplir el referido fallo. Mediante oficio 5955 de 22 de abril de 2005, la Oficina Asesora Jurídica y Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social remite el oficio en comento a esta entidad, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto 2463 del 2001, en concordancia con el inciso final del artículo 66 de la Ley 734 de 2002, se adelante el respectivo proceso disciplinario. La Resolución 108 de 2002 por la cual se establecen las competencias al interior de la Procuraduría General de la Nación para efectos de conocer de las faltas disciplinarias de los particulares, establece en su ordinal cuarto que las procuradurías delegadas para

la Vigilancia Administrativa conocen en primera instancia de las faltas disciplinarias en que incurran los particulares que ejercen funciones públicas, cuando la competencia no esté atribuida a otra dependencia. El Decreto 2463 de 20 de noviembre de 2001, por el cual se reglamenta la integración , financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, en desarrollo de los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, establece en el artículo 11: “Naturaleza jurídica de las juntas de calificación de invalidez. Las juntas de calificación de invalidez son organismos de creación legal, autónomos, sin ánimo de lucro, de carácter privado sin personería jurídica, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Sus integrantes son designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con lo señalado en el artículo 17 del presente decreto, no tienen el carácter de servidores públicos, no devengan salario, ni prestaciones sociales, sólo tienen derecho a los honorarios establecidos en el presente decreto”. Exp. 013-121191-05 “Los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez no son actos administrativos y sólo pueden ser controvertidos ante la justicia ordinaria con fundamento en el artículo 2 del Código de Procedimiento Laboral”. De acuerdo a lo anterior las Juntas de Calificación de Invalidez son organismos de carácter privado, por lo que debe establecerse si efectivamente cumplen funciones públicas, tal como lo afirmó en su oficio remisorio el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá.

Conforme al numeral cuarto de la Resolución número 108 de 2002 de la Procuraduría General de la Nación respecto de las faltas disciplinarias de los particulares, el Secretario de Junta de Calificación de Invalidez es un particular en ejercicio de funciones públicas. Por la Corte en Sentencia C-037 de 2003 se refiere a la función pública como “…al conjunto de las funciones que cumple el Estado, a través de las ramas del poder público, de los órganos autónomos independientes (art. 113), y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines. Esa posibilidad de desempeñar funciones públicas se predica igualmente de los particulares que en los casos taxativamente señalados en la Constitución y la ley, puedan investirse de la autoridad del Estado”. Las Juntas de Calificación de Invalidez no cumplen funciones públicas, ellas profieren dictámenes que conforme al Decreto 2463 de 2001, no constituyen actos administrativos y solo pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria, es decir se trata de particulares cuyo ejercicio no conlleva una función pública que implique una manifestación de potestades inherentes al Estado y éstas sean asignadas expresamente por el legislador. La situación descrita, permite concluir que el Secretario de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, no puede ser investigado por la Procuraduría General de la Nación, por no tener competencia, pues conforme al artículo 53 de la Ley 734 de 2002, la acción disciplinaria está reservada para los particulares taxativamente señalados en el artículo 53 de la ley 734 de 2002.

En consecuencia, se dispondrá el archivo de la queja remitida por la Oficina Asesora Jurídica y Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, en cuanto no se puede o no se debe continuar con la investigación. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, en uso de las facultades jurídicas, RESUELVE: Exp. 013-121191-05 2

PRIMERO: Ordenar el archivo de las diligencias radicadas bajo el número 13-121191 contra JOHN FERNANDO EUSCÁTEGUI COLLAZOS, en su condición de Secretario de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: La presente decisión no se comunicará por haberse originado en un informe de servidor público.

CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM P-ddc Rearch Exp. No. 13-121191/05 mbm Exp. 013-121191-05 3