PGN - FUNDACIONES O ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO - Tratamiento tributario

AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA-Definición y alcances Es un presupuesto procesal para la eficacia de la acción, se fundamenta en el derecho que tiene el administrado de solicitar el restablecimiento de sus derechos directamente a la Administración, la cual concede la oportunidad y también la utiliza para revisar su propia decisión, en tal forma que pueda modificarla e impedir daños a las partes, y que posteriormente, se acuda a la jurisdicción en ejercicio de acciones contra los actos administrativos. El artículo 135 del C.C.A, señala en que eventos se cumple con esta circunstancia. AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA-Como requisito de Procedibilidad/AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA-Jurisprudencia del Consejo de Estado. En cuanto a su condición como requisito de procedibilidad se han desarrollado diferentes tesis, en las que se ha explicado que al ser una oportunidad para controvertir los actos de la Administración la ausencia del ejercicio de este deber impide que la demanda sea tramitada ante la vía jurisdiccional y en consecuencia, no se pueda decidir sobre argumentos que no fueron expuestos ante la Administración. No obstante, existe otra postura contraria, que defiende la posibilidad de aducir nuevos argumentos que no fueron presentados ante las autoridades administrativas, resaltando que precisamente es uno de los derechos que corresponde a los administrados, para la revisión de las decisiones de la Administración; esta ultima tesis, se ha enmarcado en numerosas decisiones, como la de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y es asumida en la sentencia de la Sección Primera de 20 septiembre de 2007, Radicación número:

13001-23-31-000-1995-12217-01, con ponencia del doctor Rafael Ostau de Lafont Pianeta; la cual fue el antecedente jurisprudencial citado por el a quo para fundamentar su decisión, y que al parecer fue entendida erróneamente, porque de su lectura queda claridad respecto a la posibilidad de plantear nuevos argumentos y hechos en la demanda sin que sea oponible la figura del indebido agotamiento de la vía gubernativa. AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA-Procedimiento en aplicación del art.720 del Estatuto Tributario. Por otra parte, en el presente caso no se presentaron recursos sino que se acudió directamente a la jurisdicción en aplicación del artículo 720 del Estatuto Tributario, que en esta materia posibilita acudir directamente a la vía de lo contencioso administrativo, sin que fuera necesario presentar recursos y exige solamente la debida contestación del requerimiento especial y la existencia de un acto liquidatoria con el cual no se este conforme. Así las cosas, no debió prosperar la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa frente a los nuevos argumentos presentados por la fundación, y en su lugar debieron revisarse todos los cargos. FUNDACIONES O ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO-Tratamiento tributario Para el caso de las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro el artículo 19 del Estatuto Tributario en su numeral 1º las clasifica como contribuyentes del régimen tributario especial, y posteriormente en el artículo 356 dispone en forma particular las reglas que deben cumplir para efectos del impuesto de renta y complementarios. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado

Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5878750 Ext. 11932/33 www.procuraduria.gov.co Expediente 18933 2 En el artículo 357 se establece que este tipo de contribuyentes está sometido al impuesto de renta sobre el beneficio o excedente a la tarifa única del 20%, el cual se determina sobre la totalidad de los ingresos a la cual se resta el valor de los egresos que tengan relación de causalidad con los ingresos, incluyendo las inversiones que se hagan en cumplimiento de su objeto social. Este particular régimen exige para su aplicación de las remisión a otras normas del Estatuto Tributario, habida cuenta que maneja conceptos que no es encuentran previamente definidos, pero que se asimilan a otros términos utilizados para la depuración de régimen ordinario del impuesto de renta, en especial las consagradas en el capitulo V del libro primero del Estatuto Tributario - Deducciones. FUNDACIONES O ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO-Manejo de los egresos A partir de lo expuesto, para el tratamiento de egresos, conviene remitirnos a lo señalado en el artículo 107 del E.T. que autoriza la deducción de las expensas realizadas durante el año gravable, siempre que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, sean necesarias y proporcionadas a dicha actividad, y que éstas dos últimas se determinen con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en la misma y las limitaciones indicadas en los artículos siguientes. La jurisprudencia ha señalado respecto de tales requisitos que en el caso de la relación de causalidad, significa que los gastos deben guardar relación causal con la actividad,

esto es, una relación entre la expensa (costo o gasto) y la actividad desarrollada por el contribuyente como objeto social (principal o secundaria) que le produce ingresos, expensa sin la cual éstos no se obtienen; en otros términos, es una relación causaefecto. En relación a la necesidad del gasto, éste se da cuando es el normal para producir o facilitar la obtención del ingreso y el acostumbrado en la respectiva actividad, así sea esporádico, razón por la que no se admiten como deducción gastos suntuarios, innecesarios o superfluos, que no coadyuven a producir el bien o servicio con miras a obtener el ingreso. Se establece su relación con el ingreso, no con la actividad que lo produce. Y la proporcionalidad es la magnitud que las expensas representan en el total de la utilidad bruta y se deben medir y analizar en cada caso, según la actividad lucrativa y la costumbre comercial para el respectivo sector. En el caso del régimen especial todos los egresos, -en los cuales están contenidos las expensas-, también deben estar relacionados con los ingresos o con el cumplimiento del objeto social de la fundación; a su vez se incluyen en los egresos las inversiones que se hagan en cumplimiento del mismo objeto. Por supuesto que estos ingresos y egresos deben realizarse durante el respectivo año gravable o fiscal y deben sustentarse en forma debida para que sean aceptados por la Administración y de acuerdo con los diferentes registros contables y soportes de cada contribuyente. Todo lo anterior fue reglamentado a través del artículo 3º del Decreto 640 de 2005. IMPUESTO DE RENTA-Exención del beneficio neto o excedente.

El artículo 358 del Estatuto Tributario señala que el beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357 ibídem, tendrá el carácter de exento cuando se destine en el año siguiente a programas que desarrollen dicho objeto social; asimismo, precisa que el beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de egresos, no será objeto del beneficio de que trata este precepto. En el presente caso no quedó duda que la fundación actora presentó su declaración de renta correspondiente al año gravable 2005, determinado un beneficio neto o excedente 3 Expediente 18933 del impuesto de renta por la suma de $1.941.802.000, y como beneficio neto gravado la suma de cero pesos. También se demostró que la fundación presentó corrección a su declaración el 22 de noviembre de 2007, en la cual trató como deducibles algunos gastos rechazados por la Administración y otros gastos que no podían tener el trato de deducibles. Resultado de lo anterior, determinó renta líquida gravable por valor de $145.474.000 y un saldo a pagar por valor de $51.790.000. Seguidamente, la Administración profirió Requerimiento Especial No. 300632008000019 del 28 de febrero de 2008, con el cual propuso desconocer como renta exenta la suma de $946.617.000 y gravarla con la tarifa del 20%, en aplicación del artículo 356 del Estatuto Tributario. El 5 de diciembre de 2008, la Liquidación Oficial de Revisión confirmó dicha glosa, argumentando que la Fundación no demostró la reinversión de dicha suma en el año

2006, en desarrollo de su objeto social. Así las cosas, ante la imposibilidad de la fundación de demostrar la reinversión de dicha suma con el cumplimiento de los requisitos para la exención, lo acertado era rechazarla por parte de la Administración y tomarla como beneficio gravado a la única tarifa que fija la ley. Cabe precisar que lo que se controvierte es la aplicación del artículo 357 del Estatuto Tributario y del artículo 3º del Decreto 640 de 2005, y revisada la actuación de la Administración contenida en los actos administrativos cuestionados, no queda duda de la correcta aplicación de dichos preceptos, tanto en el Requerimiento Especial, como en la Liquidación Oficial de Revisión. LIQUIDACION OFICIAL DE REVISION-Alcances Por otra parte, atendiendo los requisitos del procedimiento tributario, la Liquidación Oficial de Revisión, debe guardar coherencia con el Requerimiento Especial de tal manera que la Administración se encuentra limitada a lo que cuestionó del denunció rentístico particular del contribuyente; en esa medida la Liquidación esta circunscrita a las glosas que la Administración presentó y a las respuestas que presentó la contribuyente o responsable de conformidad con el artículo 711 del Estatuto Tributario. En consecuencia, la declaración privada, es la base de la actuación de la Administración, y las glosas fundamentadas en hechos y normas, presentadas a través del Requerimiento Especial, son los parámetros de la Liquidación de Revisión. Asimismo, no corresponde a la Administración ni a los Tribunales, corregir las declaraciones de los contribuyentes, porque este es un derecho que tienen los

contribuyentes dentro una oportunidad concedida en la ley, circunstancia que se refiere en los artículos 588 y ss. del Estatuto Tributario, en concordancia con otro tipo de correcciones como las provocadas, reguladas por los artículos 702 y ss. del mismo estatuto. Concepto 057 - 201289269 Bogotá, D.C., 23 de marzo de 2012 Honorables MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta Expediente 18933 4

E. S. D.

Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia Referencia: 250002327000200900064 01

Radicado: 18933

Asunto: Impuesto de Renta – Exención Beneficio Neto

Actor: FUNDACIÓN LEONOR GOELKEL.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1°, 3° y 7° de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 30 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000; y en la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005 expedida por el Procurador General, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto dentro del trámite del recurso de apelación en el asunto de la referencia. ANTECEDENTES 1.- La Fundación Leonor Goelkel presentó la declaración del Impuesto de Renta del año gravable 2005, el 7 de abril de 2006, determinando un beneficio neto o excedente exento del impuesto de renta por la suma de $1.941.802.000. Resultado de investigación adelantada por la DIAN, la fundación corrigió la

declaración el 22 de noviembre de 2007, determinando una renta líquida gravable por la suma de $145.474.000 y un saldo a pagar de $51.790.000. El 28 de febrero de 2008, la División de Fiscalización Tributaria de la sección de Impuestos de Bogotá profirió el Requerimiento Especial No 300632008000019 con el cual propuso desconocer como renta exenta la suma de $949.617.000 y gravarla a la tarifa del 20%. El 5 de diciembre de 2008, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 5 Expediente 18933 322412008000008, mediante la cual confirmó el beneficio neto o excedente por la suma de $949.617.000 y se modifica el saldo a pagar a la suma de $208.915.000 2.- La contribuyente demandó la nulidad y restablecimiento del derecho de la Liquidación Oficial de Revisión No. 322412008000008 de 5 de diciembre de 2008. Citó como vulnerados los artículos 29, 83 y 95, numeral 9 de la Constitución Política; los artículos 1º , 357, 683, 684, 772 y 777 del Estatuto Tributario; el artículo 3º del Decreto 640 de 2005, con la modificación que introdujo el artículo 4º del Decreto 4400 de 2004. En el concepto de violación señaló que la DIAN aceptó que la fundación efectuó desembolsos durante el año 2006 por la suma aproximada de $3.077.542.264, de

los cuales $3.004.790.576 corresponden a la amortización de crédito y $992.185.000 a la adquisición de equipos médicos para la adecuación y dotación de las unidades renales de la Autopista Norte No. 103-35 y Calle 74 No. 76-83 de esta ciudad. Expuso que los $992.185.000, fueron aceptados por la DIAN como renta exenta por haberse demostrado la adquisición de equipos durante el año 2006, mientras que los pagos por amortización de crédito contraído no, aduciendo que las inversiones se hicieron en el año 2005 y no en el 2006. Explicó que conforme el artículo 357 del E.T. y 3º del Decreto 640 de 2005, con la modificación que introdujo el artículo 4º del Decreto 4400 de 2004, es claro que la Fundación tenía derecho a solicitar en su declaración de renta del año gravable 2005, todos los egresos procedentes; es decir, aquellos realizados durante el período gravable. Añadió que para efectos fiscales la entidad no tomó como egresos procedentes el 100% del valor de adquisiciones de activos fijos e inversiones que se hicieron durante el 2005. Por ello, la declaración durante ese período tuvo como resultado un beneficio neto o excedente que corresponde con toda su depuración al Expediente 18933 6 resultado contable, tal y como se encuentra certificado en los estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2005 y 2006. Acotó que la falta de aplicación de las normas fiscales por parte de la contribuyente condujo a producir un resultado que se alejó de la realidad, pues en el año 2005, se realizaron inversiones por la suma de $5.095.390.062, las cuales

no fueron tratadas como egreso para efecto de determinar el beneficio neto o excedente del período. Aseguró que si se analizan las pruebas en su conjunto se encontrará que el resultado fiscal es diferente al declarado por la Fundación, lo cual elimina la motivación de la Administración para iniciar el proceso de fiscalización, pues la liquidación oficial parte de la base de la existencia de un beneficio neto, el cual no existe, si se hace una depuración adecuada. Adujo que estaba dentro de las funciones de la DIAN verificar que la determinación fuera correcta, para lo cual la Fundación puso a su disposición todos los comprobantes internos y externos, y los registros contables del año 2005. Afirmó que aún en el evento en que la declaración tributaria se encuentre en firme debe prevalecer el monto de la obligación sustancial real y a pesar de las equivocaciones que cometió la contribuyente al elaborar su declaración de impuestos, el fisco no puede aprovecharse de los errores del contribuyente para exigirle un pago superior a su obligación. Ello implicaría un enriquecimiento sin causa legal a favor del Estado. Solicitó que se de prevalencia a lo sustancial sobre lo formal y se reconozca que la demandante no tenía a cargo obligaciones tributarias en relación con el año gravable 2005 y que su resultado fiscal es negativo. 3.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 25 de mayo de 2011. 7 Expediente 18933 En primer lugar, decidió la Sala la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa, porque según la demandada se trajeron nuevos argumentos no

planteados ni discutidos ante la Administración en tal etapa. Señaló que en el presente caso no se encontró identidad entre lo discutido en la vía gubernativa, es decir, el reconocimiento de la exención al beneficio neto o excedente de conformidad con el artículo 357 del Estatuto Tributario, durante el año gravable 2005 y la pretensión que realiza la actora para que en sede judicial se le reconozca la presunta pérdida fiscal sufrida por la fundación en el mismo año gravable. Resaltó la Sala que se trata de un panorama distinto que no guarda identidad con lo discutido por el contribuyente ante la Administración y por tanto, en virtud de los lineamientos expuestos en la sentencia de 20 de septiembre de 2007, de la Sección Primera del Consejo de Estado, declaró probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa respecto del aparte de la pretensión dos (2) en la cual se solicita se acepte la pérdida fiscal determinada legalmente. En cuanto al cargo por falta de aplicación del artículo 357 del Estatuto Tributario y del Decreto 640 de 2005, observa el a quo que la Administración rechazó la exención del beneficio neto o excedente en valor de $949.617.000 generado por la Fundación Leonor Goelkel, toda vez que no encontró soportada la reinversión del mismo. Halló que no se encuentra prueba que establezca el destino de la suma rechazada en inversiones durante el año 2006, sino que las inversiones efectuadas por la fundación se realizaron todas durante el año 2005 como así lo determinó el contribuyente en la respuesta al requerimiento especial. Es decir, se mantuvo la imposibilidad de probar las reinversiones durante el año 2006.

Precisó que la amortización del crédito no constituye una actividad de inversión que se haya destinado de manera efectiva al desarrollo del objeto social de la fundación, por ello, no es de recibo el argumento, según el cual la suma que se utilizó para la amortización del crédito bancario esta exenta, de acuerdo con el beneficio neto excedente consagrado en el artículo 357 del Estatuto Tributario. Expediente 18933 8 En lo relacionado con la violación de los principios constitucionales de equidad justicia, buena fe y prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, consideró la Sala de primera instancia que a la Administración no le es dable referirse a temas distintos a los que el contribuyente reflejó en su propia declaración, cuando pretende pronunciarse a través de una liquidación oficial. Explicó que si bien dicha forma no es pétrea e inmodificable, es en la etapa de determinación del impuesto y en la vía gubernativa en donde el contribuyente puede replantear su situación fiscal y demostrarla ante la Administración. Explicó que no es de recibo el argumento de la parte actora según el cual el propio error determinó un beneficio neto o excedente y no una pérdida fiscal, porque resulta clara la aplicación del principio universal del derecho, según el cual nadie puede alegar su propia culpa o torpeza; por tanto, si fue un error de la fundación el determinar un beneficio neto o excedente, ratificado en la respuesta al requerimiento y en la demanda, no puede entenderse que sólo al acudir a la jurisdicción contencioso administrativa se encuentre la pérdida y proceda a solicitar la revocatoria de los actos demandados, considerando que fue su error el

que provocó la actuación de la Administración y la determinación del impuesto a cargo. 4.- La Fundación Leonor Goelkel de Chegwin, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia, sustentando que la decisión violó los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no analizó los cargos de nulidad planteados en la demanda, porque existe evidente incongruencia entre los fundamentos y la decisión al declara probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa; pues, cita una sentencia del Consejo de Estado cuyos argumentos base y conclusiones son contrarias a la decisión tomada por el a quo, y que por el contrario apoyan y sustentan la actuación de la fundación. Afirmó que se cumplió con el debido agotamiento de la vía gubernativa de acuerdo con el artículo 720 del Estatuto Tributario, y los hechos planteados y las peticiones elevadas en la vía gubernativa son las mismas planteadas en sede judicial. 9 Expediente 18933 Recordó que en presente proceso la actora acudió a la jurisdicción contenciosa atendiendo lo dispuesto en la norma citada, en virtud de la cual cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante, se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la Liquidación Oficial. Expuso que cuando el legislador autorizó excepcionalmente acudir per saltum a la vía contencioso administrativa, le permitió prescindir precisamente del uso de la

vía gubernativa, de modo que el contribuyente que hace uso de este mecanismo no puede estar sujeto a los principios de discusión que se exigen en otros eventos. Sustentó que la decisión del tribunal desconoce la jurisprudencia del consejo de estado al exigir identidad entre lo discutido en la vía gubernativa y lo formulado ante la jurisdicción. Reiteró que para la determinación del beneficio neto o excedente no se dio aplicación al artículo 357 del Estatuto Tributario ni al artículo 3º del Decreto 640 de

2005. Solicitó que aunque la DIAN tomó unos valores como válidos, debió verificar la determinación del impuesto, y en consecuencia, le correspondía realizar una nueva liquidación que fuera correcta.

Retomó que como fue planteado en la demanda la fundación cumplió con su obligación tributaria, presentando oportunamente la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable 2005. Agregó que tal como se ha manifestado en sentencia del Consejo de Estado de 5 de Agosto de 2002, expediente 12811, el principio de contribución bajo criterios de justicia y equidad debe primar al momento de determinar la obligación tributaria a cargo del contribuyente, y el error no puede ser hecho generador de tributo alguno, porque esta en contradicción con el principio consagrado en el artículo 1º del Estatuto Tributario. Expediente 18933 10 Explicó que en caso concreto la fundación siempre actuó de buena fe y debe aplicarse el principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, porque la contribuyente calculó su impuesto sobre la renta con base en los asientos contables, omitiendo aplicar el procedimiento especial que le correspondía por ser

parte del régimen tributario especial; posteriormente, suministró la información solicitada por la DIAN, aceptó su error y corrigió la declaración con el fin de rechazar unos gastos que en efecto eran deducibles y pagar el impuesto resultante a cargo, incurriendo en una nueva equivocación, pues pasó por alto que podía haber solicitado como minoraciones de la base gravable las inversiones realizadas en el año gravable y que esta operación, en lugar de generar un beneficio neto o excedente daba lugar a una pérdida fiscal que no declaró. Solicita que se declaré que la fundación no tiene a su cargo obligaciones tributarias adicionales en relación con el año gravable 2005 y en subsidio si no se reconoce la pérdida fiscal, se declare la firmeza de la declaración de renta correspondiente al mismo año. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Atendiendo los fundamentos de la apelación presentada por la Administración, se debe determinar: (i) si se cumplió con el debido agotamiento de la vía gubernativa de acuerdo con el artículo 720 del Estatuto Tributario, y por tanto, sí resultó procedente la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa, (ii) en caso de proceder el primer cargo, se debe revisar la legalidad de la liquidación privada de la contribuyente a partir del cargo que plantea que es posible realizar una nueva liquidación, la cual debe partir de la revisión de todos los soportes contables y las actividades realizadas durante el año 2005, considerando que la presentada por la actora, esta viciada por errores que cometió ella misma en la aplicación del régimen especial que le corresponde. 1.- Agotamiento de la vía gubernativa.

El agotamiento de la vía gubernativa, es un presupuesto procesal para la eficacia de la acción, se fundamenta en el derecho que tiene el administrado de solicitar el 11 Expediente 18933 restablecimiento de sus derechos directamente a la Administración, la cual concede la oportunidad y también la utiliza para revisar su propia decisión, en tal forma que pueda modificarla e impedir daños a las partes, y que posteriormente, se acuda a la jurisdicción en ejercicio de acciones contra los actos administrativos. El artículo 135 del C.C.A, señala en que eventos se cumple con esta circunstancia. En cuanto a su condición como requisito de procedibilidad se han desarrollado diferentes tesis, en las que se ha explicado que al ser una oportunidad para controvertir los actos de la Administración la ausencia del ejercicio de este deber impide que la demanda sea tramitada ante la vía jurisdiccional y en consecuencia, no se pueda decidir sobre argumentos que no fueron expuestos ante la Administración. No obstante, existe otra postura contraria, que defiende la posibilidad de aducir nuevos argumentos que no fueron presentados ante las autoridades administrativas, resaltando que precisamente es uno de los derechos que corresponde a los administrados, para la revisión de las decisiones de la Administración; esta ultima tesis, se ha enmarcado en numerosas decisiones, como la de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que se cita a continuación1: “… no existe ninguna limitación para que ante la jurisdicción puedan aducirse nuevos y mejores argumentos a los expuestos en vía gubernativa como causal de nulidad de los actos administrativos cuya legalidad se impugna. En efecto,… las causales de

nulidad son las consagradas en el artículo 84 del C.C.A., para todos los actos administrativos, y su invocación no está condicionada a que se hubieren alegado en la vía gubernativa. De donde se deduce la posibilidad de alegar causales nuevas no planteadas inicialmente, pues el examen de legalidad del acto acusado debe concretarse en los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, los que a su turno deben corresponder a cualquiera de las causales de nulidad contempladas en el segundo inciso del artículo 84…”. La anterior posición es asumida en la sentencia de la Sección Primera de 20 septiembre de 2007, Radicación número: 13001-23-31-000-1995-12217-01, con ponencia del doctor Rafael Ostau de Lafont Pianeta; la cual fue el antecedente jurisprudencial citado por el a quo para fundamentar su decisión, y que al parecer fue entendida erróneamente, porque de su lectura queda claridad respecto a la 1 Sentencia del 17 de marzo del 2005, exp. núm. 14113, Consejera Ponente, dra. María Inés Ortiz Barbosa. Expediente 18933 12 posibilidad de plantear nuevos argumentos y hechos en la demanda sin que sea oponible la figura del indebido agotamiento de la vía gubernativa. “Pues bien, lo que se exige del administrado al interponer los recursos procedentes contra una decisión de la Administración es que exprese los “motivos de inconformidad” que tenga en relación con aquella, sin que para ello deba recurrir a una técnica jurídica determinada, entre otras razones, por cuanto para ejercitar la vía

gubernativa no se requiere actuar mediante apoderado. Es factible, entonces, que el recurrente plantee algunos motivos de inconformidad en el recurso, pero que esos no sean los únicos pertinentes para impugnar el acto, circunstancia que podrá ser superada al momento de ejercitar la acción judicial correspondiente. Por lo tanto, ayudaría a una mejor adecuación de la jurisprudencia sobre el tema a la normativa constitucional y legal pertinente en cuanto hace al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, dejar de lado el impreciso concepto de “hechos nuevos no planteados en la vía gubernativa”, toda vez que los hechos hacen parte de las razones que dan origen o sirven de fundamento a tales cuestiones, y como tal pasan a constituir parte de los fundamentos de la argumentación, por cuanto argumentar jurídicamente es aducir razones de hecho y/o de derecho, es esgrimir hechos y normas jurídicas para demostrar una tesis o la validez de la solución de una determinada cuestión de relevancia jurídica, de donde al ser admisible plantear mejores o nuevos argumentos, como lo tiene sentado la jurisprudencia, es por contera admisible plantear hechos nuevos en tanto están llamados a ser fundamento o parte de esos argumentos. Así como en los actos administrativos se distingue el objeto o contenido, que es el asunto o la materia de que trata la decisión contenida en él, y los motivos o causa, que vienen a ser las razones de hecho y/o de derecho que determinan o sirven de fundamento a esa decisión, en lo que concierne al peticionario o recurrente también son distinguibles los asuntos o cuestiones objeto de sus peticiones y los hechos y

normas que le sirven de fundamento a éstas. Luego habría que concluir que sí es posible plantear o aducir en la demanda hechos nuevos no referenciados en la vía gubernativa, sobre la base de que tanto la vía gubernativa como la acción judicial son instrumentos garantistas consagrados en favor del administrado. Que si bien el recurrente pudo haber omitido algún motivo de inconformidad en la vía gubernativa, jurídicamente no existe razón para que no lo pueda formular en la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa, instancia en la cual la Administración contará igualmente con todas las garantías para defender su decisión. En fin, cuando el artículo 63 del C. C. A. dispone como una de las formas de agotamiento de la vía gubernativa “Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido”, mal puede el aplicador de la norma interpretar que los “hechos” aludidos por el recurrente deberán ser los mismos que indefectiblemente deba aludir en la demanda ante el juez del conocimiento, sobre todo por cuanto con dicha interpretación se restringen las garantías del administrado antes referidas y, por ende, se vulneran los derechos fundamentales de acceso a la justicia y del debido proceso, tanto administrativo como judicial”. Por otr