PGN - HOMICIDIO - Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Bogotá D.C.- REF.: Concepto demanda de Casación (Rad. 21.821) La sentencia del Tribunal Superior de Medellín por medio de la cual se confirmó con algunas modificaciones la que profirió el Juzgado Doce Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial contra Jhon Freddy Holguín Mejía y Jhon Libardo Londoño Álvarez por el concurso de delitos de Homicidio Agravado, Lesiones Personales, y Porte ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, en su oportunidad legal fue objeto de impugnación extraordinaria por parte del defensor.

Las demandas que presentó el Letrado se declararon ajustadas a derecho, y dentro del traslado correspondiente, el Ministerio Público representado por la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal procede a rendir concepto en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

A.- SITUACIÓN DE HECHO.

En la Carrera 36 DD con Calle 92-A de la ciudad de Medellín, a eso del mediodía del 3 de marzo de 2002, cuando Robinsón Johan Alzate Giraldo regresaba a la cancha donde era espectador de un partido de microfútbol en compañía de su padre y un hermano, fue atacado con múltiples disparos de arma de fuego por Jhon Fredy Holguín Mejía, alias “El coco” y Hermes Manuel Sánchez Giraldo, y luego perseguido para que no huyera por Wander

Ley Viasus Torres, y Jhon Libardo Londoño Álvarez, apodado “La Chinga”, todos pertenecientes al “Combo de los Cobis”, una banda delincuencial que causaba zozobra a la población y se enfrentaba a otras por el cobro de vacunas a los conductores que cubrían la ruta lo mismo que de dinero por la vigilancia del barrio. Herido fue trasladado a la Policlínica municipal donde falleció. 2 En los hechos fue alcanzado también por las balas Luís Octavio Chalarca quien se encontraba sentado en una esquina de la calle dedicado al juego de parqués y su incapacidad se determinó en 45 días y una perturbación funcional permanente del órgano digestivo.

B.- SINOPSIS PROCESAL.

La investigación se inició en averiguación de los responsables de la delincuencia cometida y tras la realización de varios reconocimientos fotográficos se ordenó la vinculación de los sujetos mencionados, como también el allanamiento y registro de varios inmuebles que permitió la captura de John Libardo Londoño. Fue escuchado en declaración de indagatoria, y los otros por no haber sido posible hacer efectiva la aprehensión declarados personas ausentes, además de afectada la situación jurídica de todos con detención preventiva, sin derecho a excarcelación, sindicados del concurso de delitos de Homicidio y Lesiones Personales. Posteriormente, se consideró por Resolución del 6 de agosto de 2002, que la conducta punible contra la vida se cometió en forma agravada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7° del artículo 104 del Código Penal. El 7 de octubre se hizo efectiva también la orden de captura que se libró contra

John Freddy Holguín Mejía. Agotado el ciclo averiguatorio se dispuso la ruptura de la unidad procesal y seguir el procedimiento abreviado respecto de Hermes Manuel Sánchez Giraldo por su manifestación de acogerse a los beneficios de la sentencia anticipada1, mientras los otros John Libardo Londoño, Jhon Fredy Holguín Mejía y Wander Ley Viasus fueron llamados a responder en juicio criminal mediante providencia del 23 de octubre de 2002, por el concurso de delitos de Homicidio Agravado, Lesiones Personales y Porte Ilegal de Armas, previstos en los artículos 103, 104 numeral 7°, 114 numeral 2°, y 365 del nuevo Código Penal. La última notificación de la Resolución de Acusación se surtió por anotación en Estado del 1° de noviembre de 2002, y una vez adquirió firmeza en primera instancia por no haber sido objeto de impugnación, el Juzgado Doce Penal del 1 Por decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, el 23 de enero de 2003 se le condenó como coautor del concurso de delitos de Homicidio Agravado, Lesiones Personales y Porte Ilegal de Armas a 320 meses de prisión, multa de $5.562.000,oo e inhabilitación de derechos y funciones públicas por 20 años. 3 Circuito de Medellín, adelantó normalmente la etapa procesal del juicio, que culminó con el fallo del 3 de marzo de 2003, por medio del cual condenó a John Libardo Londoño y Jhon Fredy Holguín Mejía conforme a los cargos imputados, a las penas principales de 390 meses de prisión, multa de 26 salarios mínimos,

la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, pero se abstuvo de condenarlos al pago de perjuicios. Respecto de Wander Ley Viasus declaró la nulidad de la actuación a partir del cierre de la instrucción, inclusive, por la violación del derecho de defensa. En virtud de la apelación de los defensores y también de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Medellín, mediante el suyo del 19 de junio de 2003 confirmó el fallo de primera instancia, con la única modificación del monto de la condena civil, que fijó en 500 salarios mínimos legales mensuales, por concepto de daños morales.

C.- LAS DEMANDAS.

Contra la expresada sentencia de segunda instancia, el Letrado mandatario de los dos procesados, formula en libelos separados dos cargos a nombre de John Libardo Londoño Alvarez y en representación de Jhon Fredy Holguín Mejía, todos con fundamento en la misma causal primera de casación, cuerpo primero, esto es, por violación directa de la ley sustancial. La censura principal en relación con el primero, denuncia la indebida aplicación del artículo 29, inciso 2, del Código Penal y la consiguiente falta de aplicación del artículo 30, inciso 3, del estatuto punitivo. En esencia su reproche lo finca en torno de la condena de su defendido en calidad de coautor del Homicidio, según alega porque el comportamiento que realizó se ajusta con más precisión al concepto de simple cómplice. En desarrollo del cargo, sostiene que en relación con la intervención de John Libardo Londoño la judicatura aceptó que se limitó simplemente a correr detrás

de quienes realizaron la acción homicida, y así mismo admitió implícitamente, porque en modo alguno anunció que la presencia de aquel hubiera sido determinante en el éxito de la empresa común, que se trató de un aporte meramente espiritual. Pone de relieve, en rigor, que de acuerdo con las manifestaciones de los compañeros ejecutores materiales del acto, no se podría decir que la actividad 4 de su defendido fue determinante para el éxito de la empresa criminal, porque si no hubiera corrido detrás de éstos se hubiera desistido del designio criminal. Expresa que a diferencia de la codificación derogada que no definía la coautoría, la ley vigente cuando distingue que son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte, parece adscribirse a la conocida teoría del domino del hecho funcional, la cual requiere no sólo el reparto de trabajo surgido del acuerdo previo, sino dominio conjunto del hecho, en donde el aporte de cada interviniente resulta indispensable para el éxito de la empresa común, al punto que si alguno se retira, el plan fracasa. Apela a las enseñanzas de la doctrina, con arreglo a la cual conceptúa que para ser coautor es indispensable que cualquiera que sea el aporte, incluso el apoyo síquico debe ser necesario, porque de no ser así la contribución derivaría hacía otra forma de participación, tras lo cual asegura que la simple presencia en el lugar del delito, apoyando espiritualmente, aconsejando o inclusive azuzando a los ejecutores del hecho, no constituye en si misma coautoría si resulta claro que éstos llevarían de todos modos adelante su plan.

En ese orden de ideas, pide que se case la sentencia y se declare mediante el fallo de sustitución que su defendido actuó como cómplice, porque mal se podría condenar en condición de coautor a quien se limitó a prestar una ayuda secundaria simplemente espiritual, así se aceptara que tuviese un interés marcado en la muerte del sujeto perseguido por las rencillas que habían surgido entre los miembros de las bandas enfrentadas. Postula otro reproche, común a los dos sentenciados, por la aplicación indebida del artículo 58, numeral 10°, del Código Penal y la consecuente interpretación errónea del 61 del mismo ordenamiento. Aclara que no se puede negar su interés para recurrir por ausencia de identidad temática, porque si bien el tema de la pena no fue debatido a través del recurso ordinario de apelación, la infracción finca en el desconocimiento de una garantía constitucional, los tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desarrollada por la norma rectora legal que prohíbe la doble valoración y sanción de un mismo hecho. En esencia, censura la doble sanción por un mismo factor modal de la conducta delictiva, esto es, porque la plural participación que sirvió para deducir la agravante especifica del estado de indefensión de la víctima en relación con el delito de Homicidio, también se la tuvo en cuenta como agravante genérica en 5 el proceso de dosificación en concreto de la pena, lo cual permitió no partir de los cuartos medios. El error que denuncia además de esencial lo considera trascendente porque de

no haberse computado doblemente la participación de varios como circunstancia especifica y a la vez genérica de agravación, la fijación de la pena se debió ubicar en el primer cuarto del ámbito de punibilidad establecido en relación con el Homicidio Agravado. Por tanto, solicita la quiebra parcial de la sentencia para que la de sustitución excluya la coparticipación como causal de agravación genérica y se redosifique la pena. D.- CONCEPTO La razón le asiste al Letrado cuando asegura que no se puede poner en tela de juicio el interés para recurrir por ausencia del requisito de la unidad o identidad temática, porque si bien la pretensión de este recurso extraordinario no es exactamente igual a la de la exención de responsabilidad que motivó la apelación contra el fallo de primera instancia, se debe convenir, sin embargo, que la mayor comprensión de la solicitud de inocencia no inhibía la discusión tanto del grado de participación en la delincuencia investigada como de la dosificación en concreto de la punibilidad, y por eso en manera alguna se podría considerar que se renunció por la defensa a la controversia de tales aspectos. Por el contrario, no de otra manera se podría entender, que la oposición a la total responsabilidad implicaba también de algún modo el rechazo a la forma de participación más grave y obviamente a toda forma de determinación de la pena1, y en caso de una decisión desfavorable, como efectivamente ocurrió, le quedaba a salvo al impugnante refutar la coautoría y la cuantificación de la sanción por la vía de la casación. Lo anterior no significa, sin embargo, que tenga razón y deban prosperar las transgresiones de la ley sustancial en la forma como lo postula el demandante.

1 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia de casación de 27 de agosto de 2003.

M.P. Mauro Solarte Portilla: “Si el sujeto impugna la declaración de responsabilidad, no resulta razonable afirmar que acepta la tasación de la pena. Todo lo contrario, supone que la rechaza, si se toma en cuenta que para su aplicación es condición necesaria que el procesado sea declarado responsable. En este ejemplo, el aspecto de la apelación resulta comprensivo del discutido en casación, y esta circunstancia habilita el sujeto para impugnar el de menor contenido sustancial en casación, por encontrarse dentro del ámbito de extensión del tema apelado, y porque la falta de impugnación ante el quo no implica, de suyo, expresión de conformidad”. En similar sentido decisiones del 10 de abril de 2003 y 21 de enero de 2004.

6 Cargo principal a nombre de Jhon Libardo Londoño Álvarez. Tras poner en cuestión el grado de participación a título de coautoría, porque, a su juicio, apenas se trató de mera complicidad, se denuncia la violación directa de la ley sustancial por la aplicación indebida del artículo 29, inciso 2° del Código Penal, con la correspondiente falta de aplicación del artículo 30, inciso 3° del mismo estatuto punitivo. La vía de la violación directa de la ley sustancial escogida por el actor está referida al debate en puro derecho, como quiera que la objeción debe ir dirigida al examen de la aplicación de la norma legal a un supuesto de hecho que el juzgador ha declarado probado, en relación con el cual el recurrente no

propugna por su modificación, sino que únicamente discute la aplicación de la ley, y esta exigencia no la cumple a cabalidad los términos de la demanda porque se evidencia en toda su manifestación que es claro que el libelista pretende deducir conclusiones ajenas a los fallos, o establecer consideraciones implícitas como se ve cuando afirma que en parte alguna se sostiene por la decisión que la presencia del procesado en el sitio fue determinante en el éxito del resultado querido. La queja de la violación de la ley sustancial por la indebida aplicación del precepto que define la coautoría y la consiguiente exclusión del dispositivo amplificador del tipo que sanciona la complicidad, cae, a no dudarlo, en una argumentación propia de la violación indirecta porque se opone el Letrado a los hechos tal y como los dio por establecidos y probados el juzgador, resalta elementos de prueba como las manifestaciones de los otros sindicados que le sirven de fundamento para concluir que la ayuda de Jhon Libardo Londoño fue de colaboración secundaria o simplemente espiritual, lo que no se compadece con las consideraciones del juzgador corporativo. Su crítica se cierne sobre la valoración del fallador en torno a la importancia del aporte, porque en su criterio se trató únicamente de una contribución concomitante, sin embargo, en lo sustancial tampoco logra demostrar el desacierto del fallo. Los juzgadores tuvieron a bien destacar la condición de enemigo común de Robinsón Alzate Giraldo en que lo tenían todos los integrantes de la Banda a la que pertenecían los procesados, por los disparos que en tiempos pasados

había hecho a Hermes Manuel Sánchez Giraldo y las amenazas de muerte a Jhon Fredy Holguín Mejía (alias, “el Coco”), y concluyen que cuando hicieron su 7 aparición no fue en forma gratuita porque éste último se presentó armado con una pistola 9mm. al sector que era del dominio de aquel con sus amigos y al verlo llegar a la tienda Jhon Libardo Londoño realizó un gesto de advertencia de la presencia del objetivo e inmediatamente su compañero cargó el arma y comenzó a disparar, como también más tarde todos corrieron en su persecución para evitar que escapara y cuando trató de refugiarse en una vivienda otro lo acribilló. Afirma entonces el Tribunal que todos debían responder por el Homicidio que realizaron, previo acuerdo, porque participaron en el común designio de dar muerte al enemigo, se encontraban juntos y cuando lo vieron llegar uno disparó, otro secundó el ataque con arma de fuego, y luego lo persiguieron en conjunto hasta liquidarlo. Los presupuestos fácticos que llevaron a los juzgadores a considerar coautor de la occisión a su defendido no sólo se basan en el vínculo de amistad con el agresor material y demás acompañantes, sino también en su gesto previo de señalarle a la víctima como signo de entendimiento de fijar el objetivo entre los miembros de la banda y la persecución que conjuntamente emprendieron en contra de ella y la huída de todos del lugar. Es evidente el designio criminal de querer la eliminación del enemigo motivado en la ofensa precedente dados los enfrentamientos entre las bandas delincuenciales (según dichos de los otros sindicados, el interfecto tiempo atrás

le había disparado a Hermes Sánchez y amenazado de muerte a Jhon Fredy Holguín). Unido por el vínculo finalístico u objetivos de quienes ejecutaron directamente la conducta delictiva, el resultado de la muerte también le es atribuible porque su acción no se limitó a correr simplemente detrás de sus compañeros, sino a la persecución y encerramiento de la víctima para impedir su huída y contribuir de ese modo a su eliminación. Surge así que no fue errado el criterio jurídico que consideró al incriminado en calidad de coautor de la occisión, pese a que no estaba armado y por lo mismo ningún disparo realizó. No se trató como sostiene el defensor de un simple apoyo espiritual, y, en ese orden, la carencia de fundamento de su pretensión sumada a los defectos de técnica puestos de resalto, obligan a la desestimación del cargo. El cargo común a nombre de los dos procesados. 8 Se propende por una nueva dosificación de la pena. El recurrente no pone en cuestión la coparticipación criminal, y tampoco que se la hubiera tenido como fundamento de la circunstancia agravante especifica del Homicidio, únicamente critica que también se la hubiera considerado para efectos de la individualización en concreto de la pena. Sin discutir los extremos mínimo y máximo correspondientes al delito de Homicidio Agravado, sólo se opone que respecto de tal ámbito de movilidad se hubiera partido de los cuartos medios, en lugar del mínimo, por haber sido considerada la coparticipación criminal como circunstancia de mayor punibilidad concurrente con otra de carácter atenuante.

El Legislador optó por el sistema de fijación legal de un marco punitivo y concreción por el Juez dentro de ese marco; así señala la clase y el quantum de la pena, pero no de una manera fija y absoluta, sino estableciendo un mínimo y un máximo a la par que brinda los criterios necesarios para que el servidor judicial la concrete en cada caso particular. La nueva Codificación Penal afrontó una reforma en el método de la determinación de la pena que implicó la reducción o mayor restricción al ámbito de discrecionalidad del funcionario y eran de esperarse dificultades y distintos criterios a partir de la promulgación del Código, y en este caso es de justicia reconocer que la razón está de lado del Letrado cuando alega que a la incorrecta aplicación de los parámetros legales en el proceso de dosificación de la pena se llegó por la indebida aplicación del artículo 58, numeral 10, del Código Penal, pero no precisamente porque se hubiera incurrido en agravio al principio de prohibición de la doble valoración, ni tampoco por la errada interpretación del artículo 61 del mismo ordenamiento, como lo anuncia en forma desatinada. La circunstancia que agrava el Homicidio consistente en la colocación de la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de esta situación, en el plano normativo la distingue el Legislador de la coparticipación criminal que también se debe tener en cuenta como fundamento para la individualización en concreto de la pena, y el equívoco del impugnante parte de no considerar en el terreno practico que la circunstancia agravante del punible de Homicidio en este concreto particular obedeció a múltiples factores que

determinaron el estado de indefensión de la víctima; no exclusivamente a la superioridad numérica de los agresores. Una revisión atenta de los fallos permite evidenciar sin ningún género de duda que el estado de indefensión que tornó más gravoso el ilícito se lo estructuró 9 por la condición inerme y la imposibilidad física de defensa que tuvo el ofendido por no contar con medios idóneos para repeler el ataque de su agresor. La transgresión del artículo 58, numeral 10, del Código Penal, por indebida aplicación, si se evidencia en toda su manifestación, pero no por los motivos que propone el actor, sino debido al desconocimiento de la exigencia de la suficiente motivación, como también la consonancia que en todos los aspectos debe mantener la acusación y el fallo definitivo El Tribunal simplemente avaló la decisión del Juzgado de salvar la congruencia con el pretexto de la enunciación del supuesto fáctico de la coparticipación y es inocultable que se apeló por el sentenciador de primer grado a decisiones de la suma autoridad judicial (casación del 30 de noviembre de 1999; M.P. Dr. Carlos Gálvez Argote, y reiterada por la del 4 de abril de 2001; M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll); empero es preciso advertir que con posteridad a la época de los fallos otra viene siendo la línea de pensamiento de la alta Corporación sobre el tema. En determinación del 23 de septiembre de 2003, M.P., Dr. Herman Galán Castellanos, citado recientemente por otra del mismo ponente del 27 de octubre de 2004, sobre la imposibilidad de imputar circunstancias genéricas de

agravación en la sentencia cuando no hubieran sido explícitamente formuladas en la acusación, se puntualizó: “Y es que, en el campo punitivo dentro del código actual, las circunstancias genéricas de agravación, llevan una repercusión importante, tanto cualitativa como cuantitativa en la pena, que en el régimen anterior podría no tener la misma connotación, dada la discrecionalidad concedida al juez para aumentar la pena dentro de los limites de la norma que tipificaba el tipo y la pena aplicables. Empero, conforme al artículo 61 actual, el ámbito punitivo puede moverse hasta dos cuartos medios y aún al cuarto máximo, cuando sólo concurran circunstancias de mayor punibilidad, lo cual eleva considerablemente la pena cuando por la naturaleza de la conducta punible, la pena principal es significativamente alta. Por esta razón, la acusación debe ser lo suficientemente explicita, cuando al concretar al autor aluda a circunstancias tales como la posición distinguida, el motivo abyecto, los móviles de intolerancia o discriminación o cualquiera otro de los mencionados en el artículo 58, pues estas no surgen de la discrecionalidad, puesto que para que cumplan sus efectos deben estar supeditadas a la apreciación probatoria, a la discusión, contradicción y debate.”1 (las subrayas no pertenecen al texto). 1 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 23 de septiembre de 2003, M.P. Dr. Herman Galán Castellanos (Exped. 16320) Recientemente citada por el fallo del 27 de octubre de 2004 del

10 Los fallos de primera y segunda instancia, de acuerdo con la calificación jurídica de la infracción condenan por el delito de Homicidio Agravado, considerando además el Juzgado la circunstancia agravante prevista en el artículo 58, numeral 10, del Código Penal (por haberse actuado con la coparticipación de otras personas) para efectos de dosificar la pena a partir de los cuartos medios del ámbito punitivo, sobre lo cual el Tribunal no hizo ningún reparo y simplemente agregó con el propósito de tasar los perjuicios causados con el ilícito que el joven Robinsón Alzate se encontraba indefenso y se le persiguió hasta darle muerte. El juzgador singular reconoce de manera expresa que la Resolución de Acusación no contempló “la disposición penal respectiva” (artículo 58, numeral 10, del C.P.) pero no advierte en la misma forma que el propósito del ente acusador no fue el de sustentar una circunstancia distinta de la agravante especifica del Homicidio. A manera de ilustración y mayor comprensión del asunto que se debate, es menester poner de resalto no sólo que la Resolución del 20 de junio de 2002 (folio 138 y ss.) por medio de la cual se declaró persona ausente a la mayoría de coautores del ilícito de Homicidio expresamente advirtió que no se daban hasta ese momento circunstancias de agravación punitiva, sino también que la medida de detención preventiva se dictó contra todos por el delito de Homicidio Simplemente Voluntario. Sólo más tarde, por medio de la extraña Resolución de calendas 6 de agosto de

2002 (que amplió la declaratoria de persona ausente y la indagatoria), de la cual se notificaron los procesados detenidos y el defensor, se consideró agravado el Homicidio por concurrir la causal de agravación que contempla el numeral 7° del artículo 104 del Código Penal. Por su importancia es menester reproducir el texto completo de las explicaciones que se dieron en esta ocasión: “Encuentra en esta oportunidad la Fiscalía que de acuerdo a la manera como sucedieron los hechos, concurre como causal de agravación del homicidio la contemplada en el numeral 7° del artículo 104 del Código Penal, en cuanto se coloca a la víctima en situación de indefensión y de inferioridad para lograr con ello una fácil consumación del Homicidio, “En el homicidio de ROBINSÓN JOHAN ALZATE GIRALDO, según el compendio probatorio recopilado en esta instrucción, fue acometido bajo la participación, como coautores materiales, de cinco personas, varias de mismo Magistrado Ponente. 11 ellas proveídas de armas de fuego que inicialmente le dispararon, después lo persiguieron y acorralaron, hasta por último rematarlo. “Colocar a la víctima en estado de indefensión para estos efectos, comporta la creación de un estado por medio de la cual se priva a la víctima o tercero de la oportunidad de repeler la agresión, sea que se le disminuyan las posibilidades, sea que se le supriman. Inferioridad alude a estar por debajo del agresor en situación desventajosa. Por ello, la víctima de marras fue colocada en completa imposibilidad física y moral de rechazar cualquier agresión, no sólo por encontrarse desprovista de un

arma de defensa, sino por la superioridad numérica que representaban sus victimarios, por el cercamiento que le hicieron, por la persecución que en su contra emprendieron etc.” Se puede aclarar por el contexto que no se pretende la imputación de la circunstancia agravante de punibilidad por la coparticipación criminal y la solución no fue distinta en la oportunidad de la calificación del mérito probatorio del sumario. Seguidamente, la Resolución de Acusación del 23 de octubre de 2002 repitió que se daba la circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral 7 del artículo 104 del Código Penal “dada la indefensión de la víctima, por la pluralidad de autores, lo persiguieron, acorralaron y lo ultimaron…”. Por ende si la acusación en general no tuvo el propósito de imputar expresamente a los incriminados la circunstancia de agravación prevista en el artículo 58, numeral 10, del Código Penal, por respeto al principio de congruencia que es estructural al debido proceso tampoco se la debió tener en cuenta en la sentencia. La circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58, numeral 10 del Código Penal que rigió el asunto y consistente en la ejecución del hecho con la participación criminal de otro, no fue formulada en la acusación, el acto jurídico donde se definen los cargos, y así resulta obvio que se desconoció el marco de la imputación jurídica cuando se la incluyó en los fallos de instancia y dio lugar a una pena superior a la que en derecho correspondía, como quiera que con fundamento en ella los juzgadores se ubicaron en los cuartos medios y no en el

mínimo que reclama el opugnante. En conclusión y en definitiva, aunque el cargo está adecuadamente perfilado por los senderos de la causal primera de casación y la transgresión de la norma sustancial realmente existió, pero no en la forma como lo postula el censor, la demanda se debe desestimar, sin embargo, siendo menester desechar la agravante genérica del comentario, se debe por fuerza hacer uso de la facultad 12 que le concede el artículo 216 del Estatuto Procesal Penal a la Corte Suprema de Justicia y casar en forma parcial el fallo objeto de impugnación para que la sanción de prisión se individualice en concreto a partir del cuarto mínimo en relación con el ámbito de punibilidad previsto para el Homicidio Agravado.

F. - PETICIÓN.

Son suficientes las consideraciones expuestas para sugerir a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que desestime la totalidad de los cargos propuestos a nombre de los sentenciados; en su lugar, en forma oficiosa, se CASE PARCIALMENTE la sentencia materia de impugnación y dicte la de sustitución que redosifique la pena principal privativa de la libertad que corresponde a los justiciables. Atentamente,

ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA

Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá D. C., 24 de noviembre de 2004 Rad. No. 21.821