PGN - IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA - Su reglamentación es única de competencia privativa

Concepto 034 Bogotá D. C., 16 de febrero de 2007

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S .D.

Consejero Ponente: Dr. JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE Referencia: 88001233100020040011001

Radicado: 16188

Asunto: AUTORIDADES DEPARTAMENTALES

Actor: ILIZA DE COLOMBIA LIMITADA C /

DEPARTAMENTO ARCHIPIELÁGO DE SAN

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA

CATALINA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 de 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 de 6 octubre de 2005; obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta Agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES  FUNDAMENTOS DE HECHO: 1.- El 6 de septiembre de 2001, el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, profirió Requerimiento GR 175/01, Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado 6consejoestado@procuraduria.gov.co

Carrera 10 N° 16-82 Oficina 803 Tel.: 3346076 – 2829266 Fax 3423609 www.procuraduria.gov.co

Expediente 16188 2 instando a la firma actora para que liquidase correctamente el impuesto del consumo de que trata la Ley 223 de 1995 y la respectiva sanción, por el período comprendido entre enero de 1998 y diciembre de 1999. 2.- Dicho Requerimiento fue respondido el 4 de diciembre de 2001. La entidad territorial profirió la Resolución 2087 de 15 de agosto de 2003, por medio de la cual se determinaron los montos de pago insolutos por concepto del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; tabacos y cigarrillos; cervezas, mezclas y refajos, la que fue notificada el 1° de diciembre del mismo año. 3.- La sociedad contribuyente, interpuso el recurso de reconsideración el 26 de enero de 2004, argumentando lo siguiente:  La imposibilidad del Departamento para proferir esa resolución por vencimiento de los términos legales;  Que la Ordenanza 016 de 1996 fue anulada únicamente en lo referente al impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos; incumpliendo el Departamento los requisitos establecidos en el Estatuto de Rentas Departamental para la expedición de dicho acto. 4.- Dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución 1701 de 6 de julio de 2004, confirmado el acto administrativo recurrido y ordenando además el cobro coactivo a la sociedad reclamante. 5.- La sociedad actora en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y actuando a través de apoderado especial, demandó la nulidad de la Resolución 2087 de 15 de agosto de 2003 y la

Resolución 1701 de 6 de julio de 2004, ambas proferidas por el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con asiento en esa jurisdicción. Expediente 16188 3  FUNDAMENTOS DE DERECHO:  NORMAS VIOLADAS: o Artículo 29 de la Constitución Política; o artículos 476, 482, 498, 502 y 504 del Estatuto de Rentas Departamentales, y; o artículo 704 del Estatuto Tributario.  CONCEPTO DE VIOLACIÓN RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN 2087 DE 2003: Manifestó que no se debió proferir la Resolución 2087 de 15 de agosto de 2003, por las siguientes razones:  El artículo 482 del Estatuto de Rentas Departamental prescribe que dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término para responder el requerimiento especial deberá practicarse y notificarse la liquidación de revisión y, en el caso de que el departamento no lo haga, deberá dictarse auto de archivo. Agregó que la sociedad actora contestó el Requerimiento Especial el 4 de diciembre de 2001, cuando el 6 de diciembre del mismo año vencía la fecha para darle respuesta, teniendo en consideración que dicho Requerimiento tenía fecha 6 de septiembre de esa misma anualidad; razón por la cual, el Departamento debió practicar la liquidación de revisión a más tardar el 6 de junio de 2002, es decir seis (6) meses después, como dispuso la citada norma.  Manifestó además que el Requerimiento Especial también se profirió

fuera del término, pues el artículo 476 del Estatuto de Rentas del Departamento señala que únicamente se permite el envió de requerimientos especiales dentro del año siguiente a la fecha de Expediente 16188 4 presentación de la declaración y, se trata de cobros de los años 1998 y 1999. Afirmó que el artículo 482 ibídem establece un plazo máximo de tres (3) años para proferir la Liquidación de Revisión. Si se tiene en cuenta que se trataba de los años 1998 y 1999, la administración departamental debió proferir la liquidación de revisión a más tardar en el mes de diciembre de 2002 y no el 15 de agosto de 2003, como es el caso de la Resolución 2087. Respecto de la Resolución 1701 de 6 de julio de 2004, argumentó que el artículo 498 del Estatuto de Rentas Departamentales, dispuso que dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición del recurso, se dictaría auto admisorio en el caso de que cumpliese los requisitos del mismo, o inadmisorio en caso contrario. Añadió que el 26 de enero de 2004, la sociedad contribuyente - dentro de la oportunidad legal para ello -, interpuso el recurso de reposición contra la Resolución 2087 de 15 de agosto de 2003, debiendo el Departamento proferir el auto admisorio o inadmisorio del recurso, el 16 de febrero del mismo año. Recordó que el artículo 502 del Estatuto de Rentas, establece un plazo de tres (3) meses para que la Secretaría de Hacienda resolviese el recurso de reconsideración, contados a partir de la notificación del auto admisorio, lo

que quiere decir que dicho recurso debió ser contestado el 16 de mayo de 2004 y no el 6 de julio de 2004. De conformidad con lo establecido en el artículo 504 del mismo estatuto, la actora tenía el derecho al reconocimiento del silencio administrativo positivo, debido a que el recurso debió decidirse el 16 de mayo de 2004. Expediente 16188 5 Finalmente manifestó que el Departamento con la expedición de dichas resoluciones, violó el artículo 29 de la Constitución Nacional. Refiriéndose a la Ordenanza 016 de 1996; recordó que el Tribunal de primera instancia, con fecha 5 de noviembre de 1998, se contrajo a declarar la nulidad del artículo primero de dicha Ordenanza, en lo que tiene que ver con la tarifa del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos; fallo que fue confirmado por el Honorable Consejo de Estado mediante providencia de 21 de mayo de 1999; coligiendo que dado que no ha sido anulado o suspendido en lo que se refiere al impuesto de licores, vinos aperitivos y similares; cigarrillos y tabaco elaborados, la sociedad actora no se encuentra en la obligación de cancelar la suma de MIL OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($1.083’946.805) en favor de la entidad departamental, que de paso violó el principio de legalidad consagrado en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, con la expedición de los actos administrativos cuya nulidad se pretende. OPOSICIÓN DE LA DIAN Recordó que el Honorable Consejo de Estado, confirmó la nulidad del

artículo 1° de la Ordenanza 016 de 1996, proferida el 21 de mayo de 1999, que imponía una serie de tarifas de impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos; licores, vinos aperitivos y similares; cigarrillos y tabacos elaborados para el Departamento archipiélago; desconociendo las reglas generales contenidas en la Ley 223 de 1995, que regulaban dicha materia. Dicho artículo establecía unas tarifas discriminatorias por debajo de las establecidas en la ley, dado lo cual, al confirmarse la nulidad a través del citado fallo del Consejo de Estado, debía ajustarse la reglamentación del régimen tarifario al dispuesto en la ley, lo que de por si generó un incremento en el monto a recaudar a cargo de los sujetos pasivos del Expediente 16188 6 impuesto; razón por la cual, se conminó a la demandante a través del Requerimiento Especial GR 175 de 6 de septiembre de 2001, para que corrigiera su declaración de impuesto conforme los requerimientos previstos en la Ley 223 de 1995. Aclaró que con la declaratoria de nulidad del artículo 1° de la Ordenanza 016 de 1996, el Consejo de Estado estaba declarando la supremacía de la Ley 223 de 1995, por lo cual resulta poco entendible que la accionante afirme que la declaratoria de nulidad solo recayó sobre el impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas y no sobre el consumo al cigarrillo y tabaco que

son reglamentados en la referida ley en los artículos comprendidos del 207 al 212. Transcribió los artículos comprendidos del 214 al 216 de la Ley 223 de 1995, para argumentar que si bien es cierto, el artículo 1° de la mencionada ordenanza fue declarado nulo, debía entenderse que la imposición de las tarifas, bases gravables, sujetos pasivos del impuesto, continuaban vigentes al amparo de la invocada ley, que dispuso la prohibición de modificar o crear impuestos distintos a los previstos en ella, por cuya virtud, el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos, al igual que el de consumo de licores, vinos aperitivos y similares, así como, el de cigarrillos y tabaco elaborado, son gravámenes que se encuentran regulados en la Ley 223 de 1995 y con fundamento en ella se debe recaudar. Adujo que contrario a lo expresado por el apoderado de la sociedad demandante, atinente a que con la expedición de la Resolución 2087 de 15 de agosto de 2003, se violaron los términos, habida cuenta que en los quince (15) días siguientes a la interposición del recurso de reconsideración, debió dictarse un auto admisorio o inadmisorio del mismo; olvidó la accionante que el artículo 726 del Estatuto Tributario, establece que si transcurridos los quince (15) días sin que se profiera el Expediente 16188 7 Auto de Inadmisión, aquel se entenderá admitido y, en tal medida, se procederá a dictarse una sentencia de fondo. Respecto del argumento de la demandante tendiente a señalar que en su

favor debió operar el silencio administrativo positivo, expuso no se tuvo en cuenta que su procedibilidad se encontraba supeditado al incumplimiento del término para resolver los recursos, lo cual no aconteció en consonancia con lo previsto por el artículo 734 del Estatuto Tributario. En relación con la excepción planteada, señaló que cuando el Honorable Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia que declaró el artículo 1° de la Ordenanza 016 de 1996, se aceptó la vigencia de la estipulación consagrada en los artículos 185 a 201 de la Ley 223 de 1995, relativa al impuesto de cervezas, sifones y refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, como un impuesto de propiedad de la nación, cuyo producto se encuentra cedido a los Departamentos y al Distrito Capital de Bogotá, sin que pudiese la Asamblea Departamental abrogarse la facultad de modificar las tarifas de un tributo nacional, razón por la cual resulta claro, que siguiendo el mandato de la Ley 223 de 1995, se hubiesen generado mayores valores a pagar por parte de los contribuyentes, trayendo como consecuencia la notificación al actor de un Requerimiento Especial, conminándolo a que corrigiese su declaración y pagase la diferencia. LA PROVIDENCIA El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia de 10 de agosto de 2006, denegó las pretensiones de la demanda. APELACIÓN Expediente 16188 8 Expuso que el estudio de las pruebas efectuado por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como el de

las pretensiones adoleció de superficialidad, si bien la sociedad cumplió con la obligación de declarar el impuesto al consumo, pero lo hizo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 47 de 1993, que prescribía que el impuesto al consumo de licores se cancelaba en la declaración de importación, lo cual la desligaba de la obligación de presentar una declaración privada del impuesto al consumo de licores. Estimó que para efectos de establecer la violación de términos consagrado en las normas que regulan el procedimiento tributario, debe quedar demostrado que en el presente caso, el punto de partida son las declaraciones de importación presentadas por la sociedad contribuyente durante los años 1998 y 1999 y no las declaraciones de impuesto al consumo de que trata la Ley 223 de 1995, en la medida que el impuesto al consumo cancelado por la sociedad durante los años 1998 y 1999, fue liquidado de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 47 de 1993. Indicó que contrario a lo manifestado por el Tribunal en la sentencia recurrida, sí existen las liquidaciones privadas de importación, las que se encuentran debidamente acreditadas dentro del proceso, constituyéndose en el presupuesto fundamental y material de la liquidación oficial de revisión contenida en uno de los actos administrativos demandados, como lo es la Resolución 2087 de agosto 15 de 2003, razón por la cual, deben tenerse las declaraciones de importación presentadas por la demandante durante los años 1998 y 1999, que obran dentro del acervo probatorio allegado al expediente, para que el Consejo de Estado teniéndolas como

punto de partida confirme los vicios procedimentales en que incurrió la Administración departamental. Aclaró que no se trata de declaraciones de aforo, tal y como lo manifestó el Secretario de Hacienda y Comercio del Departamento de San Andrés, al Expediente 16188 9 remitirle al Tribunal Administrativo uno de los actos acusados; habida cuenta que el Departamento no expidió el emplazamiento para declarar como requisito previo de la liquidación de aforo, tal y como lo establecen los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario. Violación de términos incurridos por la Administración Departamental - Vicios procedimentales. Partiendo de la existencia de las declaraciones privadas, insistió en que al tenor del artículo 482 del Estatuto de Rentas Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta al Requerimiento Especial, debió practicarse y notificarse la Liquidación de Revisión, si bien ello no aconteció de esa manera, debiendo dictarse el auto de archivo correspondiente. Insistió que en el caso concreto, el término de vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial venció el 6 de diciembre de 2001, teniendo en cuenta que el requerimiento especial tuvo como fecha el 6 de septiembre de 2001, razón por la cual, el Departamento debió practicar la liquidación de revisión a más tardar el 6 de junio de 2002, es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta al Requerimiento Especial, según lo dispuesto en el artículo 482

del Estatuto de Rentas Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dedujo que en ambos casos, aplicando el artículo 482 Estatuto de Rentas Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o el inciso primero del artículo 710 del Estatuto Tributario Nacional, el Departamento no podía después del 6 de junio de 2002, proferir y notificar la liquidación de revisión. Expediente 16188 10 Destacó que el Honorable Consejo de Estado y diversos tratadistas en la materia de la jurisdicción contencioso administrativa, coinciden en establecer que la falsa motivación es un argumento suficiente para efectos de lograr la prosperidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Esta Delegada del Ministerio Público procede a emitir concepto en relación con la solicitud de declaratoria de nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución 2087 de 15 de agosto de 2003, proferida por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio de la cual se determinaron los montos insolutos de pago a cargo de la sociedad Iliza de Colombia Limitada, por concepto del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, tabacos, cigarrillos, cervezas, mezclas y refajos; y la Resolución 1701 de 6 de julio de 2004,que confirmó lo resuelto en la resolución impugnada.

En primera instancia hemos de recordar que el artículo 193 de la Ley 223 de 20 de diciembre de 1995, “Por la cual se expiden normas sobre

racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”, reglamentó a nivel nacional el impuesto al consumo de cervezas sifones, refajos, mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, cuyo texto literal preceptúa: ART. 193. —Reglamentación única. Con el propósito de mantener una reglamentación única a nivel nacional sobre el impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos, mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, ni las asambleas departamentales ni el Concejo Distrital de Santafé de Bogotá podrán expedir reglamentaciones sobre la materia, de manera que el gravamen se regirá íntegramente por lo dispuesto en la presente ley, por los reglamentos que, en su desarrollo, profiera el Gobierno Nacional y por las normas de procedimiento señaladas en el estatuto tributario, con excepción del período gravable. La lectura de la norma traída en cita nos permite inferir con claridad meridiana que la misma tiene un carácter unificador a nivel nacional del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos, mezclas de bebidas Expediente 16188 11 fermentadas con bebidas no alcohólicas; señalándole por añadidura una prohibición expresa tanto a las Asambleas Departamentales, como al Concejo del Distrito Capital de Bogotá, para expedir normas y reglamentaciones sobre dicha materia. Es más, precisa que el referido gravamen se someterá a lo prescrito en la aludida Ley 223 de 1995 y, a los reglamentos que para desarrollarla expida el Gobierno Nacional; además de las normas procedimentales que

al efecto contemple el Estatuto Tributario, con excepción del periodo gravable. No obstante, del caudal probatorio allegado al proceso se observa que desatendiendo dicho mandato, la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 1° de noviembre de 1996 expidió la Ordenanza 016 que fijó las tarifas y reglamentó el impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado para esa entidad territorial, disponiendo tarifas menores de las previstas en la norma legal que ostentaba tal atribución, -Ley 223 de 1995en abierto desacato de lo dispuesto en ésta. En ese orden de ideas, por medio de Auto proferido por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de 27 de noviembre de 1997, fue suspendida la Ordenanza aludida por violación manifiesta de la disposición contenida en el artículo 193 de la de la Ley 223 de 1995. Posteriormente, el Consejo de Estado mediante providencia de 21 de mayo de 1999; Expediente 9346, ratificó la declaratoria de nulidad del artículo 1° de la Ordenanza 016 de 1996, decretada por el Tribunal de primera instancia, en fallo proferido el 5 de noviembre de 1998. De otro lado, la accionante controvirtió la decisión de la Administración referida a que los actos administrativos impugnados, si bien pudieron Expediente 16188 12 tener el alcance de lograr la corrección de las tarifas en lo relacionado con

el impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos, mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, toda vez que la declaratoria de nulidad del artículo el artículo 1° de la Resolución 016 de 1996, sólo tuvo el alcance de declarar el sometimiento de las mismas a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 223 de 1995; ello a su juicio no implica, que dicha decisión hubiese podido trascender el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. Pues bien, a ese respecto hemos de recordar que las facultades en materia tributaria provienen de las que expresamente consagra el artículo 338 de la Constitución Política, del cual proceden aquellas que de manera prevalente ejerce el Congreso de la República y, en forma derivada las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, como bien lo han reconocido tanto la doctrina, como la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Desde esa perspectiva, hemos de tener en cuenta que en materia del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado, el máximo tribunal constitucional mediante sentencia SC-197/97, reconoció que el marco de las atribuciones conferidas para su imposición compete de manera privativa al legislador, según se desprende de la lectura de su texto al decir: “La Corte al efectuar la revisión constitucional, en relación con este tipo de impuestos, no puede asumir una función que es propia del legislador, determinando, por ejemplo, cuál es el sujeto pasivo o la tarifa que éste debe cancelar, pues ese órgano puede considerar que, en relación con cierto producto o actividad, por política económica, por

conveniencia, por salud pública, etc., es necesario desestimular su producción o desarrollo. Por tanto, en cumplimiento de su función, la Corte, en este caso específico, no puede suplantar la voluntad del legislador, y establecer que sólo el tabaco elaborado con la ayuda de métodos técnicos, y cuya producción es a gran escala, es el que debe estar gravado con el impuesto pues, dada la naturaleza de este tributo, el legislador bien pudo considerar que una de las formas de desestimular el consumo del cigarrillo y tabaco, en sus distintas presentaciones, era establecer un tributo sobre su consumo, sin importar las condiciones del sujeto que lo elabora. Igualmente, el Expediente 16188 13 legislador pudo establecer tarifas diferenciales para gravar uno y otro producto….” (Comillas y resaltado fuera del texto original). En ese contexto, el legislativo en uso de las facultades que le son propias, estableció en el Capitulo IX de la Ley 223 de 1.995, la regulación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, que comprende los artículos 207 al 212. Por contera, el artículo 214 ibidem del Capitulo X, “Disposiciones comunes al Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, y similares, y al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado”, estableció la siguiente prohibición: ART. 214. —Prohibición. Se prohíbe a los departamentos, municipios, distrito capital, distritos especiales, áreas metropolitanas, territorios indígenas, regiones, provincias y a cualquiera otra forma de división territorial que se llegare a crear con posterioridad a la expedición de la presente ley, gravar la

producción, importación, distribución y venta de los productos gravados con los impuestos al consumo de que trata este capítulo con otros impuestos, tasas, sobretasas o contribuciones, con excepción del impuesto de industria y comercio. De esta manera, se hace evidente que la regulación en materia del impuesto de consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; así como de impuesto de consumo de cigarrillos y tabaco sólo podía estar sometida a lo dispuesto en la Ley 223 de 1995, habida cuenta que las facultades bajo las cuales fue expedida ésta, emanan directamente de la Constitución Política; haciendo inocua la aplicación a una de menor rango declarada nula, por contravenir abiertamente el ordenamiento superior y legal, como ocurrió con la Ordenanza 016 de 1996, detrayendo como consecuencia los efectos ex tunc, que como es sabido, retrotrae sus efectos al momento anterior al de su expedición. Por último, con fundamento en lo expuesto podemos concluir que si la norma aplicable al asunto sub examine, resulta ser como lo hemos visto la Ley 223 de 1995, es apenas obvio que en esta situación particular no podía menos que darse aplicación a lo dispuesto en el aparte pertinente del artículo 193 de la norma invocada, que señaló: Expediente 16188 14 (…) “…el gravamen se regirá íntegramente por lo dispuesto en la presente ley, por los reglamentos que, en su desarrollo, profiera el Gobierno Nacional y por las normas de procedimiento señaladas en el estatuto tributario, con excepción del período gravable.” Teniendo como fundamento el análisis precedente, se puede concluir que

para efectos del recaudo del impuesto al consumo, los procedimientos aplicables debieron ser los que al efecto consagraba la Ley 223 de 1995 y el Estatuto Tributario, y no los de la Ordenanza 004 del 15 de febrero de 1997. Finalmente, la accionante adujo que cumplió la obligación de declarar el impuesto al consumo de licores teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 47 de 1993, por virtud de lo cual, citaremos su texto a renglón seguido: “ARTÍCULO 16. REGIMEN ADUANERO CAMBIARIO. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá un régimen aduanero y cambiario de puerto libre. Las mercancías extranjeras que ingresen al territorio del departamento seguirán gravadas con el impuesto ya existente del diez por ciento (10%) sobre el valor CIF, que será percibido, administrado y controlado por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. PARÁGRAFO 1. Este gravamen podrá ser modificado por la Asamblea Departamental, a iniciativa del Gobernador, cuando las circunstancias del mercado así lo exijan. (Comillas y negrillas fuera del texto original) (…) La lectura del inciso segundo de la disposición traída a colación, nos permite deducir con claridad meridiana que el impuesto de que trata la misma, es un tributo general imponible a todas las mercancías que ingresen al territorio del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que mal pudo asimilarse al impuesto de consumo

establecido en la Ley 223 de 1995, en tanto gravar está última de manera específica, a una categoría de bienes destinados precisamente al consumo Expediente 16188 15 - señalados taxativamente -, sustraídos de la generalidad de bienes que comprende el artículo 16 de la Ley 47 de 1993. En ese orden de ideas, esta Agencia considera que dada la naturaleza específica del impuesto al consumo que consagra la Ley 223 de 1995, resulta a todas luces improcedente que la Administración Departamental, hubiese pretendido hacer efectivo el cobro de los supuestos montos insolutos del contribuyente, tomando como base para ello, las declaraciones del impuesto general que consagra el artículo 16 de la Ley 47 de 1993. Así las cosas, huelga decir que mal pudo aducir la sociedad actora, que cumplió la obligación de declarar el impuesto al consumo de licores con base en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 47 de 1993, toda vez que la aplicación del mismo no resultaba procedente, dado que como se señaló en precedencia, dicha materia quedó supeditada a lo dispuesto en la Ley 223 de 1995. Del caudal probatorio obrante dentro del expediente, se advierte que la sociedad contribuyente no presentó las declaraciones del impuesto de consumo consagradas en la Ley 223 de 1995, razón por la cual la Administración debió emplazarla para que declarase y efectuase las correspondientes declaraciones de aforo; sin que ello hubiese acontecido. Ahora bien, la Administración Departamental desconociendo que el impuesto general de que trata el articulo 16 de la Ley 47 de 1993 – cancelado en su oportunidad por la sociedad accionante -, es diferente del

impuesto al consumo estatuido en la Ley 223 de 1995; parte erróneamente de la base de que con lo cancelado por concepto del primero, se estaba cancelando el segundo, de lo cual surge una diferencia insoluta que pretende sea cancelada, por cuya virtud, procedió a conminar a la sociedad demandante por la vía del Requerimiento Especial a que cumpliese dicha obligación; procedimiento a todas luces arbitrario, en Expediente 16188 16 tanto es la consecuencia de mezclar el cobro de dos gravámenes de naturaleza distinta, el primero de los cuales, como ya se reseñó, había sido cancelado en su oportunidad. Lo anterior, condujo a que la Administración partiendo de una permisa equivocada en el Requerimiento Especial, profiriese la Resolución 2087 de 15 de agosto de 2003, ratificando el cobro de los supuestos “montos insolutos de pago a cargo de un contribuyente por concepto de impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, tabacos, cigarrillos, cervezas, mezclas y refajos”; teniendo como base para ello, las facultades contenidas en la Ley 223 de 1995. En ese orden de cosas, esta Agencia del Ministerio Público se permite precisar, que no obstante la previsión de que la justicia de lo contencioso administrativo es rogada, dicha lectura no puede hacerse al margen de lo que previene el numeral 1º del artículo 277 de la Constitución Política, cuyo tenor preceptúa: “Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:

1.- Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”. Efectuada la anterior precisión, resulta necesario señalar que no obstante tener claro la improcedibilidad de las causales invocadas por la sociedad accionante en la presente demanda, ello no desvirtúa la viabilidad de la causal de nulidad de los actos administrativos acusados a que hemos aludido, en tanto incurrir en falsa motivación, deviniendo en ostensible transgresión del artículo 29 de la Carta Política, el Artículo 683 del Estatuto Tributario, y; los principios de legalidad y seguridad jurídicas. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, este Despacho replantea la posición asumida en un asunto de idéntica naturaleza, Expediente 16188 17 resuelto a través del Concepto 009 de 24 de de enero de 2007, presentado dentro del radicado 16037. Con fundamento en las razones expuestas, esta agencia del Ministerio Público solicita respetuosamente a la Sala, declarar la nulidad de la Resolución 2087 de 15 de agosto de 2003, proferida por el Departamento Ar