PGN - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - Según jurisprudencia del consejo de estado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION CONTRACTUAL-Liquidación de contrato de interventoría CONTRATO ESTATALRégimen mixto de regulación El artículo 13 de la ley 80 de 1993 refiere la normatividad aplicable a los contratos estatales y dispone que éstos se rigen por la legislación civil y comercial pertinente, salvo en aquellas materias reguladas en esa misma ley. Este artículo se complementa con el artículo 70 del mismo estatuto contractual, el cual dispone que las normas que rigen las actuaciones contractuales son aquellas que se refieren a la función administrativa y a la falta de éstas, se aplicará el Código de Procedimiento Civil. CONTRATO ESTATAL-Finalidad CONTRATO ESTATAL-Liquidación/CONTRATOS ESTATALES-Clases de Liquidación Existe en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. La liquidación de común acuerdo o voluntaria de los contratos ya señalados, se efectúa dentro del término establecido en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia o del acordado en el contrato. En defecto de tal señalamiento o a falta de acuerdo, procede practicarla dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o a la fecha del acuerdo de voluntades que la disponga. Ahora, si el contratista no se presenta a la liquidación voluntaria o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, ella será practicada directa y unilateralmente

por la entidad contratante y se adoptará mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición, para lo cual la administración, al tenor del artículo 44, numeral 10, literal d) de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del C.C.A., dispone de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. Si la entidad contratante no liquida unilateralmente el contrato dentro del término de seis (6) meses ya señalado o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, el interesado "podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-Según jurisprudencia del Consejo de Estado DEMANDA-Ineptitud sustantiva Finalmente, esta Delegada está de acuerdo con la posición adoptada por el H. Tribunal Administrativo del Atlántico proferida el 25 de abril de 2017, toda vez que no existe Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01 incumplimiento del Contrato de interventoría No. 2110552 celebrado entre el Consorcio

Infraestructura 2011 y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, en el sentido que al mediar un acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, cualquier pretensión que se esgrima frente a la entidad demandada , con fundamento en el contrato objeto de liquidación, debió encauzarse dentro de una demanda contractual de impugnación de la decisión administrativa, para que a través de su estudio en el proceso contencioso administrativo se debata su legalidad o ilegalidad, y en vista que esto no ocurrió, debe declararse la ineptitud sustantiva de la demanda 2 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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CONCEPTO No. 145/ 2018

Bogotá, D.C., 21 de septiembre de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

E. S. D.

EXPEDIENTE: 08-0012333005-2013-00797-01 (60800)

ACCIÓN: Contractual - Ley 1437

ACTOR: Velnec S.A y Mariluz Mejía de Pumarejo, integrantes del

Consorcio Infraestructura 2011

DEMANDADO: Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo –

Fonade.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / No existió incumplimiento del Contrato No. 2110522 celebrado entre las partes / No fueron probados los supuestos de hecho / Se probó el cumplimiento contractual por parte del Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo – Fonade / Se realizó la liquidación unilateral del contrato por parte de FONADE / Ineptitud sustantiva de la demanda El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. 3 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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La Sociedad Velnec S.A y Mariluz Mejía de Pumarejo, integrantes del Consorcio Infraestructura, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2001, entabló demanda el 29 de noviembre de 2013, contra Fondo Financiero de proyectos de

Desarrollo – Fonade, para que se liquide en sede judicial contrato 2110522 celebrado entre el Consorcio Infraestructura 2011 y la entidad convocada el 13 de abril de 2011, cuyo objeto fue “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO MUNDO FELIZ DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, así mismo que en dicha liquidación se reconozca todas las sumas de dinero que la entidad demandada debe pagar a la entidad demandante, de acuerdo a liquidación presentada en la demanda y que como consecuencia se condene a la demandan a pagar a favor de la demandante la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS $ 437.553.326 o lo que resulte probada en el proceso, debidamente actualizada a la fecha del pago, que se condene en costa y agencias en derecho a la entidad demandada conforme lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. Narra brevemente en la demanda que entre el Consorcio Infraestructura 2011 y la entidad convocada el 13 de abril de 2011,se celebró contrato 2110522, cuyo objeto se mencionó en párrafo anterior; en la cláusula segunda del contrato denominada VALOR DEL CONTRATO, las partes convinieron que el valor del presente contrato seria la suma de TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO

MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/C ($ 334.527.760.00) aclarándose que en el valor total del contrato se entendían incluidos el valor de la totalidad del IVA y demás tributos y gastos que se causaran por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación el cual 4 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01 correspondió a la totalidad de los gastos relacionados por el CONTRATISTA en su propuesta. Respecto a la cláusula tercera del contrato, denominada FORMA DE PAGO, las partes convivieron que FONADE, pagaría al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato de interventoría, esto es de acuerdo con el avance físico de la obra (…) En el numeral cuarto 4.22 del pliego de condiciones denominado LIQUIDACION DEL CONTRATO, se dispuso que al producirse una cualquiera de la causas de terminación del contrato, se procedería a su liquidación en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que generara la terminación. Se anotó que la liquidación por mutuo acuerdo se haría por acta firmada por las partes, en la cual deberían constatar los ajustes, revisiones y reconocimientos que hubiera lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones

que hubieran alcanzado las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Atlántico Sala Oral “A”, falló en sentencia del 25 de abril de 20171 negando las pretensiones de la demanda, manifestando en resumen los siguientes aspectos:  Consideró pertinente referirse inicialmente al contrato de interventoría No. 2110522, celebrado entre el Consorcio Infraestructura 2011 y Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo – Fonade, analizando su régimen jurídico y ejecución detallando de manera cronológica cada etapa, 1 Visible a folio 625 a 650 del cuaderno del Consejo de Estado. 5 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01 acontecida en el desarrollo del mismo y la conducta asumida por las partes.  Observó que el contrato sobre el cual versan las pretensiones de la demanda fue objeto de liquidación unilateral por parte del fondo financiero de proyectos de Desarrollo FONADE mediante Resolución No. 016 del 20 de mayo de 2014.  Indicó que la parte actora manifestó que el referido contrato de interventoría fue liquidado de forma extemporánea, como quiera que al momento de la expedición de los actos administrativos que lo liquidaron, ya había sido

presentada la demanda, mientras que FONADE basa toda su contestación en que ya existe una liquidación en firme expedida dentro del término de ley, la cual no fue demandada, siendo imposible un pronunciamiento.  Expresó que en los términos del artículo 61 de la Ley 80, la liquidación unilateral de un contrato se adopta por un acto administrativo, que, como tal, está amparado por las presunciones de veracidad y legalidad que le son propias en virtud de su misma naturaleza, de manera que la única forma de desvirtuar tal presunción es por medio de una sentencia judicial en la que se declare la nulidad por algunas de las causales legalmente completadas.  Manifestó que la norma correspondiente al caso objeto de estudio es la correspondiente al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, vigente para la época en que se celebró el contrato de interventoría por el que la actora formuló sus pretensiones, previo la posibilidad de liquidar el contrato aun cuando se hubiesen cumplido los plazos acordados contractualmente, siempre que la misma se realizara dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales.  Se permitió citar la norma, la cual contiene que : 6 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.  Respecto a lo anterior, para el H. Tribunal Administrativo del Atlántico, es claro que la administración, podía liquidar el contrato en cualquier tiempo, siempre que no se encontrara caducado el medio de control contractual.  Corolario a lo analizado, observó que la suscripción del Contrato de Interventoría el 13 de abril de 2011, entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo y el Consorcio Infraestructura 2011, cuyo objeto fue de

conformidad con la cláusula primera, realizar la interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal de las obras de construcción de una infraestructura educativa tipo A en el predio denominado mundo Feliz del municipio de Galapa, Departamento de Atlántico.  De lo antes mencionado observó que en la Cláusula Cuarta, se fijó como plazo de duración del contrato el término de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de actividades, esto es desde el 6 de mayo de 2011, sin embargo el 15 de noviembre de 2011 se decidió prorrogar el plazo hasta el 6 de mayo de 2012, adicionando el valor del contrato en la suma de $ 167.026.080, incluidos todos los costos y gastos 7 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01 necesarios para la ejecución total del contrato.  Indicó que al producirse cualquiera de las causas de terminación del contrato, se podrá realizar la liquidación en un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o del acto que generara la terminación, y para el caso de estudio fue el 6 de mayo de 2012, fecha en que se suscribió el acta de terminación del contrato.

 Por consiguiente a partir del 6 de mayo de 2012, transcurrieron los seis (6) meses para liquidarlo de común acuerdo, y como quiera que así no se hizo, empezaron a transcurrir los dos (2) meses para que la administración lo liquidara unilateralmente, ahora al no haberse liquidado unilateralmente, el término de caducidad de dos años empezó a contarse al vencerse éste último término de dos (2) meses para la liquidación unilateral.  En otras palabras concluyó el H. Tribunal Administrativo del Atlántico, que habiéndose terminado el 6 de mayo de 2012, los seis meses que siguen vencieron el 6 de noviembre de 2012, los dos meses subsiguientes culminaron el 6 de enero de 2013 y la caducidad de 2 años se consolidó el 6 de enero de 2015, por lo que en este orden de ideas, es evidente que para la fecha en que se expidió la Resolución No. 016 del 20 de mayo de 2014, mediante la cual se liquidó unilateralmente el Contrato de Interventoría, FONADE no carecía de competencia para ordenarla.  Consideró que si bien la parte actora presentó la demanda con anterioridad a la expedición de la Resolución No. 016 del 20 de mayo de 2014, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato; estimó que para la citada fecha, esto es, 20 de mayo de 2014, aún no se le había notificado el auto admisorio de la demanda, en la cual se pretende que el juez se pronuncie sobre la liquidación del contrato, por lo que le da certeza a la administración 8 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01 de que el asunto se volvió judicial.  recalcó que el demandante sabiendo de la existencia de la resolución que ordenó liquidar unilateralmente el contrato de interventoría, inclusive antes de la notificación del auto admisorio de la demanda esto es 12 de noviembre de 2014, debió optar por la reforma de la demanda para pedir su nulidad o inclusive, presentar una nueva centrando sus argumentos en las resoluciones de liquidación, a efectos de desvirtuar la presunción de legalidad de dichos actos.  En este orden de ideas concluyó que el plazo razonable para liquidar unilateralmente un contrato celebrado en vigencia de la Ley 1150 de 2007, no tiene el carácter de perentorio y en consecuencia si transcurre el término de dos (2) meses sin que se liquide por la administración, no por ello puede entenderse que perdió la competencia para hacerlo, salvo que hubiese vencido el termino para ejercer el medio de control o concurra el contratista a la vía jurisdiccional y sea notificado el auto admisorio de la demanda.  Aclaro que al mediar un acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, cualquier pretensión que se esgrima frente a la entidad demandada, con fundamento en el contrato objeto de tal liquidación debió encauzarse dentro de una demanda contractual de impugnación de la decisión administrativa, para que a través de su estudio en el proceso

contencioso administrativo se debata su legalidad o ilegalidad, como ello no ocurrió debe declararse la ineptitud sustantiva de la demanda.  Finalmente precisó que todas las pretensiones del actor en el presente asunto se encausaron a obtener la liquidación judicial del contrato de interventoría y acorde con ello obtener de esta jurisdicción su pago total, al cumplir con el objeto del mismo. Sin embargo esa pretensión fue abordada 9 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01 en los actos de liquidación, razón por la cual no hay lugar a pronunciarse sobre los aspectos por ella resueltos, sin que se hayan propuesto otros por fuera de la liquidación. 1.2. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte demandante, presentó recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tribunal Administrativo del Atlántico, de 25 de abril de 2017, exponiendo los siguientes argumentos, a folio 663 a 673 del cuaderno del Consejo de Estado:  Indicó que bajo ningún aspecto comparte la conclusión a la que arribó el Tribunal, al declarar probada de oficio una excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, al no presentar una solicitud de reforma de la demanda e incluir en ella un acto ilegalmente expedido por la demandada, con lo cual

al final logró su propósito de confundir el asunto de tal manera que llevó a lo que en la práctica constituye un fallo inhibitorio, conducta que tampoco era posible.  Expresó que desconoció la normatividad aplicable, siendo esta tan clara que no admite interpretación alguna diferente de la derivada de su literalidad, sino que además contraviene claros pronunciamientos que sobre el particular ha emitido el máximo órgano del contencioso administrativo.  Al respecto aclaró que el término con el que contaba la entidad demandada para liquidar unilateralmente el contrato expiró el 6 de enero de 2013, por lo cual insiste que procedió de forma ilegal a liquidar unilateralmente el contrato mediante Resolución 016 del 20 de mayo de 2014, cuando ya no tenía competencia para hacerlo en razón a que la presente demanda, en la cual se solicita la liquidación del contrato en sede judicial, el 29 de 10 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01 noviembre de 2013, es decir mucho tiempo antes de la expedición de la resolución 016 del 20 de mayo de 2014.  Sostuvo que no es que el contrato no pueda liquidarse, lo que ocurre en el caso concreto, es que si la administración no invita al contratista a liquidar el contrato dentro del término fijado en los pliegos de condiciones y luego

no liquida el contrato de forma unilateral, pierde la facultad de liquidar unilateralmente el contrato y solo queda la posibilidad de solicitar la liquidación del contrato es en sede judicial como en efecto lo hizo la parte demandante mediante el presente proceso.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. 2.1.1 Problemas planteados por la parte actora:  ¿Le asiste razón a la parte actora, al solicitar la liquidación judicial del contrato No. 2110522 celebrado entre el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2011 y el Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo – Fonade., del contrato No. 2110522, el 13 de abril de 2011?  ¿La entidad demandada se encontraba con la competencia para liquidar el contrato de forma unilateral, una vez vencido el término de seis meses para la liquidación bilateral y pasados los 2 meses que la ley establece para hacerlo de manera unilateral? 2.2.2. Problemas planteados por el Ministerio Público: 11 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01  ¿La parte actora cumplió con la carga de la prueba para solicitar la liquidación judicial del contrato No. 2110522 celebrado entre las partes el 13 de abril de 2011 de acuerdo con lo pactado en el

mismo?  ¿Se logró probar que dentro del contrato No. 2110522 celebrado entre las partes el 13 de abril de 2011, FONADE, liquidó el contrato conforme lo estipulado en la ley 1150 de 2007 vigente para la época de la celebración del contrato de interventoría? 2.2. Marco teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Acción contractual. Conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, la acción de controversias contractuales puede intentarse por las partes de un contrato estatal para que “se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas”. La acción de controversias contractuales. La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 87 del CCA, que señala: 12 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01 “(…) ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado

por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes (…)”. 2.2.2. El objeto de los contratos estatales. Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado2: “(…) El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. 2 Sentencia del 31 de agosto de 2011, rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01 (18080), M.P. Doctora Ruth Stella Correa Palacio. 13 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la

colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual. Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución (…)”. 2.2.3. Responsabilidad civil contractual Sobre la responsabilidad civil contractual, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “(…) El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva

el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados 3 (…)" 2.2.4. LEY 1150 DE 2007 de julio 16 de 2007 3 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 14 de Marzo de 1996, magistrado Pedro Lafont Pianetta, exp. 4738. 14 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 60800 08-0012333005-2013-00797-01 (…) ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que

la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación p