PGN - INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO - El vencimiento de su término no imp

Bogotá, D.C., 13 de Febrero de 2006 PAD Doctora

MARIELA PARDO CORREDOR

Asesora Control Interno Disciplinario Hospital Tunjuelito II Nivel Transversal 44 No. 52B-02 sur Ciudad Ref: Su oficio CID-1500-095 del 24 de enero de 2006, radicado en esta oficina el 31 del mismo mes y año. En el oficio de la referencia, solicita usted se conceptúe sobre lo solicitado por el apoderado del acusado en la investigación 025/05, adelantada por esa entidad, quien pide la nulidad de lo actuado porque el auto de apertura de investigación fue proferido once días después de agotados los seis meses de la indagación preliminar. Al respecto, considera que no existe razón para atender esa petición, debido al corto tiempo en el que se produjo la decisión vencido el término aludido, menos aún teniendo en cuenta la cantidad de trabajo existente en esa dependencia. Sobre el particular, debo informarle que en desarrollo de la función consultiva asignada a este Despacho (artículo 9-3 del Decreto 262 de 2000), no es posible absolver casos particulares o concretos, pues ello compete a los respectivos operadores, a quienes corresponde hacer la valoración de los hechos, las pruebas y las normas aplicables, para adoptar, conforme a ello, las decisiones que resulten pertinentes. Además, si el asunto es susceptible de investigación disciplinaria, el Procurador General, en la Circular 038 del 13 de septiembre de 2001, ha dispuesto expresamente la imposibilidad de atender asuntos concretos: 2 “... con el propósito de evitar que la participación en esos procesos decisorios

puede comprometer de alguna manera la autonomía de la entidad y limitar el ejercicio independiente de la potestad disciplinaria, frente a hechos u omisiones que posteriormente puedan llegar a ser objeto de investigación por parte de las instancias disciplinarias competentes. De igual manera y con idéntico propósito, quienes tengan a su cargo el ejercicio de funciones consultivas, deberán abstenerse de emitir conceptos sobre asuntos o situaciones particulares, individuales y concretas que sean o puedan llegar a ser materia de investigación disciplinaria”. Por la razón expuesta, esta oficina no podrá atender su solicitud. Sin embargo, lo anterior no es óbice para hacerle algunas precisiones de orden general sobre el tema y recordarle que de acuerdo con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, el término de la indagación preliminar es de 6 meses y las únicas decisiones que se pueden adoptar precluidos éstos, son el archivo o la apertura de investigación Lo así previsto, impide que la autoridad disciplinaria, transcurrido el plazo fijado, pueda prolongar la instrucción en el tiempo o adoptar determinaciones distintas a las indicadas. En esas condiciones la norma vigente se identifica con lo establecido al respecto por la Ley 200 de 1995, en cuyo artículo 141 señalaba que la indagación preliminar no podía prolongarse por más de seis meses, vencidos los cuales debía o archivarse o abrirse investigación; motivo por el cual resulta oportuno considerar lo expuesto por la Corte Constitucional, en sentencia C-728 del 21 de junio de 2000, oportunidad en la que la citada Corporación al decidir sobre la exequibilidad de dicha norma, entre otros aspectos, precisó:

‘ (...) 3 En el problema que se analiza, el legislador decidió que el término para la indagación preliminar fuera solamente de seis meses y que una vez que él hubiera transcurrido había de abrirse la investigación o de archivarse definitivamente el expediente. El actor y el Ministerio Público consideran que el plazo fijado es muy corto y que él permitirá que muchas faltas disciplinarias queden impunes. La Corte considera que el término fijado sería inconstitucional si fuera claramente insuficiente para realizar una indagación preliminar. Un término excesivamente abreviado impediría realizar una indagación con posibilidades de ofrecer resultados concretos y ello convertiría a la indagación preliminar en un trampolín para garantizar la impunidad en los casos en que se considerara necesario agotar estar etapa. Sin embargo, un término de seis meses no aparece prima facie como insuficiente para practicar la indagación preliminar, puesto que el objeto de ésta no es adelantar la investigación y el juicio mismo, sino establecer si se presentó una actuación que podría constituir una falta disciplinaria y a quien podría imputársele la auditoria de esa conducta. Tres consideraciones adicionales permiten apreciar que el término no es a primera vista insuficiente: la primera es que el lapso de los seis meses no comprende el tiempo necesario para la evaluación de las pruebas recopiladas durante el periodo de indagación, lo que permite que ese periodo sea utilizado íntegramente para la recopilación de pruebas... Evidentemente, es posible que, como lo señala el actor y el Ministerio Público, se presenten situaciones en las que el lapso de seis meses no sea suficiente

para determinar la ocurrencia de la falta disciplinaria o individualizar al servidor público que hubiere intervenido en ella. Sin embargo, en estos casos habrá de respetarse la voluntad del legislador de darle prevalencia al derecho del encartado de no permanecer sub judice y a su objetivo de que se resuelvan con rapidez las dudas disciplinarias que puedan surgir, incluso en desmedro de la aspiración de que se haga justicia en todas las ocasiones. 4 ...Y en este caso, si bien podría aceptarse que el término fijado por el legislador puede ser muy corto en algunas ocasiones, debe concluirse que la voluntad del legislador no es irrazonable ni amenaza con inminencia los fines del Estado o los derechos fundamentales de los ciudadanos, razón por la cual habrá de respetarse. Pudiera arguirse que al fijar los seis meses el término al cabo del cual debe archivarse definitivamente el expediente, el legislador restringió de manera irrazonable y desproporcionada la posibilidad de hacer justicia, en beneficio de la impunidad, pues bien puede ocurrir que con posterioridad al vencimiento de ese término aparezcan pruebas concluyentes acerca de la existencia del hecho controvertor del régimen disciplinario y del autor del mismo. Pero tal argumento pierde toda su fuerza persuasiva, si se repara cuidadosamente en dos circunstancias: 1) Que la investigación preliminar sólo se justifica cuando el funcionario que debe investigar tiene alguna duda acerca de sí la investigación es procedente (art. 138), y seis meses parecen suficientes para disiparla, puesto que, en vista de esa finalidad, lo que se exige no es una recolección exhaustiva y demandante de elementos probatorios, sino apenas

la obtención de alguno que indique que el hecho que fue objeto de denuncia, de queja o iniciación oficiosa, en realidad ocurrió y quién pudo ser el responsable; y 2) Que en aras de la seguridad jurídica, que exige que las situaciones provisorias no persistan indefinidamente, es necesario establecer para ellas un límite temporal, que el legislador debe evaluar, ponderando la necesidad de preservar el interés general implícito en ella, con el que puede sacrificarse en caso de aparecer, con posterioridad al vencimiento del término preclusivo, pruebas indicativas de que alguien debía ser sancionado por hechos atentatorios a la disciplina’. Lo anterior, implica entonces que el término de 6 meses establecido para cumplir con la indagación preliminar es absolutamente obligatorio para la práctica de las pruebas y al cabo de ésto, lo único que procede es evaluar lo que obra en el proceso y adoptar, conforme a ello, la decisión que 5 corresponda; es decir, que si de la valoración del material probatorio existente no es posible deducir las circunstancias que permitan decretar la apertura de la investigación disciplinaria establecidas en el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, habrá de decretarse el archivo. Asimismo, se advierte que las respuestas en materia consultiva únicamente constituyen un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (E) C-027/2006

MLRR-MPCM