PGN - INEPTA DEMANDA - Por falta del concepto de violación

INEPTA DEMANDA-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia La demanda debe contener una exposición clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de las razones por las cuales el demandante considera que el contenido de la disposición constitucional es desconocido por la disposición legal impugnada. INEPTA DEMANDA-Por falta del concepto de violación Los actores no presentan un verdadero concepto de violación, valga decir, no confrontan el contenido legal que se demanda con las disposiciones superiores. Su discurso se limita a afirmar que se confunde la prevalencia y la concurrencia en el ejercicio del control fiscal, y que en materia de regalías se debe respetar la desconcentración y descentralización. Así las cosas, la demanda no cuenta con unos mínimos argumentativos que permitan a la Corte pronunciarse de fondo. CONTROL FISCAL-Función pública de vigilancia de la gestión fiscal de recursos nacionales/CONTROL FISCAL-Delimitación de competencias entre la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales Que frente al control de la gestión fiscal sobre los recursos de origen nacional ejecutados por las entidades territoriales se impone la aplicación de los criterios material y orgánico a efectos de admitir la existencia de una competencia concurrente entre la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales. Que si bien, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido el ejercicio de un control prevalente a la Contraloría General de la Nación sobre los recursos de origen nacional, lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política no puede vaciar de contenido el artículo 272, en cuanto en este se establece la competencia de

las contralorías territoriales para ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en su respectiva jurisdicción. Que el producto de la explotación de los recursos naturales no renovables genera una regalía a favor del Estado y, por ende, se le da el tratamiento de recurso del orden nacional, correspondiendo a su vez, a las entidades territoriales una participación que se distribuye y aplica de acuerdo con la ley. De allí se infiere: (i) que frente a la naturaleza de los recursos corresponde a la Contraloría General de la República el ejercicio del control previsto en el artículo 267 de la Carta Política; y, (ii) que en cuanto al control fiscal de la gestión que demanda la ejecución de tales recursos no es posible desconocer la competencia que en el artículo 272 de la Constitución Política se atribuye a las contralorías territoriales. Bogotá, D.C., sello (11 feb. 2011) Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º y contra el parágrafo 3 del artículo 2º de la Ley 1283 de 2009, “Por la cual se modifican y adicionan el artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que a su vez modifica el Concepto 5086. literal a) del artículo 15 y los artículos 30 y 45 de la Ley 141 de 1994”.

Demandantes: Jaime Alberto Rodríguez Arias y Néstor Fabián

Castillo Pulido.

Magistrado Ponente: NILSON PINILLA PINILLA.

Expediente D-8355. Concepto 5086. De conformidad con lo previsto en los artículos 242, numeral 2°, y 278,

numeral 5°, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6°, y 242, numeral 1, de la Carta, instauraron los ciudadanos Jaime Alberto Rodríguez Arias y Néstor Fabián Castillo Pulido, contra el parágrafo del artículo 1º y contra el parágrafo 3 del artículo 2º de la Ley 1283 de 2009, cuyo texto es el siguiente: LEY 1283 DE 2009 (enero 5) Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se modifican y adicionan el artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que a su vez modifica el literal a) del artículo 15 y los artículos 30 y 45 de la Ley 141 de 1994.

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 1o. El artículo 15 de la Ley 141 de 1994, quedará así: “Artículo 15. Utilización por los municipios de las participaciones establecidas en esta ley.

Los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los municipios productores y a los municipios portuarios, tendrán la siguiente destinación: a) El noventa por ciento (90%) a inversión en proyectos de desarrollo Municipal y Distrital, contenidos en el Plan de desarrollo, con prioridad para aquellos dirigidos a la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria a cargo de las entidades territoriales, proyectos productivos, saneamiento ambiental y para los destinados en inversiones en los servicios

de salud, educación básica, media y superior pública, electricidad, agua potable, alcantarillado y demás servicios públicos básicos esenciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 del Código de Minas (Ley 685 de 2001). De este porcentaje, las entidades beneficiarias deben destinar como mínimo el uno por ciento (1%) de estos recursos a Proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria para lo cual suscribirán convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; b) Hasta el diez por ciento (10%) para la interventoría técnica de los Proyectos que se ejecuten con estos recursos. 2 Concepto 5086. Tratándose de recursos que no provengan de Proyectos de Hidrocarburos, se destinará el 7.5% para la interventoría técnica de los Proyectos que se ejecuten con dichos recursos y el 2.5% a sufragar los costos de manejo y administración que tengan de orden nacional a cuyo cargo esté la función de recaudo y distribución de regalías y compensaciones. Mientras las entidades municipales no alcancen coberturas mínimas en los sectores de salud, educación, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil, asignarán por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del total de sus participaciones para estos propósitos. En el Presupuesto anual se separarán claramente los recursos provenientes de las regalías que se destinen para los anteriores fines. El Gobierno Nacional reglamentará lo referente a cobertura mínima. PARÁGRAFO. Para todos los efectos, la Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal de estos recursos”.

ARTÍCULO 2o. El artículo 14 de la Ley 141 de 1994, quedará así: “Artículo 14. Utilización por los departamentos de las participaciones establecidas en esta ley: Los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los departamentos productores, tendrán la siguiente destinación: a) El noventa por ciento (90%), a inversión en Proyectos prioritarios que estén contemplados en el Plan General de Desarrollo del Departamento o en los planes de desarrollo de sus municipios, y de estos, no menos del cincuenta por ciento (50%) para los Proyectos prioritarios que estén contemplados en los Planes de Desarrollo de los municipios del mismo departamento, que no reciban regalías directas, de los cuales no podrán destinarse más del quince por ciento (15%) a un mismo municipio. En cualquier caso, tendrán prioridad aquellos proyectos que beneficien a dos o más municipios. De este porcentaje, las entidades beneficiarias deben destinar como mínimo el uno por ciento (1%) de estos recursos a Proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria para lo cual suscribirán Convenios Interadministrativos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; b) Hasta el diez por ciento (10%) para la interventoría técnica de los Proyectos que se ejecuten con estos recursos. Tratándose de recursos que no provengan de Proyectos de Hidrocarburos, se destinará el 7.5% para la interventoría técnica de los Proyectos que se ejecuten con dichos recursos y el 2.5% a sufragar los costos de manejo y administración que tengan las entidades de orden nacional a cuyo cargo esté la función de recaudo y distribución de regalías y compensaciones.

Mientras las entidades departamentales no alcancen coberturas mínimas en indicadores de mortalidad infantil, cobertura básica de salud y educación, agua potable y alcantarillado, la entidad departamental correspondiente deberá asignar no menos del sesenta por ciento (60%) del total de sus regalías para estos propósitos. En el Presupuesto anual se separarán claramente los recursos provenientes de las regalías que se destinen a los sectores aquí señalados. El Gobierno Nacional reglamentará lo referente a cobertura mínima. PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de este artículo, también se tendrá como inversión las transferencias que hagan los departamentos de las participaciones de regalías y compensaciones a favor de los Consejos Regionales de Planificación Económica y Social, CORPES, o de la Entidad que los sustituya, y de los Fondos de Inversión Regional, FIR. 3 Concepto 5086. PARÁGRAFO 2o. Continuarán vigentes todas las cesiones de participaciones a las entidades públicas que con arreglo a leyes, decretos y convenios anteriores, hubieren efectuado los departamentos y municipios. PARÁGRAFO 3o. Para todos los efectos, la Contraloría General de la República ejercerá el control Fiscal sobre estos recursos”.

1. Planteamientos de la demanda.

Los ciudadanos Jaime Alberto Rodríguez Arias y Néstor Fabián Castillo Pulido, manifiestan que los parágrafos demandados vulneran el 272 Superior, pues consideran que la ley no puede privar a las contralorías territoriales de la competencia para ejercer el control fiscal sobre los recursos de regalías y compensaciones que manejan las entidades territoriales. Aducen también,

que las normas demandadas son contrarias a la desconcentración del poder, la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales, reconocidas en los artículos 287, 298 y 360 de la Carta.

2. Aclaración previa.

El artículo 2º, numeral 3º del Decreto 2067 de 1991, establece que la demanda de inconstitucionalidad debe contener las razones por las cuales se estiman infringidas las normas constitucionales señaladas como violadas, es decir, el concepto de violación. Sobre el particular la Corte, entre otras en la Sentencia C-831 de 2002, precisa que la demanda debe contener una exposición clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de las razones por las cuales el demandante considera que el contenido de la disposición constitucional es desconocido por la disposición legal impugnada. Según se aprecia en el Auto del 2 de diciembre de 2010, los cargos de la demanda admitidos en este caso se refieren a supuestas violaciones de los artículos 272, 287, 298 y 360 de la Carta. Al revisar la demanda se advierte que si bien los actores citan varias sentencias de la Corte, un boletín de prensa de la Auditoria General de la República, una circular de la Contraloría General de la República y otros documentos, no presentan un verdadero 4 Concepto 5086. concepto de violación, valga decir, no confrontan el contenido legal que se demanda con las disposiciones superiores. Su discurso se limita a afirmar que se confunde la prevalencia y la concurrencia en el ejercicio del control fiscal, y que en materia de regalías se debe respetar la desconcentración y

descentralización. Así las cosas, la demanda no cuenta con unos mínimos argumentativos que permitan a la Corte pronunciarse de fondo, pues como se deja en claro en la Sentencia C-1052 de 2001, para ello “No basta, pues, con que el demandante se limite a transcribir la norma constitucional o a recordar su contenido”. Por ello, el Ministerio Público solicitará a la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda. Pese a las deficiencias formales de la demanda, es posible advertir que en ella se cuestiona la competencia de la Contraloría General de la República para ejercer la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que, por concepto de regalías, se transfieren a las entidades territoriales. Ante tal circunstancia y con el propósito de preservar el carácter público, democrático y participativo de la acción de constitucionalidad, el Ministerio Público se pronunciará sobre la demanda. Para tal fin, reiterará las consideraciones expuestas en el Concepto 4794, rendido en Expediente D-7687, en el cual se analizó un discurso semejante al que se presenta en este caso. El concepto en comento se dijo:

4. La función constitucional de control atribuida por la Carta Política a las contralorías 4.1. Esta Procuraduría tuvo la oportunidad de referirse al modelo de control fiscal diseñado por el Constituyente de 1991, mediante su intervención dentro del trámite del expediente No. D-3660, en los siguientes términos: “La Constitución Política en su artículo 267 define el control fiscal como una función pública que consiste en la vigilancia de la gestión fiscal de la

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Este control fiscal comprende el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados que debe hacerse en forma posterior y selectiva, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. De este modo, el Constituyente de 1991 redimensionó el control fiscal, y de un simple control técnico-numérico sobre las cuentas rendidas por quienes manejaban dineros públicos dio paso a un control de gestión y de resultados incluyendo la valoración de costos ambientales, con lo cual la 5 Concepto 5086. función pública de control fiscal permite evaluar con efectividad si los recursos públicos son utilizados adecuadamente y si con ellos se están cumpliendo los fines y cometidos estatales. Y para evitar que el ejercicio del control fiscal pudiese acarrear intromisión en las labores de la administración o coadministración, eliminó el control previo y perceptivo reemplazándolo por el control posterior y selectivo garantizando de esta forma los principios de economía y eficiencia. El artículo 267 de la Ley Fundamental también establece que la función pública de control fiscal será ejercida por la Contraloría General de la República, entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Y a su vez, el artículo 272 ibídem dispone que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías corresponde a éstas; aclara que la de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales; y establece que corresponde a las asambleas y

concejos distritales y municipales organizar las contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. Estos preceptos precisan cuáles son los organismos que ejercen la vigilancia de la gestión fiscal en nuestro Estado, asignándole dicha función a la Contraloría General en el ámbito nacional, y a las contralorías de las entidades territoriales en el territorio de su jurisdicción, salvo que en el municipio el concejo municipal no hubiese organizado la contraloría, caso en el cual el ejercicio del control fiscal corresponderá a la respectiva contraloría departamental. Además, el Constituyente le confirió autonomía administrativa y presupuestal a los organismos de control fiscal con el objeto de garantizar que el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales pueda adelantarse con total independencia de los órganos y entidades que controlan. 6 Concepto 5086. El artículo 268 señala las funciones del Contralor General de la República, y entre ellas vale la pena destacar las descritas en los numerales 1, 2, 4, 6, 12 y 13 consistentes en: prescribir los métodos y formas en que deben rendir cuentas los que manejan los bienes y fondos de la Nación, indicar los criterios de evaluación que deberán seguirse y dictar las normas generales que permitan armonizar los sistemas de control fiscal de las entidades públicas del orden nacional y territorial; revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario; exigir informe sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación; conceptuar sobre la

calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado; y las demás que señale la ley. A su turno, el artículo 272 establece que los contralores de las entidades territoriales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268. Las disposiciones antes referidas permiten afirmar que existe una clara delimitación de las funciones constitucionales que le competen a la Contraloría General y a las contralorías de las entidades territoriales, pues aun cuando, desde el punto de vista funcional las atribuciones de los organismos de control nacional y territorial son idénticas, ello no es óbice para distinguir que desde el ámbito territorial el constituyente demarcó claramente la competencia de una y otras, preceptuando expresamente que las últimas ejercerían el control fiscal en su respectiva jurisdicción cumpliendo las mismas funciones asignadas al Contralor General. Es así como las atribuciones del Contralor General de la República antes referidas en manera alguna pueden acarrear un desplazamiento de la respectiva contraloría territorial para ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción. Nótese que, verbigracia, la facultad de exigir informes sobre su gestión fiscal a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación no tiene el alcance para que se entienda que el Contralor General pueda entrar a ejercer el control fiscal que constitucionalmente le corresponde a las contralorías territoriales, ésta no es la connotación que tiene el precepto, ni se le puede dar dicha interpretación, pues la norma expresamente se refiere al deber de exigir informes a quienes

administren fondos o bienes de la Nación, pero este deber no implica el ejercicio del control fiscal integral que la Carta ha consagrado, y menos aún el desplazamiento de las contralorías territoriales en la vigilancia de la gestión fiscal de su respectiva jurisdicción, pues de ser así se vaciaría el contenido normativo de los artículos 268 y 272 de la Ley Fundamental que determinan la competencia funcional y territorial de las contralorías departamentales, distritales y municipales”. Hasta aquí lo expresado en el concepto No. 2672 rendido dentro del expediente D-3660 en el cual se juzgó la constitucionalidad del artículo 5° del Decreto-ley 267 de 2000. 4.2. La Carta Política de 1991, atribuye la competencia para el ejercicio del control fiscal a la Contraloría General de la Nación y a las contralorías territoriales departamentales, distritales y municipales, en los siguientes términos “ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 7 Concepto 5086. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control

financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial”. “ARTICULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales. Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. Igualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo. Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato. Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal”. El alcance de cada una de estas normas, fue precisado por la Corte Constitucional en las Sentencia C-403 de 1999, en la cual se fijó el marco del control ejercido por la Contraloría General de la República sobre la

administración y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, como control posterior y selectivo de acuerdo con los procedimientos, principios y sistemas que establezca el legislador, precisando que respecto de los recursos de origen nacional existe una prevalencia del control ejercido por la Contraloría General de la República. Así, sin desconocer las competencias que por mandato del artículo 272 Superior, corresponden a las Contralorías Territoriales, ha dicho la Corte: “Entonces, se observa que existe un control concurrente del nivel nacional con el del nivel regional y local sobre los recursos que provienen de los ingresos de la Nación, siendo el resultado de la necesaria coordinación que debe existir entre los diferentes niveles de la administración, sin que se pueda predicar por esto exclusión o indebida intromisión del nivel nacional en la administración territorial. Al contrario, a juicio de la Corte, es el desarrollo adecuado del artículo 288 de la Constitución Política, que impone el ejercicio de las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. (…). (Sentencia C-403 de 1999). 4.3. También La Corte Constitucional definió el aspecto relativo al ejercicio de la competencia concurrente entre la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, en aquellos eventos en los cuales se manejan o administran recursos nacionales, armonizando el contenido de los artículos 267 y 272 de la Carta Política, al expresar que: 8 Concepto 5086. “Dado que en la Constitución Colombiana se adopta la forma de república unitaria, pero al propio tiempo se establece la autonomía de las entidades

territoriales, es claro que estas últimas para la gestión de sus intereses “y dentro de los límites de la Constitución y la ley” pueden administrar sus recursos para el cumplimiento de de sus funciones y participar en las rentas nacionales, conforme a lo establecido por el artículo 287 de la Carta. Ello significa, entonces, que cada una de las entidades territoriales tiene recursos propios y, además, los que provienen de su participación en los nacionales, cuyo origen en consecuencia, es claramente diferenciable y distinto. Tanto con los unos como con los otros, en la órbita de su competencia, se realizan por las entidades territoriales actos propios de la gestión pública con arreglo a la normatividad vigente y para alcanzar los fines que al Estado le asigna en el artículo 2° de la Carta, pues estos no son exclusivos de las autoridades nacionales. Siendo ello así, corresponde a las Contralorías del orden Territorial en cumplimiento y desarrollo del artículo 272 de la Carta y desde un punto de vista orgánico, la vigilancia de la gestión fiscal que cada una de las entidades territoriales adelante en su respectiva jurisdicción. Con todo, como las entidades territoriales participan de los ingresos nacionales en la forma prevenida en la constitución y la ley, nada se opone a que la Contraloría General de la República desde el punto de visa material, ejerza el control fiscal sobre los fondos o bienes de la Nación que les sean transferidos a aquellas a cualquier título, como quiera que el artículo 267 de la Carta, sin distingo alguno atribuye a la Contraloría General de la República esa vigilancia. De esta suerte, con fundamento en los artículos 272 y 267 de la Constitución,

tanto las contralorías de las entidades territoriales como la Contraloría General de la República pueden ejercer el control de la gestión fiscal cuando se manejen o administren fondos o bienes de origen nacional”. (Sentencia C127 de 2002). 4.4. Establecido que el control sobre la gestión fiscal recae en las contralorías, y fundamentalmente que en cuanto a los recursos de carácter nacional tal competencia se encuentra atribuida a la Contraloría General de la República, y en cuanto a los recursos propios de las entidades territoriales a las contralorías territoriales, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, debe precisarse que las regalías de las cuales participan los entes territoriales surgen de la explotación de los recursos que subyacen en el subsuelo cuya propiedad es del Estado (artículos 332 y 360 de la Carta Política). Igualmente, con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro advertir que las regalías no generan derecho de propiedad respecto de los entes a los cuales se transfieren1, toda vez que dichas regalías se caracterizan por ser una participación con destinación específica. Así, se conocen como fuentes exógenas de financiación que perciben los entes territoriales para el cumplimiento de los cometidos estatales2, y de allí la injerencia del nivel central en materia de control. De otra parte, debe advertirse que la gestión que es objeto de control fiscal, respecto de las regalías, es ejercida por las entidades territoriales y, en tal sentido, no puede desconocerse el contenido del artículo 272 de la Carta Política. En orden a dilucidar el tema, el Ministerio Público concluye:

1 Sentencias C-075 de 1993, C-567 de 1995 y C-580 de 1999, entre otras. 2 Sentencia C-579 de 2001. 9 Concepto 5086. 1°.- Que el principio del Estado unitario plasmado en el artículo 2° de la Carta Política, debe armonizarse con el de autonomía de las entidades territoriales a que se contrae el artículo 287, ibídem, a efectos de que cada órgano del Estado pueda ejercer sus competencias constitucionales y legales sin menoscabo de los principios y valores que constituyen los pilares del Estado Social de Derecho. 2°.- Que las entidades territoriales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 de la Carta Política, deben ejercer sus competencias con sujeción a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 3°.- Que frente al control de la gestión fiscal sobre los recursos de origen nacional ejecutados por las entidades territoriales se impone la aplicación de los criterios material y orgánico a efectos de admitir la existencia de una competencia concurrente entre la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales. 4°.- Que si bien, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido el ejercicio de un control prevalente a la Contraloría General de la Nación sobre los recursos de origen nacional, lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política no puede vaciar de contenido el artículo 272, en cuanto en este se establece la competencia de las contralorías territoriales para ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en su respectiva jurisdicción. 5°.- Que el producto de la explotación de los recursos naturales no renovables genera una regalía a favor del Estado y, por ende, se le da el tratamiento de

recurso del orden nacional, correspondiendo a su vez, a las entidades territoriales una participación que se distribuye y aplica de acuerdo con la ley. De allí se infiere: (i) que frente a la naturaleza de los recursos corresponde a la Contraloría General de la República el ejercicio del control previsto en el artículo 267 de la Carta Política; y, (ii) que en cuanto al control fiscal de la gestión que demanda la ejecución de tales recursos no es posible desconocer la competencia que en el artículo 272 de la Constitución Política se atribuye a las contralorías territoriales.

3. Conclusión.

Por lo anterior, el Ministerio Público solicita a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 1º y del parágrafo 3 del artículo 2º de la Ley 1283 de 2009, por ineptitud sustantiva de la demanda. En caso de que pese a sus deficiencias, y en razón del principio pro actione la Corte decida pronunciarse de fondo sobre la demanda, el Ministerio Público le solicita declarar exequibles el parágrafo del artículo 1º y del parágrafo 3 del artículo 2º de la Ley 1283 de 2009. Señores Magistrados, 10 Concepto 5086.

ALEJANDRO ORDÓNEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

LJMO/NROA.

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