PGN - INHABILIDAD DE DIPUTADO - Ejercicio de autoridad

INHABILIDAD DE DIPUTADO-Por haber tenido la calidad de empleado público o haber ejercido autoridad La causal de inhabilidad que se depreca se encuentra contenida en el numeral tercero del artículo 33 de la Ley 617 de 2000. Respecto de la inhabilidad referida tenemos que, el Legislador, pretendió prohibir a quien aspirare a ser inscrito como candidato a Diputado Departamental, hacerlo cuando dentro de los 12 meses anteriores a su elección, en su calidad de empleado público, haya ejercido jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo Departamento; así mismo prohibió, a quien en las mismas condiciones (como empleado público y dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección), haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo Departamento. INHABILIDAD DE DIPUTADO-Supuestos que se deben demostrar cuando es por ejercicio de autoridad o el cargo de ordenador del gasto Sobre la causal de inhabilidad que señala el apelante, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencias tales como la del 02 de octubre de 2009, con ponencia del doctor Filemón Jiménez Ochoa, dentro de los expedientes con los radicados Nos. 47001-23-31000-2007-00501-00; 47001-23-31-002-2007-0508-00, ha señalado que se requiere para su configuración de la comprobación de tres o cuatro elementos, dependiendo de la causal alegada a saber: De conformidad con la norma transcrita, los presupuestos para que se configure la

inhabilidad en comento, son los siguientes: 1º.- Que la persona haya resultado elegida diputada; 2º.- Que haya ejercido como empleado público autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo departamento; 3º.- Que esa autoridad se haya ejercido durante los doce meses anteriores a la elección. También se configura dicha inhabilidad en otra hipótesis cuando se logra corroborar: 4º.- Que como empleado público del orden nacional, departamental o municipal haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.» EMPLEADO PÚBLICO-Se vincula mediante relación legal y reglamentaria Respecto del empleo público las normas de la Constitución Política, que lo regulan son el artículo 122 y el 123. En desarrollo de las normas constitucionales precitadas, se expidió la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones De lo anterior, tenemos que los funcionarios públicos son: los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales, todos ellos deben cumplir sus funciones en los términos previstos en la Constitución, la Ley y el Reglamento. Así mismo, podemos indicar, tal como lo ha señalado la Sala Plena del Consejo de Estado, que para alcanzar la condición de empleado público, es necesario que se profiera un acto administrativo que orden la respectiva designación, que se tome posesión del cargo; que la planta de personal contemple el empleo; y que exista disponibilidad

presupuestal para atender el servicio.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En el caso en estudio, encontramos que el demandado se desempeñó en diferentes cargos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIANy no cabe duda si era empleado o funcionario público, pues tenía una vinculación legal y reglamentaria, esto es, fue designado mediante decreto para el efecto, posteriormente fue posesionado en el cargo, su cargo se encuentra enmarcado dentro de la Planta de personal de la DIAN; cumplía unas funciones previamente detalladas en el reglamento. INHABILIDAD DE DIPUTADO-Ejercicio de autoridad/AUTORIDAD CIVILConcepto y alcances/AUTORIDAD POLÍTICA-Configuración En segunda medida, debemos establecer si el señalado funcionario público, en el ejercicio de su cargo, cumplía o no funciones que sean catalogadas como ejercicio de autoridad política administrativa. Respecto del ejercicio de la autoridad política o administrativa se señala en los artículos 188,189,190 y 191 de la Ley 136 de 1994. Respecto de la Autoridad Civil que se le endilga al electo Diputado a la Asamblea del Departamento de Sucre, debemos indicar que, ella no fue probada por la parte actora, toda vez que, de conformidad a las funciones que este ejerció no se encuentran incluidas aquellas como las de: ejercer el poder público en función de mando, que obliga al

acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública; tampoco se encuentran las de nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por delegación; ni la de sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones, pues de dichas funciones, ni se infiere la facultad disciplinaria. En lo que respecta a la referida autoridad política ella tampoco se configura, toda vez que la misma, únicamente la ejercen las personas en el ejercicio de los cargos referidos en el artículo 189 de la Ley 136 de 1994, esto es, el Alcalde, los Secretarios de la Alcaldía y los Jefes de Departamentos Administrativos; cargos tales, que no ostentó el señalado funcionario, pues como se indicó anteriormente, este ocupo diferentes cargo dentro de la DIAN. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Connotaciones para efectos de su configuración/AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Jurisprudencia del Consejo de Estado Ahora bien, en tratándose del ejercicio de autoridad administrativa, el Legislador ha querido darle dos connotaciones para efectos de su configuración. La primera, corresponde a un criterio orgánico, esto es, la disposición de que ciertos cargos, por el solo hecho de ejercerlos conllevan el ejercicio de autoridad administrativa, cargos tales como los del Alcalde, los Secretarios de la Alcaldía, los gerentes o jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas; y la segunda, corresponde a un criterio funcional para los casos de los cargos no citados anteriormente,

se debe establecer por el operador judicial, si los funcionarios correspondientes se encuentran autorizados para celebrar contratos o convenios, pueden ordenar gastos con cargos a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones, suspender vacaciones, trasladar horizontal y verticalmente funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario, fijar nueva sede al personal de planta, y además, si tienen o no funciones disciplinarias. Por lo tanto, lo primero que debe observarse es si el cargo respecto del cual se predica el ejercicio de autoridad administrativa, pertenece a los cargos señalados anteriormente, y

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co en el caso contrario, debe mirarse las funciones cumplidas para efectos de establecer si corresponden a las funciones antes anotadas. En el caso en estudio, encontramos que el criterio no se establece, esto es, no se puede presumir legalmente que por el ejercicio de su cargo desempeña tales funciones, toda vez que éste no ejerció cargos como los que admiten dicha presunción, esto es, no se desempeñó como Alcalde, Secretario de la Alcaldía, jefe de departamento administrativo, gerente o jefe de departamento administrativo, ni gerente o jefe de las entidades descentralizadas; pues tal como se estableció anteriormente, este se desempeñó en cargos tales como Auditor Tributario Fondo en la División de Gestión de

Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo. Ahora bien, por el criterio funcional se debe establecer si el cargo ejercido le otorga a su titular poder de mando, facultad decisoria y dirección de asuntos propios de la función administrativa que se dirigen al funcionamiento del aparato administrativo. Del Certificado de funciones cumplidas no puede deducirse, y mucho menos concluirse, que ellas, implican el ejercicio de autoridad administrativa, puesto que ninguna de ellas le confieren a su titular poder de mando, facultad decisoria y dirección de asuntos propios, no corresponden al poder de dictar medidas de política, ni de hacerlas cumplir incluso con el auxilio de la fuerza pública. Así mismo, ninguna de las funciones inherentes al cargo corresponden a celebrar contratos o convenios, ordenar gastos con cargos a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones, suspender vacaciones, trasladar horizontal y verticalmente funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario, fijar nueva sede al personal de planta, ni funciones disciplinarias. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Se debe hacer frente a las normas que crean inhabilidades/INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-El ejercicio de autoridad se revisa desde el cargo y no desde las funciones de la entidad Ahora bien, en el caso en estudio la inhabilidad estudiada ni ninguna, puede ser interpretada de una manera amplia, pues dichas inhabilidades tienen interpretación restrictiva por parte del operador judicial, esto es, para efectos de estudiar su configuración no se puede recurrir a criterios de interpretación analógicos, ni tampoco a aproximaciones, esto es, en el caso en estudio, solamente pueden considerarse ejercicio de autoridad administrativa, las que ejercen los cargos específicamente indicados en el

artículo 190 de la ley 136 de 1994, así como solamente las funciones allí mismo señaladas. Por lo anterior, no es de recibo la argumentación hecha por el actor en su escrito de apelación, en el sentido de indicar que una de las funciones misionales constitucionales de la DIAN, es evitar el contrabando, razón por la cual, todos los funcionarios adscritos a dicha entidad, están habilitados para ejercer tales controles, por lo cual deduce el demandante que el demandado en el ejercicio de su cargo, ejerció autoridad administrativa, pues las funciones que deben analizarse para demostrar o no el ejercicio de la autoridad administrativa, son aquellas propias a los cargos, y no desde la función misional de la entidad. La anterior argumentación hecha por el demandante sería como, por ejemplo, señalar que como la rama jurisdiccional del poder público, tiene como función misional, la de administrar justicia, por tal razón, todos los funcionarios o empleados de ella, ejercen autoridad, sin diferenciar las funciones propias de los Magistrados y Jueces de la República o la de los empleados, tales como notificadores, escribientes, sustanciadores, secretarios, etc.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co AUTORIDAD MILITAR-Definición Tal función no se puede establecer con el material probatorio allegado al plenario, toda vez que esta solamente la ostentan los oficiales en servicio activo de las fuerzas militares

y los suboficiales con rango de comandantes en el municipio o Departamento y como se estableció, este se desempeñó en diferentes cargos de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bogotá D.C. Agosto 15 de 2012 Concepto No. 049 Doctor Mauricio Torres Cuervo

H. Consejero Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 700012331000201102237 01

Radicado interno número: 2011-2237

Actor: Carlos Ángel Fajardo Cardozo Demandado: Jairo Daniel Barona Taboada y otros Contenido: Apelación de la sentencia del 10 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se denegó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de los señores Diputados del Departamento de Sucre, para el periodo 2012-2015.

Respetado doctor: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co mediante proveído del 17 de julio de la cursante anualidad y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos. IAntecedentes  La demanda y sus pretensiones

El ciudadano Carlos Ángel Fajardo Cardozo, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección de de los Diputados a la Asamblea Departamental de Sucre, para el periodo 2012-2015. Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes: «1. Que es nulo el acto de elección, por medio del cual la Comisión Escrutadora Departamental de Sucre, declaró electo como Diputados para el Departamento de Sucre, para el periodo constitucional 2012-2012, en las elecciones del 30 de octubre del 2011, a los siguientes candidatos; Jairo Daniel Barona Taboada, Juan Manuel Chadid Anachury, Carlos Enrique Carrascal Sierra, Héctor José Pérez Pernett, Jaime del Cristo Percy Paternina, Jorge Mario Hernández Merlano, Rafael Cesar Maceas Gómez, Sandra Patricia Pestana Rojas, Milene Jarava Díaz; como consta en las Actas de Escrutinio general de los formulario E26 AS, el cual anexo debidamente autenticado, para que obre como medio de prueba, como documento público idóneo y legal, las cuales reposan en la Registraduría Departamental de Sucre, en la Delegación Departamental para su verificación.

2. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, solicita que se señale que la curul del señor Uriel Enrique Requena Ortega debe ser ocupada por el siguiente en la lista del Partido Liberal, a quien pertenece la curul, con voto preferente, para la Asamblea del Departamento de Sucre en la elección del 30 de octubre de 2011, en forma descendente, con fundamento en el E-6 AS,

código 28 del Partido Liberal Colombiano.» Hechos de la demanda Señala el actor, que el 30 de octubre de 2011 se llevaron a cabo en el país las elecciones para escoger candidatos a ocupar curules de las asambleas departamentales, entre otros cargos, para el periodo constitucional 2012-2015.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que dentro de los elegidos en dicha contienda, se encuentra el señor Uriel Enrique Requena Ortega, inscrito en la lista del Partido Liberal, quien declaró bajo la gravead del juramento no estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para ocupar el cargo, no obstante venir desempeñándose como funcionario público de carrera administrativa al servicio de la DIAN, Seccional Sucre, en el cargo de Analista II, código 202, grado 2. Que el referido señor presentó renuncia a su cargo, la cual fue aceptada desde el primero de abril de 2011, mediante Resolución No. 003934, por lo que, de conformidad a lo establecido en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, no podía ser inscrito como candidato, ni elegido diputado, porque dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de su elección, ejerció como empleado público jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo Departamento; por ello, se deduce que el señor Requena Ortega estaba

inhabilitado para ejercer el cargo de Diputado del Departamento de Sucre.  Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  El inciso 5 del artículo 223, artículos 226, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo.  El inciso tercero del artículo 33 de la Ley 617 de 2000. Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante: Que el señor Uriel Enrique Requena Ortega desempeñaba funciones como recaudador de impuestos de renta, cobranzas, inspector aduanero y sancionador, participando en jornadas nacionales de cobro y visitas masivas a comerciantes, contribuyentes y a la Alcaldía de Sincelejo para verificar el recaudo a la fuente, impuesto a las ventas, entre otros, lo que sin duda influenció a dichos sujetos de control al momento del voto, poniendo en desventaja a los demás candidatos que competían en su contra.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que analizada la naturaleza del cargo desempeñado por el señor Resquena Ortega, según sus funciones y roles, así como la naturaleza de la entidad donde trabajaba (DIAN), dicho señor se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo de Diputado, toda vez que dentro de los 12 meses anteriores a su elección, ejerció como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o

militar en el respectivo Departamento.  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, en sentencia del 10 de mayo de 2012, dispuso denegar las súplicas de la demanda, por las siguientes razones: Que la Sala no encontró configurada ninguna de las inhabilidades descritas en el numeral tercero del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, esto es, que dentro de los 12 meses anteriores a la elección del demandado como Diputado del Departamento de Sucre, éste hubiera ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar en el Departamento, o que como empleado del orden Nacional, Departamental o Municipal, hubiese intervenido como ordenador de gastos en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos que debieran ejecutarse o cumplirse en el mismo Departamento, habida consideración de que conforme a las funciones desarrolladas de acuerdo a los cargos desempeñados, no ostentó ninguna que implicara el ejercicio de autoridad o aparejara la facultad de ser ordenador del gasto o que le permitiera celebrar contratos. Aduce que del análisis de las pruebas obrantes en el proceso, es forzoso inferir que el demandado tampoco desarrolló jurisdicción coactiva, toda vez que de las funciones reseñadas no se colige que las haya ejercido en esa materia, ni se allegó probanza alguna en ese sentido.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Señala que con base en el análisis de las funciones desarrolladas por el señor

Requena Ortega, se deduce que ellas no implican el ejercicio de autoridad o dirección administrativa, ni ejercicio de autoridad militar.  Apelación de la sentencia de primera instancia El apelante en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal de instancia, aduciendo que a la Sala de Decisión de Primera Instancia del Honorable Tribunal Administrativo de Sucre, se les olvidó estudiar la función misional que tiene todos los empleados de la DIAN, la cual es evitar la evasión de los impuestos tributarios de los contribuyentes, evitar el contrabando, razón por la cual, todos los funcionarios adscritos a esa entidad, están habilitados para ejercer tales controles. Que de conformidad a unos encargos allí indicados, que le fueron encomendados al demandado, está claro que los funcionarios de la DIAN, como única entidad del Estado, están habilitados para ejercer cargo o funciones administrativas, civiles, jurisdiccional, de jurisdicción coactiva y función de policía, de acuerdo con el objeto misional de dicha entidad.  Admisión del recurso Mediante auto del 17 de julio de 2012 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de mayo del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a

rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En el caso en estudio, haremos alusión precisa a los argumentos esbozados por el apelante mediante los cuales solicita se proceda a revocar el fallo impugnado y, por ende, se decrete la nulidad del acto de elección demandado, toda vez, que en su sentir, el electo Diputado del Departamento de Sucre, señor Uriel Enrique Requena Ortega, se encontraba para la fecha de su inscripción, como para la época de su elección incurso en causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, pues dentro de los 12 meses anteriores a su elección, ejerció en ese Departamento cargo público que implicaba el ejercicio de autoridad administrativa, civil, jurisdiccional, de jurisdicción coactiva y función de policía. La causal de inhabilidad que se le depreca al señor Requena Ortega, se encuentra contenida en el numeral tercero del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, que en su tenor literal señala: «Artículo 33. De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado: (…)

3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,

administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. (…)». Respecto de la inhabilidad referida tenemos que, el Legislador, pretendió prohibir a quien aspirare a ser inscrito como candidato a Diputado Departamental, hacerlo cuando dentro de los 12 meses anteriores a su elección, en su calidad de empleado público, haya ejercido jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo Departamento; así mismo prohibió, a quien en las mismas condiciones (como empleado público y dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección), haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo Departamento.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Sobre la causal de inhabilidad que señala el apelante, se encuentra incurso el elegido Diputado del Departamento de Sucre para el periodo 2012-2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencias tales como la del 02 de octubre de 2009, con ponencia del doctor Filemón Jiménez Ochoa, dentro de los expedientes con los radicados Nos. 47001-23-31-000-2007-00501-00; 47001-2331-002-2007-0508-00, ha señalado que se requiere para su configuración de la comprobación de tres o cuatro elementos, dependiendo de la causal alegada a saber: «De conformidad con la norma transcrita, los presupuestos para que se configure la inhabilidad en comento, son los siguientes: 1º.- Que la persona haya resultado elegida diputada; 2º.- Que haya ejercido como empleado público autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo departamento; 3º.- Que esa autoridad se haya ejercido durante los doce meses anteriores a la elección. También se configura dicha inhabilidad en otra hipótesis cuando se logra corroborar: 4º.- Que como empleado público del orden nacional, departamental o municipal haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.» Para efectos del estudio que debe realizarse para constatar, si la causal de inhabilidad alegada se configura o no, debemos proceder en el caso en estudio a abordar cada uno de los elementos antes señalados en la primera hipótesis:

1. Que la persona respecto de la que se predica la inhabilidad, haya resultado elegida Diputada.

En el caso que nos ocupa, es claro que el señor Uriel Enrique Requena Ortega, aspiró y fue elegido como Diputado del Departamento de Sucre, por el Partido Liberal Colombiano, para el periodo 2012-2015, tal como se constata con el documento (E-26 AS) visibles a folio 68 del expediente.

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2. Que el elegido, en su calidad de empleado público, haya ejercido autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo

Departamento. Lo primero que debemos establecer, para constatar o no la configuración del elemento en estudio, es que el electo Diputado a la Asamblea Departamental de Sucre, haya sido empleado público. Respecto del empleo público las siguientes normas de la Constitución Política, señalan: «ARTICULO 122.No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del

Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. [Inciso modificado por el artículo 1 del A.L. 1 de 2004]. ARTICULO 123.-Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.» En desarrollo de las normas constitucionales precitadas, se expidió la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, la cual establece en su artículo 1°: «ARTICULO 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública. Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública,

conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad. (El subrayado es de la Sala) De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera; b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; c) Empleos de período fijo; d) Empleos temporales.» De lo anterior tenemos que los funcionarios públicos son: los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales, todos ellos deben cumplir sus funciones en los términos previstos en la Constitución, la Ley y el Reglamento. Así mismo, podemos indicar, tal como lo ha señalado la Sala Plena del Consejo de Estado1, que para alcanzar la condición de empleado público, es necesario que se profiera un acto administrativo que ordene la respectiva designación, que se tome posesión del cargo; que la planta de personal contemple el empleo; y que exista disponibilidad presupuestal para atender el servicio. En el caso en estudio, encontramos que el señor Uriel Enrique Requena Ortega, elegido Diputado a la Asamblea Departamental de Sucre, se desempeñó en diferentes cargos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIANdesde el 2 de enero de 1987 hasta el 01 de abril de 2011, cargos tales como Recaudador de impuestos 5030 grado 12; técnico administrativo 4065-07; técnico 1 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de marzo de 2006, M.P.

Tarsicio Cáceres Toro, Exp. 4885-2004

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Tributario nivel 30 grado 11; técnico en ingresos públicos II nivel 26, grado 11; Técnico en Ingresos Públicos II nivel 26 grado 12; gestor II Nivel 302, Grado 02; entre otros (folios 74 al 227 del expediente). Además de lo anterior, se constata que el cargo desempeñado al momento de su retiro, se en