PGN - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER - - Competencia para establecer

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 138/2004

Bogotá, D.C. 5 de agosto de 2005

DOCTOR

ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ

Consejero ponente Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref: Expediente No 27024 (1100103260002004 00012 00)

ACCION DE NULIDAD

ACTOR: JAVIER ARMANDO RINCÓN GAMA Y OTRO

DEMANDADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL

• INCODER Honorable señor consejero: El Ministerio Público, a través de esta Procuraduría Delegada, en la oportunidad legal, descorre el traslado especial para alegar de conclusión, conforme al inciso segundo del artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 59 de la Ley 446 de

1998.

I. ANTECEDENTES 1.- JAVIER ARMANDO RINCÓN GAMA en ejercicio de la acción pública de nulidad, demandó ante el Honorable Consejo de Estado para que se declare la Nulidad de los artículos 1 a 50 del Acuerdo 003 del 19 de febrero de 2004, proferido por “El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural” - INCODER, por medio del cual se señalaron las directrices para la organización de las Asociaciones de

2 Expediente No. 27024 (00012) Usuarios y se estableció el reglamento básico para el funcionamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras de pequeña, mediana y gran escala. Subsidiariamente que se declare la nulidad de los artículos 25,

como el numeral 3 y parágrafo del artículo 32 del citado acuerdo.

2. Las pretensiones se basan fundamentalmente en los siguientes hechos: Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1300 de mayo 23 de 2003 a través del cual creó el INCODER, como Establecimiento Público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera.

Que el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo RuralINCODER profirió el Acuerdo 003 de 19 de febrero de 2004, mediante el cual señaló las directrices de organización de las Asociaciones de Usuarios y estableció el funcionamiento básico de los Distritos de Adecuación de Tierras. Que con el citado Acuerdo se derogó tácitamente la Resolución No.010 del 4 de agosto de 1998, proferida por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras CONSUAT. Que el artículo 9º de la Ley 41 de 1993 creó el Consejo Superior de Adecuación de Tierras CONSUAT, como organismo consultivo y coordinador del Ministerio de Agricultura, encargado de asesorar y recomendar la aplicación de las políticas del subsector de adecuación de tierras. Que el Decreto 1300 de 2003 extinguió al CONSUAT, y que las funciones de éste no le fueron atribuidas al INCODER. 3 Expediente No. 27024 (00012)

3. Con base en los anteriores hechos, el actor concretó los cargos contra el acto demandado, en: 3.1. Violación de los artículos 6 y 121 de la Constitución Política.

Adujo que la función de regular la estructura y funcionamiento interno de las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación le fue asignada en los artículos 9 y 10 de la Ley 41 de 1993, en concordancia con el artículo 27 del Decreto 1881 de 1994 al Consejo de Adecuación de Tierras CONSUAT, organismo consultivo y coordinador del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sin que tales atribuciones se le hayan asignado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. Precisó que el objeto fundamental del INCODER es ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, cuyas funciones generales se contemplaron en el artículo 4º del Decreto 1300 de mayo 23 de 2003, sin que le esté dada la regulación del funcionamiento y estructura de las Asociaciones de Usuarios. De igual forma, al Consejo Directivo del INCODER en el artículo 7º Ibídem, no se le facultó para fijar las directrices para la organización de las mencionadas Asociaciones. Advirtió que al extinguirse el CONSUAT no se le asignaron sus funciones al INCODER, que por el contrario a éste se le asignaron las funciones que tenían el INCORA - Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INAT – Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, el DRI – Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, y el INPA – Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura; sin que ninguna de dichas Entidades tuviere asignada la función de regular la Organización de las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras. Por tanto, el Consejo Directivo del INCODER, en los artículos 1 a 50 del

Acuerdo No. 003 de 2004, desbordó las facultades que la Ley le otorgó, 4 Expediente No. 27024 (00012) pues, carece de competencia para establecer directrices de organización de las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras. 3.2. Violación del artículo 5º de la Ley 489 de 1998 Manifestó el impugnante que el Consejo Directivo del INCODER en los considerandos del Acuerdo No. 003 de 2004 se atribuyó facultades para proferir directrices y criterios generales de organización de las Asociaciones de Usuarios de Distritos de Riego, con base en una supuesta cláusula general de competencia, que el artículo 7º del Decreto 1300 no prevé, con lo que violó el artículo 5º de la Ley 489 de 1998 que expresa: “Competencia administrativa. Los organismos y entidades administrativas deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo”. 3.3. Violación del artículo 13 de la Constitución Política. Indicó que el artículo 25 del Acuerdo 003 de 2004 del Consejo Directivo del INCODER, definió el porcentaje a que cada usuario tiene derecho para la toma de decisiones en la Asamblea General de las Asociaciones de Usuarios, con lo cual se quebrantó el derecho fundamental a la igualdad, pues creó un sistema discriminatorio y contrario a la democratización de las Asociaciones, ya que para el manejo y funcionamiento de dichos entes se previó el derecho a voto

ponderado en proporción al área de tierra inscrita. Por tanto, al asignar un poder decisorio desigual, cuya participación en las Asambleas Generales está supeditada a la referida “área de tierra inscrita”, se adoptó una disposición que se constituyó en una inequidad en el servicio público de adecuación de tierras, ya que o mermó o dejó sin capacidad decisoria a los pequeños usuarios y, por tanto, las condiciones de acceso al servicio público se imponen por quienes tienen la mayor “área de tierra inscrita”. 5 Expediente No. 27024 (00012) Manifestó que el servicio público mencionado, comprende la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada de riego, drenaje, o protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario, conforme al artículo 3º de la Ley 41 de 1993. Advirtió además que el artículo 25 en comento no tuvo en cuenta la explotación económica del área de terreno. 3.4. Violación del artículo 39 de la Constitución Política Norma que prevé el derecho de asociación y ordena que la estructura interna y el funcionamiento de las organizaciones gremiales deban sujetarse al orden legal y a los principios democráticos, y que con el voto ponderado que se estableció en el referido Acuerdo 003, se limitó el poder decisorio de los miembros de las Asociaciones. Aunado a que eliminó el derecho que tenía cada uno de los miembros de participar con un voto dentro de las Asambleas Generales. 3.5. Violación de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política Señaló que acorde con las citadas disposiciones constitucionales, gozan de

especial protección del Estado la producción de alimentos y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores agrarios, para lo cual se debe otorgar prioridad al desarrollo de las actividades agrícolas, particularmente a las obras de infraestructura física y adecuación de tierras. En tal sentido indicó que las normas acusadas impiden que el Estado cumpla a cabalidad con la obligación constitucional impuesta, por cuanto los pequeños propietarios quedarán supeditados a las condiciones que impongan unos pocos detentadores de la mayor cantidad de tierra. Por tanto, las condiciones de uso y acceso a las obras de infraestructura son adoptadas por unos pocos, con lo que se atenta contra el sistema productivo de la mayoría. 6 Expediente No. 27024 (00012) 3.6. Violación del artículo 2 de la Constitución Política Agregó que las normas demandadas contrarían la referida disposición de orden constitucional, que consagró dentro de los fines esenciales del Estado, “promover la prosperidad general y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”. Además de retomar los planteamientos anteriores adujo que en el numeral 3º del artículo 32 se creó un mecanismo para designar los administradores o jefes de cada Distrito de riego, en virtud del cual el INCODER debe autorizar el respectivo nombramiento, norma que calificó de regresiva al imponer a las asociaciones la persona que maneja el Distrito, con lo que se permite que el servicio público de adecuación de tierras sea controlado por los grandes usuarios. 3.7. Violación del numeral 6 del artículo 3º del Decreto 1300 de 2003 Manifestó el actor que el artículo 25 del Acuerdo 3 viola la citada disposición, por

cuanto limita la participación en las asambleas y quebranta la misión asignada al INCODER. 3.8. Violación de los artículos 638 y 641 del Código Civil Invocó el demandante, que las referidas disposiciones señalan lo que es la voluntad de la mayoría de los miembros, es decir, la regla para la adopción de decisiones dentro de las Asociaciones de Usuarios del Distrito de Riego. Disposiciones que se contravienen con el artículo 25 del Acuerdo 003 de 2004, por cuanto trasladó la voluntad de la mayoría a los miembros que tengan mayor área de tierra inscrita. 3.9. Violación del Decreto 2716 de 1994, artículo 16 numeral 6º y artículo 21 parágrafo 2º, último inciso Expresó que la citada norma regula el marco de las Asociaciones Agropecuarias y prevé que en los estatutos de estas entidades los asociados participen en las asambleas con voz y voto, pero tales derechos se restringen en el artículo 25 del 7 Expediente No. 27024 (00012) citado Acuerdo que se demanda, pues va en detrimento de los miembros de pequeñas parcelas y además contraviene el principio de igualdad. 3.10. Violación del artículo 27 del Decreto 1881 de 1994 Indicó el impugnante que en el artículo 27, citado como quebrantado, se incluyó en el reglamento general de Administración de los Distritos de Adecuación de Tierras, los criterios básicos de organización de las Asociaciones de Usuarios, atribución que además reiteró, le fue asignada al Consejo Superior de

Adecuación de Tierras CONSUAT. Disposición que fue derogada por el Decreto 1300 de 2003 sin que tales funciones se hayan asignado al INCODER, y que de haberlo sido constituiría una grave trasgresión al principio de equidad (fls 1 a 8).

4. Solicitud Adicional de la demanda. Por otra parte el actor con fundamento en los presupuestos o cargos anteriores, por violación manifiesta a la Constitución y a la Ley, invocó la suspensión provisional del citado Acuerdo 003 de 19 de febrero de 2004 emitido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, o subsidiriamente del artículo 25 del citado acto (fl.

9).

5. Previo a la admisión de la demanda y a resolver sobre la suspensión provisional del acto demandado, se allegó petición de varios ciudadanos en su calidad de agricultores, quienes solicitaban que no se admitiera la demanda, toda vez que el Acuerdo No. 003 del 19 de febrero de 2004 buscó regular de manera clara y precisa las Asociaciones de Usuarios y establecer el funcionamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras. Advirtieron que los porcentajes de participación se fijan de acuerdo a un coeficiente como en la propiedad horizontal, el que determina la forma de participar en las decisiones (fls. 48 a 53).

En igual forma, se allegaron escritos de otros usuarios y miembros de las Asociaciones de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras ASOPORVENIR, quienes coadyuvaron la demanda, en sentido similar aconteció con los usuarios de los distritos USOSALDAÑA, USOGUAMO, ASORECIO,

AGAMETA, ASOPRADO, USOALFONSO, ASOJUNCAL, ASOPORVENIR y

8 Expediente No. 27024 (00012) USOCOELLO (fls. 69 a 73 y 74 a 82); USOARACATA (fls. 84 a 87; ASOTUCURINCA (fls. 89 a 93); ASODOCTRINA (fls. 95 a 104); USOCHICAMOCHA (fls. 106 a 113).

6. El apoderado del INCODER presentó escrito exponiendo sus argumentos frente a la solicitud de suspensión provisional. Manifestó que el Acuerdo 003 de 2004 es un acto administrativo de carácter general y público, con el cual no se presenta violación directa de normas constitucionales dado su contenido y por corresponder a desarrollo legal. Precisó que la demandada se sometió al orden jurídico para reglamentar el aludido servicio público, conforme a lo establecido en la Ley 41 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1881 de 1994, artículo 27.

Indicó que el artículo 15 numeral 9 de la Ley 41 de 1993 contempló dentro de las funciones de los organismos ejecutores, la de expedir los reglamentos de dirección, manejo y aprovechamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, a los cuales deben someterse las asociaciones de usuarios. Agregó que la Ley 790 de 2002 otorgó facultades extraordinarias al presidente y que, en el artículo 16 literal f) lo facultó para crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman, escindan, fusionen o transformen.

Por lo anterior, adujo que el INCODER asumió las funciones que venía desarrollando el INAT, entre otras la de expedir los reglamentos de Dirección, Manejo y Aprovechamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, como la de vigilar y controlar las Asociaciones de Usuarios. Precisó que el artículo 24 del Decreto 1300 del 21 de mayo de 2003 indicó que todas las referencias que hagan las disposiciones legales vigentes al INCORA, INAT, DRI e INPA deben entenderse referidas al INCODER (fls. 59 a 64).

7. Tanto la solicitud de suspensión provisional, como la admisión de la demanda se resolvió por el H. Consejo de Estado, mediante auto del 30 de septiembre de 2004, en el que analizó los cargos y concluyó que la infracción manifiesta a las

9 Expediente No. 27024 (00012) disposiciones invocadas no se infiere por confrontación directa, ni mediante los documentos públicos allegados con la solicitud, y para tal efecto preciso que se requiere realizar el análisis de fondo, por lo que tal estudio se difiere para la sentencia. (fls. 114 a 119 vto) Frente al artículo 25 del Acuerdo 003 de 2004 del Consejo Directivo del INCODER, consideró queal contemplar el voto ponderado no impide la participación de los usuarios en las asambleas y no los excluye de la toma de decisiones, aunado a que para concluir si se vulneró el derecho a la igualdad es imperioso conocer todos los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición del referido Acuerdo. Expresó por otra parte, que el artículo

demandado lejos de restringir la participación de los usuarios, la asegura por parte de los pequeños y medianos productores su participación en la asamblea general, por lo que tal criterio es razonable y equitativo. Negó en consecuencia lo relativo a la suspensión provisional solicitada, como quiera que para absolver los planteamientos del demandante no basta la simple confrontación de los preceptos supuestamente encontrados, sino que es necesario el estudio propio de fondo al momento de la sentencia. (fls. 119 y vto.) 8.- Notificada la demanda, el INCODER contestó el libelo a través de apoderado (fls. 139 y ss.) y expuso como argumentos los mismo que esgrimió frente a la suspensión provisional, para concluir que al INCODER le corresponde la vigilancia y control sobre las asociaciones de usuarios para que éstas se sometan en su operación, administración y funcionamiento a las disposiciones legales y reglamentarias, con lo cual cumplió con el objetivo fundamental de ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural.

9. Se dispuso en la etapa probatoria allegar los antecedentes administrativos del Acuerdo “por el cual se señalan las directrices de organización de las Asociaciones de Usuarios y se establece el reglamento básico para el funcionamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras de pequeña, mediana y gran escala”, los que se allegaron y están recogidos en el acta No.009 de febrero

10 Expediente No. 27024 (00012) 19 de 2004, en la que bajo el acápite 3 “Asuntos para aprobación del Consejo Directivo” se contempló el referido Proyecto de Acuerdo (fls. 122 y ss.).

10. Corrido el traslado para alegar (fl. 163), sólo intervino en tal oportunidad el apoderado del INCODER, quien manifestó que el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER mediante el Acuerdo No. 023 del 15 de diciembre de 2004, derogó el artículo 25 del Acuerdo No.003 del 19 de febrero de 2004. Que posteriormente el mismo Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, mediante Acuerdo No. 001 de abril 7 de 2005 publicado en el diario oficial No. 45.880 de abril 15 de 2005, derogó el Acuerdo No. 003 del 19 de febrero de 2004; por lo que solicitó la terminación del proceso (fls. 164 a 169).

II. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El presente asunto corresponde a una demanda de nulidad simple, cuyo acto que se impugna atañe a asuntos agrarios. El Delegado encuentra cumplidos los presupuestos procesales, es decir, los requisitos o exigencias de derecho para que las peticiones puedan ser resueltas de fondo; aunado a que la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene competencia para resolver los asuntos que se plantean en este proceso.

En este orden de ideas, se debe precisar que el Acuerdo 003 de 1994 que se demanda, estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pero se determinó en la actuación que el citado acto fue derogado en todas sus partes mediante el Acuerdo 001 del 7 de abril de 2005, lo que no impedía su admisión comoquiera que el examen del juez está vinculado con su lapso de existencia.

Por ende, es viable que se emita pronunciamiento de fondo sobre el referido acto de la Administración, como quiera que durante su vigencia contempló y tuvo claros efectos prácticos y jurídicos, y dio lugar a diversas actuaciones y decisiones de los usuarios afectados, cuyos efectos jurídicos pueden igualmente mantenerse en el tiempo o desaparecer, de donde igualmente éstos se verían 11 Expediente No. 27024 (00012) afectados con la decisión que se adopte, comoquiera que lo accesorio corre la suerte de lo principal. Entonces, los diez cargos formulados por el actor, se pueden resumir en dos grandes ítems, uno por violaciones a disposiciones de carácter constitucional por falta de competencia del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, para señalar las directrices de organización de las Asociaciones de Usuarios y establecer el reglamento básico para el funcionamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras de pequeña, mediana y gran escala, es decir, relacionado con los presupuestos para la formación del acto, y otro, con las violaciones de orden legal y constitucional por el quebrantamiento del principio de igualdad para regular la participación y los beneficios de los usuarios asociados a los Distritos de Adecuación de Tierras. Frente al primer ítem que recoge varios cargos, se debe señalar en forma categórica que evidentemente con la expedición del Acuerdo 003 de 1994 por el Consejo Directivo del INCODER, se conculcó la Constitución y la ley, en cuanto dicho ente obró por fuera de sus competencias.

La conclusión anterior se soporta en el análisis de los antecedentes y alcances de las disposiciones que crean el INCODER, para lo cual es oportuno señalar que el artículo 1º numeral 7º de la Ley 573 de 2000, confirió facultades extraordinarias al Ejecutivo para “dictar el régimen para la liquidación y disolución de las entidades públicas del orden nacional”, facultades que llevaron a la expedición del Decreto Ley 254 de 2000. La referida ley de facultades extraordinarias, establecía: “Ley 573 de febrero 7 del 200, mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución. EL

CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

ARTÍCULO 1°. FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, en el término de quince 12 Expediente No. 27024 (00012) (15) días contados a partir de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para: (…).

7. Dictar el régimen para la liquidación y disolución de las entidades públicas del orden nacional. (Disposición que fue declarada exequible por Sentencia C - 0401 de 2001). (…) PARÁGRAFO 1°. Las facultades de que trata el presente artículo se ejercerán con el propósito de garantizar la realización de las siguientes finalidades: a) La modernización, tecnificación, eficacia y eficiencia de los órganos

objeto de las presente facultades; b) La utilización eficiente del recurso humano; c) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades laborales; d) La obligación del Estado de propiciar una capacidad continua del personal a su servicio; e) La sujeción al marco general de la política microeconómica y fiscal; y f) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad. (…) PARÁGRAFO 6°. En las liquidaciones de entidades públicas, la Nación podrá asumir o garantizar obligaciones de estas entidades, incluidas las derivadas de las cesiones de activos, pasivos y contratos que haya realizado la entidad en liquidación, las cuales no causarán impuesto de timbre si se hace entre entidades públicas. (…)” Por su parte el Decreto Ley 254 de 200 señaló: “ Decreto Numero 254 De Febrero 21 De 2000, por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional. El Presidente De La República De Colombia, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1°, numeral 7° de la Ley 573 del 2000,

DECRETA:

TITULO I, CAPITULO I, GENERALIDADES

ARTÍCULO 1°. AMBITO DE APLICACIÓN.

El presente decreto se aplica a las entidades públicas del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. En lo no previsto en el presente decreto deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad. Parágrafo. Aquellas entidades del Estado que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales, incluyendo las sociedades, continuarán rigiéndose por ellas. (…) 13 Expediente No. 27024 (00012) Así, el Gobierno Nacional para garantizar la sostenibilidad de la Nación en virtud del programa de renovación de la administración pública, expidió los Decretos 1290 a 1293 del 21 de mayo de 2003, los que ordenaban la liquidación del DRI, INAT, INCORA e INPA. En la misma fecha, mediante el Decreto 1300 creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, y además suprimió el Consejo Superior para Adecuación de Tierras CONSUAT, y asignó al INCODER las funciones que desarrollaban los aludidos entes suprimidos. El referido Decreto 1300 en lo pertinente señaló: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Decreto numero 1300 de mayo 21 de 2003, por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura. El presidente de la República de Colombia,en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 16, literal f) de la Ley 790 de 2002, y CONSIDERANDO: Que la Ley 790 de 2002, en su artículo 16, literal f) confiere facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman, escindan, fusionen o

transformen, cuando a ello haya lugar; Que dentro del Programa de Renovación de la Administración Pública, el Gobierno Nacional ordenó la supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat, del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI y del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, razón por la cual se hace necesario crear una entidad de Desarrollo Agropecuario y Rural que cumpla con los objetivos de las entidades suprimidas.

DECRETA:

CAPITULO I, DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL, INCODER Artículo 1°. Creación, naturaleza jurídica y jurisdicción. Créase el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. El Instituto tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, D. C., y podrá conformar dependencias para el ejercicio de sus funciones en el orden territorial. Artículo 2º. Objeto. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, tendrá por objeto fundamental ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a 14 Expediente No. 27024 (00012)

mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país. Artículo 3°. Objetivos. Para dar cumplimiento a su objeto, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder tendrá los siguientes objetivos:

1. Liderar la identificación y consolidación de áreas de desarrollo agropecuario y rural, promovidas por iniciativa pública, privada o mixta para adelantar en éstas programas de desarrollo agropecuario y rural de propósito común, que permitan atender realidades específicas de zonas y comunidades rurales.

2. Fortalecer los procesos de coordinación inter e intrasectoriales que posibiliten la integración de las acciones institucionales en el medio rural.

3. Fortalecer los procesos participativos de planeación institucional, regional y local para la definición de programas de desarrollo agropecuario y rural, que permitan a los actores rurales la identificación de oportunidades que su realidad les ofrece y la concertación de las inversiones requeridas.

4. Consolidar el proceso de delegación a las administraciones departamentales mediante el apoyo a las instancias competentes del nivel departamental y municipal para su fortalecimiento, así como de las organizaciones de productores y de su s comunidades para la gestión de su propio desarrollo.

5. Estimular la consolidación de escenarios regionales para el desarrollo rural, mediante la acción coordinada de los departamentos y propiciar la transformación de las Umata y los consejos municipales de desarrollo rural, de conformidad con la ley y sus reglamentos.

6. Facilitar a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a la tierra y demás factores productivos, promoviendo diferentes alternativas para el uso eficiente, racional y sostenible de los mismos.

7. Gestionar y otorgar recursos de financiación, cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural en los territorios en donde se establezcan las áreas de actuación.

8. Contribuir al fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola mediante la investigación, ordenamiento, administración, control y regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de estos recursos.

Artículo 4°. Funciones generales. Son funciones generales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, las siguientes:

1. Establecer y adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario y rural en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de las políticas y directrices del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. Formular y presentar propuestas en coordinación con otras instituciones públicas, a la Comisión Intersectorial que para el efecto creará el Gobierno Nacional y formalizar convenios interinstitucionales que integren las intervenciones en el medio rural, de conformidad con los respectivos programas agropecuarios y desarrollo rural.

15 Expediente No. 27024 (00012)

3. Proponer y adoptar la distribución de recursos para adelantar los programas de desarrollo rural, en las áreas prioritarias que se definan con sujeción a los criterios previamente establecidos.

4. Desarrollar e implementar sistemas de vigilancia, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión institucional.

5. Propender por un adecuado uso y aprovechamiento de las aguas y las tierras rurales aptas para la explotación forestal y agropecuaria, así como de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas,

impulsando esquemas de acceso y en donde sea necesario, corrigiendo la estructura de tenencia con miras a garantizar su distribución ordenada y su uso racional, en coordinación con los organismos públicos y entidades competentes.

6. Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación al establecer zonas de reserva campesina, con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural.

7. Ordenar y adelantar la expropiación de predios, mejoras y servidumbres de propiedad rural privada o pública,