PGN - INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ - Requierre autorización

CAUSAL DE NULIDAD-En la actuación disciplinaria tiene carácter taxativo No es posible realizar interpretaciones analógicas ni hacer aplicaciones extensivas. El artículo 143 del CDU no contempla como causal de nulidad la referida a la existencia de irregularidades en la práctica de pruebas. Además, debe anotarse que el instituto jurídico de la nulidad afecta decisiones adoptadas en curso de la actuación procesal, pero no la actividad probatoria la cual, generalmente preserva su valor. INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ-Condiciones mínimas fijadas por la ley Era de su responsabilidad, como Tesorera del Departamento, aplicar en forma estricta todas las previsiones dirigidas a apuntalar que las inversiones realizadas contaran con pleno respaldo y seguridad. Las normas sobre inversiones de excedentes de liquidez, no dejan adopción de tales decisiones al libre criterio de la administración, sino que establecen unas condiciones mínimas dirigidas a evitar o minimizar los riesgos inherentes a esta clase de operaciones financieras. CONFIANZA COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD-Se exige que la confianza sea legítima Para que la confianza libere de responsabilidad a quien deja el resultado de su labor a otro, se exige que ella sea legítima, es decir, que el agente haya agotado todas las previsiones para que el desenlace de sus actos no se quede confiado a la liberalidad o voluntad del tercero. La legitimidad parte de la idoneidad del tercero a quien se acude para la realización de la gestión propia del agente estatal. Dado que el tercero no estaba autorizado ni registrado como comisionista de bolsa y por tanto, no podía realizar la compra de TES a

nombre del Departamento, es claro que por falta de idoneidad no era confiable. La Tesorera no solo impartió la orden de compra y renovación de TES a una entidad carente de idoneidad, sino que además, no exigió que la intermediaria acreditara que efectivamente la inversión ordenada se hubiere efectuado realmente. RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO-No se diluye con haber creido en los demás En el ámbito funcional de los servidores del Estado deposita en ellos un régimen de mayor responsabilidad y exigencia que no se diluye bajo la simple premisa de haber creido en los demás o de haber confiado en que el interés público no se vería expuesto a riesgo. INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ-Requiere autorización/INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ-Condiciones mínimas fijadas por la ley Las operaciones de inversión de excedentes de liquidez requieren condiciones mínimas de seguridad (por parte de la Tesorera) fijadas en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, como haber consultado con el Secretario de Hacienda y coordinado con el encargado del crédito público. La conducta desplegada por la disciplinada entraña la manifiesta trasgresión de los deberes legales inherentes al ejercicio de las facultades asignadas por el estatuto de Presupuesto del Departamento. La investigada procedió en forma inconsulta y autónoma, dejando de lado el ortodoxo desempeño de sus funciones como Tesorera del Departamento. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Posición de garante En razón a su posición de garante, el investigado (Secretario Administrativo) está llamado a responder disciplinariamente por el hecho de haber permitido que la Tesorera General

realizara las inversiones investigadas. Como Secretario Administrativo debía autorizar a la Tesorera para efectuar las inversiones objeto de investigación y se realizaron. Por abandono de sus deberes funcionales exigibles a la Tesorera, por lo tanto, el nivel de aporte en la comisión de la falta no fue determinante sino coadyuvante. Procedió en forma laxa respecto al control que debía ejercer sobre las operaciones de colocación de excedentes de tesorería. Tuvo conocimiento de las operaciones financieras realizadas por la tesorera, pues la primera operación la fue consultada por la tesorería, pese a que ésta omitió el deber de su autorización. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Desatención de deberes Conforme a las reglas de conducta que definen el comportamiento de un hombre prudente, a quien además se confía la guarda de los recursos públicos, no es claro del todo el comportamiento pasivo del disciplinado. Resulta irregular del disciplinado que se haya desatendido por completo de la suerte de las operaciones financieras, pues dado su cargo debía saber que no se trataba de un único ejercicio, sino de un deber legal permanente, cuya atención le involucraba. GOBERNADOR CABEZA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL-El ser nominador no genera automáticamente la posición de garante Las irregularidades presentadas en las operaciones de inversión se verificaron al margen de la confianza funcional del Gobernador. El ser cabeza de la administración departamental, no le confiere en forma automática la posición de garante con relación al estricto cumplimiento de los deberes funcionales de toda la administración. El simple hecho de ser nominador no genera posición de garante con relación a las funciones del Tesorero Departamental.

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Dependencia DESPACHO PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Radicación No. Exp. IUC-D-2009-937-101100

DISCIPLINADO GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ MOSQUERA

JOSÉ HAROLD CASAS VALENCIA

MARÍA ELENA RAMÍREZ RENGIFO

Cargo y Entidad Gobernador de Cauca Secretario Administrativo y Financiero de Cauca Tesorera del Departamento de Cauca Quejoso De oficio Fechas hechos Marzo a octubre de 2008 Asunto Fallo de Segunda Instancia + Bogotá D. C., 7 de octubre de 2010 ASUNTO Procede el despacho a desatar el recurso de alzada interpuesto en término por la defensa de los señores GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ MOSQUERA, JOSÉ HAROLD CASAS VALENCIA y MARÍA ELENA RAMÍREZ RENGIFO, contra el fallo de primera instancia proferido el 15 de abril de 2010 por el despacho del señor Procurador Delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales dentro del trámite del proceso disciplinario No. IUC-D-2009-937-101100, decisión que, tras declararles responsables de los cargos a ellos imputados, les impuso sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de diez, once y veinte años, respectivamente.

1. ANTECEDENTES 1.1Los hechos.- La presente actuación disciplinaria se inició oficiosamente y recae sobre la presunta incursión en irregularidades en el manejo del presupuesto del departamento referidas

a la inversión de excedentes de liquidez en cuantía que en conjunto supera los siete mil seiscientos treinta y un millones de pesos, en la firma Probolsa S. A. 1.2De los cargos formulados Mediante providencia del 26 de mayo de 2009, se formularon a los investigados los siguientes señalamientos: 3 1.2.1 Cargo formulado a MARÍA ELENA RAMÍREZ RENGIFO, en su calidad de Tesorera del Departamento de Cauca: Girar a PROBOLSA S. A., a través del comprobante de egreso 1801 del 4 de marzo de 2008, $2.000 millones de la cuenta corriente del Banco de Colombia 868-0833854-1, denominada Sistema General de Participaciones Educación, en la cual se manejan recursos del SGP educación, destinados para el pago de docentes y proveedores; con el comprobante de egreso 2872 del 3 de abril de 2008, $2.000 millones de la cuenta del Banco de Occidente 041-10296-3, denominada Lotería Salud, en la que se manejan las rentas cedidas con destino Salud; con el comprobante de egreso 4694 del 22 de mayo de 2008, $1.000 millones de la cuenta del Banco Cafetero 307-11783-8, denominada SGP-Prestaciones Sociales 104, en la cual se pagan los docentes nacionalizados; con el comprobante de egreso 5145 del 30 de mayo de 2008, $1.500 millones de la cuenta del Banco Popular 868-2576318-1, denominada Convenio 408-5 del Ministerio de Educación Nacional, recursos con destino a la población vulnerable;

con el comprobante de egreso 6104 del 27 de junio de 2008, $2.000 millones de la cuenta corriente del Banco de Colombia 868-38748934, denominada Saneamiento Básico y Agua Potable; con el comprobante de egreso 6744 del 10 de julio de 2008, $1.000 millones de la cuenta del Banco de Colombia 868-3270660-6, denominada ECAT-Atención en Salud, recursos que se utilizan para ampliación de cobertura de la población vulnerable; con el comprobante de egreso 7835 del 8 de agosto de 2008, $1.000 millones de la cuenta del Banco de Colombia 868-3270656-8, denominada SGP Salud Pública, que cubre prestación de servicios en salud; con el comprobante de egreso 7838 del 8 de agosto de 2008, $1.500 millones de la cuenta corriente del Banco de Colombia 868-0833854-1, denominada Sistema General de Participaciones Educación; con el comprobante de egreso 8431 del 28 de agosto de 2008, $2.000 millones de la cuenta del Banco de Bogotá 520-35300-4, denominada SGP-Régimen subsidiado transformación; y con el comprobante de egreso 9359 del 17 de septiembre de 2008, $2.000 millones de la cuenta del Banco de Bogotá 520-35301-2, denominada Salud Régimen Subsidiado FOSIGA, sin cumplir con las normas legales vigentes que disponen el procedimiento para la inversión de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales y permitiendo con ello un incremento

injustificado del patrimonio de PROBOLSA S. A. y generando un detrimento patrimonial a la gobernación del CAUCA por $7.631 451.731,59. 1.2.2 Cargo formulado a JOSÉ HAROLD CASAS VALENCIA, en su calidad de Secretario Administrativo y Financiero de la Gobernación de Cauca: 4 Permitir a la Tesorera General del Departamento del Cauca, María Elena Ramírez Rengifo, la inversión de recursos de la gobernación del Cauca por $16 mil millones, que realizó a través de los giros efectuados a PROBOLSA S. A. el 4 de marzo de 2008, por $2.000 millones de la cuenta corriente del Banco de Colombia 868-0833854; el 3 de abril de 2008, por $2.000 millones de la cuenta del Banco de Occidente 041-10296-3; el 22 de mayo de 2008, por $1.000 millones de la cuenta del Banco Cafetero 307-11783-8; el 30 de mayo de 2008, por $1.500 millones de la cuenta del Banco Popular 868-2576318-1; el 27 de junio de 2008, por $2.000 millones de la cuenta corriente del Banco de Colombia 868-3874893-4; el 10 de julio de 2008, por $1.000 millones de la cuenta del Banco de Colombia 868-3270660-6; el 8 de agosto de 2008, por $1.000 millones de la cuenta del Banco de Colombia 868-3270656-8; el 8 de agosto de 2008, por $1.500 millones

de la cuenta corriente del Banco de Colombia 868-0833854-1; el 28 de agosto de 2008, por $2.000 millones de la cuenta del Banco de Bogotá 520-35300-4; y el 17 de septiembre de 2008, por $2.000 millones de la cuenta del Banco de Bogotá 520-35301-2, transferencias efectuadas sin cumplir con las normas legales vigentes que disponen el procedimiento para la inversión de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales, permitiendo con ello además un incremento patrimonial injustificado a favor de PROBOLSA S. A. y consecuentemente, un detrimento patrimonial de las arcas del departamento por $7.631451.731,59. 1.2.3 Cargo formulado a GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ MOSQUERA, en su calidad de Gobernador del Cauca: Permitir a la Tesorera General del Departamento del Cauca, María Elena Ramírez Rengifo, invirtiera recursos de la gobernación del Cauca por $16 mil millones, que realizó a través de los giros efectuados a PROBOLSA S. A. el 4 de marzo de 2008, por $2.000 millones de la cuenta corriente del Banco de Colombia 868-0833854; el 3 de abril de 2008, por $2.000 millones de la cuenta del Banco de Occidente 041-10296-3; el 22 de mayo de 2008, por $1.000 millones de la cuenta del Banco Cafetero 307-11783-8; el 30 de mayo de 2008, por $1.500 millones de la cuenta del Banco Popular 868-2576318-1; el 27 de junio de 2008, por $2.000 millones de la cuenta corriente del

Banco de Colombia 868-3874893-4; el 10 de julio de 2008, por $1.000 millones de la cuenta del Banco de Colombia 868-3270660-6; el 8 de agosto de 2008, por $1.000 millones de la cuenta del Banco de Colombia 868-3270656-8; el 8 de agosto de 2008, por $1.500 millones de la cuenta corriente del Banco de Colombia 868-0833854-1; el 28 de agosto de 2008, por $2.000 millones de la cuenta del Banco de Bogotá 520-35300-4; y el 17 de septiembre de 2008, por $2.000 millones de la cuenta del Banco de Bogotá 520-35301-2, transferencias que fueron efectuadas sin cumplir con las normas legales vigentes que disponen el procedimiento para la inversión de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales y con las 5 cuales se permitió un incremento patrimonial injustificado a favor de PROBOLSA S. A. y consecuentemente, un detrimento patrimonial de las arcas del departamento por $7.631451.731,59. 1.3 El fallo de primera instancia El fallo impugnado fue proferido el 15 de abril de 2010 por el despacho del señor Procurador Delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales (folios 1486 a 1530 del cuaderno original No. 7), declarando, en los numerales primero a tercero de la parte resolutiva, la responsabilidad de los procesados e imponiéndoles sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de diez, once y veinte años a GUILLERMO ALBERTO

GONZÁLEZ MOSQUERA, JOSÉ HAROLD CASAS VALENCIA y MARÍA ELENA RAMÍREZ RENGIFO, respectivamente. 2 De la nulidad alegada.- 2.1 De la nulidad alegada por la defensa de María Elena Ramírez Rengifo (folios 1544 a 1564 cuaderno 8).- La defensa de María Elena Ramírez Rengifo sostiene que durante el trámite de la primera instancia se violó el derecho fundamental al debido proceso, al constatarse la violación del derecho de defensa, así como de derecho a presentar pruebas y a controvertir las presentadas en su contra, existiendo por tanto, según deduce, una nulidad. Destaca la Sentencia C-635/01, la cual se refiere al derecho de defensa dentro del proceso disciplinario, y afirma que en virtud de la misma el legislador estableció en la Ley 734 de 2002, como causal de nulidad de la actuación disciplinaria, la violación al debido proceso, al constatarse la violación del derecho de defensa del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. Además, estableció que los principios que orientan la nulidad y convalidación consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplican a los procesos administrativos. Destaca también, la Sentencia C-270/00, en la que la Corte Constitucional establece los derechos que el legislador debe prever para que se integre debidamente el derecho de defensa. 6 Afirma la defensa, que ha habido una violación al derecho de defensa al no haberse practicado con las formalidades de ley, la prueba solicitada oportunamente.

En efecto: En el escrito que contiene los descargos presentados al

pliego formulado por la Procuraduría a MARÍA ELENA RAMÍREZ RENGIFO, se solicitó por la defensa se oficiara al Representante Legal de Serfinco S. A. Comisionista de Valores, para que con destino a la presente actuación se sirviera certificar si en razón de la celebración del contrato de administración de valores suscrito con la Gobernación del Departamento del Cauca el día 27 de febrero de 2008, esa entidad en cumplimiento de los artículos 1.5.3.1, 1.5.3.2 numeral primero, dio cumplimiento a los deberes generales de los intermediarios financieros, en los términos previstos en el Decreto 1121 de 2008. En tal sentido se expidieran los documentos con los que se acreditaba el cumplimiento de estos deberes. Además se pidió a Serfinco a través de su Representante Legal, acreditara si en razón del referido contrato de administración de valores suscrito por la Gobernación del Departamento del Cauca, dio cumplimiento a su obligación legal de brindar asesoría que se prevé en el artículo 1.5.3.3 del Decreto 1121 del 11 de abril de 2008, en tal sentido se solicitó que se expidiera con destino a la presente actuación los documentos con los que soportaba el cumplimiento de estos deberes, determinando el nombre del profesional debidamente certificado a quien se le contrató para que prestara al Departamento del Cauca la asesoría a la que se refiere el artículo anteriormente citado e igualmente expidiera copias de los documentos que contienen los informes que debió rendir dicho profesional en

cumplimiento de la labor encomendada, relacionada con la asesoría que debió brindársele al Departamento del Cauca en su condición de “cliente inversionista”. 7 Agrega que en el expediente, únicamente se encuentra el documento firmado por la abogada Natalia Cárdenas Velásquez el 11 de agosto de 2009, el cual fue dirigido al Doctor Benjamín Perdomo Sarmiento, Asesor del Procurador General de la Nación, en el cual certifica que a la fecha de expedición del certificado, Serfinco no tiene recursos a nombre del Departamento del Cauca, debido a que los principales TES que tenía bajo su custodia, fueron transferidos a Bancolombia Valores S. A., por solicitud realizada por una persona designada por el Gobernador. Así mismo, certifica, que por haber sido calificado el Departamento del Cauca como inversionista profesional, a su criterio no existía el deber de asesoría de acuerdo a lo previsto en el Decreto 1121 de 2008. Asegura la defensa, que el investigador no decretó ni practicó las pruebas solicitadas por la disciplinada y que se limitó a dar por ciertas las certificaciones de la abogada Natalia Cárdenas Velásquez, sin antes constatar que ella tuviera la capacidad para expedir los documentos certificados a nombre de Serfinco. Considera que es evidente la violación al debido proceso y al derecho de defensa, toda vez que no se le garantizó a la disciplinada el derecho fundamental a pedir pruebas y a controvertir las practicadas en su contra, ya que el documento suscrito por la abogada de Serfinco, no se decretó, no se practicó, ni se incorporó al trámite del proceso

disciplinario, incumpliendo las formalidades previstas en la ley, haciendo evidente la violación al derecho de defensa debido a que, de haberse practicado la prueba solicitada, otros serían los resultados de la investigación. Asevera la defensa que el documento que se tuvo en cuenta indujo a error al Doctor Benjamín Perdomo Sarmiento, puesto que en él se dice que la Gobernación del Cauca fue calificada como inversionista profesional al interior de Serfinco, cuando otra de las razones que permite calificar a una persona natural o jurídica como inversionista profesional es que el inversionista manifiesta el deseo de ser calificado como tal. 2.2 De la nulidad alegada por la defensa de Guillermo Alberto González Mosquera (folios 1596 a 1681 cuaderno 8).- A juicio de la defensa existe nulidad del proceso a partir del auto de apertura de investigación en contra del Gobernador del Cauca, por falta de competencia del funcionario que tramitó la actuación, lo cual vulnera sustancialmente el debido proceso. Según el artículo 6º del CDU y en concordancia con el artículo 29 de la 8 Constitución Política, quien debe adelantar la investigación es el funcionario competente, es decir un funcionario previamente asignado por Ley para adelantar la investigación, lo que se reitera en el artículo 78 de la Ley 734 de 2002. De acuerdo con esto la competencia para investigar a un Gobernador Departamental le corresponde por Ley a las Procuradurías Delegadas (artículo 25.1.c) Decreto 262 de 2000) y si bien el Procurador General de la Nación en virtud del artículo 7 del

Decreto 262 de 2000 puede asignar a un funcionario especial para que adelante la investigación y falle, desplazando al funcionario de conocimiento, el funcionario designado debe ser de igual o superior jerarquía que el funcionario desplazado. Por esto, la defensa considera que se ha desconocido el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del CDU, ya que el Procurador General de la Nación el 29 de enero de 2009 asignó el conocimiento especial del asunto a un abogado asesor del Despacho del Procurador General, el cual es de menor jerarquía funcional que un Procurador Delegado, según la clasificación de los empleos establecida en el artículo 182 del Decreto-Ley 262 de 2000, desconociendo los límites consagrados en el artículo 7 numeral 19 inc. 2 de la misma Ley y violando los principios legales sobre competencia enunciados en el artículo 143 numeral 3º del CDU. Esta irregularidad, causó un perjuicio al disciplinado pues se vulneró su derecho fundamental a que la investigación la adelantara un funcionario especializado y de una jerarquía funcional superior como es un Procurador Delegado, lo que muy seguramente habría evitado que se presentaran las irregularidades que se evidencian en el auto de cargos y en la sentencia, en donde se presentan cargos anfibológicos y ambiguos. Para la defensa el Asesor del Despacho del Procurador y el Procurador Delegado para la Descentralización, interpretaron de manera equivocada el inc. 2º del numeral 19 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, al entender que el funcionario

designado debe ser de igual o mayor jerarquía únicamente al momento de proferir el fallo. Ya la Procuraduría General de la Nación ha reconocido que la incompetencia para adelantar otras actividades procesales distintas del fallo es un vicio sustancial del debido proceso (Código Disciplinario Único Concordado, edición del 2000). 9 Además, como lo ordena el artículo 21 del CDU, en la interpretación y aplicación de principios prevalecerán los principios rectores contenidos en la ley, por lo que es indiscutible que prevalece el artículo 6 del CDU, lo que consolida una vulneración al debido proceso disciplinario a partir del auto de apertura de la investigación con el Gobernador del Cauca. Como subsidiario del motivo anteriormente enunciado, la defensa propone la nulidad del pliego de cargos por haber sido proferido por funcionario distinto al funcionario de conocimiento, vulnerando sustancialmente el debido proceso. De acuerdo con los arts. 161 y 162 del CDU, el pliego de cargos sólo puede ser formulado por el funcionario de conocimiento, lo cual implica valoración fáctica y probatoria sobre la responsabilidad del disciplinado por parte de quien tiene el poder funcional para disponer del proceso, es decir, que es una decisión reservada al funcionario competente. Este, es el funcionario al que la ley de manera previa e impersonal le haya asignado la competencia para conocer de ciertos procesos, que tratándose de un Gobernador, el funcionario de conocimiento es un Procurador Delegado. Para argumentar lo anterior, la defensa cita lo dicho por el Doctor Hernando Barreto Ardila en publicación de la Procuraduría “Principios y Normas Rectoras de la Ley

Disciplinaria” así como en el concepto de Oscar Villegas Garzón, que se encuentra en el “Código Disciplinario Único” Ed. G Ibáñez, 2002, Pág. 226. Así mismo, invoca la nulidad por violación al derecho de defensa (artículo 143 numeral 2 CDU) argumentando que la garantía del ejercicio de la defensa exige que en las actuaciones y decisiones procesales los funcionarios se ajusten a las exigencias formales y materiales requeridas en la decisión para facilitar su comprensión y así, su contradicción. Para la defensa, se vulneró el artículo 163 del CDU, debido a que la acusación contra el Gobernador del Cauca fue ambigua. Si se toman los hechos y presupuestos de los que partió el Asesor del Despacho del Procurador General de la Nación, la calificación tanto objetiva como subjetiva de la imputación es desproporcionada, carente de lógica y de respaldo de los presupuestos procesales, igual que pasa con 10 el fallo impugnado, el cual se soportó en las consideraciones del pliego de cargos, sin definir de manera clara si se sanciona al Gobernador por todos los cargos formulados en el pliego o sólo por uno de ellos. Al acusar al Gobernador por infracción al numeral 1º del artículo 34 del CDU, por no cumplir con el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, ni los artículos 48 del Decreto 532 y 49 del Decreto 1525 de 2008, relacionados con los requisitos que deben cumplirse para inversión de los excedentes financieros, partiendo de la presunta posición de

garante del Gobernador respecto de la actuación de la Tesorera departamental, el control infringido tendría que ser el consignado en el artículo 43 del CDU, por el que se reglamenta la responsabilidad indirecta. Sin embargo, la decisión añade que el implicado actuó en comisión por omisión, por lo que aparentemente está incurso en las faltas establecidas en el artículo 48 numerales 3 y 27 de la Ley 734 de 2002. Respecto a esto, expresa la defensa que no se realizó ninguna motivación ni argumentación que fundara este cambio dramático, lo que vulnera el principio de motivación previsto en los arts. 19, 59, 141,142 y 170 del CDU y no permite que la defensa tenga claridad sobre si la imputación es por acción, por omisión o ambos. Considera, que no es claro por cuál falta debe defenderse el Gobernador, partiendo de que la Ley 734 de 2002 artículo 48 consagró un listado cerrado y expreso de las faltas gravísimas y en este listado no se incluyó como gravísima la infracción al deber de cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos por la que se le acusó. Además, dice que no precisa si las dos imputaciones son a título de dolo o culpa, vulnerando la debida claridad que debe tener la providencia para facilitar el ejercicio técnico y material de la defensa. Se afirmó en el fallo que el Gobernador tenía posición de garante respecto de la Tesorera, sin embargo, no se señaló la norma que ubica al Gobernador en esta posición. Así mismo, se afirmó que las faltas se atribuían a título de culpa gravísima,

pero no analiza cuáles criterios de gravedad de los ocho que se señalan en el artículo 43 concurrían en el caso y permitían sustentar la gravedad extrema atribuida a las presuntas faltas, lo cual es relevante en la medida en que es esta calificación lo que permite la destitución del cargo. 11 Para la defensa, lo antes mencionado determina la existencia de una nulidad insanable por violación en la forma de la providencia acusatoria, lo que vulnera el debido proceso y el derecho de defensa, viciando la totalidad de la providencia en concordancia con el artículo 143 numerales 2 y 3 del CDU. De igual forma, alega nulidad por violación al derecho de defensa al ignorar totalmente las pruebas aportadas por la defensa, cuya valoración conduciría a una conclusión absolutoria. Para aclarar el sentido y posibles obligaciones derivadas del Formulario de Conocimiento de Persona Jurídica, se aportaron tres declaraciones calificadas escritas las cuales fueron ratificadas ante la Procuraduría con testimonios de los abogadas y ex altos funcionarios del Estado, Drs. Néstor Humberto Martínez Neira, Carlos Esteban Jaramillo y Juan Ángel Palacios Hincapié, testimonios que fueron ignorados y no fueron valorados en la sentencia desconociéndose lo consagrado en los artículos 141 y 170-3 y 4 del CDU. Para demostrar que el Gobernador sí tomó de forma oportuna las medidas de control y cuidado y que incluso instruyó personalmente y por escrito a la Tesorera, se aportó abundante prueba testimonial que daba fe de los Consejos de Gobierno en los que

se instruía a los Secretarios del Despacho, incluida la Tesorera y que esto se hizo desde enero de 2008 cuando el gobernador inició su gestión, prueba que también fue ignorada en el fallo impugnado, el cual, por el contrario afirmó con base en el Boletín Jurídico del 1 de julio de 2008 y el acta de Consejo de Gobierno del 29 de julio el mismo año, que el Gobernador no se excluía de responsabilidad, pues fueron realizados meses después de la primera inversión en Probolsa S. A. También se ignoró, entre otros, el testimonio de Mario Alberto Payán, Gerente de Bancolombia, el cual habría llevado a la absolución del Gobernador. Finalmente, la defensa alega nulidad por incongruencia sustancial entre la parte motiva y la parte resolutiva del fallo, debido a que en la primera la Procuraduría Delegada enunció entre otras, dos conclusiones que limitaban la cuantía del daño y excluían la responsabilidad del Gobernador a una sola falta y no a los dos inicialmente imputadas y en la parte resolutiva se olvidó de lo dicho y sentenció conforme al pliego de cargos. Considera que estas incongruencias vulneran el 12 derecho a la defensa y por lo tanto se debe determinar la nulidad de la actuación desde el auto de cargos.

3. Consideraciones del Despacho con relación a las nulidades pedidas.- 3.1 De la nulidad deprecada por la defensa de María Elena Ramírez Rengifo.

El despacho se abstendrá de declarar la nulidad pedida. Las causales de nulidad de la actuación disciplinaria tienen carácter taxativo y respecto de ellas no es

jurídicamente posible realizar interpretaciones analógicas ni hacer aplicaciones extensivas. El artículo 143 del CDU no contempla como causal de nulidad la referida a la existencia de irregularidades en la práctica de los medios de prueba. Adicionalmente, debe anotarse que el instituto jurídico de la nulidad afecta las decisiones adoptadas en curso de la actuación procesal, pero no la actividad probatoria la cual generalmente preserva su valor. En tal sentido, obsérvese que mediante tal remedio procesal se puede afectar la validez de las decisiones adoptadas en el proceso disciplinario, pero sin que ello comporte la imposibilidad de apreciar las pruebas. Así lo dispone el artículo 145 del CDU: Ley 734 de 2002.

ARTÍCULO 145. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD.

La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula. La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente (el despacho ha resaltado). Ahora bien, resulta contraevidente afirmar que se denegó el derecho a solicitar la práctica de pruebas cuando la disciplinada ha hecho uso de tal garantía, ni tampoco puede inferirse válidamente que las irregularidades que la defensa