PGN - INVESTIGACION DISCIPLINARIA - Irregularidades cometidas por el contralor departament

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-Irregularidades cometidas por el Contralor Departamental del Vichada por haber adicionado el presupuesto de ingresos de la Contraloría GASTOS CON REPRESENTACIÓN-Deben ser decretados por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o por los Concejos Distritales o

Municipales/PRESUPUESTO DE ENTIDADES TERRITORIALES-Facultad para adicionarlos/PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PÚBLICO-Alcance Independientemente del origen de tales partidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 345, inciso 2º de la Carta Política, todos los gastos deben ser decretados por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o por los Concejos Distritales o Municipales. Se entiende entonces que la facultad para adicionar los respectivos presupuestos está reservada a los mismos entes corporativos. Es decir, que un organismo de control, más exactamente la Contraloría Departamental del Vichada tiene vedada tal actividad, por expresa prohibición constitucional y en aplicación del principio de legalidad del gasto. Esta postura ha sido reiterada por este ente de control, valido de la distinta jurisprudencia y de los conceptos calificados que en tal sentido ha emitido la Dirección General de Presupuesto. Valga aquí recordar lo dicho por la Corte Constitucional en Sentencia C-1249 de 2001: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN-Cobertura y composición/AUTONOMÍA PRESUPUESTAL-Asignada constitucionalmente a la Asamblea Departamental del ente territorial/DISCIPLINADO-No podía adicionar el

presupuesto de ingresos de la Contraloría Departamental del Vichada/DISCIPLINADO-Se extralimitó en funciones arrogándose facultades propias de la Asamblea Departamental En efecto, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, en su artículo 110, establece que «Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley….», entonces, siendo la Contraloría Departamental un segmento del presupuesto del Departamento, puede ejecutar los recursos que le son aprobados en el presupuesto de gastos pero no puede adicionarlos o modificar su presupuesto total de gastos sino por intermedio de la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental del Vichada es el ente llamado constitucionalmente a efectuar este tipo de modificaciones, so pena de la vulneración de los artículos 300 y 345, inciso 2.° de la Carta Magna, como en efecto ocurrió en el presente caso, vulneración que configura extralimitación de funciones por parte del señor Contralor del Vichada, conforme se le imputó en el pliego acusatorio. Dicho en otros términos, el señor Contralor del Departamento del Vichada no podía arrogarse dicha competencia asignada constitucionalmente a la Asamblea Departamental del ente territorial. Es decir, el disciplinado no podía adicionar el «presupuesto de ingresos» de la Contraloría Departamental del Vichada en la suma de $39.221.108.oo, para la vigencia 2006, sino

esperar a la expedición de la respectiva Ordenanza para la adición correspondiente. Una vez adicionados los recursos estaba facultado para expedir los actos respectivos para su ejecución, por cuanto es claro que ni la Constitución ni el Estatuto Orgánico del Presupuesto Radicación n.° 161 – 5075 consagran la posibilidad de que otra autoridad administrativa modifique motu propio los presupuestos de las entidades públicas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ordenanza 019 del 10 de Mayo de 1999 «Por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento del Vichada y sus entidades Descentralizadas», referente al régimen presupuestal de la Contraloría, dispuso que «La programación, preparación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución de las apropiaciones de la Contraloría Departamental, se regirán por las disposiciones contenidas en este Estatuto». Además, este Estatuto, en su artículo primero, estipuló que todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones en el contenidas. En su artículo segundo que el presupuesto del Departamento incluía a la Contraloría Departamental. El artículo 101 establece: «El Gobernador presentará a la Asamblea Departamental proyectos de ordenanza sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del presupuesto general del Departamento sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones comprendidas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión, para completar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley». A su turno, el artículo 37 de la Ordenanza 023 del 15 de noviembre de 2005, por medio de la

cual «se aprueba el presupuesto general de rentas y recursos capital y gastos del Departamento del Vichada para la vigencia fiscal del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2006», dispuso que «todas las adiciones y modificaciones que se realicen al presupuesto de la vigencia 2006, deberán ser autorizados por la Asamblea Departamental». El anterior recorrido indica que al ser adicionado «el presupuesto de ingresos» de la Contraloría Departamental del Vichada, vigencia 2006, por parte del disciplinado, éste se extralimitó en sus funciones, arrogándose facultades propias de la Asamblea Departamental y en consecuencia el cargo imputado en esta actuación cobró pleno sustento, así como su responsabilidad disciplinaria, por cuanto como se reseñará a continuación no se encuentra probado dentro del plenario causal alguna de exclusión. CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL-Función esencial Compartiendo íntegramente la posición del fallador de primera instancia, la Sala Disciplinaria debe señalar que tal postura defensiva es inadmisible partiendo del servidor público que regentó los destinos de un ente de control fiscal, como lo es, la Contraloría Departamental del Vichada, cuya función esencial consiste en velar por el correcto manejo de los recursos públicos, es decir, ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la administración departamental. Independientemente que tuviera o no suficientes recursos para desempeñar su labor misional, es inaudito que por la especialidad misma de la función como Contralor del Departamento hubiera desplegado un actuar al extremo negligente, pues sólo bastaba que

se enterara, si tal conocimiento le era ajeno, de las normas que regían para su momento en lo que atañe al destino y manejo de los dineros públicos del ente territorial que tenía que vigilar, donde la entidad que dirigía se constituyó en una sección del presupuesto del Departamento, por expreso mandato constitucional y legal. CULPA-La doctrina ha denominado como fuente generadora de ésta la denominada asunción de culpa Aceptando, en gracia a la discusión, que dicho ente de control fiscal, para la época de los hechos, no contara con suficientes recursos económicos, al igual que con personal idóneo, ello no es un argumento válido, pues por la investidura que ostentó el disciplinado, se presume que estaba en condiciones de entender, de analizar y sobretodo de conocer la normatividad especial que cobijaba el manejo de dineros públicos y en el caso que ocupa la atención de la Sala, básicamente el campo de normas presupuestales, aplicables al ente 2 Radicación n.° 161 – 5075 territorial, máxime que su formación profesional en las áreas del Derecho lo hacían más capaz, apto e idóneo para no sólo entender, sino aplicar la normatividad a que hubiera lugar. La aceptación que de su cargo hizo el señor Contralor Departamental del Vichada llevaba implícita tales condiciones. Por ello la doctrina ha denominado como fuente generadora de culpa la denominada «asunción de culpa», en el entendido de que no puede darse cabida a la irresponsabilidad de los servidores públicos en la administración de los bienes del Estado alegando su falta de preparación profesional o desplazando su responsabilidad personal en

sus servidores subalternos. OBLIGATORIEDAD DE LA LEY-Es completa e incondicional/DERECHO DISCIPLINARIO-La ignorancia de la ley no puede alegarse como excusa/SERVIDOR PÚBLICO-No puede ignorar sus deberes funcionales ni cuales hechos constituyen falta disciplinaria La obligatoriedad de la ley es completa e incondicional, por ello la existencia de la presunción de que todos conocen la ley y el principio de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. El servidor público que no se toma el trabajo de conocer las leyes –más exactamente las que se relacionan íntimamente con su labor misional-corre el riesgo de ejecutar un acto ilícito y/o incurrir en una falta disciplinaria, al sustraerse o extralimitarse en la obligación que la ley le impone, si se tiene en cuenta la relación especial de sujeción que lo ata al Estado. En derecho disciplinario, la ignorancia de la ley no puede alegarse como excusa, pues un servidor público no puede darse el lujo de ignorar cuáles son sus deberes funcionales y cuáles hechos, omisiones o extralimitaciones constituyen falta disciplinaria. Así que frente al caso que hoy ocupa la atención de la Sala Disciplinaria salta a la vista, se repite, la absoluta negligencia del señor Contralor del Vichada que de plano descarta la presencia de una causal de exclusión de responsabilidad. Al no encontrar sustento los argumentos expuestos por el disciplinado, esta instancia corrobora la conclusión esbozada sobre la demostración del cargo a él imputado, ya que no tuvieron la contundencia necesaria para enervar las consideraciones plasmadas en el fallo

en estudio. TIPICIDAD DE LA CONDUCTA-Extralimitación en el ejercicio de sus funciones La Sala Disciplinaria encuentra que el disciplinado, en su condición de contralor del Departamento del Vichada se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al expedir la Resolución 212 del 5 de diciembre de 2006, por medio de la cual adicionó el presupuesto de la Contraloría Departamental del Vichada, por cuanto con tal expedición desconoció lo normado en el artículo 101 de la Ordenanza 019 del 10 de mayo de 2009 y el artículo 37 de la Ordenanza 023 de 2006, al arrogarse la facultad de la Asamblea Departamental, único ente habilitado constitucional y legalmente para hacer dicha modificación. Con el anterior comportamiento desconoció lo normado en el artículo 34, numeral 3 de la Ley 734 de 2002, que preceptúa que son deberes de todo servidor público: «… Cumplir las leyes y las normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público». La anterior disposición normativa guarda armonía con los artículos 123 y 209 constitucionales, los cuales señalan que los servidores públicos están al servicio del Estado y que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, la cual debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en la forma prevista en la Constitución y la ley. 3 Radicación n.° 161 – 5075 Decisión 161 - 5075 (IUS 2008 – 315170) Acta de Sala No. 13 del 10 de mayo de 2012.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil doce (2012) Aprobado en acta de sala n.° 13

Radicación No: 161 – 5075. (IUS 2008 – 315170

IUC D-2009-79284474

4 Radicación n.° 161 – 5075 – 2009)

Disciplinado: JORGE ALBERTO SOCOTÁ

JIMÉNEZ

Entidad y Contralor Departamental.

Cargo: Vichada Quejoso: De oficio (informe de la Auditoría General de la República) Fecha queja: 4 de diciembre de 2008

Fecha hechos: 5 de diciembre de 2006

Asunto: Apelación fallo de primera instancia

P. D. PONENTE: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, la Sala Disciplinaria procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado JORGE ALBERTO SOCOTÁ JIMÉNEZ en contra del fallo de primera instancia proferido el 24 de febrero de 2011 por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, por medio del cual se le declaró disciplinariamente responsable, en su condición de contralor departamental del Vichada y se le impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un ( 1 ) mes.

I. ANTECEDENTES PROCESALES En virtud de informe de la Auditoría General de la República –Gerente Seccional II Cundinamarcadel 4 de diciembre de 2008, donde se puso de presente las

presuntas irregularidades en que pudo haber incurrido el señor Contralor Departamental del Vichada por haber adicionado el presupuesto de la Contraloría en la suma de $39.221.108, mediante la Resolución 212 del 6 de diciembre de 2006, el 18 de febrero de 2009, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública dispuso el inicio de indagación preliminar (folio 1 al 18, cuaderno uno). El 24 de agosto de 2009, la citada dependencia abrió investigación disciplinaria en contra de Jorge Alberto Socotá Jiménez, en su condición de contralor departamental del Vichada y Maritza Lugo Ruíz, técnico administrativo de la misma entidad (folios 229 a 234, cuaderno dos). El 9 de junio de 2010 se formuló pliego de cargos en contra del referido Contralor y se archivaron las diligencias para la otra investigada (folios 315 a 325, cuaderno dos). El disciplinado Jorge Alberto Socatá Jiménez se notificó personalmente del auto de cargos (folio 342, cuaderno dos): Presentó directamente el escrito de descargos (folios 343 y 344, cuaderno dos). El 24 de agosto de 2010 se resolvió sobre las pruebas de descargos (folios 345 a 348, cuaderno dos) y el 23 de octubre de 2010 se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión (folio 373, cuaderno dos). 5 Radicación n.° 161 – 5075 El 24 de febrero de 2011, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda

Pública profirió fallo de primera instancia, por medio del cual se declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado al señor Jorge Alberto Socotá Jiménez, en su condición de contralor del Departamento del Vichada y se le impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes. El fallo sancionatorio se notificó en forma personal al disciplinado, el 24 de marzo de 2011 (folio 396, cuaderno dos). El disciplinado Jorge Alberto Socotá Jiménez presentó, en forma personal, recurso de apelación, el 29 de marzo de 2011 (folios 397 y 398, cuaderno dos). El 26 de abril de 2011, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública concedió el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado (folio 400, cuaderno dos).

II. CARGOS FORMULADOS En providencia del 9 de junio de 2010 (folios 315 a 325, cuaderno dos), la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública formuló el siguiente cargo al señor JORGE ALBERTO SOCATÁ JIMÉNEZ, en su condición de contralor departamental del Vichada: Se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al expedir la Resolución nro. 212 del 5 de diciembre de 2006, por medio de la cual adicionó el presupuesto de la Contraloría Departamental del Vichada de la vigencia fiscal 2006, aprobado con la Ordenanza nro. 023 del 15 de noviembre de 2005, en la suma de TREINTA Y

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHO PESOS (sic)

($39.221.108). Se le citaron como normas presuntamente infringidas: El artículo 34, numeral 3 de la Ley 734 de 2002. La Ordenanza nro. 019 de 1999, artículo 101: APERTURA DE CRÉDITOS ADICIONALES. El Gobernador presentará a la Asamblea Departamental proyectos de ordenanza sobre traslados y créditos adicionales al Presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Departamento sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley. La Ordenanza 023 de 2006, artículo 37: Todas las adiciones y modificaciones que se realicen al presupuesto de la vigencia 2006, deberán ser autorizadas por la Asamblea Departamental. 6 Radicación n.° 161 – 5075 La falta se calificó provisionalmente como GRAVE a título de CULPA GRAVÍSIMA, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

III. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El 24 de febrero de 2011, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública profirió fallo de primera instancia, el cual podemos resumirlo en los siguientes términos (folios 382 a 391, cuaderno dos): El artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto legislativo nro. 01 de 1996, en su artículo 2 consagró que las Asambleas

Departamentales por medio de ordenanzas deben expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos del Departamento, incluyendo dentro de dicho presupuesto como una sección, el presupuesto de gastos de la respectiva Contraloría Departamental. Conforme a las normas presupuestales y la Ley 42 de 1993, las Contralorías territoriales no tienen presupuesto de ingreso, pues solamente se hace mención, respecto a esta sección presupuestal, al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Por lo tanto, toda nueva adición o incorporación que se pretenda hacer al presupuesto de la Contraloría Departamental, debe hacerse a través del presupuesto de la entidad territorial, en este caso el Departamento del Vichada, con la autorización de la Asamblea Departamental. El hecho de constituirse las Contralorías Departamentales en una sección dentro del presupuesto del Departamento, no implica que puedan considerarse como órganos de la administración departamental, toda vez que estas «son entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal». La Ley 617 de 2000, en su artículo 10, establece con carácter permanente un valor máximo a las apropiaciones destinadas anualmente a gastos de las Contralorías, entre el 2.5 y el 2.8 de los ingresos corrientes de libre destinación del Departamento, atendiendo a la categorización del mismo. El a quo consideró que se encuentra probado que el disciplinado expidió la Resolución 212 del 6 de diciembre de 2006, por medio de la cual adicionó al presupuesto de ingresos de la Contraloría Departamental del Vichada, en la vigencia 2006, la suma de $39.221.108, sin la autorización de la Asamblea Departamental.

También que, mediante Resolución 121 del 30 de julio de 2007, ordenó la devolución de manera inmediata de $20.997.879 al erario departamental, considerando que dicha suma no se ejecutó ni se comprometió en la respectiva vigencia 2006. Afirmó el fallador de primera instancia que como consecuencia de la expedición de los dos actos administrativos se concluye que el presupuesto de la Contraloría Departamental del Vichada fue adicionado con desconocimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia. El a quo mantuvo la calificación de la falta como GRAVE, cometida a título de CULPA GRAVÍSIMA, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, ya que es evidente que aunque tenía el deber de cumplir y hacer cumplir las 7 Radicación n.° 161 – 5075 disposiciones y limitaciones dispuestas en las ordenanzas expedidas por la Asamblea Departamental del Caquetá, se extralimitó en sus funciones, toda vez que expidió un acto administrativo sin sujetarse a lo ordenado por las instancias competentes, es este caso, la Asamblea Departamental. En relación con los argumentos defensivos se le hizo ver al disciplinado que en su condición de Contralor, con sus específicas funciones, no se le puede admitir como disculpa que la entidad tuviera apuros económicos, máxime que la profesión de abogado que ostenta le daba la aptitud para inferir y entender que todo lo relacionado con adiciones o modificaciones al presupuesto de la entidad tenía que ser manejado por la Asamblea Departamental. Finalmente, el a quo le impuso al disciplinado sanción de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR EL TÉRMINO DE UN MES, la cual se convirtió en

salarios, por no encontrarse ya vinculado a la entidad territorial.

IV. RECURSO DE APELACIÓN En escrito presentado, en tiempo, el 11 de marzo de 2011 (folios 397 y 398, cuaderno dos), el disciplinado Jorge Alberto Socotá Jiménez interpuso recurso de apelación contra el fallo sancionatorio descrito, con el objeto de que sea revocado y como consecuencia se le absuelva de responsabilidad disciplinaria. Argumentó lo siguiente: Partió por afirmar que se remitía a los planteamientos esbozados en el transcurso de la investigación, pero ya con base en las posturas asumidas por el fallador de primera instancia.

Fue enfático en manifestar que su comportamiento jamás fue negligente. Siempre ha sido claro que desde ingresó encontró exageradas deficiencias en la entidad, por lo tanto, llevó a cabo diferentes actos con miras a poder realizar las actividades y funciones propias del cargo de Contralor Departamental. Actos que consistieron en remitir sendos oficios a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, los representantes a la Cámara del Departamento y otras autoridades donde planteó la situación caótica por la cual atravesaba la entidad. En dichos oficios propuso como tabla de salvación una inyección económica que le permitiera nombrar o contratar personal idóneo para poder realizar las labores asignadas a la entidad, pero no tuvo eco por ninguna autoridad. No obstante, afirmó, que la auditora de Cundinamarca, para la época, y quien llevó la auditoría en la Contraloría Departamental del Vichada le ofició a la Asamblea Departamental para

que auxiliaran al Contralor para que pudiera cumplir su función, ayuda que nunca se dio, por cuanto el señor representante a la Cámara Silva Meche impartió instrucciones precisas para no atender las solicitudes de reforma de la institución y de aumentar el presupuesto. Agregó que los oficios mencionados deben aparecer en los archivos de la Contraloría pero no fueron auscultados por quienes llevaron a cabo la investigación. Expuso que es cierto que los funcionarios están sometidos al régimen del Estado, pero también lo es, que este debe proveer a sus servidores de las herramientas 8 Radicación n.° 161 – 5075 mínimas para el logro de los objetivos, tal y como le fue negado pese a sus esfuerzos. Expuso que si se desconoció el ordenamiento legal en torno a las cuestiones presupuestales, no lo fue por descuido o falta de eficiencia, sino porque a pesar de haber llevado a cabo acciones para solventar el desconocimiento del manejo contable y presupuestal que incluye lo que ahora se cuestiona, no pudo superar tal escollo, ya que el hecho de ser abogado no entrega los conocimientos que arguye el fallador de primera instancia, porque una cosa es conocer las responsabilidades propias del cargo y otra muy diferente poder cumplir con ellas ante la ausencia de mínimos elementos propios con que debe contar la entidad que se pretende manejar.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Competencia: Conforme se advirtió, la Sala Disciplinaria es competente para desatar el presente recurso de apelación, con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, teniendo claro que la órbita funcional

de esta instancia está limitada por el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, valga decir, para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación, a lo que se suma que el escrito respectivo fue presentado oportunamente.

Precisión previa: Es claro que la situación fáctica en que se funda el único cargo imputado al doctor Jorge Alberto Socotá Jiménez, en su condición de contralor del Departamento del Vichada no fue cuestionada por este, es decir, se parte de la premisa cierta de que los hechos base del reproche cobraron demostración en el plenario. No obstante, esta colegiatura hará, en primer lugar, una breve síntesis de tal situación, para en segundo lugar, entrar a despachar los argumentos del recurso de apelación y finalmente se tomará la determinación sobre la confirmación o no del fallo apelado.

Hechos probados: Se le endilgó al señor Contralor el haberse extralimitado en sus funciones con la expedición de la Resolución 212 del 5 de diciembre 2006, por medio de la cual adicionó el presupuesto de ingresos de la Contraloría Departamental del Vichada para la vigencia 2006, en la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHO PESOS MCTE. ($39.221.108). Este acto fue firmado por el doctor Jorge Alberto Socotá Jiménez, en su condición de contralor departamental y aparece en los folios 87 y 88 del cuaderno uno. De su contenido se determina que dichos valores fueron tomados de «una adición efectuada por la

Gobernación del Vichada», de la adición de saldos de vigencias anteriores y de cuota de auditaje de Electrovichada. Independientemente del origen de tales partidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 345, inciso 2º de la Carta Política, todos los gastos deben ser decretados por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o por los Concejos Distritales o Municipales. Se entiende entonces que la facultad para adicionar los 9 Radicación n.° 161 – 5075 respectivos presupuestos está reservada a los mismos entes corporativos. Es decir, que un organismo de control, más exactamente la Contraloría Departamental del Vichada tiene vedada tal actividad, por expresa prohibición constitucional y en aplicación del principio de legalidad del gasto. Esta postura ha sido reiterada por este ente de control, valido de la distinta jurisprudencia y de los conceptos calificados que en tal sentido ha emitido la Dirección General de Presupuesto. Valga aquí recordar lo dicho por la Corte Constitucional en Sentencia C-1249 de 2001: “…El principio de legalidad del gasto constituye un importante fundamento de las democracias constitucionales. Según tal principio, es el Congreso y no el Gobierno quien debe autorizar cómo se deben invertir los dineros del erario público, lo cual explica la llamada fuerza jurídica restrictiva del presupuesto en materia de gastos, según el cual, las apropiaciones efectuadas por el Congreso por medio de esta ley son autorizaciones legislativas limitativas de la posibilidad de gasto gubernamental. Con base en tales principios, la Corte ha concluido que no puede ordinariamente el Gobierno modificar el presupuesto, pues tal atribución corresponde al Congreso, como legislador ordinario, o al Ejecutivo,

cuando actúa como legislador extraordinario durante los estados de excepción… […] La Constitución distingue entonces diversos momentos en relación con los gastos públicos. De un lado, el Gobierno incluye dentro del proyecto de presupuesto las partidas que considera que deben ser ejecutadas dentro del período fiscal respectivo. Luego corresponde al Congreso aprobar o no las partidas, esto es, autorizar o no los gastos propuestos por el Gobierno, momento en el cual la Carta le confiere la posibilidad de eliminar o reducir las partidas que no considere convenientes, salvo aquellas que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en el Plan de Desarrollo. Finalmente, durante la ejecución del presupuesto, corresponde al Gobierno y a las otras autoridades ordenadores del gasto, ejecutar, esto es, comprometer efectivamente las correspondientes partidas hasta los montos máximos aprobados por el Congreso… A su turno, en el concepto 48437 expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se dijo: […] Con relación al Asunto de la referencia, en la cual consulta si “¿Es correcto o ajustado a la normatividad vigente sobre presupuesto público municipal, que la Personería Municipal haga sus propios traslados presupuestales sin que medie aprobación o autorización de parte del Concejo municipal?”, se indica: El artículo 151 de la Constitución Política determina que el Congreso de la República expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa, entre las que menciona las normas sobre preparación,

aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. […] 10 Radicación n.° 161 – 5075 A su vez, sobre el tema presupuestal en los artículos 352 y 353 del ordenamiento superior, se ha dispuesto que los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel, están sujetos a lo establecido por la Ley Orgánica que regula las diferentes fases del proceso presupuestal, que constituye un elemento homogenizador del sistema legal, que depende de ella. En virtud de la jerarquía de las normas constitucionales, las disposiciones correspondientes a su Título XII, capítulo 3, son de obligatoria observancia para las entidades territoriales. En consonancia con los preceptos constitucionales mencionados, se sancionó la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, que en su artículo 24 autorizó al Gobierno Nacional a compilar las normas de esa ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido; así, se expidió el Decreto 111 del 5 de enero de 1996. En el Estatuto Orgánico del Presupuesto, se ha dispuesto que las entidades territoriales se encuentran sujetas, para el manejo de su presupuesto, a los principios contenidos en el ordenamiento constitucional, y a l