PGN - INVESTIGACION DISCIPLINARIA - Vencido el término se procederá a su evaluación

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Gobernador estuvo vinculado con la Junta Directiva de la Fundación Carulla durante el año anterior AUTO DE ARCHIVO-Alcance El auto de archivo es una decisión de fondo que pone fin a la actuación disciplinaria y, como tal, debe ser proferido por el funcionario competente al amparo de las causales que para tales efectos prevé la ley disciplinaria, siendo del resorte de la Sala Disciplinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Decreto Ley 262 de 2000, conocer del recurso de apelación que contra el mismo se interpone, en los términos previstos en los artículos 111, 112 y 115 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único.

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-Vencido el término se procederá a su evaluación En tratándose de la investigación disciplinaria, el inciso 3 del artículo 156 del referido código señala que vencido el término de investigación disciplinaria, se procederá a su evaluación, adoptando la decisión de cargos, si se reunieren los requisitos legales para ello, o el archivo de las diligencias y, agregó: «Con todo si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación hasta por la mitad del término, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos, se archivará definitivamente la actuación». ARCHIVO DEFINITIVO DE LA ACTUACIÓN-Casos en que procede

Complementariamente, el archivo definitivo de la actuación procede en aquellos casos previstos en el artículo 73, como causales de terminación del proceso disciplinario, esto es, cuando aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. En consecuencia, para que proceda el archivo definitivo de las diligencias, necesariamente deberá procederse conforme a las disposiciones que para tales efectos consagra el mismo Código Disciplinario Único en la normatividad antes descrita. GOBERNADOR-Estar incurso en la causal de inhabilidad prevista en el art. 30 numeral 4°.de la ley 617 de 2000 En el caso bajo examen, la esencia del debate que involucra al gobernador del departamento de Antioquia, es el haberse encontrado presuntamente incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, por su vinculación a la Junta Directiva de la Fundación Carulla, entidad que suscribió diferentes contratos con entidades públicas de ese ente territorial como el Municipio de Medellín, y el ICBF-Regional Antioquia, durante el año anterior a las elecciones, celebradas el 30 de octubre de 2011. Hechos frente a los cuales, el a quo concluyó que no existen pruebas de que el disciplinado hubiera realizado diligencias conducentes al logro de la suscripción de los actos contractuales …, Radicado No.161-5538 motivo por el cual consideró que el disciplinado carece de responsabilidad disciplinaria en la

señalada causal de inhabilidad. INHABILIDAD DE GOBERNADOR-Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en gestión y celebración de contratos con entidades públicas La inhabilidad citada contiene dos supuestos de hecho que deben tener ocurrencia dentro del año anterior a la fecha de la elección, y que en relación con la contratación en general realice cualquiera de las siguientes actuaciones: Que haya celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento y, Que intervenga en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental. De conformidad con los fundamentos de hecho expuestos en las apelaciones, se sustentan en que el disciplinado intervino en la celebración de contratos e intervención en la gestión de negocios. INHABILIDAD PARA CONTRATAR-La sola situación de ser miembro de la Junta Directiva de la entidad contratante no se da la causal … se considera que la sola situación de ser miembro de la Junta Directiva de la entidad contratante, por ese solo hecho, no se da la causal de inhabilidad señalada en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000. Porque por esa condición no es predicable una participación individual o personal. En el supuesto hecho quien actúa es el cuerpo corporativo o colegiado, no sus integrantes autónomamente considerados. INTERVENCIÓN CONTRACTUAL-Pronunciamiento del Consejo de Estado /INTERVENCIÓN CONTRACTUAL-Eventos en que se sucede/GESTIÓN DE NEGOCIOS-Es una actividad dinámica y externa que debe probarse De conformidad con la sentencia que se cita, la intervención en la celebración de contratos

se sucede en los siguientes eventos: (i) cuando el disciplinado es la misma persona que ha concurrido a la suscripción del contrato estatal, y, (ii) cuando con anterioridad a ésta última su participación personal y activa se despliega manifestándose en el adelantamiento de las gestiones o actividades necesarias para que el contrato pueda concretarse. La gestión a la que aquí se refiere, entraña una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que debe estar comprobada y no ser el resultado de inferencias subjetivas o suposiciones. La gestión de negocios es una actividad dinámica y externa que no puede presumirse, debe probarse. …, esta declaración (la que debió ser la prueba reina que se cuestiona el apelante, y la que debería informar sobre la supuesta gestión del señor gobernador permite concluir que el elegido gobernador del Departamento de Antioquia en su condición de miembro de la Junta Directiva de la entidad sin ánimo de lucro Fundación Carulla, no adelantó ante las entidades públicas Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Municipio de Medellín - gestiones encaminadas a suscribir el Convenio de Asociación o el Contrato de Aporte. Como corolario de todo lo anterior, la gestión, como quedó señalado, «entraña una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que debe estar comprobada y no ser el resultado de inferencias subjetivas o suposiciones perspicaces, la gestión de negocios es una actividad dinámica y externa que no puede presumirse», sin vacilación alguna se puede afirmar que no hubo gestión alguna por parte del gobernador conclusión a la cual también llego la Sala

Novena de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en fallo del 21 de junio de 2012, 2 Radicado No.161-5538 y la Sección Segunda del Consejo de Estado, quienes negaron las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección del doctor …, como gobernador del Departamento de Antioquia para el período 2012-2015. 3 Radicado No.161-5538

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014) Aprobado en Acta de Sala n°. 23

Radicación: 161 - 5538 (IUS 2012 – 110998)

Disciplinado: SERGIO FAJARDO VALDERRAMA.

Cargo y Entidad: Gobernador del Departamento de Antioquia.

Quejoso: PABLO BUSTOS SANCHEZ Fecha queja: 26 de marzo de 2012

Fecha Hechos: Vigencias 2010 - 2011

Asunto: Apelación auto de archivo en investigación disciplinaria

P.D. PONENTE: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA.

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, por vía de alzada, la Sala Disciplinaria revisa la providencia del 24 de septiembre de 2012, por medio de la cual, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, ordenó la terminación de la presente investigación disciplinaria adelantada en contra del señor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.546.658, en su condición de gobernador del Departamento de Antioquia, al tiempo

que dispuso el archivo de las correspondientes diligencias disciplinarias. (Folios 267 a 283 c. o. 2).

I. ANTECEDENTES PROCESALES Las presentes diligencias tuvieron su origen en las quejas presentadas por los señores PABLO BUSTOS SANCHEZ, coordinador internacional de veedores sin fronteras REDVER, RED DE VEEDURIAS CIUDADANAS DE COLOMBIA (23 de marzo de 2012)1, el señor JUAN MANUEL RUIZ HERRERA (23 de marzo de 2012)2 y el señor JUAN DANILO OROZCO (7 de junio de 2012)3, en contra del señor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA en su condición de gobernador del Departamento de Antioquia para el periodo 2012-2015, al encontrarse presuntamente incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, por su vinculación a la Junta Directiva de la Fundación Carulla, entidad que suscribió diferentes contratos con entidades públicas de ese ente territorial como el Municipio de Medellín y el ICBF-Regional Antioquia, durante el año anterior a las elecciones celebradas el 30 de octubre de 2011.

Proceso tras el cual el doctor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA fue elegido como 1 Folios 1 a 15 c. o. 1. 2 Folios 1 a 8 anexo 2. 3 Folios 1 anexo 4. 4 Radicado No.161-5538 gobernador del Departamento de Antioquia para el periodo 2012-2015, como se consignó mediante acta E-26 GO del 12 de noviembre de 2011, suscrita por los

Delegados del Consejo Nacional Electoral y los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el Departamento de Antioquia. Conforme al certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor SERGIO FAJARDO para el periodo 2010 a 2011, fue socio y hacía parte de la Junta Directiva de la Fundación Carulla con NIT 860.006.648-1, quien celebró el 3 de diciembre de 2010, el convenio de asociación 460 0029 399 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBFRegional Antioquia y el municipio de Medellín, el cual debía ejecutarse en este mismo departamento por valor de $2.948.224.931, cuyo objeto fue "aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para la operación del Jardín Infantil de calidad en el sector Aures, para la prestación del servicio de educación inicial con atención integral a niños y niñas hasta los 5 años de edad, prioritariamente de Hogares Comunitarios del ICBF, de niveles I y II del SISBEN y/o en situación de vulnerabilidad", con un plazo o término de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2012. (Folios 205 al 237 del c.o.). Además, y siendo miembro de la Junta Directiva de la Fundación Carulla el señor FAJARDO, dentro del año anterior a las elecciones de octubre de 2011 se suscribió un contrato entre la Fundación Carulla y el ICBF Regional Antioquia, a ejecutarse en el departamento de Antioquia, contrato de aporte N° 691-2011 del 25 de febrero de 2011, cuyo objeto era brindar atención integral a niños y niñas entre los seis meses y menores de 5 años de edad, con vulnerabilidad económica y social, prioritariamente

a quienes por razones de trabajo de sus padres o adultos responsables de su cuidado, permanezcan solos temporalmente y los hijos de familias en situación de desplazamiento; con un plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011, por valor de $113.553.759. (Folios 103 al 109 del c.o.). Por lo anterior consideraron los quejosos que el señor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA incurrió doblemente en causal de inhabilidad, cuando transgredió en dos oportunidades el régimen de inhabilidades, tras intervenir y ser beneficiario económica y políticamente, no solo como socio sino como miembro de la Junta Directiva de la Fundación Carulla, de dos contratos para ser ejecutados en el departamento de Antioquia. El 30 de abril de 2012, ante el análisis de los hechos expuestos en la queja impetrada por el señor JUAN MANUEL RUIZ HERRERA, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la remisión por competencia del radicado 110351-12, con destino a las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa-reparto, al considerar que «si bien el texto de la queja hace referencia a la suscripción de dos contratos estatales, no se precisa la existencia de falencias frente a los mismos, sino que la irregularidad derivaría de la elección y posesión del doctor Sergio Fajardo como gobernador de Antioquia, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades…». (Folios 81 y 82 del anexo 2). Mediante auto del 9 de mayo de 2012, la Procuraduría Segunda Delegada para la

Vigilancia Administrativa (folios 67 a 72 c. o. 1), ordenó iniciar Investigación Disciplinaria para aclarar las actuaciones del señor SERGIO FAJARDO 5 Radicado No.161-5538 VALDERRAMA, en su condición de gobernador del Departamento de Antioquia, frente a la presunta Inhabilidad para ser elegido en los comicios de octubre de 2011, en consideración a que el 3 de diciembre de 2010 y 25 de febrero de 2011, es decir, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección de gobernador, se suscribieron los contratos con el ICBF Regional Antioquia. Con auto del 25 de junio de 2012 (folio 86 del anexo 2), la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa dispuso la acumulación del radicado 110351-20124 proveniente de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, a las presentes diligencias dada la conexidad de los hechos expuestos. Ante la queja disciplinaria radicada con el número 214827-2012 suscrita por el señor JUAN DANILO OROZCO, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó indagación preliminar el 17 de agosto de 2012 contra el señor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA en su condición de gobernador del Departamento de Antioquia5, y al considerar que se trataba de los mismos hechos estudiados en el presente expediente, mediante auto del 25 de febrero de 2013 fue remitido por competencia a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia

Administrativa. (folios 75 a 77 del anexo 4). Luego de haber practicado las pruebas decretadas en el auto de apertura de investigación disciplinaria y en general habiendo cumplido con las exigencias de esta etapa procesal, el 24 de septiembre de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa resolvió dar por terminada la actuación disciplinaria y consecuencialmente, dispuso el archivo de las diligencias. (Folios 267 a 283). El 1 de octubre de 2012, habiendo sido notificado el señor PABLO BUSTOS SANCHEZ de la decisión de archivo tomada respecto de su escrito, en su condición de quejoso interpuso recurso de apelación dentro del término legal6, el cual fue concedido el 11 de octubre de 2012. (Folio 244). De la lectura del escrito presentado por el quejoso JUAN MANUEL RUIZ HERRERA como recurso de apelación7, se pudo establecer que no se le remitió copia del auto de archivo de fecha 24 de septiembre de 2012, motivo por el cual el señor RUIZ desconoció las razones del archivo. Ante esta situación, esta Sala Disciplinaria mediante providencia del 18 de abril de 2013, devolvió el expediente para que se notificara en forma legal la providencia de archivo al señor RUIZ HERRERA y al señor JUAN DANILO OROZCO, quejosos dentro de las presentes diligencias. Una vez notificados mediante comunicación a las direcciones de sus residencias y remitida copia de la decisión de archivo (14 de mayo de 2013), el señor JUAN MANUEL HERRERA RUIZ presentó recurso de apelación el 23 de mayo de 2013,

documento radicado dentro del término legal8, ante lo cual, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa concedió en el efecto suspensivo el 4 Queja interpuesta por el señor JUAN MANUEL RUIZ HERRERA. 5 Folios 4 a 6 del anexo 4. 6 Ver folios 1 a 61 del c. o. 3. 7 Folio 95 del c. o. 3. 8 Folios 185 y 217 a 233 c. o. 4. 6 Radicado No.161-5538 recurso de apelación ante esta Sala Disciplinaria mediante auto del 6 de junio de

20139. ll. PROVIDENCIA RECURRIDA El 24 de septiembre de 2012, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa dispuso la terminación de la presente actuación, en los términos del artículo 73 de la Ley 734 de 2002, con base en los siguientes argumentos, que se sintetizan así: (Folios 267 a 283): Inicialmente el a quo estableció que de la documentación aportada al proceso la Fundación Carulla es una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica creada a través de la Escritura Pública No. 801 del 23 de febrero de 1.962 de la Notaria Cuarta del Circuito de Bogotá; reconocida y aprobada por el Ministerio de Justicia mediante Resolución No 003951 del 30 de diciembre de 1961. Su objeto social es la de «crear auxilios de educación para personas de limitada capacidad económica, cuyos recursos no le permitan costear para si o para sus hijos, cualquier grado de educación sea

esta de primaria, secundaria o profesional tecnológica, mediante el otorgamiento de becas o pensiones, totales o parciales o de unas y otras conjuntamente según que los interesados no puedan costear la totalidad o parte de los gastos de educación, de sostenimiento o de ninguno de ellos». De conformidad con su naturaleza jurídica de Fundación, entidad sin ánimo de lucro, la misma no tiene socios ni acciones; los integrantes de su Junta Directiva son elegidos por la misma junta cuando se presentan vacantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales. Así como de acuerdo a sus funciones, ni la Junta Directiva como órgano colegiado ni sus integrantes considerados individualmente, participan en las decisiones contractuales de la fundación. Adujo que de la revisión de las actas 092 del 13 de febrero de 2008, 093 del 27 de abril de 2008, 101 del 15 de septiembre de 2010 y 105 del 20 de mayo de 2011, donde participó el doctor FAJARDO, no se observó que se haya hecho mención alguna a los contratos motivo de cuestionamiento en las presentes diligencias, como tampoco se estableció en el orden del día de las mencionadas reuniones, gestión alguna para la consecución de convenios o contratos con entidades públicas. Dejo claro igualmente, que tanto el Convenio de Asociación No. 4600029399 como el Contrato de Aporte No. 691-2011, celebrados con el Municipio de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, respectivamente, por los cuales se cuestiona al hoy gobernador de Antioquia, fueron suscritos por la representante legal

suplente de la Fundación Carulla, NATHALIA MESA GARTNER, e igualmente se observa que los mismos no fueron discutidos, analizados ni aprobados en las reuniones de Junta Directiva, puesto que es el representante legal quien tiene las facultades para gestionar y suscribir los actos contractuales de la Fundación, por lo cual los miembros de la Junta Directiva no intervienen en su celebración, ni se benefician de ellos en ningún sentido. 9 Visible a folio 251 c. o. 4. 7 Radicado No.161-5538 Mencionó que respecto de los hechos considerados en las quejas, la Sala Novena de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en fallo del 21 de junio de 2012, negó las pretensiones de la Demanda de nulidad de la elección del doctor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, como gobernador del Departamento de Antioquia para el período 2012-2015, interpuesta por el aquí quejoso PABLO BUSTOS SANCHEZ, Coordinador Internacional de Veedores Sin Fronteras RED-VER, RED DE VEEDURIAS CIUDADANAS DE COLOMBIA, quien consideró que el doctor FAJARDO se encontraba inhabilitado al momento de su elección, porque habría incurrido en una doble transgresión del régimen de inhabilidades, por haber sido socio de la Fundación Carulla y además integrante de su junta directiva, entidad que suscribió contrato con la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el municipio de Medellín, donde se destinaron recursos públicos dirigidos a la población infantil del Departamento, contratos cuya ejecución parcial

incluso coincide con el periodo para el cual fue elegido como Gobernador del Departamento de Antioquia. El Tribunal resolvió la demanda formulada, en los siguientes términos: 3°. En el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, aportado con la demanda, se demuestra la existencia de la entidad sin ánimo de lucro, su objeto social, miembros de la Junta Directiva y su representación legal. No se aportaron los estatutos de la entidad que permitieron demostrar cuál era la competencia del representante legal en materia de contratos. Sobre este punto aparece acreditada en el proceso con la declaración del doctor Carlos David Castro lbáñez y Nathalia Mesa Gartner, miembro de la Junta y representante legal de la Fundación, respectivamente, que ésta última no requería autorización previa de tal órgano de dirección para celebrar los contratos con el Municipio de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 4°. No aparece demostrado en ninguna prueba obrante en el proceso, que el doctor Sergio Fajardo haya intervenido en la celebración de los contratos aludidos o haya gestionado o influido en la consecución de los mismos, por el contrario, en ninguna de las actas se mencionó dichos contratos en particular, tan cierto es ello que algunas de las personas del equipo interdisciplinario de las entidades públicas participantes en esas negociaciones, o bien ignoraron que fuera miembro de la Junta Directiva de la Fundación como expresó el Doctor Luis Alfonso Barrera Sossa, (…) 6°._ La Fundación Carulla no fue la única entidad sin ánimo de lucro que suscribió ese tipo de contratos en el Municipio de Medellín ni con el

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues de las declaraciones de los funcionarios que tramitaron dichos contratos se desprende que también participaron COMFAMA, COMFENALCO, FAN, CARLA CRISTINA, COOMULSAP, Fundaciones extranjeras, francesas y españolas, quienes aunaron sus esfuerzos al capital público para tratar de solucionar el problema de la educación de los niños y niñas en Medellín y Antioquia. Estos programas también se hicieron en otras ciudades como Bogotá, Santa Marta y Barranquilla, como lo declara la representante legal de la Fundación, experiencia que fue tenida en cuenta para la suscripción de los convenios plurimencionados. En consecuencia, al no encontrarse demostrado la inhabilidad que se predica del actual Gobernador, las pretensiones de la demanda serán negadas, pues en los procesos electorales, no basta afirmar la presencia 8 Radicado No.161-5538 de una inhabilidad sino que hay que probarla de conformidad con el canon 177 del Código de Procedimiento Civil (...). Se consideró en las quejas presentadas, que el referido Gobernador pudo estar incurso en la causal de inhabilidad para ser elegido, prevista en el numeral 4° del articulo 30 de la Ley 617 de 2000, por su vinculación a la Junta Directiva de la Fundación Carulla, entidad que suscribió contratos con entidades publicas del Municipio de Medellín, y el ICBFRegional Antioquia, durante el año anterior a las elecciones, en las que el doctor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA fue elegido como Gobernador del Departamento de Antioquia para el periodo 2012-2015. Al

respecto el a quo señaló que las conductas que generan la inhabilidad son: intervenir en la gestión de negocios o en la celebración de contratos, motivo por el cual sostuvo de manera concluyente, que no hay prueba alguna de que el señor FAJARDO hubiera realizado ninguna gestión al respecto, estando plenamente demostrado lo contrario, que no le correspondía a él ni a ninguno de los miembros de la junta directiva de la Fundación Carulla, realizar gestiones para la celebración de esos contratos, porque ella era una función que tenía asignada el representante legal de la entidad. El a quo consideró que en el presente caso, ninguna prueba obra acerca de alguna gestión adelantada de manera personal y directa por el doctor SERGIO FAJARDO para lo que tiene que ver con la suscripción del contrato entre Carulla y el ICBF regional Antioquia o con el municipio de Medellín. No aparece que se hubiera reunido con alguien de esa oficina regional o del municipio, ni que hubiera impartido alguna clase de instrucción al representante legal de esa fundación en ese sentido, ni que hubiera intervenido ante esa regional del lCBF o ante sus instancias nacionales, o ante las autoridades municipales, para que se llevara a cabo ese convenio o contrato. Las pruebas lo que demuestran es que esa era una actividad propia de la fundación, la que adelantaba directamente su representante legal, y que para esos efectos, ninguna intervención se requería de su junta directiva. Finalmente puntualizó que el hecho de haber sido el investigado miembro de la junta directiva de la Fundación Carulla, por si solo no es un hecho que lo inhabilite para ser inscrito o elegido Gobernador del Departamento de Antioquia. Tampoco consideró

que estuviera inhabilitado, por razón del convenio y el contrato suscritos por la Fundación con el ICBF regional Antioquia y con el municipio de Medellín, porque está plenamente demostrado que no intervino en la gestión de esos negocios, ni en la celebración de contratos.

lll. RECURSO DE APELACIÓN.

Los quejosos PABLO BUSTOS SANCHEZ y JUAN MANUEL RUIZ HERRERA, en forma separada interpusieron recurso de apelación contra la decisión de archivo referida, y solicitaron se revoque en su totalidad para que se continúe con la investigación, de conformidad con los siguientes apartes: PABLO BUSTOS SANCHEZ (Folios 1 a 61 c. o. 3). Manifestó que el Procurador Delegado se funda en una interpretación de la exigencia normativa que no consagra el tipo disciplinario cual es la gestión directa o 9 Radicado No.161-5538 intervención personalísima en la consecución de los contratos endilgados, y que desconoce por completo el vínculo como asociado en grado directivo del señor SERGIO FAJARDO dentro del término de la inhabilidad. De igual forma señaló que se desconoce equívocamente cómo el señor SERGIO FAJARDO no solo fungió como directivo principal de la Fundación, sino que además lo hizo para amparar y procurar tal logro contractual como lo declaró públicamente el mismo director del ICBF regional Antioquia, quien expresó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la acción de nulidad electoral respectiva que tal contratación se celebró por la razón determinante consistente en la presencia de

FAJARDO VALDERRAMA, reconocido ex alcalde de Medellín, con liderazgo reconocido en el área educativa en la directiva de la Fundación. El apelante solicitó el traslado de las pruebas obrantes en el proceso de nulidad electoral, el cual se ventiló en el Tribunal Administrativo de Antioquia, para verificar la inhabilidad presentada por el señor FAJARDO VALDERRAMA dentro de las presentes diligencias. Reveló que la decisión del a quo es carente de evidencias para la lectura a la regla de oro de la igualdad democrática en un certamen electoral de singular importancia, toda vez que tal contrato fue suscrito no solo previo al año de la inhabilidad, sino que se extendió incluso con posterioridad a la inscripción, la elección e incluso a la posesión, y aun durante el ejercicio del cargo como gobernador, prerrogativa que ningún otro candidato obtuvo, así como grado de exposición en el sector educativo de un programa bandera que le redundaba en beneficio del mentado gobernador de Antioquia. Hizo precisión en que el candidato a gobernador de Antioquia SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, se encontró dentro de la inhabilidad señalada en la causal 4 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, y de acuerdo con el certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, hacía parte de los socios de la Fundación Carulla, con domicilio en Bogotá y conformaba parte de la Junta directiva de tal entidad. También señaló que la mencionada inhabilidad para ser elegido gobernador en los comicios del 23 de octubre de 2011, se evidencia en consideración a que los días 3

de diciembre de 2010 (convenio asociación 460 0029 399) y 25 de noviembre de 2011 (contrato aporte 691-2011), es decir, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección para dicho cargo, suscribió contratos con la regional de Antioquia del lCBF. Afirmó el recurrente que las juntas directivas de las sociedades suelen conocer de las gestiones que realizan estas, con lo cual el señor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA en calidad de socio y como integrante de ese equipo directivo fue plenamente consciente de los acuerdos celebrados por la Fundación Carulla durante los 12 meses con antelación a ser elegido como gobernador del departamento de Antioquia. Fue enfático en explicar que el hecho de que la Fundación CARULLA no hubiese percibido un beneficio económico directo inmediato, no significa que los dos contratos no le hubieran producido beneficio alguno, por el contrario, se produjo un beneficio corporativo, en su imagen, experiencia empresarial, introducción a un nuevo mercado para prestar unos servicios que hasta entonces les eran 10 Radicado No.161-5538 prácticamente desconocidos, todo ello no solo de la mano de su directivo SERGIO FAJARDO, sino en beneficio del mismo, quien en la medida que veía más proyectada su obra, ganaba en ascendencia ciudadana de mejor manera el favor popular. Finalmente anunció que con la presencia de SERGIO FAJARDO en la junta directiva de la fundación Carulla, y por esta vía la suscripción y además ejecución de dos contratos con dos entidades de derecho público, una nacional con asiento en el departamento, y otra la ciudad capital donde se realizaron los comicios, es decir en

idéntica circunscripción electoral, revelan cómo y de qué manera se quebró por completo la regla de oro de la equidad democrática que inspira el principio tutelar de la inhabilidad en comento, porque otros candidatos no tuvieron acceso a semejante juego de recursos y respaldo empresarial y político, económico y público, de no solo gestionar o imponer la celebración de contratos derivados de su imagen o ascendencia política, sino de lograr su ejecución durante toda su campaña política y aun dentro del primer año de su ejercicio como gobernador de Antioquia.

JUAN MANUEL RUIZ HERRERA (Folios 217 a 225 c. o. 4).

El apelante argumentó que inexplicablemente la decisión de acumular su queja a otra, parte de una confusión, porque el quejoso PABLO