PGN - JUEZ DE CONOCIMIENTO - Falla en el servicio médico

ACCIÓN POPULAR-Violación del derecho colectivo a la prestación de la administración de justicia JUEZ DE CONOCIMIENTO-Fallas en el servicio médico Se allegaron diferentes providencias emitidas por los Tribunales Superiores del país de las cuales se infiere que, a la fecha de la demanda, existe una divergencia de criterio en relación con el juez competente para conocer de controversias originadas en fallas en el servicio médico, pues en unos proveídos se indica como tal al juez laboral y en otros el civil. Si bien esta disposición ha llevado a dos interpretaciones, lo que a su vez permitió que asuntos sobre los mismos hechos pudieran ser conocidos por jueces diferentes, ello no implicó la negación del servicio o la imposibilidad de acceder al mismo, toda vez que las normas procesales también regulan esas eventualidades en las figuras de nulidades por falta de competencia funcional y conflicto de competencia. en concepto del Ministerio Público esa situación y sus consecuencias no resultan imputables a la Rama Judicial, pues es función del legislador expedir los códigos y de los jueces realizar el ejercicio hermenéutico en cada caso concreto. Si la interpretación de las normas contenidas en los códigos generaban incertidumbre sobre cuál de las jurisdicciones era la llamada a conocer de tales controversias, la solución definitiva del problema la tenía el legislador. RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS-No existe norma que los consagre Finalmente se debe señalar que no hay lugar al reconocimiento del incentivo no solamente porque la determinación expresa de las competencias por el legislador no es el resultado del ejercicio de esta acción, sino porque no existe norma que consagre a favor

del actor popular el derecho a obtener el reconocimiento de incentivo. PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 242 / 2012

Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2012.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente Doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

E. S. D.

EXPEDIENTE: No. 25000 23 31000 2010 00683 01

Acción Popular

ACTOR: ANDRÉS EDUARDO DEWDNEY MONTERO DEMANDADO: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 29 de noviembre de 2010 (fl. 14 c. 1), en ejercicio de la acción popular, el ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero demandó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Corte Suprema de Justicia, para que se declarara la violación del derecho colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia y como consecuencia se ordenara a la Sala de Casación Civil y Sala de Casación Laboral solicitar a la Sala Plena de la Corte Suprema de

2 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01 Justicia una sesión con el fin de resolver de manera definitiva el conflicto de competencia que se ha generado entre los jueces civiles y laborales para conocer y juzgar asuntos relacionados con responsabilidad médica cuando se demandan servicios médicos defectuosos en cabeza de EPS o I.P.S. de naturaleza privada, decisión que debería darse a conocer a todos los jueces de la República. En subsidio solicitó ordenar al Consejo Superior de la Judicatura presentar un proyecto de ley en donde se establezca el juez competente para conocer y juzgar dichas controversias. Y, en caso de que no prosperen estas solicitudes ordenar la realización de conductas necesarias para proteger el derecho colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia. También solicitó condena al pago del incentivo establecido en el art. 30 de la ley 472 de 1998. Transcribió el art. 2 de la ley 712 de 2001, que modificó el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, y sostuvo que la norma se ha prestado para dos interpretaciones disímiles. La Sala de Casación Laboral ha considerado que es la jurisdicción laboral la encargada de conocer los asuntos de responsabilidad médica cuando tengan su origen en prestación de servicio de salud a través de EPS o I.P.S. que hacen parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, mientras

que la sala de Casación Civil consideró que la jurisdicción civil es la competente para conocer de esos asuntos, con lo que se viola el derecho colectivo de la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia. En el trámite del proceso se presentaron escritos de coadyuvancia. 1.2. Contestación de la demanda. Corte Suprema de Justicia, a través de los Presidentes de las salas de Casación Civil y Laboral (fls. 101 a 107 c. 1). Se opuso a las pretensiones y propuso como argumento de la defensa “excepción de improcedencia de la acción popular por ausencia de violación o amenaza de los derechos colectivos invocados”, porque las acusaciones del accionante se basan en situaciones hipotéticas a las cuales se les pretende dar alcance general, amén que las garantías que considera vulneradas no se han transgredido ni se hallan en riesgo o amenaza; la posibilidad 3 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01 de que se decrete la nulidad de un proceso por falta de jurisdicción o falta de competencia no necesariamente implica que su decisión se prolongue de manera indefinida en el tiempo, ni que su duración se extienda más allá de lo razonable; no hay forma de concluir prima facie que el análisis de competencia y jurisdicción en los procesos de responsabilidad médica generará un estancamiento de los

procesos o impedirá la resolución efectiva del litigio; que las providencias que cita el accionante, como muchas otras dictadas por los demás órganos de la jurisdicción, son muestra de que se ha garantizado el acceso efectivo a la administración de justicia, sin que existan elementos de juicio concretos que permitan afirmar que se ha hecho de manera tardía desborrando los límites de lo razonable, independientemente de la diferencia de criterio en torno al juez llamado a tramitar los proceso ello no ha sido obstáculo para acudir a los jueces y para que ellos decidan en su oportunidad. El propósito del accionante de conminar a las salas a adoptar un criterio uniforme desconoce los principios de independencia y autonomía judicial previstos en el art. 228 de la C.P., el juez de la acción popular no podría impartir órdenes para que otros jueces adopten un entendimiento único sobre un determinado asunto, pues además se desconocería el art. 17 del CC “Es prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria”. Agregó que sobre la materia ha habido diversas regulaciones tendientes a atribuir jurisdicción y competencia para conocer de estos procesos, a lo que se debe añadir que no todos los litigios de esa naturaleza ofrecen identidad de causas, ni se debaten los mismos hechos, lo cual impide adoptar pretorianamente una regla general e infalible para determinar a quien se debe repartir el asunto, podrían verse comprometidos los derecho a al debido proceso, al respeto a las formas propias de cada juicio y al acceso a la administración de justicia. Cada proceso

ofrece diversos escenarios para la determinación de la jurisdicción y competencia y debe el juez abordar el tema al analizar la admisibilidad, las partes pueden proponer excepciones y recursos y es posible propiciar el conflicto de competencia, evento en el que se debe acudir al superior jerárquico común o al Consejo Superior de la Judicatura, únicos que tiene potestad para pronunciarse sobre ese aspecto sin que esa prerrogativa legal y constitucional pueda ser sustituida por vía de la acción popular; en cada proceso, conforme a las reglas 4 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01 procesales se debe determinar la competencia y jurisdicción, siendo improcedente que por vía de un pronunciamiento general se sienten criterios jurisprudenciales uniformes. Consejo Superior de la Judicatura (fls. 110 a 113 c. 1). Señala que no se demuestra que esta entidad haya vulnerado los derechos colectivos que se debaten; dijo que las partes cuentan con los mecanismos para establecer la competencia de las acciones que pretende interponer, por lo que existe otro medio de defensa; no resulta propio hacer uso del ejercicio de esta acción porque la solicitud carece de claridad. Adujo también que en los casos que relaciona el demandante no se logró determinar el fundamento para establecer la jurisdicción competente, pues en ellos depende de las eventuales circunstancias particulares

que pueden variar la decisión; no prueba en qué consiste la transgresión de los derechos. Propuso la excepción de improcedencia de la acción. 1.3. Audiencia de pacto de cumplimiento (fls. 233 y 234 c.1). El 23 de agosto de 2011 se llevó a cabo la audiencia que por falta de acuerdo se declaró fallida. 1.4. Sentencia (fls. 1141 a 1174 c. Consejo de Estado) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, en sentencia de 22 de marzo de 2012, declaró no probadas las excepciones propuestas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura y denegó las pretensiones de la demanda. Sostuvo el a-quo que respecto de la competencia la Corte Constitucional ha señalado que por regla general corresponde al legislador, si no lo ha hecho el constituyente, asignarla a los distintos entes u órganos y definida es posible determinar el funcionario a quien le corresponde conocer determinado asunto, se fija por factores objetivo, subjetivo, funcional y territorial y tiene las calidades de legalidad, imperatividad, inmodificabilidad e indelegabilidad. Trajo a colación el art. 2 de la ley 712 de 2001 C. Procesal del Trabajo y 12 del cpc, y afirmó que la interpretación de esas normas corresponde hacerla al juez natural de ese tipo de controversias siendo asunto totalmente ajeno al juez de la 5 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01 acción popular. Se refirió a la función interpretativa de la Corte Suprema para lo que hizo referencia a la C-836/01, que indicó que son la Constitución y la ley los puntos de partida necesarios de la actividad judicial, que se complementan e integran a través de la formulación de principios jurídicos construidos judicialmente y que permiten la realización de la justicia material en los casos concretos. Encontró que del material probatorio no se evidencia vulneración al derecho colectivo invocado en la demanda que hace alusión a conflictos de competencia, que se desatan en el ámbito de aplicación válida del derecho, porque de conformidad con el art. 28 del cpc los resuelven los tribunales; el hecho de que el juez declare la nulidad del proceso por falta de jurisdicción y competencia no constituye una falta de eficiencia o de oportunidad en el servicio, sino que por el contrario garantiza el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, además la falta de jurisdicción o competencia son causales de nulidad insaneable que debe el juez declarar de oficio cuando no ha sido alegada por las partes. Frente al incentivo señaló que las normas perdieron vigencia jurídica con la ley 1425 de 2010. 1.5. Apelación. (fls. 1175 a 1180 C. Consejo de Estado) La parte actora impugnó el fallo para que se revoque. Señaló que no puede hablarse de una justicia eficiente y oportuna si no existe certeza de cuál es el juez competente para conocer los

asuntos de responsabilidad médica, lo que genera incertidumbre en los usuarios; no solo se afecta a los usuarios sino al aparato judicial por el desgaste; no se está solicitando al juez de la acción popular interpretar la ley remplazando al juez natural, sino que se conmine a la Corte para que decida quien es el juez competente para conocer de estas demandas; lo que viola el derecho colectivo es la incertidumbre procesal del juez competente para conocer sobre la responsabilidad médica; que se trata de una violación flagrante al derecho colectivo y no una amenaza.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 6 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01 2.1. El problema jurídico. Consiste en dilucidar si se amenaza o viola el derecho de acceso a la prestación oportuna de la administración de justicia por que existan diferentes interpretaciones en punto a la competencia para conocer de las controversias relacionadas con la responsabilidad médica imputable a las EPS o I.P.S. privadas. 2.2. El derecho a una prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia. Precedente. La SECCIÓN PRIMERA, en sentencia de 10 de marzo de 2011. Radicación número: 52001-23-31-000-2005-00908-01(AP), precisó: “5.1.2. Violación a los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos

y a su prestación eficiente y oportuna. Advierte la Sala que el Tribunal Administrativo de Nariño desestimó la protección del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, al considerar que la administración de justicia no tiene el carácter de “servicio público”, sino de “función pública”. La jurisprudencia ha diferenciado uno y otro concepto definiendo servicio público como "...toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas.”1, y función pública como “…la actividad desplegada por un órgano del Estado, encaminada a cumplir con sus atribuciones o fines, (…) que se ejerce, por regla general, a través, de los servidores públicos.”2. Respecto a la administración de justicia, el artículo 228 Superior preceptúa: “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” (Se resalta) De la interpretación armónica y sistemática de la Constitución Política, resulta indiscutible inferir que la administración de justicia comporta el carácter de servicio público, y por ello puede tutelarse su prestación eficiente y oportuna en sede popular. En efecto, siendo los servicios públicos inherentes a la finalidad del Estado Social de Derecho3, resulta evidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Carta

Política, en virtud del cual se consagra como fin esencial del Estado asegurar la vigencia de 1 (pie de página de la cita) Sentencia C 043 de 1998, Ref.: D-1754, Actor: Jorge Eliécer Granados Manchola, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 2 (pie de página de la cita) Sentencia de 29 de septiembre de 2009, Rad.: 25000-23-15-000-2006-02002-01(IJ), Actor: Isabel García Barón, M.P. Victor Hernando Alvarado Ardila 3 (pie de página de la cita) Constitución Política. “Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.” 7 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01 un orden justo4, que se tenga a la administración de justicia como un servicio público, y por ende, sea susceptible de ser tutelada mediante acción popular cuando se vean menoscabados intereses colectivos por la imposibilidad de acceder a ella, o porque su prestación es ineficiente e inoportuna. Así, con la doble connotación de función pública y servicio público, la administración de justicia satisface necesidades de interés general y está encaminada a cumplir los fines del Estado. En este sentido, la Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia de 18 de julio de

2002 (M.P. Ana Margarita Olaya Forero), manifestó: “El hecho de que la Constitución Política haya definido a la administración de justicia, desde el punto de vista de su función, no significa de manera alguna que hubiera desaparecido su carácter de servicio público. Es sabido que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y si uno de estos fines esenciales es, como lo prescribe el preámbulo de la Carta Política y su artículo 2º, la vigencia de un orden justo, resulta palmario que la administración de justicia participe de tal categoría de servicio público. De suerte que siendo ello así, es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, como bien lo prescribe el artículo 365 de la Constitución Política. Siendo pues la administración de justicia un servicio público además de ser una función pública, es pasible de la presente acción, pues precisamente el legislador instituyó como derecho colectivo, el acceso de todas las personas a los servicios públicos y el derecho que tienen a que éstos se presten eficiente y oportunamente.”5 Ahora bien, en el caso sub examine, si bien se advierte la posibilidad de controvertir en sede popular la violación del derecho colectivo al acceso a la administración de justicia y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el acervo probatorio allegado desvirtúa la alegada violación de los derechos para cuya protección se instauró la acción. (…) La Sala reitera la importancia, para la parte actora, de asumir la carga demostrativa de los supuestos de hecho que motivan su demanda. En efecto, según lo dispone el artículo 30 de

la Ley 472 de 1998, le corresponde al demandante acreditar y probar los hechos, acciones y omisiones que en su criterio, constituyen la vulneración o violación de los derechos colectivos invocados. Si bien el mismo artículo establece que “si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito”, resulta forzoso afirmar que el decreto oficioso de pruebas es el medio para producir en su integridad el acervo probatorio.” En punto a la eficiencia del derecho de acceso a la administración de justicia, en Sentencia T-954/06 la Corte puntualizó “Desde la perspectiva constitucional la adopción por parte del Constituyente del modelo del Estado social de derecho implica que el acceso a la administración de justicia así como a los demás derechos reconocidos en la Constitución, exige que su garantía se haga de forma efectiva, pues su simple protección formal, es decir, la mera enunciación de los mismos en 4 (pie de página de la cita) Constitución Política. “Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” (Se resalta)

5 (pie de página de la cita) Sentencia de 18 de julio de 2002, Rad.: 25000-23-24-000-2002-0461-01(AP-503), Actor: Luís Alfonso Acevedo Prada y Otros, M.P. Ana Margarita Olaya Forero 8 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01 una Carta de derechos sería incoherente con el mandato de respeto de la dignidad humana. Es por ello, que el mismo artículo 5º Superior reconoció, sin discriminación alguna, la supremacía de los derechos inalienables de las personas, incluido el de acceso a la administración de justicia, que como ya se anotó, debe garantizarse de forma material y efectiva.6 Con la expedición por parte del Legislador de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia – en cuyo artículo 1º dispuso que “La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”, se da cumplimiento al mandato constitucional impuesto al Estado de asegurar el respeto inmediato de las garantías al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al cual se ha hecho alusión. Conforme lo ha precisado esta Corporación:

“el acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados7 Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Políticacomo uno de los derechos fundamentales8, susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.”9 b. Ahora bien, en el entendido de que el derecho al debido proceso, tiene un desarrollo judicial, el cual se refiere a la materialización del derecho al acceso a la administración de justicia, o derecho a la jurisdicción, contenido en el artículo 229 de la Carta Política, todas las personas pueden acudir al Estado, quien, como administrador de justicia, permite la resolución de los conflictos particulares o la defensa del ordenamiento jurídico. Dicha vinculación se explica por ser el proceso y, en particular, la sentencia que ordinariamente le

pone fin, el medio para la concreción del derecho a la jurisdicción.10 En forma general, como principales elementos integrantes del derecho al debido proceso judicial pueden indicarse: i) El derecho al juez natural, es decir, al juez legalmente competente para adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva, con carácter definitivo; dicho juez debe ser funcionalmente independiente e imparcial y por ello sólo está sometido al imperio de la ley (Arts. 228 y 230 C. Pol.) ii) El derecho a ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio. iii) El derecho a la defensa, que consiste en la facultad de pedir y allegar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, formular peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten. 6 (pie de página de la cita) Sentencia C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería 7 (pie de página de la cita) Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-173 del 4 de mayo de

1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo 8 (pie de página de la cita) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-006/92, T-597/92, T-348/93, T-236/93, T-275/93 y T-004/95, entre otras. 9 (pie de página de la cita) Corte Constitucional. C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 10 (pie de página de la cita) Sentencia C-1083 de 205. M.P. Jaime Araújo Rentería

9 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01 El ejercicio de este derecho tiene como presupuesto indispensable la publicidad del proceso, mediante las citaciones para obtener comparecencia, los traslados de actos procesales de las partes o de los auxiliares de la justicia, y las notificaciones, comunicaciones y publicaciones de las decisiones adoptadas. iv) El derecho a obtener decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los principios de legalidad de la función pública y de independencia funcional del juez, con prevalencia del derecho sustancial (Arts. 6º, 121, 123, 228 y 230 C. Pol.) v) El derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas.11 (Negrilla y subraya fuera del texto original).” 2.3. Caso concreto Se allegaron diferentes providencias emitidas por los Tribunales Superiores del país de las cuales se infiere que, a la fecha de la demanda, existe una divergencia de criterio en relación con el juez competente para conocer de controversias originadas en fallas en el servicio médico, pues en unos proveídos se indica como tal al juez laboral y en otros el civil. La disconformidad en ese aspecto deviene de la lectura que se le da a la norma contenida en el Código Procesal del Trabajo, con la modificación que introdujo la

ley 712 de 2001, Artículo 2o. Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…)

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

(…) (Subrayas y negrillas fuera del texto) Si bien esta disposición ha llevado a dos interpretaciones, lo que a su vez permitió que asuntos sobre los mismos hechos pudieran ser conocidos por jueces diferentes, ello no implicó la negación del servicio o la imposibilidad de acceder al mismo, toda vez que las normas procesales también regulan esas eventualidades 11 (pie de página de la cita) Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño 10 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 25000 23 31000 2010 00683 01 en las figuras de nulidades por falta de competencia funcional y conflicto de competencia. Aunque resulta indiscutible que la falta de una decisión única frente al juez competente para conocer de ese tipo de controversias - de lo que dan cuenta las providencias aportadas al expedienterepresenta para el usuario de la administración de justicia -ante la jurisdicción ordinariauna evidente inseguridad al momento de

ejercer su derecho de acción por hechos relacionados con la responsabilidad médica, en concepto del Ministerio Público esa situación y sus consecuencias no resultan imputables a la Rama Judicial, pues es función del legislador expedir los códigos y de los jueces realizar el ejercicio hermenéutico en cada caso concreto. Si la interpretación de las normas contenidas en los códigos12 generaban incertidumbre sobre cuál de las jurisdicciones era la llamada a conocer de tales controversias, la solución definitiva del problema la tenía el legislador. Hoy el legislador13 dio solución al conflicto que se venía presentando al regular la competencia en la ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras Disposiciones”, en el que atribuye de manera expresa el conocimiento de los litigios relativos a la responsabilidad médica a la jueces civiles, de acuerdo con la cuantía, “Artículo 17. Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Los jueces civiles municipales conocen en única instancia:

1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 12 CPC ARTÍCULO 12. NEGOCIOS QUE CORRESPONDEN A LA JURISDICCIÓN CIVIL. Corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no esté atribuido por la ley a otras jurisdicciones 13 Reserva de ley art. 150-2 constitucional ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones

(…)

2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

(…)

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.

El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decret