PGN - JUEZ NATURAL - Concepto o definición

Señores Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM. P. Dr. SIGIFREDO DE JESÚS ESPINOSA PÉREZ Ref.: Casación interpuesta por el defensor de FREDY CHAPARRO MONROY, procesado por homicidio agravado. Rad. 25630.

Honorables Magistrados: Procede la Procuraduría a emitir concepto sobre la legalidad de la sentencia del 9 de octubre de 2006, mediante la cual el Tribunal Superior de Yopal confirmó la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey

(Casanare), que condenó a Freddy Chaparro Monroy a la pena principal de veintiséis (26) años de prisión, al encontrarlo responsable del concurso homogéneo de delitos de homicidio. De igual modo modificó la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, al rebajarla de veintiséis (26) a veinte (20) años.

1. HECHOS El Tribunal los resumió así: “Como a las 10:30 a.m. del 3 de junio de 2003 varios soldados que se encontraban en Villanueva (Casanare) se evadieron del sitio de concentración

Casación Nº 25630 Freddy Chaparro Monroy para ingerir cerveza y escuchar música en una tienda cercana, mas al percatarse los comandantes de su irregular alejamiento dispusieron ubicarlos, lográndose este cometido aproximadamente a la 1:30 p.m., hora para la cual FREDDY CHAPARRO MONROY, quien era uno de los ausentes, ya había regresado con el propósito de acostarse. “Sin embargo, al ordenar un Cabo que formaran, CHAPARRO se presentó con

su armamento y luego de admitir que había tomado cerveza, el suboficial le dijo que pasara a la fila. “Una vez formados, el Comandante del Pelotón, Subteniente GERMAN ALBERTO BEDOYA MARIN, dispuso que todos le soplaran en la cara para reconocer los bebedores, y cuando apenas faltaban pocos turnos para examinar a CHAPARRO, éste abandonó la fila, se paró frente al superior, le dijo que iba a darle muerte y disparó su fusil en ráfaga hasta derribarlo; pero como el soldado JORGE ANDRÉS CORTES VARGAS quiso proteger de alguna forma a BEDOYA, también recibió varios impactos mortales e igualmente resultaron con lesiones graves NICASIO COMAYÁN FERNÁNDEZ y JOSÉ COLINA ALBARRACÍN, al ser alcanzados por las balas que disparó CHAPARRO contra el oficial caído y moribundo.”

2. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Con auto del 3 de junio de 2003, el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar ordenó la apertura de investigación penal contra el soldado Fredy Chaparro Monroy, por los delitos de homicidio y lesiones personales. Una vez lo escuchó en indagatoria, el 10 de junio de 2003 le resolvió situación jurídica

2 Casación Nº 25630 Freddy Chaparro Monroy con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por los referidos delitos. Allegadas diferentes pruebas, el 7 de noviembre de 2003 el Fiscal 20 Penal Militar cerró parcialmente la investigación por los delitos de homicidio, ordenando la ruptura de la unidad procesal respecto de los punibles de

lesiones personales, cuya investigación consideró que debía continuar. El 11 de diciembre del citado año, profirió resolución de acusación contra Freddy Chaparro Monroy por el doble homicidio agravado (art. 104, numerales 4, 6 y 7, del C. Penal). Esta decisión fue confirmada por el Fiscal 3º Delegado ante el Tribunal Superior Militar el 4 de marzo de 2004, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público. La etapa del juicio fue adelantada por el Juzgado de Primera Instancia de las Brigadas XVI y XVIII, despacho que el 9 de junio de 2004 inició la audiencia de Corte Marcial, en desarrollo de la cual la Procuradora Judicial 223 planteó colisión de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria, por lo que la diligencia fue suspendida. Con providencia del 15 de septiembre de 2004, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió la colisión de competencia, atribuyendo el conocimiento de las diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare). El 13 de diciembre de 2004, este despacho avocó el conocimiento del proceso y dispuso señalar fecha para continuar con la diligencia de audiencia pública de juzgamiento. Finalizada la vista pública, el 24 de octubre de 2005 profirió sentencia de primera instancia con el resultado antes indicado. Impugnada la sentencia de primer grado por el procesado y su defensor, el 9 de febrero de 2006 el Tribunal Superior de Yopal resolvió la apelación, 3 Casación Nº 25630 Freddy Chaparro Monroy confirmando el fallo con la modificación inicialmente reseñada. Contra la

sentencia del Tribunal ad quem se presentó el recurso extraordinario de casación, que es ahora objeto de estudio.

3. LA DEMANDA Con base en la causal tercera de casación (art. 207-3 Ley 600 de 2000), el demandante aduce que la sentencia impugnada se dictó en un juicio viciado de nulidad, por incompetencia de los funcionarios que adelantaron la investigación y parte del juicio, lo cual, en su opinión, constituye violación al principio de Juez Natural.

Luego de citar providencias de la Sala de Casación Penal, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura sobre los presupuestos de los delitos amparados por el fuero castrense, el demandante afirma que en el presente caso, los jueces de instancia desconocieron el marco legal del principio de juez natural, toda vez que al señalar el Consejo Superior de la Judicatura que la jurisdicción ordinaria era la competente para adelantar este proceso y no la penal militar, la investigación y el juicio han debido desarrollarse con base en las normas y procedimientos establecidos en la normatividad ordinaria. Estima irregular que parte de la actuación la hayan adelantado autoridades no competentes, pues se alcanzó a iniciar la corte marcial el 9 de junio de 2004, habiéndose regido lo actuado por los parámetros contenidos en el Código Penal Militar (f. 209 c. 2), y a partir de ese momento, en ese estado, avocó el conocimiento el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, convocando a una nueva sesión para el desarrollo de la audiencia pública. “Durante dicho trámite aceptó los lineamientos y el procedimiento de la

4 Casación Nº 25630 Freddy Chaparro Monroy Justicia Penal Militar, lo cual resulta excluyente, por ser una justicia excepcional, lo que conduce a determinar que el trámite que legalmente correspondía era el que dispone la justicia ordinaria, es decir, según los lineamientos del Código Penal (Ley 599 de 2000) y del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), por ser el Juez Natural previsto en dichas normas.” (f. 59 c. Tribunal). Anota luego el casacionista que por tratarse de un delito ajeno al servicio público de defensa, el principio de igualdad impone que su investigación y juicio deben adelantarse de conformidad con las disposiciones penales ordinarias, debiéndose por tanto rehacer la actuación desde la etapa de investigación. Con base en lo anterior, el censor solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y decretar la nulidad de lo actuado desde el auto del 3 de junio de 2003, por medio del cual el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar dispuso la apertura de investigación penal contra el soldado Freddy Chaparro Monroy.

4. EL CONCEPTO No le asiste razón al demandante al alegar nulidad del proceso, por falta de competencia de los funcionarios de la justicia penal militar que adelantaron la investigación y parte del juicio contra el soldado Chaparro Monroy, con lo cual considera que se violó el principio de juez natural. 4.1 El principio universal del juez natural reconocido en el art. 29, inciso 2º, de la Constitución Política, hace referencia a aquél juez a quien la Constitución o la ley le han atribuido el conocimiento de determinado asunto, lo cual

5 Casación Nº 25630 Freddy Chaparro Monroy constituye una garantía para la libertad de los ciudadanos, como quiera que en virtud del mismo ninguna persona puede ser juzgada sino por el Juez previamente establecido en la ley, con competencia para resolver de fondo el asunto. Ciertamente la garantía superior invocada apunta fundamentalmente a que en desarrollo del proceso penal se observen de manera rigurosa las disposiciones procesales que de manera previa definan quien es el funcionario u órgano judicial competente para decidir de fondo un caso particular y concreto. Si bien la ley procesal también establece competencias en materia de investigación, que determinan el funcionario llamado a adelantarla, el concepto de juez natural alude a la resolución de fondo del asunto. En el presente caso, en modo alguno se vulneró el principio de juez natural, toda vez que la sentencia de mérito, con la cual finalizó el juicio, fue proferida por quien, de acuerdo con las reglas procedimentales, era el llamado a emitirla. Para esta Procuraduría Delegada es evidente que la investigación ha debido iniciarla y adelantarla la Fiscalía General de la Nación a través de sus funcionarios en Monterrey (Casanare), y que, de igual modo, el juicio debió iniciarlo el Juzgado Promiscuo del Circuito de esa población, de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley 600 de 2000. Sin embargo, al haber sido adelantada la investigación y parte del juicio por funcionarios de la jurisdicción penal militar, como lo son el Juzgado 45 de Instrucción Penal 6 Casación Nº 25630 Freddy Chaparro Monroy

Militar, el Fiscal 20 Penal Militar, y en la etapa del juicio el Juzgado de Primera Instancia ante las Brigadas XVI y XVIII, ello por si mismo no constituye motivo suficiente para declarar la nulidad solicitada por el recurrente, pues la actuación fue adelantada por despachos judiciales que en su oportunidad se consideraron competentes para conocer del asunto en razón de la calidad militar de su ejecutor, por lo que le imprimieron el impulso procesal igualmente previsto en la ley, perfeccionaron la investigación, formularon la acusación e iniciaron la etapa del juicio, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley que regula la justicia penal militar. La validez de las pruebas recaudadas, la solidez y coherencia jurídica de las providencias emitidas por los despachos de la jurisdicción especial, así como la corrección en el desarrollo del trámite, no admiten cuestionamiento alguno, lo cual explica porqué el censor no formuló ninguna crítica en tal sentido. La resolución de una colisión de competencia, donde se asigna el conocimiento del proceso a un funcionario distinto al que lo venía adelantando, no implica que sea nulo lo avanzado hasta el momento en que se ha solventando la colisión, pues si no se demuestra que en dicho trámite se desconocieron los parámetros legales, o se violaron garantías procesales a los intervinientes, las diligencias mantienen incólume su validez jurídica. No de otra manera puede entenderse, pues de igual modo fueron practicadas por funcionarios judiciales, de conformidad con las prescripciones que regulan legalmente el rito procesal. 7 Casación Nº 25630

Freddy Chaparro Monroy Ahora bien, lo fundamental en este punto es la validez y corrección de los procedimientos que permitieron el acopio de los elementos materiales de prueba así recaudados, pues como lo dispuso el legislador al consagrar el instituto jurídico procesal de la prueba trasladada (art. 239 Ley 600 de 2000), las pruebas practicadas “válidamente” en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica, y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código.” Si bien no estamos propiamente frente a un caso de prueba trasladada, lo fundamental es que las pruebas fueron practicadas por los funcionarios de la justicia penal militar con sujeción a los parámetros legales, orientados por la observancia plena de los principios de publicidad y contradicción. Tal circunstancia legitima su aducción, lo que permitió utilizarlas como sustento de las providencias mediante las cuales se afectó la libertad personal del procesado, se culminó la fase instructiva y se desarrolló parte del juicio. Aducir a esta altura procesal que la actuación es nula por el solo hecho de que fue adelantada por funcionarios que no eran competentes -afirmación que solo pudo hacerse luego de conocerse una decisión de colisión de competencia-, sin demostrar afectación alguna de las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento o de las garantías fundamentales del procesado, resulta inaceptable a la luz del principio de trascendencia, consagrado expresamente por el legislador como rector de la declaratoria de las nulidades (art. 310-2 C. de P. Penal).

8 Casación Nº 25630 Freddy Chaparro Monroy La sustentación del reproche se limitó a transcribir fragmentos de jurisprudencias de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en torno del tema de los elementos integrales del fuero militar, aspecto que no fue objeto de controversia en la sentencia impugnada, pues los jueces de instancia no cuestionaron la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que resolvió la colisión de competencia, asignando el conocimiento del caso a la justicia penal ordinaria. Por tanto, el reproche carece adicionalmente de sustentación adecuada, ya que la construida por el casacionista gira alrededor de un tema que decidió de fondo el Consejo Superior de la Judicatura, aspectos trascendentales que sí podrían evidenciar la vulneración del debido proceso, como lo eran la legalidad de la práctica de las pruebas, del ejercicio del derecho de contradicción respecto de las mismas, o el reproche sobre aspectos sustanciales de la acusación, la cual fue admitida y acogida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, que dictó sentencia condenatoria con base en la misma. Así las cosas, y ante la ausencia de fundamentación del reproche, para esta representación del Ministerio Público, el cargo no debe prosperar.

5. CONCLUSIÓN En consecuencia, esta Procuraduría Delegada solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia impugnada.

Atentamente, 9 Casación Nº 25630 Freddy Chaparro Monroy

FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA

Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. C., marzo 8 de 2007 Exp. Nº 182-06 FJFM/jgb 10