PGN - JURISDICCION - Corresponde a la corte constitucional pronunciarse sobre la legalidad

1 ACCIÓN DE NULIDAD-Acto transgresor de normas superiores FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICAPoder que otorga el Legislativo al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de Ley Según lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, corresponde al Congreso de la República por medio de leyes, revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Así, pues, mediante este expediente el Congreso delega en el Ejecutivo su competencia legislativa para que éste último expida normas con el mismo valor y jerarquía normativa que las emanadas del propio órgano legislativo. JURISDICCIÓN-Corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la legalidad de la norma y no al Consejo de Estado Para reforzar las anteriores consideraciones, se pone de relieve que la constitucionalidad de este Decreto Ley, ya ha sido estudiada, por la Corte Constitucional, en sentencia C510 de 2004. Así pues, esta Delegada solicita al Honorable Consejo de Estado, se inhiba de pronunciarse sobre la legalidad del artículo 7° del Decreto Ley 1281 de 2002, atendiendo que carece de jurisdicción para ello, por la naturaleza de las normas enjuiciadas. INTERESES MORATORIOS-Omisión de demanda en forma Esta Delegada considera que le asiste razón al Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los argumentos esgrimidos, toda vez que el actor plantea una inconformidad

en relación con la indeterminación de la expresión normativa <<no tengan fundamentación objetiva>> y a la aplicación del artículo 24° del Decreto 4747 frente al reconocimiento de intereses moratorios, sin que se aprecie con claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia cuales son las razones por las cuales se estima que el precepto acusado vulnera los artículos 2°, 48°, 49° y 209° de la Constitución Política, razón por la que no es posible realizar un pronunciamiento frente a la controversia, puesto que se han incumplido los postulados del numeral 4° del artículo 137 del C.C.A., lo que deriva en la omisión del presupuesto procesal de demanda en forma, que trae como consecuencia que el juez deba dictar sentencia inhibitoria. Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala

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PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 24/1/13 Alegato No. 010/13

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala Ref.: Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO

Demandado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL Acción Acción de Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES

1.- La demanda El ciudadano JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo2, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de apartes del artículo 7° del Decreto Ley 1281 de 2002 y del artículo 24° del Decreto 4747 de 2007, por considerar que con su expedición se trasgredieron los artículos 2°, 48°, 49° y 209° de la Constitución Política. El concepto de la violación puede sintetizarse de la siguiente manera: 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. 2 El demandante señala que presenta acción de inconstitucionalidad. Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala 3 1.1.- […] A. LA INDETERMINACIÓN DE LA NORMA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD […] Es claro que la norma demandada, reconoce que una condición indispensable para el buen funcionamiento del sistema público de salud es la adecuada financiación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y en esa medida pretende dotarlas de elementos legales en orden a que sus finanzas no se vean entorpecidas por actuaciones por parte de las EPS que las contratan,

más a la hora de ver resarcidos los servicios médicos prestados a los afiliados de éstas. […] No obstante, debemos reparar en la subjetividad que conlleva la expresión “no tengan fundamentación objetiva”, pues “fundamentación objetiva” es un concepto que conlleva necesariamente una opinión relativa al modo de pensar o de sentir de determinada persona, y por ello mismo puede existir divergencias entre lo que para unos y otros puede considerarse objetivamente fundamentado y lo que no, sin que pueda juzgarse con un parámetro objetivo y claro, cosa bastante grave cuando se trata de una norma de la que se pretende, por otra parte de la autoridad, su cumplimiento. […] 1.2.- […] Por otro lado, reparemos nuevamente el proceso de la glosa antes explicado, y recordemos que cuando una EPS hace una glosa a una cuenta, la IPS puede bien aceptarla y no cobrar lo glosado, o bien dar las explicaciones y aclaraciones del caso, para que la EPS levante la glosa hecha y acceda al pago de las sumas allí contenidas. Este es precisamente el alcance de las glosas, y el procedimiento operativo normal de las cuentas de salud. Por supuesto, puede darse el caso en el que una EPS glose de mala fe las cuentas con el objeto de darse un plazo más amplio para el pago, o bien retener los recursos que debe trasladar por efecto del pago a la IPS, pero, este es un caso extremo que tendría que se tan evidente que no le cupiera la menor duda a nadie, no obstante, en condiciones normales de operación, caben muchas discusiones, entonces ¿Cómo y quién define cuando una glosa es infundada? ¿Debe entenderse que una glosa

es infundada cuando quiera que después de recibidas las explicaciones, la misma sea levantada? O bien ¿hay un criterio más restrictivo que puede ser aplicado para esta determinación? […] 1.3.- […] Ahora bien, uno pensaría que en principio que es totalmente justo que cuanto existe falta de pago y se incurre en mora, se deba pagar una sanción. Recordemos que el interés de mora es una sanción pecuniaria que se impone al deudor por el incumplimiento de una obligación dentro de un término pactado, es decir, lo que el deudor debe pagar a título de indemnización del perjuicio desde el momento en que se constituya en mora de pagar el capital.[…] De lo anterior se infiere que, si un comprador adquiere un bien o la prestación de un servicio e incumple las obligaciones dinerarias, es decir, no cumple con el pago del precio en la fecha de su vencimiento, el vendedor podrá cobrar interés de mora. […] Entonces ¿desde cuando puede entenderse, habiéndose hecho una glosa por parte de la EPS, que ésta ha incumplido su obligación de pago a la IPS dentro del plazo previsto? Es obvio, que si a la Entidad contratante le es permitido por la Ley y por el contrato efectuar glosas a las cuentas presentadas para su pago, y exigir aclaraciones adicionales con respecto a esta, el deber de pagar, se configuraría a partir de la aceptación de las explicaciones y del levantamiento de la objeción. […] A pesar de ello, la realidad puede ser muy distinta, pues al incluir la norma la expresión según la cual En el evento en que las devoluciones o glosas formuladas Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala 4 no tengan fundamentación objetiva, el prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha de presentación de la factura o cuenta de cobro, se inserta a la relación EPS-IPS una condición cuya aplicación, en términos de tiempo y modo es absolutamente indeterminada […] Podemos sostener que sin duda la redacción de la norma es ambigua, en cuanto que no refiere un criterio orientador y objetivo de lo que pueda entenderse por fundamentación objetiva, por lo que su ámbito de indeterminación no es compatible con el principio de legalidad en sentido amplio. En la medida en que no se ha desarrollado una regla para establecer el concepto, haría falta ese mínimo de materialidad legislativa que resulta indispensable para mantener su existencia en el ordenamiento jurídico. […] 1.4.- […] Si ello fuera así, entonces el acto mismo de la glosa sería una conducta sancionable cu[a]ndo quiera que la glosa se levante, lo cual es absurdo si tenemos en cuenta que precisamente el ordenamiento legal ha dado la posibilidad de efectuar glosas para aclarar y depurar las cuentas de salud presentadas, y para asegurar una destinación correcta de los recursos, además de tratarse de un proceso de conciliación de cuentas, proceso perfectamente viable y legal dentro del giro ordinario de las operaciones comerciales tanto de las EPS como de las IPS. […] 1.5.- […] Entonces, en la medida que el Artículo 24 del Decreto 4747 de 2007, que remite expresamente al artículo 7° del Decreto Ley 1281 de 2002, habla del evento en que las devoluciones o glosas formuladas no tengan fundamentación objetiva,

sin que tal evento sea determinable en la practica, existe un nivel importante de inseguridad e incertidumbre. Pues ninguna EPS, ni ninguna IPS sabrían si una determinada glosa ha sido fundada o infundada, cuando se presenten, obviamente en condiciones normales de operación […] Para determinar si una glosa es infundada, habría una determinación discrecional de que quien pretende aplicar la norma, fundamentada en criterios extrajurídicos y subjetivos. La precisión de lo que pueda entenderse como glosa infundada obedece a criterios económicos, culturales y hasta personales que no están contenidos ni en la Ley 1281 de 2002, ni en el Decreto 4747 de 2007 que se demandan. […] 2.- Contestación de la demanda por parte del MINISTERIO DE SALUD Y DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL (anteriormente MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL)

2.1.- […] C. SOBRE LOS ARTÍCULOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS

(Artículos 2, 48, 49 y 209 de la Constitución) Ahora, la expresión “fundamentación objetiva” señalada en el Decreto 4747 de 2007, hace referencia a que la glosa esté basada en razones legales, es decir que la devolución de la factura o el no pago de lo glosado se base en razones señaladas en la norma que indica cuales son la[s] posibles para dichas facturas y que son de conocimiento general y de obligatorio cumplimiento, no en razones subjetivas del pagador. Por ese motivo, el pago de intereses debe realizarse desde la fecha en que se presentó la respectiva factura al responsable del pago de los servicios de salud, pues se entiende que si

la glosa fue infundada debió pagar la factura desde la fecha de su presentación. Situación que tiene su razón de ser, en la medida que la citada norma lo que quiso Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala 5 fue desestimar la imposición de glosas infundadas. […] De otro lado, el demandante hace residir su inconformidad en la restricción que contempla la norma de la posibilidad, por parte de las EPS, de glosar cuentas sin que ello conduzca a una “sanción” a la promotora, es decir, a que la consecuencia sea la aplicación de intereses moratorios. A través de este concepto se podrá concluir que tal afirmación, dentro de un desequilibrio contractual y en donde operan esquema de abuso de posición de dominio, ello no resulta acertado. […]

2.2.- […] LA FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CARGOS ESGRIMIDOS Y LAS NORMAS CONSTITUCIONALES TILDADAS COMO VULNERADAS […] Al detenerse en el desarrollo del concepto de violación, el actor no logra relacionar la disposición que se afirma como vulnerada con los argumentos que sustentan dicha información ni las normas constitucionales. En efecto, como ya se indicó, considera que se vulneran los artículo 2, 48, 49 y 209 de la Constitución Política; no obstante, cuando se revisa el concepto de la violación sus argumentos no tienen que ver específicamente con tales normas, o, por lo menos, no lo hace saber por lo menos (sic) implícitamente. Es en el literal A,

visible en la página 6, en donde se vislumbra la inconformidad pero ella se desarrolla a partir de una supuesta indeterminación de la norma y una afectación del principio de legalidad. […] Al cotejar lo anterior con lo previsto en el art. 137 del C.C.A. aún vigente, se advierte que debe existir una consistencia y coherencia entre los hechos en que se funda la demanda, las normas que se afirman vulneradas y el concepto de violación. Este encadenamiento no se presenta en la demanda sub examine o, como mínimo, subyace una carencia de nexo entre lo que se endilga como vulnerado y los motivos que se esgrimen para demostrarlo. […] En síntesis, a pesar del esfuerzo realizado por el actor, no es posible entrever cómo el aparte atacado contraviene los fines esenciales del Estado, el derecho a la seguridad social, el acceso a los servicios de salud y saneamiento ambiental y los principios de la actuación. […] 2.3.- […] GLOSA Y EL DECRETO 4747 […] El Decreto 4747 de 2007, conocido como la regulación de las relaciones entre aseguradores-prestadores y expedido en desarrollo de los previsto en la Ley 1122 de 2007, desarrolló una serie de medidas tendientes para (sic) el pago de los servicios y la garantía del acceso al servicio por parte del usuario en dos elementos que son inescindibles para el SGSSS. […] Es así como en la mencionada norma se dispone los siguientes aspectos: […] Ya en relación con los aspectos relativos al trámite para el pago, a los cuales se refiere el actor, la norma revisada establece, dentro de la bilateralidad de las obligaciones y prestaciones comunes, lo siguiente: […] – Ya en

relación con los aspectos relativos al trámite para el pago, a los cuales se refiere al actor, la norma revisada establece, dentro de la bilateralidad de las obligaciones y prestaciones comunes, lo siguiente: […] – En cuanto al trámite de las glosas, además del proceso de uniformización, se desarrollan principios como el de la no formulación de nuevas glosas por las mismas causas así como el trámite que se surte para su levantamiento. […] – Estos elementos permiten entender la razón del reconocimiento de intereses, básicamente cuando la entidad responsable del pago no se ciñe a estos procedimientos o los utiliza sin tener en cuenta los parámetros establecidos para tal fin. Nótese que en la demanda el actor alude a los intereses moratorios que adeudaría la EPS por la formulación de una glosa sin fundamento Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala 6 pero guarda silencio cuando lo que acontece cuando la glosa es justificada y se ha pagado, con lo cual la norma mantiene su rasgo de bilateralidad. […] 2.4.- […] En este contexto, el propósito de la regulación expedida consiste en establecer normas que equilibren la relación y evitar que la glosa, es decir esa no conformidad, continúe siendo uno de los elementos más caracterizados de la posición de dominio y un mecanismo de financiamiento a favor de algunas de la EPS o entidades responsables de pago […] Aludir, entonces, a la subjetividad de la misma con base en lo que está exhaustivamente regulado es un criterio del actor el cual, conforme a lo anterior, queda ampliamente desvirtuado. En efecto,

con base en los parámetros existentes es claro tanto para el prestador como para el responsable de pago cuando existe fundamento en la glosa y cuando la misma es un capricho y se sobrepone a la razón misma de la glosa, es decir, la falta de correspondencia entre lo que se consigna y lo efectivamente prestado por rasgos determinantes existentes en la factura que impiden establecer los elementos relevantes para el pago. […] 2.5.- […] Respecto de las glosas que menciona el actor se puede señalar que, al revisar el Manual, se encuentran contempladas en el mismo y, por lo tanto, contaría con fundamentación objetiva. No sobra indicar que, dentro de la racionalidad jurídica y de la forma de llevar cuentas, lo objetivo es aquello que surge del hecho en sí, por encima de las consideraciones del sujeto y por ello se relaciona con lo “Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. A esto se suman acepciones como “Desinteresado, desapasionado o, en el plano filosófico y ontológico, “que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce”. Desde esta perspectiva, sí es factible determinar, por encima de la subjetividad que pueda imprimírsele a un hecho como una glosa, la existencia de una situación externa que es apreciable por los sujetos que participan en la relación contractual, así lo quieran negar o desconocer. […] CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.- Las disposiciones acusadas Lo son los artículos 7 ° del Decreto 1281 de 2002 y 24° del Decreto 4747 de 2007,

cuyo contenido es el siguiente: 1.1.- Artículo 7° del Decreto 1281 de 2002 […] Artículo 7°. Trámite de las cuentas presentadas por los prestadores de servicios de salud. Además de los requisitos legales, quienes estén obligados al pago de los servicios, no podrán condicionar el pago a los prestadores de servicios de salud, a requisitos distintos a la existencia de Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala 7 autorización previa o contrato cuando se requiera, y a la demostración efectiva de la prestación de los servicios.

Cuando en el trámite de las cuentas por prestación de servicios de salud se presenten glosas, se efectuará el pago de lo no glosado. Si las glosas no son resueltas por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, en los términos establecidos por el reglamento, no habrá lugar al reconocimiento de intereses, ni otras sanciones pecuniarias. En el evento en que las glosas formuladas resulten infundadas el prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha de presentación de la factura, reclamación o cuenta de cobro. Las cuentas de cobro, facturas o reclamaciones ante las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades territoriales y el Fosyga, se deberán presentar a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la prestación de los servicios o de la ocurrencia del hecho generador de las mismas. Vencido

este término no habrá lugar al reconocimiento de intereses, ni otras sanciones pecuniarias.[…] 1.2.- Artículo 24° del Decreto 4747 de 2007 […] ARTÍCULO 24. RECONOCIMIENTO DE INTERESES. En el evento en que las devoluciones o glosas formuladas no tengan fundamentación objetiva, el prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha de presentación de la factura o cuenta de cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Decreto-ley 1281 de 2002. En el evento en que la glosa formulada resulte justificada y se haya pagado un valor por los servicios glosados, se entenderá como un valor a descontar a título de pago anticipado en cobros posteriores. De no presentarse cobros posteriores, la entidad responsable del pago tendrá derecho a la devolución del valor glosado y al reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha en la cual la entidad responsable del pago canceló al prestador.[…] 3.- La competencia del Consejo de Estado para pronunciarse sobre la legalidad del artículo 7° del Decreto Ley 1281 de 2002. El Decreto Ley 1281 de 2002, fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001, disposición que establece, lo siguiente: Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala

8 […] ARTÍCULO 111. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. Concédase <sic> precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis (6) meses, para: 111.1. <Numeral INEXEQUIBLE>

111.2. Se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes, y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la presente ley, que sea acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos. El nuevo régimen de carrera docente y administrativa se denominará Estatuto de Profesionalización Docente y tomará en cuenta entre otros los siguientes criterios:

1. Mejor salario de ingreso a la carrera docente.

2. Requisitos de ingreso.

3. Escala salarial única nacional y grados de escalafón.

4. Incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de especialización.

5. Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y

exclusión de la carrera.

6. Oportunidades de mejoramiento académico y profesional de los docentes.

7. Asimilación voluntaria de los actuales docentes y directivos docentes contemplado en el Decreto-ley 2277 de 1979.

Para la preparación del proyecto de Estatuto de Profesionalización Docente, el Ministerio de Educación Nacional conformará un grupo de trabajo integrado por dos representantes del Honorable Congreso de la República, dos representantes de la Federación Colombiana de Educadores, dos expertos designados por el señor Presidente de la República, y el Ministro de Educación Nacional, quien presidirá el grupo. Elegido un nuevo Presidente de la República, éste designará a una persona para que integre

dicho grupo de trabajo. 111.3. Crear consejos u otros organismos de coordinación y regulación intersectorial. 111.4. Otórgase precisas facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses contados desde la vigencia de la presente ley expida normas que regulen los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestación de los servicios de salud a la población del país. […] Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala

9 Según lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, corresponde al Congreso de la República por medio de leyes, revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Así, pues, mediante este expediente el Congreso delega en el Ejecutivo su competencia legislativa para que éste último expida normas con el mismo valor y jerarquía normativa que las emanadas del propio órgano legislativo. Esta norma constitucional es, entonces, el sustento de las facultades otorgadas por el Congreso de la República al Gobierno Nacional, con el objetivo de que expidiera normas <<que regulen los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recurso del sector salud y su utilización en la prestación de los servicios de salud a la población del país>> (artículo 111, numeral 4°, Ley 715 de

2001). Respecto de la competencia para estudiar la conformidad de esta clase de normas (con fuerza de ley), con el ordenamiento jurídico, la Constitución Política se la asigna a la Corte Constitucional, en los siguientes términos: <<Art. 241.- A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] 5º) Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.>>, lo que se encuentra en consonancia con las atribuciones que la Carta Política le asigna al Consejo de Estado, en el artículo 237° que indica: <<2º) Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional>> Así lo ha señalado tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, las cuales nos permitimos citar en la siguiente forma: Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala 10 “[…] Primero, es necesario resaltar que la naturaleza de los decretos que expide el Presidente de la República son clasificados de manera general, en decretos administrativos y decretos con fuerza de ley.

Los Decretos con Fuerza de Ley, son aquellos proferidos por el

Presidente que tienen la naturaleza o connotación de ley, pues se expiden en ejercicio de funciones legislativas excepcionales. De tal manera, que esta clase de actos tienen la misma jerarquía de una ley expedida por el Congreso de la República3. Los Decretos Administrativos, son aquellos proferidos por el Presidente de la República o el Gobierno Nacional que tienen la naturaleza de acto administrativo, pues son expedidos en ejercicio de funciones administrativas, cuya finalidad es la reglamentación o aplicación concreta de una ley o la misma Constitución Política. De esta clasificación, se colige entonces, que tanto los decretos legislativos4, al igual que los decretos-leyes5 hacen parte de aquellos decretos llamados con Fuerza de Ley, pues en ellos el Presidente actúa como legislador extraordinario, por tanto, que el control judicial de tales actos sea ejercido por la Corte Constitucional. Por el contrario, los decretos ejecutivos6, junto a los decretos reglamentarios y compiladores, se encuentran dentro de los llamados Decretos Administrativos, pues en éstos el Presidente actúa en uso de su función ordinaria, la función administrativa, de allí que el control judicial de dichos actos este a cargo de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.[…]7 Por su parte la Corte Constitucional ha indicado que: “[…] Yerra el actor cuando pretende que la norma que acusa responde al ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, al amparo del artículo 189, numeral 11 de la Constitución. Resulta en este 3 Lo anterior, sin perjuicio que dentro de esta misma jerarquía existan normas superiores a

otras; como lo serían eventualmente, las leyes orgánicas respecto de las leyes ordinarias. 4 Por Decretos Legislativos se entienden, aquellos por medio de los cuales el Presidente de la República declara los estados de excepción, previstos en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política. 5 Por Decretos-Leyes aquellos que expide el Presidente en ejercicio de facultades extraordinarias y pro tempore conferidas por el Congreso de la República, cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. 6 Los Decretos Ejecutivos son aquellos que profiere el Presidente o el Gobierno en cumplimiento de sus funciones, los cuales tienden a la aplicación concreta de disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias

7 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION

CUARTA, Consejero ponente: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE, Bogotá D.C., Auto de diciembre once (11) de dos mil siete (2007), Radicación número: 11001-03-24-000-200600205-00(16546). Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala 11 caso evidente que no es esa la fuente de la competencia del Presidente de la República para la expedición del Decreto 1278 de 2002, y que no es reglamentario el carácter de las normas que lo conforman. Por el contrario, es claro que se trata de una norma con fuerza de ley. Si así no fuese, si tuviese razón el demandante y las normas del decreto demandado fuesen

reglamentarias, habría sido necesario rechazar la demanda por ausencia absoluta de competencia, puesto que el conocimiento de la constitucionalidad de los decretos reglamentarios corresponde al Consejo de Estado y no a la Corte Constitucional. Pero, se repite, se trata de un decreto ley expedido al amparo de las facultades extraordinarias que para el efecto le fueron conferidas al Gobierno por la Ley 715 de 2001.”8 […] Para reforzar las anteriores consideraciones, se pone de relieve que la constitucionalidad de este Decreto Ley, ya ha sido estudiada, por la Corte Constitucional, en sentencia C-510 de 2004. Así pues, esta Delegada solicita al Honorable Consejo de Estado, se inhiba de pronunciarse sobre la legalidad del artículo 7° del Decreto Ley 1281 de 2002, atendiendo que carece de jurisdicción para ello, por la naturaleza de las normas enjuiciadas. 3.- Las normas violadas y el concepto de la violación formulados en contra del artículo 24° del Decreto 4747 de 2007. Incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 137 del C.C.A. Dentro de los argumentos expuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social en contra del artículo 24° del Decreto 4747 de 2007, este sí, susceptible de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se esgrime una falta de correspondencia entre los cargos formulados y las normas constitucionales vulneradas, señalando que el actor no logra relacionar la disposición que se afirma como vulnerada con los argumentos que sustentan dicha violación ni con las normas constitucionales. Señala la defensa que se consideran vulnerados los

artículos 2°, 48°, 49° y 209° de la Constitución Política, no obstante, cuando se revisa el concepto de la violación sus argumentos, estos no tienen que ver específicamente con tales normas. 8 Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Expediente No. 110010324000 2011 00204 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala

12 Frente al cumplimiento de los requisitos establecidos por el artícul