PGN - NEXO CAUSAL - No existe entre la omisión y la actuación de las autoridades

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-Irregularidades derivadas de la convocatoria, para la administración del aeropuerto de Puerto Inírida y mora de los cánones de arrendamiento NULIDAD-Por ausencia de conexidad ACTUACIÓN DISCIPLINARIA-Está sujeta a la garantía de los derechos fundamentales del procesado/PROCESO DISCIPLINARIO-El operador jurídico encargado de adelantarlo debe ceñirse a la ley procesal La Sala Disciplinaria precisa que la actuación disciplinaria está sujeta a la garantía de los derechos fundamentales del procesado tales como el debido proceso y el derecho de defensa, así el artículo 29 de la Carta Política en particular hace referencia a la observancia del debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas, de allí que el operador jurídico encargado de adelantar el proceso disciplinario deba ceñirse a las reglas y condiciones procesales de ley, so pena de dar lugar a configurar causal de nulidad por la inobservancia trascendente de tales derechos; así lo contempla el artículo

143 de la Ley 734 de 2002: CAUSALES DE NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINSITRATIVOS-Son taxativas NULIDAD DE LA ACTUACIÓN-Alcance/NULIDAD DE LA ACTUACIÓN-Cuando el disciplinado la solicita debe expresar las razones que motivan la petición Sin embargo, no toda irregularidad advertida dentro de la actuación disciplinaria conlleva forzosamente a declarar la nulidad de la actuación y la invalidez al acto procesal, pues la

nulidad es un mecanismo jurídico excepcional y extremo al que debe acudir el operador disciplinario cuando no existe otra alternativa legal para subsanar una irregularidad, esto es, que se trate de un vicio irremediable que afecte los fines fundamentales del proceso, a saber, la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que intervienen en la actuación. Por tanto, cuando el disciplinado solicita la nulidad de la actuación debe expresar las razones que motivan la petición indicando la afectación resultante de la irregularidad alegada, tal como lo dispone el artículo 146 de la Ley 734 de 2002, en otras palabras, quien invoque la nulidad está obligado a acreditar que la irregularidad afecta garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y/o el juzgamiento y que por tanto resulta trascendente; además, debe mostrar que no existe otro remedio procesal distinto de la nulidad para subsanar el error alegado. RECURSO DE APELACIÓN-Exigencia de la sustentación La exigencia de la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio de primera instancia se orienta a que el funcionario sancionado exponga las Radicado No. 161-5394 razones y argumentos por las cuales refuta o no comparte las consideraciones esgrimidas en la providencia cuestionada, siendo éste el marco referencial de la segunda instancia, al respecto establece el parágrafo del artículo 171 del CDU: NEXO CAUSAL-No existe entre la omisión y la actuación de las autoridades

…, para la Sala Disciplinaria no existe nexo causal entre la omisión de los disciplinados en exigir el pago de los cánones de arrendamiento y la situación de orden público como justificación de esa conducta, menos aún cuando el reproche contra los dos servidores públicos denota que esa inactividad o falta de diligencia en su actuación no se circunscribió al año 2005 sino que se extendió durante todo el periodo de mandato, es decir, hasta diciembre de 2007. FALTA DISCIPLINARIA-Por omisión propia e impropia SERVIDOR PÚBLICO-Requerimiento dentro del proceso contractual El cumplimiento de los fines de la contratación y la vigilancia de la correcta ejecución del objeto contratado propios de la responsabilidad contractual no son obligaciones o exigencias normativas que recaigan sólo en el interventor o el supervisor, por el contrario, se trata de un requerimiento a todo servidor público que intervenga en desarrollo de cualquiera de las etapas del proceso contractual y, más aún, en quien se confía la labor contractual; de manera que al conocer una situación irregular ejecuten las competencias propias del marco funcional para ajustar, reconducir o terminar estos procesos, y vimos que el disciplinado omitió ejecutar las labores necesarias para impedir que los contratistas incumplieran de forma permanente con sus obligaciones en detrimento de los intereses del municipio. ILICITUD SUSTANCIAL-Alcance/FALTA DISCIPLINARIA-Configuración …, en lo que corresponde al elemento de la ilicitud sustancial, se trata de una categoría autónoma del derecho disciplinario que se distingue de la antijuridicidad material construida a partir del principio de lesividad -entendida como la existencia de un daño

producido a un bien jurídico objeto de tutela-, pues esta última constituye un principio esencial del derecho penal reconocido por la jurisprudencia constitucional, mientras que la ilicitud disciplinaria deriva de las relaciones especiales de sujeción y se produce por la interferencia entre la actuación del servidor público y el deber funcional (Art. 5 Ley 734 de 2002). Lo expuesto no significa que la ilicitud sustancial como categoría del derecho disciplinario esté vacía de contenido, que baste el quebrantamiento formal del deber para configurar falta disciplinaria, pues en tal caso se estaría en contra de los principios fundantes del Estado Social de Derecho y democrático de derecho, sino que es preciso que la ilicitud entendida como desobediencia a mandatos legales efectivamente esté en contravía de los principios de la actuación administrativa, y en consecuencia afecte la correcta marcha de la función pública; en este sentido debe asumirse que para la configuración de la falta disciplinaria no basta con el quebrantamiento del deber funcional sino que la ilicitud de la conducta debe ser sustancial, al respecto señala la Corte Constitucional: CULPABILIDAD-En materia disciplinaria 2 Radicado No. 161-5394 El artículo 13 del C.U.D. consagra expresamente el principio de culpabilidad como condición sine qua non para configurar falta disciplinaria, requisito que hace referencia al aspecto subjetivo de la conducta, que constituye un mecanismo de restricción del poder punitivo del Estado al proscribir la responsabilidad objetiva -responsabilidad por la sola constatación de la infracción sustancial del deber funcionalpor lo que la imputación de una falta disciplinaria sólo procede previa comprobación de la convergencia de aspectos

subjetivos en la comisión del acto, al respecto dijo la Corte Constitucional: CULPABILIDAD-La conducta fue culposa por haber faltado al deber objetivo de cuidado en el ejercicio de funciones En lo que respecta a la culpabilidad, las pruebas obrantes en el proceso demuestran que la conducta del doctor xx, en su calidad de Secretario de Gobierno y Administración Municipal de Inírida, fue culposa en tanto faltó al deber objetivo de cuidado en el ejercicio de funciones propias descritas en el manual de funciones y las contractuales confiadas por el Alcalde Municipal mediante Decreto Nro 040 de 2004, pues se probó en grado de certeza que el disciplinado estaba al tanto del continuo incumplimiento del pago del canon de arrendamiento de los locales comerciales ubicados en el aeropuerto (2005-2007), conocía que las cláusulas pactadas en los contratos permitían a la administración adoptar las medidas pertinentes para darlos por terminados exigiendo inmediatamente la restitución de los locales, o de reclamar su cumplimiento con indemnización de perjuicios, además sabía que dentro de las facultades como secretario de gobierno estaba la de recuperar los locales ocupados sin contar con contrato formal, pero en lugar de actuar con diligencia y eficiencia asumió una conducta negligente, .. TIPICIDAD DE LA CONDUCTA E ILICITUD SUSTANCIAL-Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos y los manuales de funciones La primera instancia señaló que el disciplinado, con su conducta, incurrió en falta disciplinaria por incumplir el deber establecido en el artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002

que exige al servidor público cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos y los manuales de funciones; por tratarse de un tipo en blanco se integró a los siguientes deberes constitucionales y legales: ACTO DE DELEGACIÓN-Mediante este acto el alcalde puede transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores/DELEGANTE-Alcance Si bien es cierto, los artículos 9 y ss de la Ley 489 de 1998 autorizan al alcalde municipal a transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores mediante acto de delegación, ello no implica una desvinculación o ruptura de su responsabilidad respecto de las funciones confiadas, pues el delegante mantiene bajo su cargo la facultad para impartir instrucciones al delegatario, trazar las políticas y orientaciones generales, revisar y hacer seguimiento a las decisiones que tome el delegatario, al punto que puede despojar de la calidad de delegatario a quien no responda a las expectativas en torno al correcto ejercicio de la función confiada, esto es, surge un «vínculo funcional permanente y activo» entre delegante y delegatario, al respecto sostuvo la Corte Constitucional: La Sala Disciplinaria precisa que la imputación no cobija las decisiones del delegatario ni las funciones asignadas a aquel, sino que se circunscribe a las propias obligaciones 3 Radicado No. 161-5394 surgidas con ocasión de la delegación, relativas a la omisión de dar instrucciones y ejercer el control sobre la ejecución de las funciones contractuales delegadas mediante Decreto 040 de 2004 en el Secretario de Gobierno quien, como quedó visto, no actuó con diligencia respecto de las funciones confiadas.

De manera que el Alcalde a pesar de haber delegado la funciones de expedir los actos administrativos con ocasión de la actividad contractual, no podía desprenderse de su deber funcional de vigilancia y control de la labor ejecutada por el delegatario, sin que en esta materia contractual el acto de delegación permita aplicar el principio de confianza como causal de exclusión de responsabilidad, precisamente en razón de la obligación del delegatario de velar porque el ejercicio de las funciones confiadas en materia contractual sean desarrolladas con la diligencia propia de la función pública y para el cumplimiento de los fines estatales. DELEGACIÓN DE FUNCIONES-En materia contractual El señor Alcalde quebró el deber de manera sustancial por cuanto el control y vigilancia que surge en el servidor público que delega funciones propias cobra mayor significado o relevancia en tratándose de transferencia de tareas contractuales, respecto de las cuales el delegante debe asumir diligencia y cuidado en su vigilancia por la trascendencia de las mismas y su incidencia en el cumplimiento de los cometidos estatales; en el caso bajo examen se estableció que el Alcalde, aparte de indicar al Secretario de Gobierno la necesidad de dar por terminado el contrato de arrendamiento No. 001 del 9 de marzo de 2003, suscrito con el señor xx, en los demás casos asumió una actitud pasiva a pesar de conocer que el Secretario de Gobierno no venía ejecutando con diligencia las funciones transferidas, conducta que afecta los principios de eficacia y diligencia propios de la actuación administrativa y de responsabilidad en la actividad contractual delegada; máxime cuando la misma Ley 80 de 1993 radica en cabeza del

representante legal la responsabilidad de la dirección y manejo de estas actividades. FALTA DISCIPLINARIA-Inobservancia de los deberes legales y constitucionales Conforme a lo expuesto, se tiene que con la conducta del disciplinado se quebrantaron los deberes legales y constitucionales señalados, cuya inobservancia constituye falta disciplinaria. En efecto, el implicado, en calidad de Alcalde de Inírida, director de la acción administrativa y del manejo de la actividad contractual debió cumplir con su deber de delegatario de dictar las instrucciones necesarias al delegado para hacer cumplir las obligaciones de los arrendatarios, fijadas expresamente en los contratos de los locales comerciales ubicados en el aeropuerto ‘Cesar Gaviria Trujillo’ o en su defecto, al conocer que el secretario de gobierno no ejecutaba las acciones pertinentes, debió reasumir sus funciones, sin embargo, el disciplinado omitió actuar a pesar que la situación se hizo constante y se extendió incluso hasta el final de su mandato. FALTA DISCIPLINARIA-Culposa La Sala Disciplinaria confirma la imputación culposa de la falta disciplinaria por cuanto el Alcalde incumplió con las funciones propias como delegatario por no actuar con la debida diligencia en el ejercicio de control de las funciones delegadas al Secretario der gobierno, en lo que respecta a la situación del incumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios de los locales comerciales ubicados en el aeropuerto ‘Cesar Gaviria Trujillo’ de Inírida. El deber objetivo de cuidado exigía del Alcalde de Inírida asumir una actitud vigilante, y

activa de control en torno a la falta de actuación del alcalde implicado frente a unos 4 Radicado No. 161-5394 hechos de incumplimiento de los contratistas de los locales comerciales que se tornaron continuos e incidían o afectaban los recursos del municipio, lo que demandaba una intervención clara y decidida, en su lugar, el disciplinado asumió un comportamiento omisivo que denota su negligencia por la falta de cuidado en un asunto relevante; siendo evidente que un funcionario diligente en su mismo cargo y nivel jerárquico no solo habría alertado al delegado para que tomara las medidas pertinentes sino que incluso habría reasumido las funciones transferidas. FALTA GRAVE CULPOSA-Se sanciona con suspensión mínima de un mes La conducta del servidor público que se realiza con negligencia en una materia como la contractual y respecto de unos hechos que afectan los recursos del erario público resulta ser de naturaleza grave y como se señaló en el acápite 4.4.1.3., las faltas graves con culpa se sancionan con suspensión mínima de un (1) mes, que precisamente fue el término de sanción impuesta al señor alcalde. Por tanto, la Sala Disciplinaria confirmará la sanción impuesta pues resulta ser la mínima imponible en estos casos, y mantiene la conversión del término de la suspensión en salarios devengados para la época por el disciplinado. 5 Radicado No. 161-5394

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013). Aprobado en Acta de Sala No.06

Radicación: 161 - 5394 (IUS 35769 IUC 650 – 133357)

Disciplinado: LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS y

ATYLANO CUESTA CONTO

Cargo y Alcalde Municipal y Secretario de Gobierno

Entidad: de Inírida

Quejoso Compulsa copias Procuraduría Delegada Vigilancia Administrativa Fecha queja: 27 de mayo de 2009

Fecha Hechos: 2005-2007

Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dra. MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ Con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 y en razón del recurso de apelación interpuesto por los señores LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS y ATYLANO CUESTA CONTO, conoce la Sala Disciplinaria el fallo de fecha 31 de enero de 2012, por el cual la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública sancionó a cada uno de los servidores públicos implicados con suspensión en el ejercicio de funciones por el término de treinta (30) días.

1. ANTECEDENTES PROCESALES El señor MANUEL GUSTAVO ROMERO RAFFO puso en conocimiento de la Procuraduría regional del Guainía la pérdida continua de los vidrios del aeropuerto ‘Cesar Gaviria Trujillo’ de la ciudad de Inírida y el deterioro de las sillas dispuestas como dotación del aeropuerto.

La Procuraduría Regional del Guainía, mediante auto del 3 de noviembre de 2006 ordenó indagación preliminar por estos hechos, expediente con radicado Nro 03806245-06; y con auto del 11 de mayo de 2007 remitió por competencia las

diligencias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (reparto). La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa dictó auto del 27 de mayo de 2009 ordenando la apertura de investigación disciplinaria en contra del doctor LUIS CARLOS SANDOVAL, Alcalde de Inírida, por las posibles irregularidades derivadas de la pérdida y deterioro de los bienes destinados al terminal aéreo ‘César Gaviria Trujillo’ que se encontraban en custodia 6 Radicado No. 161-5394 y administración de la alcaldía municipal de Inírida, proceso radicado con Nro 013-169700-08; en la misma decisión dispuso COMPULSAR COPIAS a las Procuradurías Delegadas para Contratación Estatal (reparto), para que conocieran sobre hechos relacionados con la convocatoria realizada por la Alcaldía de Inírida para la administración del aeropuerto y las presuntas deficiencias en el arrendamiento de los establecimientos de comercio ubicados al interior del mismo; siendo este el origen de la investigación bajo estudio. (fols 1-5 cuad.1). Mediante auto del auto del 30 de junio de 2009, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS, Alcalde de Inírida, ATYLANO CUESTA CONTO y CÉSAR HUMBERTO MELÉNDEZ SÁENZ, Secretarios de Gobierno e Infraestructura, respectivamente, por las posibles irregularidades derivadas de la convocatoria del 22 de junio de 2005, para la administración

del aeropuerto ‘César Gaviria Trujillo’, y las resultantes de la mora de los pagos de los cánones de arrendamiento en los contratos Nros 01, 05, 08 y 09 de 2003, “sin que la administración municipal haya tomado las medidas correspondientes oportunamente” (fols 72-75 cuad.1). Evaluada la investigación, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, con providencia del 21 de septiembre de 2010, elevó pliego de cargos contra los señores LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS y ATYLANO CUESTA CONTO, en su condición de Alcalde Municipal y Secretario de Gobierno y Administración de la Alcaldía de Inírida, respectivamente, por las posibles irregularidades relacionadas con los contratos de arrendamiento de los locales ubicados en las instalaciones del terminal aéreo ‘César Gaviria Trujillo’, de Inírida (Guainía); en la misma providencia se ordenó la terminación y archivo definitivo del proceso a favor del doctor CÉSAR HUMBERTO MELÉNDEZ SÁENZ, en su calidad de Secretario de Planeación Municipal de Inírida y la prescripción de la acción disciplinaria derivada de las actuaciones contractuales que tenían por objeto la administración del aeropuerto ‘César Gaviria Trujillo’. (fols 125-140 cuad. 1). La primera instancia, una vez agotada la práctica de pruebas, dictó el auto del 5 de julio de 2011 ordenando correr traslado a los señores LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS y ATYLANO CUESTA CONTO para alegar de conclusión,

oportunidad dentro de la cual los implicados solicitaron la NULIDAD de lo actuado alegando violación al debido proceso y al derecho de defensa, y por auto del 27 de octubre de 2011 se negó la solicitud. (fols 160-169 cuad. 2) La Delegada para la Moralidad Pública, en providencia de 31 de enero de 2012, halló responsables de los cargos imputados a los funcionarios LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS y ATYLANO CUESTA CONTO, en su condición de Alcalde Municipal y Secretario de Gobierno y Administración de la Alcaldía de Inírida y les impuso a cada uno sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de treinta (30) días (fols 170-189 cuad 2). Los disciplinados recurrieron la decisión de primera instancia; recurso de apelación concedido en el efecto suspensivo mediante auto de abril 12 de 2012. (fols 210-240 cuad.2). 7 Radicado No. 161-5394

2. PROVIDENCIA RECURRIDA La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública sustentó su decisión de sanción contra los disciplinados LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS y ATYLANO CUESTA CONTO con base en los siguientes argumentos: 2.1. Frente al comportamiento del doctor LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS, Alcalde Municipal de Inírida, sostuvo: La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública especifica que el doctor LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS se desempeñó como Alcalde Municipal desde enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, y mediante el

Decreto No. 040 del 23 de marzo de 2004 delegó las funciones contractuales en sus secretarios de despacho, quedando obligado a vigilar la actuación de sus “delegatarios” porque la transferencia de funciones no lo facultaba para desprenderse de su competencia, estando en la obligación jurídica de retomar las funciones delegadas cuando resultara pertinente. La primera instancia aclara que si bien los contratos de arrendamiento de los locales del aeropuerto ‘César Gaviria Trujillo’ de la ciudad de Inírida fueron celebrados por el anterior Alcalde Municipal FRANCISCO AUGUSTO IGNACIO GUTIÉRREZ CORTÉS, en todo caso el doctor LUIS CARLOS SANDOVAL PASSOS había conocido de la mora en el pago desde el mes de abril del año 2005, siendo su deber intervenir y no lo hizo, por lo que omitió el cumplimiento de los deberes derivados de su “posición de garante” de los intereses del municipio, puesto que se habría limitado a ordenar al Secretario de Gobierno doctor ATYLANO CUESTA CONTO ocuparse del tema en lugar de informarse directamente sobre el desarrollo de los contratos de arrendamiento, a pesar de conocer que los arrendatarios no pagaban los cánones, ni tenían resuelta su situación jurídica. La Delegada para la Moralidad Pública enfatiza que el Alcalde SANDOVAL PASSOS ordenó al Secretario de Gobierno ATYLANO CUESTA CONTO adelantar el proceso legal para restituir el local donde funcionaba la cafetería del aeropuerto, arrendado al señor NORBERTO FIGUEROA, quien lo había subarrendado; pero la administración municipal no adoptó ninguna medida frente

a los demás arrendatarios que incumplieron el pago del canon. En el fallo recurrido se asegura que frente a los demás arrendatarios que presentaron mora en los pagos el Alcalde Municipal “no actuó, descuidó y abandonó toda la actividad contractual en sus subalternos desentendiéndose de los problemas surgidos con los arrendatarios y ocupantes de los locales, y de las sumas adeudadas por concepto de arrendamientos dejados de pagar”, problema que no le era desconocido porque se trataba del aeropuerto municipal que requería exclusiva atención para su adecuado funcionamiento, y porque desde el año 2005 se habían planteado los problemas derivados de la administración del aeropuerto e informado sobre el estado en que se encontraba y la ocupación de los locales por particulares y del terminal aéreo por parte de la Fuerza Pública. 8 Radicado No. 161-5394 El A-quo sostiene que si bien el Decreto No. 040 del 23 de marzo de 2004 establecía que el delegatario debía presentar mensualmente al alcalde un informe escrito sobre las actuaciones adelantadas en desarrollo de su delegación, no se observaron actuaciones del burgomaestre tendientes a reasumir la competencia delegada para resolver de manera eficaz los problemas surgidos. La Delegada para la Moralidad Pública tiene por probado que el disciplinado LUIS CARLOS SANDOVAL dejó en manos del Secretario de Gobierno, doctor ATYLANO CUESTA CONTO, la responsabilidad del manejo de estos asuntos, omitiendo sus funciones de dirigir y coordinar la acción administrativa del municipio, función que conllevaba el deber de informarse sobre la actuación de

sus delegados y tomar las medidas pertinentes para impedir o corregir lo que estaba sucediendo. Cita apartes de la Sentencia C-372 del 2002 proferida por la Corte Constitucional para especificar la responsabilidad del delegante y el delegado. En el mismo sentido, hizo referencia a una sentencia del Consejo de Estado del 18 de octubre de 2007, radicada bajo el No. 1127-20041, donde se analiza el artículo 209 de la Constitución Política sobre la función administrativa, destacando que la misma se desarrolla mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, pero se advierte que la figura de la delegación “no se puede utilizar para despojarse de las funciones cuya titularidad se confiere en cabeza de los representantes legales”. Posteriormente, transcribe el artículo 211 de la Constitución Política relativo a la responsabilidad del delegante y agrega que la Ley 489 de 1998 prescribe que el delegante deberá informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que haya otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de la delegación. Además, que la autoridad delegante puede en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario. Afirma el A-quo que en el campo contractual, el artículo 12 de la ley 80 de 1993 faculta a los representantes legales de las entidades estatales para delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos en servidores públicos de los niveles directivos, ejecutivos o equivalentes, pero el delegante tiene a cargo los deberes de control y vigilancia. La Delegada para la Moralidad Pública, con relación al caso concreto, sostuvo que

el alcalde LUIS CARLOS SANDOVAL delegó funciones en los directivos de la entidad lo que implicaba que el delegatario asumiera la responsabilidad por la ejecución de la función, pero el delegante conservaba el deber de vigilancia y control, sin desprenderse de la titularidad de la función atribuida al alcalde contenida en la Constitución Política consistente en dirigir y coordinar la acción administrativa del municipio, así como también, la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección adelantados por la entidad, funciones que le corresponden al delegante en observancia del principio de responsabilidad. Que el alcalde no hizo uso de la prerrogativa de reasumir la competencia delegada para suscribir cualquier contrato, o para revisar los actos expedidos por el delegatario, conforme lo dispone el artículo 12 de la ley 489 de 1998, y el literal 9 Radicado No. 161-5394 c) del artículo séptimo del decreto No. 040 del 23 de marzo de 2004, por el cual se delegaron funciones en materia contractual, “abandonando en sus subalternos la función, configurándose de esta manera la comisión por omisión, responsabilidad derivada del deber de vigilancia de una función”. Se refiere a la posición de garante que tiene el superior de la administración, respecto de las funciones delegadas, específicamente, sobre la ‘comisión por omisión’ en el ejercicio de la función administrativa con énfasis en la contratación estatal, de donde surge el deber jurídico de impedir un resultado contrario a derecho, y que su omisión equivale a producirlo. La primera instancia tiene por probado que en el caso bajo examen se configuró la falta porque si bien el disciplinado SANDOVAL PASSOS alegó no haber

recibido un inventario de bienes por parte de la administración anterior, ni informes donde se pusiera de manifiesto la situación del aeropuerto ‘César Gaviria Trujillo’ ni de la existencia de los contratos de arrendamiento de los locales en cuestión, el alcalde conoció de esa problemática; “se pudo constatar que no obstante el estado de abandono en que se encontraba el terminal aéreo, la ocupación de los locales por otras personas, y la presencia de la Fuerza Pública ante las amenazas de la guerrilla de las FARC, el doctor SANDOVAL PASSOS dejó en manos del Secretario de Gobierno Municipal doctor ATYLANO CUESTA CONTO, la solución de los problemas referidos”. Dice la primera instancia que ante ese panorama el alcalde SANDOVAL PASSOS debió informarse de la situación, tomar las medidas pertinentes o impartir instrucciones tendientes a resolverlos, “ya que en su condición de delegante y cabeza administrativa del municipio, contaba con la facultad de reasumir la función, y pese a ello una vez detectados los problemas se desentendió de la situación, toda vez que no se evidencian actividades de su parte para enterarse mejor, o fijar las directrices para resolver lo ocurrido”. Considera que la conducta omisiva del alcalde de Inírida, SANDOVAL PASSOS, conllevó al incumplimiento de su deber de vigilar y controlar la correcta ejecución de los contratos de arrendamiento de los locales ubicados en el aeropuerto, de proteger los derechos de la entidad y de los terceros que pudieran verse afectados, de mantenerse informado permanentemente, de dirigir y coordinar la actividad administrativa del municipio, durante la ejecución de los

contratos de arrendamiento referidos; de donde infirió una actitud negligente del disciplinado al no intervenir activamente para evitar el detrimento al patrimonio del municipio, toda vez que “los locales estaban ocupados por personas que no pagaban sus cánones, independientemente de la situación de deterioro y deficiencias en los servicios públicos en que los mismos se encontraban”. Acepta los argumentos del disciplinado SANDOVAL PASSOS relacionados con la falta de entrega formal por parte de la administración municipal precedente, y la situación de abandono y ocupación del terminal aéreo ‘César Gaviria Trujillo’ por parte de la Fuerza Pública, por problemas de orden público y amenazas de los grupos insurgentes, pero estima que “tales circunstancias no lo excusan de su responsabilidad de informarse y estar al tanto de la situación, de la cual, según el mismo disciplinado tuvo conocimiento y ordenó a su Secretario de Gobierno doctor ATYLANO CUESTA CONTO, adelantar el proceso legal para la restitución del local donde funcionaba la cafetería, inmueble que estaba arrendado al señor 10 Radicado No. 161-5394 NORBERTO FIGUEROA quien a su vez lo había subarrendado, sin que se evidencie actuación alguna de su parte para reso