PGN - NOMBRAMIENTO DE EMPLEADO PUBLICO - Sin reunir los requisitos establecidos en la plan

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA

Y HACIENDA PÚBLICA RADICACION: 028-110626/04

DISCIPLINADO: Gladys Rojas de Ortiz

CARGO Contralor Departamental de Nariño

QUEJOSO: Lucio Rodríguez Chávez

FECHA DE LA QUEJA: Marzo 2 de 2004

FECHA DE LOS HECHOS: Enero 2004

ASUNTO: Fallo Primera Instancia.

Bogotá D.C., 28 de agosto de 2006 Procede este Despacho en virtud de la competencia otorgada por el Señor Procurador General de la Nación mediante auto del 22 de septiembre del 2004, dentro del programa de descongestión adelantado en la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, a definir en primera instancia, la situación disciplinaria de la señora GLADYS ROJAS DE ORTIZ, en su calidad de Contralora del Departamento de Nariño, al no observar en el trámite de la investigación, irregularidad que vicie de nulidad el proceso disciplinario. 1ANTECEDENTES Se inició la presente investigación disciplinaria con fundamento en la queja suscrita por el doctor LUCIO RODRIGUEZ CHAVES, Contralor General de Nariño, con escritos del 2 y 9 de marzo del 2004, instaurada ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, contra la doctora GLADYS ROJAS DE ORTIZ, por la incursión en posibles faltas disciplinarias, consistentes en suscripción de actos administrativos durante la vigencia fiscal de 2003, relacionadas con encargos y nombramientos de personal sin tener en cuenta los perfiles profesionales y

requisitos establecidos en la resolución 308 del 3 de julio del 2001. (Folios 52-56 del cuaderno 1) 2CARGOS A la implicada se les requirió en términos generales y dada la calidad descrita y la orbita funcional en la Contraloría Departamental de Nariño, según providencia de marzo 30 de 2006, por: (Folios 103-114) “…haber proferido los actos administrativos que se enuncian a continuación, desconociendo las disposiciones legales y constitucionales: Resolución DC – 158 del 1 de abril del 2003 mediante la cual encargó al señor FRANCISCO JAVIER BENAVIDES de las funciones de Jefe de Grupo de Talento Humano y Recursos Físicos. Resolución DC – 142 del 25 de marzo de 2003, mediante la cual fue encargada de las funciones de Profesional Universitario, nivel Profesional, Código 340, grado 01 la

Doctora ANA LUCIA SALCEDO

Y Resolución DC – 155 del 1 de abril del 2003, por medio de la cual, nombró en provisionalidad al señor JORGE HERNANDO BRAVO VILLARREAL, en el cargo de Profesional Universitario, nivel Profesional, Código 340, grado 01 Dichos servidores no cumplían los requisitos establecidos para desempeñar el cargo para el cual fueron encargados de las funciones los dos primeros y nombrado en provisionalidad el tercero de los nombrados”. Se citaron como normas transgredidas: - Constitución Política, artículos. 6º. y. 123. - Ley 734 del 2002, artículos 23 y 34 numerales 1y 35 numeral 18.

-Ley 443 de 1998, artículo 3, Parágrafo 2º. - Decreto 1569 de 1998, artículo 5, Literales b) y c). -Ordenanza 007 del 29 de junio de 2001, artículo 20, numeral 2. -Resolución 308 del 3 de julio del 2001, en lo pertinente a los requisitos para desempeñar los cargos mencionados y Título II numeral 5. Se puntualizó en la pieza inculpatoria que la conducta se califica como grave y a título de culpa al tenor de lo establecido en el artículo 42 de la ley 734 de 2002, teniendo en cuenta que con su conducta obro con negligencia en el desempeño de las funciones que el cargo le imponía, como era el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el manejo del personal. 3DESCARGOS PRUEBAS DE DESCARGOS Y ALEGATO DE CONCLUSIONES: 3.1. Como consta en diligencias, la implicada rindió oportunamente las explicaciones solicitadas así: (Folios 120-122 del cuaderno 2). Aduce que se deben tener en cuenta dos situaciones: a) La normatividad que se invocó en las resoluciones de encargatura fueran las previstas en el artículo 34 del Decreto Reglamentario 1950 de 1993 y por esta razón no puede afirmarse que se violaron normas de carrera administrativa. b) No hubo afectación del deber funcional, pues tanto las personas encargadas como aquella que fue nombrada eran idóneas para desempeñar las funciones de los cargos encomendados, aspecto aceptado en la providencia que se le formula pliego

de cargos, cuando se señala: “Ahora si bien, es cierto que el señor Benavides Villota tenía un tiempo cercano a los doce (12) años y medio de prestar servicios en el órgano de control y que contaba con gran alto (sic) de experiencia por los cargos desempeñados…” ; y lo mismo se dice respecto de Ana Lucia Salcedo y del doctor Bravo Villarreal concluyendo que “…si bien en cada uno de los casos la disciplinada tuvo fundamentos para proferir las citadas resoluciones, estas son valederas…”. Recuerda que no solo basta que una conducta sea típica y culpable para ser sancionada desde el punto de vista disciplinario, sino se requiere que sea antijurídica a la luz de lo previsto en el artículo 5 del Código Único que preceptúa: Ilicitud sustancial. “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”. Expone lo señalado por la Corte Constitucional cuando estudio la exequibilidad del precitado artículo en sentencia C-948 de 2002. Transcribe algunos apartes relacionados con el tema expuestos por el tratadista JORGE ENRIQUE AYALA CARDENAS, en su obra “La responsabilidad de los Servidores Públicos”, para afirmar que en este sentido y partiendo de que la Corte ha indicado que el incumplimiento del deber funcional es el que necesariamente determina la antijuridicidad de las conductas objeto de reproche por parte de la Ley disciplinaria, forzoso es concluir que lo que la ley ataca no es el simple desconocimiento formal, sino la infracción sustancial de dicho deber, el cual atenta contra el buen funcionamiento del Estado, situación que no se vislumbra en este

caso. 3.2. Mediante auto del 8 de junio de 2006 se resolvió sobre las pruebas solicitadas por la investigada ROJAS ORTIZ, negándose la práctica de las mismas, decisión que no fue apelada. Al encontrarse vencido el período probatorio se le corrió traslado para que presentara alegatos de conclusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, con oficio del 18 de junio del presente año, la acusada presenta sus alegatos así: (Folios 136-137 del C2) Afirma que “las conductas objeto de reproche del derecho disciplinario son aquellas que quebrantan sustancialmente los deberes que impone el ejercicio de la función pública, contrariando los fines esenciales del Estado Social y Democrático de derecho”. Reitera que su actuar no afectó el deber funcional y para que su conducta sea sancionable desde el punto de vista disciplinario además de ser típica y culpable se requiere que esta sea antijurídica, esto es, que de manera sustancial ataque por puesta en peligro o lesión el deber funcional cuestionado, hecho que no ocurrió, pues la personas eran idóneas para cumplir con las funciones de los cargos a ellas encomendadas. Menciona nuevamente el aparte de la Sentencia C-948 de 2002, para que con base en esto se le absuelva, partiendo del hecho que su conducta no es antijurídica, como según su dicho ésta delegada en el acusatorio lo observó cuando indicó: “Ahora, si bien en cada uno de los casos la disciplinada tuvo fundamentos para proferir las citadas resoluciones, estos son valederos…”.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 4.1. Conforme al artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a demostrar con certeza la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, es decir, se encuentre probada la realización material de la conducta, esta encuentre adecuación típica en las normas citadas como infringidas y el autor de la misma haya actuado con dolo o con culpa. 4.2. El reproche se dirige a la acusada ROJAS ORTIZ, por el hecho de proferir las resoluciones 142 del 25 de marzo, 158 y 155 del 1 de abril de 2003, mediante las cuales nombró en encargó a los señores FRANCISCO JAVIER BENAVIDES, como Jefe de Grupo de Talento Humano y Recursos Físicos, ANA LUCIA SALCEDO, como Profesional Universitario, nivel Profesional, Código 340, grado 01 y en provisionalidad a JORGE HERNANDO BRAVO VILLARREAL, en el cargo de Profesional Universitario, nivel Profesional, Código 340, grado 01, respectivamente, quienes no cumplían los requisitos establecidos para el desempeño de las funciones que les fueron asignadas. 4.3. Le fueron señaladas, entre otras, como norma quebrantadas los artículos 123 de Constitución Política, en cuanto a que los servidores públicos ejercen sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la Ley y el reglamento; 35 numeral 18 de la Ley 734 del 2002, en cuanto a la prohibición de nombrar o elegir, para el desempeño

de cargos públicos, persona que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios; resolución 308 del 3 de julio del 2001, mediante la cual se adoptó el manual específico de funciones y requisitos para los diferentes empleos de la Contraloría General de Nariño, en el cual se encuentra el cargo de Jefe de Talento Humano y Recursos Físicos y para acceder al mismo se requiere ser Psicólogo, Antropólogo Social, Sociólogo, Economista o Abogado y especialización en cualquier área complementaria y para desempeñar funciones como Profesional, código 340, grado 01 se requiere, Título Universitario en temas tales como: Contaduría, Economía, Administración pública, Financiero o de Empresas y licenciatura en Comercio Exterior y un (1) año de experiencia profesional y el Título II numeral 5, en cuanto a la obligación de dirigir la provisión de los empleos de la entidad conforme a la Constitución y la ley; Literales b) y c) del artículo quinto del decreto 1569 de 1998 en cuanto a los requisitos generales para el cargo de Asesor y Ejecutivo, que exige título universitario y título de especialización y experiencia profesional y para Profesional Título Universitario. Para el empleo de profesional especializado, además de lo anterior, título de especialización. Disposiciones que hacen posible el juicio de tipicidad respectivo. 4.4. De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, mediante Resolución No. DC 158 del 1 de abril del 2003, la doctora GLADYS ROJAS DE ORTIZ, Contralora General del Departamento de Nariño, teniendo en cuenta que se requería ocupar la vacante dejada por la titular ATHALA CECILIA OBANDO MORENO, Jefe de Grupo

Talento Humano y Recursos Físicos, Nivel Ejecutivo Código 223 Grado 01, quien fue declarada insubsistente del cargo con Resolución DC – 154 del mismo mes y año, encargó de las funciones que imponía el mismo, al señor FRANCISCO JAVIER BENAVIDES VILLLOTA, quien se desempeñaba como Técnico, del Nivel Técnico, Código 401 Grado 01 adscrito a la carrera administrativa. (Folios 48 - 49 C2). En la hoja de vida del señor FRANCISCO JAVIER BENAVIDES VILLOTA, consta que fue vinculado a la Contraloría Departamental de Nariño, desde el 31 de octubre de 1990, mediante resolución No. 225 para ejercer el cargo de Mecanógrafo I de la Oficina Jurídica, y durante su permanencia desempeñó cargos, como Mecanógrafo I Auditoria de Tesorería, Revisor VI de la Contraloría Auxiliar, Archivo de la Contraloría, Auditoria del IDATT, Técnico de la sección de Contabilidad, Técnico en la sección de Control de Gestión y Resultados, Auditoria Financiera y de Legalidad en el Instituto Departamental para el Deporte, la Recreación, Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física, Técnico a la Sección de Contabilidad, adscrita a la División Financiera, Técnico del Nivel TécnicoCódigo 401Grado 09, Conformó la comisión de personal de la contraloría en representación de los funcionarios, Técnico en la sección de Personal, Servicios Generales, Capacitación y Bienestar Social, Subdirección Administrativa y Apoyo Grupo

Financiero y Funciones de Jefe de Grupo Talento Humano y recursos Físicos, nivel ejecutivo código 223, grado 01. Respecto de estudios de nivel superior cursados por el señor BENAVIDES VILLOTA, se observan 7 semestres de Contaduría Pública y 3 de Ciencias Religiosas. (Folio 349 C). En versión libre la disciplinada ROJAS DE ORTIZ, manifestó en cuanto al citado nombramiento que (…) se debe tener en cuenta dos aspectos A) la persona a quien se encarga es un funcionario proveniente de carrera administrativa B). Las funciones que se encargan corresponden a un cargo de libre nombramiento y remoción. (…) Tanto la doctora Ana lucia Salcedo como el señor Francisco Javier Benavides se los encargó de las funciones del cargo, más no se dio la figura de comisión ni nombramiento que esto es lo que diferencia mi actuación. 4.5. Igualmente, con Resolución DC 142 del 25 de marzo del 2003, nombró en encargo por encontrarse la vacante a la doctora ANA LUCIA SALCEDO, funcionaria de la contraloría adscrita a la carrera Administrativa, Técnico Nivel Técnico, Código 401, Grado 01, de las funciones de Profesional Universitario, Nivel profesional, Código 340, grado 01. (Folios 51 – 52 C2). En la hoja de vida de ANA LUCIA SALCEDO, consta que fue vinculada al órgano de control desde el 14 de julio de 1992 en el cargo Revisor VI Auditoria Ante el Instituto Financiero de Nariño INFINAR, y durante su permanencia desempeñó los cargos de: 1 Revisor VI Auditoria ante INFINAR, Medio tiempo Contraloría Auxiliar, Técnico

Nivel Técnico Código 401 Grado 01, T. de la Sección Financiera y revisión de cuentas, T. de la Sección de Tesorería y pagaduría, T. de la División de Control Fiscal Técnico Integral, T. laborar en la realización del informe ambiental, Técnico integrar la auditoria a la Gestión Ambiental, del departamento y municipios y Funciones de profesional Universitario 01. Frente a los estudios de nivel superior cursados, por la funcionaria Salcedo obra copia de tres Diplomas de la Universidad de Nariño, otorgándole títulos como Tecnóloga en Acuacultura y Ingeniera en Producción Acuícola, así como de Especialista en Ecología con énfasis en Gestión Ambiental. (Folios 87, 97, 184 y 256 C2). En versión libre rendida por la disciplinada respecto del nombramiento efectuado mediante Resolución 142 de marzo 25 de 2003 señaló (…) No era posible aplicar las disposiciones consagradas en el artículo 8 de la ley 443 de 1998 debido a que el encargo no se hacía por vacancia definitiva del cargo de profesional universitario, circunstancia señalada en la norma en mención, por consiguiente no considero que la resolución se haya proferido sin el lleno de los requisitos legales. (…) tiene un postgrado en Gestión Ambiental, ha sido funcionaria de la Entidad por más de diez años y tiene amplios conocimientos de la Gestión Fiscal ambiental. (…) esta encargatura por más justa, se le asignaron funciones propias del cargo y específicamente el de adelantar el informe anual de Recursos Naturales del Medio

Ambiente del Departamento de Nariño durante la vigencia del 2002 (…). 4.6. Y finalmente nombró en provisionalidad del cargo de Profesional Universitario Código 340, Grado 01 de la Contraloría al señor JORGE HERNANDO BRAVO VILLARREAL, según Resolución DC 155 del 1 de abril del 2003. (Folio 50 C2). En la hoja de vida de JORGE HERNANDO BRAVO VILLARREAL, consta que fue nombrado en forma provisional en el cargo de Profesional Universitario Código 340 Grado 01, mediante la Resolución DC 155 del 1 de abril del 2003; entre los documentos que obran en el expediente, reposa copia del diploma otorgado por la Universidad San Buenaventura como Arquitecto. Los cargos o labores desempeñadas a partir de la fecha de su posesión fueron: Evaluar la gestión fiscal adelantada por la administración del municipio de IMUES, en la adquisición de dos buses destinados al transporte escolar, determinando el grado de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, principios que rigen la contratación estatal; Auditoria al Instituto Departamental de Tránsito y Transporte, para evaluar la gestión fiscal de la administración, determinando el grado de economía y eficiencia, en la utilización de los recursos y el nivel de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2002. Auditoria en el municipio de Tangua. Auditoria especial a la contratación efectuada en la construcción de la cancha de fútbol del barrio El Tejar

evaluando aspectos de Legalidad y Contratación y Auditoria al Hospital Lorencita Villegas de Santos, Municipio de Samaniego, con el fin de evaluar la gestión fiscal adelantada por la administración en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre del 2003; evaluando aspectos tales como Contratación y Presupuesto. En versión libre rendida por la disciplinada respecto de la Resolución DC 155 de abril 1 de 2003, manifestó: (…). Si bien es cierto que en dicha Resolución no se establece un perfil de profesional en arquitectura para el cargo de Profesional Universitario grado 01, también lo es que presenta su experiencia en elaboración y ejecución de proyectos civiles y arquitectónicos, administración, gestión de interventoría dirección y residencia de obra, tiene la capacidad profesional para desempeñar las funciones a él asignadas dentro de la dependencia del grupo de auditorias, realizando durante todo el periodo de permanencia en la entidad el auditaje de obra de construcciones. (…). Es evidente que la investigada ROJAS DE ORTIZ, en el ejercicio de sus funciones profirió las resoluciones DC 142 de marzo 25 de 2003, DC 158 y DC 155 del 1 de abril del mismo año, mediante las cuales nombro en encargo a los señores FRANCISCO JAVIER BENAVIDES VILLOTA, en calidad de Jefe de Grupo Talento Humano y Recursos Físicos, Nivel Ejecutivo Código 223 Grado 01 y a ANA LUCIA SALCEDO, como Profesional Universitario, Nivel profesional, Código 340, grado 01, al igual que en provisionalidad a JORGE HERNANDO BRAVO VILLARREAL, en el

cargo de Profesional Universitario Código 340 Grado 01, respectivamente. En cuanto al nombramiento del señor FRANCISCO JAVIER BENAVIDES VILLOTA, se tiene que, el cargo para el que fue designado, esto es, Jefe de Grupo Talento Humano y Recursos Físicos, Nivel Ejecutivo Código 223 Grado 01, le exigía tener título profesional ya fuera como Psicólogo, Antropólogo Social, Sociólogo, Economista o Abogado y una especialización en cualquier área complementaria, de acuerdo con lo establecido en la resolución 308 del 3 de julio de 2001, mediante la cual se adopto el manual específico de funciones y requisitos para los diferentes empleos de la Contraloría General de Nariño, no obstante solo curso 7 semestres de Contaduría Pública y 3 de Ciencias Religiosas. Frente al nombramiento de la señora ANA LUCIA SALCEDO, como Profesional Universitario, Código 340, grado 01, debía tener título universitario en Contaduría Pública, o economía, o Administrador Público, o Financiero o de Empresas, o Comercio exterior, o Licenciatura en Contaduría y Comercio y un año (1) de experiencia profesional, según lo señalado en la 308 del 3 de julio de 2001, sin embargo, la susodicha contaba con perfiles diferentes a los requeridos, como lo eran 2 títulos profesionales como Tecnóloga en Acuacultura y Ingeniera en Producción Acuacultura, así como una Especialización en Ecologíacon énfasis en Gestión Ambiental. Similar situación se presentó con el nombramiento en provisionalidad del señor

JORGE HERNANDO BRAVO VILLAREAL, como Profesional Universitario, Nivel profesional, Código 340, grado 01, quien tampoco cumplió los requisitos, que le imponía el cargo, como quiera que, su profesión era la Arquitectura, materia o área no contemplada dentro de los perfiles del mismo. Ahora bien, respecto de las equivalencias, entre estudios y experiencia para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor, Ejecutivo y Profesional, el artículo 2 del aludido manual de funciones exige:

1. Título de formación avanzada o de postgrado y su correspondiente formación académica por: Tres (3) años de experiencia profesional específica o relacionada y viceversa, siempre que se acredite el título universitario; o Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha información adicional sea afín con las funciones del cargo; o Terminación y aprobación de estudios universitarios adicional al título universitario exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional específica o relacionada.

2. Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo por tres (3) años de experiencia profesional específica o relacionada”.

En el caso del señor FRANCISCO JAVIER BENAVIDES, quien llevaba laborando para la época de los hechos en el ente de control por espacio aproximado de 13 años, teniendo en cuenta que se vinculo el 31 de octubre de 1990, y que durante este tiempo desempeñó funciones en diferentes cargos, incluso a nivel directivo,

circunstancias que se tendrán en cuenta en el momento de la definir la situación disciplinaria de la investigada, no suplen los requisitos enunciados en el párrafo anterior, en virtud a que la experiencia sería válida siempre y cuando se tuviera un título profesional. La señora ANA LUCIA SALCEDO, contaba con un período de permanencia en la Contraloría de más de10 años, pues ingreso a la misma el 14 de julio de 1992, con título profesional y especialización; además que como al efecto se demostró, durante el tiempo laborado desempeñó diferentes cargos con los cuales obviamente adquirió experiencia, aspectos que no se enmarcan en los perfiles creados en el manual de funciones para poder desempeñar el cargo de Profesional Universitario, Código 340, grado 01 para el cual fue nombrada, por la acusada ROJAS DE ORTIZ, pues como indica la norma en cuanto a las equivalencias, tres años de experiencia profesional se equiparan o reemplazan al título universitario adicional exigido para el cargo y como se dijo el cargo de profesional universitario solo requería de un título profesional en determinadas áreas y no requería título adicional que es el que se convalida por la experiencia. El señor JORGE HERNANDO BRAVO VILLAREAL, nombrado en provisionalidad tampoco cumplió los requisitos, por cuanto es profesional de la Arquitectura, materia o área no contemplada dentro de los perfiles requeridos para el desempeño del cargo. Luego entonces, quedó plenamente demostrado que la investiga GLADYS ROJAS DE ORTIZ, en su calidad de Contralora General del Departamento de Nariño, al

proferir las Resoluciones tantas veces mencionadas, desconoció los preceptos legales, señalados en el auto de cargos, entre otros, los reglados por la misma Contraloría referentes a los requisitos establecidos para la planta de personal de la Contraloría, resolución No. 308 del 3 de julio de 2001, mediante la cual se adoptó el manual específico de funciones y requisitos para los diferentes empleos de la Contraloría General de Nariño, en cuanto a los requisitos para ejercer los cargos de Jefe de Talento Humano y Recursos Físicos” y Profesional, código 340, grado 01,numeral 18 del artículo 35 de la Ley 734 del 2002 y los Literales b) y c) del artículo quinto del decreto 1569 de 1998. 4.7. La acusada aduce en su defensa que el personal nombrado era idóneo para desempeñar las funciones de los cargos encomendados y que así se acepta en la providencia donde se le formula el reproche, evento que se tendrá en cuenta como una circunstancia de atenuación mas no como eximente de responsabilidad, pues como bien se afirmó allí “…esta situación no fue suficiente para el cumplimiento de los requisitos…” y es precisamente por ello que se le hace el cuestionamiento. Recuerda que no solo basta que una conducta sea típica y culpable para ser sancionada desde el punto de vista disciplinario, sino que se requiere que esta sea antijurídica entendida a la luz de lo previsto en el artículo 5 del Código Único que preceptúa: Ilicitud sustancial. “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”.

Sobre este tema la Corte Constitucional en sentencia C-948 de 2002 cuando estudia la exequibilidad del artículo, señaló que no basta la infracción a un deber, si no que se requiere que ello lo sea en términos sustanciales, esto es, que de manera sustancial ataque por puesta en peligro o lesión del deber funcional cuestionado. Transcribe algunos apartes relacionados con el tema expuestos por el tratadista JORGE ENRIQUE AYALA CARDENAS, en su obra “La responsabilidad de los servidores públicos”, para afirmar que en este sentido y partiendo de que la Corte ha indicado que el incumplimiento del deber funcional es el que necesariamente determina la antijuridicidad de las conductas objeto de reproche por parte de la Ley disciplinaria, forzoso es concluir que lo que la ley ataca no es el simple desconocimiento formal, sino la infracción sustancial de dicho deber, el cual atenta contra el buen funcionamiento del Estado, situación que no se vislumbra en el caso que nos ocupa, pues reitera, el personal nombrado y encargado era idóneo para el cumplimiento de las funciones, y, en ningún momento, se atentó contra el buen funcionamiento de la Contraloría General de Nariño. Sobre el particular trae este Despacho lo expuesto en el expediente No. 001-45647 referido en el Tomo 1 Gaceta Disciplinaria 2001-2004 frente al tema así: “Para los efectos del derecho disciplinario, el agotamiento del ilícito coincide con el desvalor del acto materializado en la traición del deber funcional, así su consumación – obtención de la ventaja indebida – desvalor de resultado – no llegue a darse” y en el

caso que nos ocupa la falta se agoto con la infracción del deber funcional. Por lo tanto, el deber funcional no atañe a la materialización o perjuicio causado si no a la lesión de la normatividad citada como quebrantada. De acuerdo con lo anterior, no son de recibo las justificaciones expuestas por la implicada en su defensa y en consecuencia, hay lugar a deducir responsabilidad disciplinaria. De acuerdo con las normas disciplinarias aplicables a la investigada, (artículo 48-3 de la ley 734 de 2002) en cuanto a la responsabilidad la falta se calificó en el pliego de cargos como grave y a título de culpa, calificación que se mantiene, en virtud a la trascendencia social, el incumplimiento del deber funcional que teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas como Contralora Departamental de Nariño, se exigen con mayor rigor. Así las cosas, la señora ROJAS DE ORTIZ, Contralora General del Departamento de Nariño, para la época de los hechos, con su comportamiento quebranto las normas que le fueron señaladas, como quiera que, le estaba prohibido nombrar para el desempeño de cargos públicos, personas que no reunieran los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, como los contenidos en la resolución 308 del 3 de julio del 2001, para los cargos de Jefe de Talento Humano y Recursos Físicos” y Profesional, código 340, grado 01, como al efecto lo hizo al nombrar a los

señores FRANCISCO JAVIER BENAVIDES VILLOTA, ANA LUCIA SALCEDO y

JORGE HERNANDO BRAVO VILLARREAL.

La administración pública por esencia es formal, exigente y legal; por lo tanto, dicha actitud es irregular en el ejercicio de sus funciones y por sus atribuciones, se le glosa y se le deduce responsabilidad disciplinaria. Es inadmisible para este Despacho que la acusada como Contralora Departamental de Nariño, efectuara los nombramientos aludidos con personal que no cumplía los requisitos fijados en el Manual de Funciones, hecho que la misma investigada en su declaración y escrito de descargos no niega haber realizado. La señora ROJAS DE ORTIZ, por disposición legal, estaba en la obligación de dirigir la provisión de los empleos de la entidad conforme a la constitución, la ley y los reglamentos y no proceder a efectuar los nombramientos sin el lleno de los respectivos requisitos. Por lo tanto, es forzoso concluir que hay lugar a deducir responsabilidad disciplinaria a la acusada por el hecho reprochado. Además debe reiterarse que los servidores públicos son responsables ante la Ley, no sólo por quebrantarla, sino por la lesión del deber funcional de desempeñar con solicitud las funciones de su cargo, para lograr la eficacia de las funciones asignadas. En estas condiciones, esta Delegada considera que el reproche disciplinario formulado a la implicada se estructuró y se mantiene incólume, pues no existe causal alguna que justifique su conducta.

5. FUNDAMENTACION DE LA CALIFICACION DE LA FALTA, ANALISIS DE CULPABILIDAD Y DOSIFICACION DE LA SANCIÓN: La conducta objeto de reproche se califica definitivamente como grave a título de culpa en el entendido de la voluntad y el conocimiento de los hechos y porque como

se analizó en acápite anterior, la Contralora como servidora pública tiene la obligación de cumplir sus funciones con apego estricto a la Constitución, las Leyes y reglamentos, y en tal virtud debió nombrar personas que tuvieran el perfil profesional y los requisitos establecidos en la resolución 308 del 3 de julio de 2001, es decir, cumplir sus deberes funcionales en debida forma. Sin embargo a favor de la implicada debe anotarse que el personal nombrado llevaba varios años de servicio al ente de control, contaba con experiencia, no está demostrado que actúo por causas innobles o fútiles o en complicidad, ni fue preparada previamente y obro de buena fe, circunstancias que se tendrán en cuenta al momento de dosificarse la sanción en la medida que atenúan su responsabilidad disciplinaria. En este orden, la irregularidad puntualizada se mantiene vigente y teniendo en cuenta los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, contenidos en el artículo 27 numerales 1, 2 y 6 ibidem, considera esta Delegada que la sanción aplicable