PGN - NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD - Debe solicitarse previamente el cdp correspondient

Dependencia: DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA HACIENDA

PÚBLICA Radicación 028-119708-2005

Disciplinado LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO.

Cargo Entidad Alcalde Municipal de Puerto Carreño Quejoso María Gladis V. de Salazar Fecha Queja: Febrero 19 de 2004

Fecha hechos: Vigencia 2003

Asunto: Fallo de primera Instancia

Bogotá D.C., 3 de agosto de 2006 Procede este Despacho en virtud de la competencia otorgada en el numeral 1o literal c) y parágrafo del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, y el artículo 19 de la resolución 017 del mismo año, proferida por el Procurador General de la Nación, a definir en primera instancia, la situación disciplinaria del señor LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO, en sus condiciones de Alcalde Municipal de Puerto Carreño – Vichada -, al no observar en el trámite de la investigación, irregularidad que vicie de nulidad el proceso disciplinario. 1ANTECEDENTES Se inició la presente investigación disciplinaria con fundamento en la queja suscrita por la señor María Gladis V. de Salazar, Secretaria de Hacienda del Municipio de Puerto Carreño (E) de fecha febrero 19 de 2004, quien le atribuye al investigado REQUINIVA CASTILLO, el incumplimiento de normas presupuestales al haber nombrado al señor WILFREDO GAITAN CARIBAN, sin que existiera disponibilidad presupuestal y menos reserva de caja para atender el compromiso. 2CARGOS Al implicado se les requirió en términos generales y dada la calidad descrita y la

orbita funcional en la Administración Municipal, según providencia de septiembre 30 de 2004, por: (Folios 157-162) 2 “Nombrar al señor WILFREDO GAITAN CARIBAN como supernumerario, sin la solicitud y expedición previa del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y sin que existiera, además, saldo disponible de apropiación en el rubro presupuestal Supernumerarios, durante la vigencia fiscal de 2003”. Se puntualizó en la pieza inculpatoria que la conducta se califica como grave y a título de culpa al tenor de lo establecido en el artículo 42 de la ley 734 de 2002, por la naturaleza esencial del servicio y jerarquía y mando del servidor público enjuiciado. Se citó como norma infringida el Acuerdo 088 del 28 de diciembre de 1995, artículo 81. 3DESCARGOS PRUEBAS DE DESCARGOS Y ALEGATO DE CONCLUSIONES: Como consta en diligencias, el implicado rindió oportunamente las explicaciones solicitadas así: Aduce que no es cierto que se hayan presentado irregularidades en dicho nombramiento por que no es lo mismo nombrar un empleado como supernumerario y celebrar un contrato de prestación de servicios, el cual requiere, entre otros documentos, la solicitud previa del acto administrativo correspondiente, esto es, la resolución de adjudicación, aceptación de la propuesta, el contrato como tal y el certificado de disponibilidad presupuestal, mientras que el procedimiento para nombrar un “supernumerario” es igual al que, para nombrar un empleado de libre nombramiento y remoción, si la persona reúne los requisitos para desempeñar el cargo se nombra mediante Decreto y se posesiona suscribiendo el acta respectiva,

posteriormente con la copia de estos documentos el Secretario de Hacienda incorpora su nombre en la nómina. La disponibilidad para el pago de los salarios se pide después del 20 de cada mes y en forma global para toda la nómina de empleados. 2 3 Si hubiera obtenido la disponibilidad presupuestal a principios del mes de diciembre de 2003 cuando realizó el nombramiento del señor GAITAN GARIBAN , podría haber incurrido en un error, pues se hubiesen expedido 2 disponibilidades por el mismo concepto, como quiera que, el Secretario de Hacienda, para pagar los salarios solicitaría la disponibilidad presupuestal global del monto total de la nómina correspondiente al mes de diciembre de 2003, teniendo en cuenta que el nuevo funcionario señor Gaitan Cariban ya debía estar incluido en la misma en reemplazo del Inspector de Casuarito, titular del cargo. Por lo tanto, el pago del salario de dicho funcionario era con cargo al rubro que se imputaba la nómina de sueldos en donde existía saldo disponible y no al de “supernumerarios”. Alega que el error radicó en el hecho de no incluir el nombre del señor WILFREDO GAITAN CARIBAN en la nómina y esa no era su función; falencia que tampoco fue subsanada por la nueva administración en la siguiente vigencia, responsabilizado de este hecho a quien tenía el manejo de la nómina.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: Conforme al artículo 118 de la Ley 200 de 1995 vigente para la época en que ocurrieron los hechos, hoy artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir

fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a demostrar con certeza la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, es decir, se encuentre probada la realización material de la conducta, esta encuentre adecuación típica en las normas citadas como infringidas y el autor de la misma haya actuado con dolo o con culpa. Ahora bien, en el caso materia de estudio, la censura objeto de cargos esta circunscrita al hecho de haber nombrado en la vigencia fiscal de 2003 al señor WILFREDO GAITAN CARIBAN como “Supernumerario”, sin solicitar previamente la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, correspondiente y la inexistencia de saldo disponible de apropiación en el rubro respectivo. Le fue señalada como norma específica quebrantada, el artículo 81 del Acuerdo No. 088 del 20 de diciembre de 1995, por medio del cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Puerto Carreño y sus entidades Descentralizadas, 3 4 el cual preceptúa que “Los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes…”, Disposición que hace posible el juicio de tipicidad respectivo. (Folio 127). De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, mediante decreto 132 del 11 de diciembre de 2003 el acusado REQUINIVA CASTILLO, nombró a partir de la fecha al señor WILFREDO GAITAN CARIBAN, como “Supernumerario” para que

cubriera el tiempo de vacaciones del Inspector de Casualito, señor RAUL OROZCO CORNIELES. (Folio 2) Según acta No. 038 el mismo día 11 de diciembre de 2003, el señor WILFREDO GAITAN CARIBAN, tomo posesión como “SUPERNUMERARIO EN EL CARGO DE INSPECTOR DE POLICIA DE CASUARITO DURANTE LAS VACACIONES DEL TITULAR”. (Folio 3) En certificación expedida por el Secretario General, de Gobierno y de recursos Humanos del municipio de Puerto Carreño, el 30 de junio de 2005, se afirma que “revisados los documentos que tienen que ver con la contratación del señor WILFREDO GAITAN CARIBAN, en su condición de SUPERNUMERARIO, nombrado por decreto 132 del 11 de diciembre de 2003, no aparece constancia de habérsele cancelado dinero por concepto de sueldos y demás emolumentos. (Folio 90) Afirmación que es corroborada a través de certificación del 8 de agosto de 2005, suscrita por el Secretario General y de Gobierno, quien hizo constar que la administración municipal, adeuda al señor WILFREDO GAITAN CARIBAN, la suma de $299.564, “… por concepto de labores desempeñadas como SUPERNUMERARIO en la Inspección de Policía de Casualito, en calidad de Inspector, reemplazando por encontrarse en vacaciones el titular del mismo”. (Folio 139). 4 5 En declaración del 10 de diciembre del 2004, el investigado afirmó que la Secretaría General quien era la encargada de efectuar los nombramientos verificó

que el señor GAITAN CARIBAN cumpliera los requisitos exigidos para ejercer el cargo y posteriormente los paso a su Despacho para la firma. En cuanto a la disponibilidad presupuestal que es otro requisito necesario también es del resorte de ésta, aunque a 31 de diciembre de 2003 existía presupuesto. (Folio 12). En el Manual de Funciones se describe como funciones específicas de la Secretaría General, entre otras, las de elaborar actos y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos de contratación relacionados con las competencias del municipio y demás documentos que deban someterse a la firma o aprobación del alcalde. (Folio 93) De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario de Hacienda del Municipio de Puerto Carreño obrante a folio 47 en el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal de 2003 en el rubro SUPERNUMERARIO, no se apropió partida alguna para esta clase de gastos. Es evidente que el investigado REQUINIVA CASTILLO nombró mediante decreto 132 del 11 de diciembre de 2003 al señor WILFREDO GAITAN CARIBAN, como “Supernumerario” para que cubriera el tiempo de vacaciones del Inspector de Casualito, señor RAUL OROZCO CORNIELES, quien tomo posesión del cargo en la misma fecha, omitiendo solicitar previamente la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, correspondiente. La anterior situación trajo como consecuencia que la administración municipal de Puerto Carreño, al 8 de junio de 2005, no hubiera cancelado al señor GAITAN CARIBAN, la suma de $299.564, por sus servicios prestados, en perjuicio de este.

El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento expedido por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso. El certificado de disponibilidad previo tiene como finalidad garantizar que la administración cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 5 6 compromisos y evitar incurrir en obligaciones que no pueda cumplir. Requisito que debe solicitarse previamente a la celebración de un compromiso. En este procedimiento, quien está en la obligación de solicitar el C.D.P. es el Ordenador del Gasto. El Jefe de Presupuesto, o quien haga sus veces, solo expide el C.D.P. si le es solicitado por quien lo requirió, por cuanto este funcionario desconoce parcialmente las intenciones que se tiene de comprometer el presupuesto. El hecho irregular de no haber solicitado el certificado de disponibilidad previo al nombramiento del funcionario, ocurrió realmente. Como quedó expuesto el certificado de disponibilidad previo tiene como finalidad garantizar que la administración cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus compromisos y evitar incurrir en obligaciones que no pueda cumplir, como ocurrió en el caso de estudio. El implicado aduce en su defensa que la solicitud de la disponibilidad presupuestal para el pago de salarios la hacía el Secretario de Hacienda, en forma global después del 20 de cada mes, y que de haberlo hecho incurriría en un error. Argumento que no es aceptado por este despacho, en virtud a lo establecido en la norma que precisamente le fue señalada como quebrantada en el pliego de cargos al investigado y que le exigía solicitar previamente la disponibilidad que amparara el

compromiso que iba a adquirir, incumplimiento éste que genero el no pago del mismo y que originó el objeto de la presente investigación. La administración pública por esencia es formal, exigente y legal; a los recursos oficiales no se les puede dar el tratamiento de patrimonio privado (informal, irreglado, inconsulto, etc.) pues precisamente, se trata de bienes comunes, de ahí la denominación "Hacienda Pública": y es por dicha actitud displicente y omisiva en virtud de sus atribuciones, que se le glosa y se le deduce responsabilidad disciplinaria. 6 7 Es inadmisible para este Despacho que el acusado como ordenador del Gasto, omitiera verificar la existencia de disponibilidad presupuestal en el rubro al cual se imputaría el gasto al momento de adquirir la obligación, la cual debió producirse al efectuar el nombramiento del señor Gaitan Cariban, en el cargo de Inspector de Policía de Casualito, hecho que el mismo investigado no niega haber realizado. Igualmente, el acusado explica el proceso a seguir cuando se designa un “supernumerario”, en la administración de Puerto Carreño, en el cual se tiene en cuenta que, si la persona reúne los requisitos para desempeñar el cargo se nombra mediante Decreto y se posesiona suscribiendo el acta respectiva; seguidamente él remite la copia de estos documentos al Secretario de Hacienda como al efecto lo hizo, para que incorpore su nombre en la nómina, quien en el presente caso se abstuvo de hacerlo. Además, aclara que pago del salario de dicho funcionario era con cargo al rubro que se imputaba la nómina de sueldos en donde existía saldo

disponible y no al de “supernumerarios”. Sobre el particular observa esta Delegada que el acto administrativo mediante el cual el investigado hizo el nombramiento del señor GAITAN CARIBAN (Decreto 132 de diciembre 11 de 2003), no fue lo suficientemente claro, como quiera que, el mismo debió indicar el rubro presupuestal que se afectaría con el compromiso y que propiamente no podía ser “servicios personales asociados a la nómina”, como pretende hacerlo ver el acusado, por que no se trataba de una desvinculación definitiva del funcionario titular del cargo, quien se encontraba en vacaciones, se estaba en presencia del ejercicio temporal de una función pública que debía cumplirse con personal transitorio y naturalmente tenía que afectar el rubro denominado como “supernumerarios”, el cual como quedó demostrado carecía de apropiación presupuestal. De acuerdo con lo anterior, no son de recibo las justificaciones expuestas por el implicado en su defensa y en consecuencia, hay lugar a deducir responsabilidad disciplinaria. Es claro que el investigado pretermitió solicitar previo al nombramiento del señor WILFREDO GAITAN CARIBAN, el certificado de disponibilidad presupuestal, sin 7 8 ceñirse a las exigencias legales y reglamentarias para hacerlo, lo cual trajo como consecuencia el no pago de los servios prestados. El señor REQUINIVA CASTILLO por disposición legal, estaba en la obligación de consultar si había o no saldo disponible previo a la adquisición del compromiso y no proceder a efectuar el nombramiento que implicaba un erogación presupuestal del

municipio. Se trató de una omisión en la ejecución presupuestal, razón por la cual procede reproche disciplinario, pues no solo se omitió solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal si no que además no existió apropiación presupuestal que amparara dicho compromiso, hecho que impidió la cancelación del servicio prestado a la Administración Municipal de Puerto Carreño, en perjuicio del particular. Esta omisión se considera grave a título de culpa en la medida en que no se solicitó que se expidiera el correspondiente certificado de Disponibilidad presupuestal respectivo para tramitar el pago de la obligación objeto de investigación, aunado al hecho de la inexistencia de apropiación presupuestal en el rubro al cual debió imputarse el gasto Por lo tanto, es forzoso concluir que hay lugar a deducir responsabilidad disciplinaria al acusado por el hecho reprochado. Además debe resaltarse que los servidores públicos son responsables ante la Ley, no sólo por quebrantarla, sino por omisión en el ejercicio de las funciones mismas y el deber funcional de desempeñar con solicitud las funciones de su cargo, para lograr la eficacia de las funciones asignadas. En estas condiciones, esta Delegada considera que el reproche disciplinario formulado al implicado se estructuró y se mantiene incólume, pues no existe causal alguna que justifique su conducta omisiva.

5. FUNDAMENTACION DE LA CALIFICACION DE LA FALTA, ANALISIS DE

CULPABILIDAD Y DOSIFICACION DE LA SANCIÓN:

8 9 La conducta omisiva objeto de reproche se califica definitivamente como grave a título de culpa en el entendido de la voluntad y el conocimiento de los hechos y

porque como se analizó en acápite anterior, el Alcalde como servidor público tiene la obligación de cumplir sus funciones con apego estricto a la Constitucionales y a las Leyes y en tal virtud debió solicitar la disponibilidad presupuestal para el pago objeto de investigación, es decir, cumplir sus deberes funcionales en debida forma. Sin embargo a favor del implicado debe anotarse que no está demostrado que actúo por causas innobles o fútiles o en complicidad, ni fue preparada previamente y obro de buena fe. En este orden, la omisión puntualizada se mantiene vigente y teniendo en cuenta los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, contenidos en el artículo 27 numerales 1, 2 y 6 ibidem, considera esta Delegada que la sanción aplicable es suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, de conformidad con el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pero dada la circunstancia que el disciplinado cesó en sus funciones, ésta se convertirá en un (1) mes de salario devengado para la época de los hechos de conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 46 ibídem, equivalentes a $1.866.000 M/cte. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PARA LA ECONOMIA Y LA HACIENDA PUBLICA, RESUELVE PRIMERO: DECLARAR disciplinariamente responsable al doctor LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía 499.935 de Puerto Carreño, del cargo atribuido en la presente investigación en su condición de Alcalde

Municipal de Puerto Carreño y en consecuencia se le impone como sanción suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, de conformidad con el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pero dada la circunstancia que el disciplinado cesó en sus funciones, ésta se convertirá en un (1) mes de salario devengado para la época de los hechos de conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 46 de la obra citada o sea la suma de UN MILLON 9 10 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.866.000) ,de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: La multa aquí fijada será cancelada a favor de la Oficina de Bienestar Social de la Alcaldía de Puerto Carreño, en los términos señalados en el artículo 173 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: En firme esta decisión por la Unidad Coordinadora adscrita a esta Delegada, remítase copia de la presente decisión al, para efectos de la ejecución de la sanción impuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, en firme esta decisión.

CUARTO: Por el Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de laNación, NOTIFICAR esta decisión a la parte procesal. Para el efecto se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 101 y siguientes de la 734 de 2002, advirtiéndole que contra la misma procede recurso de apelación ante la Sala

Disciplinaria.

QUINTO: Por la Unidad Coordinadora de la Delegada, líbrense las

comunicaciones de ley.

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ANDRES VARELA ALGARRA.

Procurador Delegado

AVA/AA24.

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