PGN - NORMAS - Caso en que se entiende su violación

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., Dos (2) de octubre de dos mil tres (2003) Radicación 161-01879 (162-082463/2003)

No. : Investigados: ELVIA MARIA VIVEROS DE

KLEIM Y NORMA POVEDA

JARAMILLO

Cargo y Vicepresidentas Administrativas Entidad del Instituto de Fomento Industrial –IFIQuejoso: Oficio (Informaciones Periodísticas) Fecha Años 1998 y 1999

Hechos: Fecha Queja: Informaciones periodísticas de marzo de 1999

Asunto: Resuelve apelación sentencia P.D. Ponente: Doctor LEÓN DANILO AHUMADA RODRIGUEZ En virtud de las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las disciplinadas NORMA POVEDA JARAMILLO y ELVIA MARIA VIVEROS DE KLEIN, la Sala Disciplinaria revisa la providencia calendada el 7 de abril de 2003, por medio de la cual la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública las declaró disciplinariamente responsables, en sus condiciones de Vicepresidentas Administrativas del INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL –IFI-, imponiéndoles sanción de MULTA equivalente a quince (15) días del sueldo devengado para la época de los hechos, equivalentes a la suma de tres millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos ($3668.000) y tres millones ciento noventa mil pesos ($3190.000=), respectivamente (fls. 114 a

129, 134 a 136, 141 a 153 y 167 del cuad. 4) ANTECEDENTES PROCESALES Los hechos objeto de investigación se relacionan con los contratos de prestación de servicios números 0105 del 26 de agosto de 1998 y 008 del 24 de febrero de 1999, celebrados en la ciudad de Bogotá D.C. entre el INSTITUTO Radicado Nº 161-01879 DE FOMENTO INDUSTRIAL –IFIy CARLOS ORDOSGOITIA OSORIO, con el objeto que éste último prestara los servicios profesionales de asesoría al –IFIen temas económicos a través del Ministerio de Desarrollo Económico, por un valor de veintisiete millones de pesos ($27000.000=) y una duración de seis (6) meses, el primero y cincuenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos ($59 400.000), con una duración de doce (12) meses, el segundo (fls. 12 a 14 y 37 a 38 cuad. 1) Las presentes diligencias tuvieron origen en las informaciones periodísticas de la Unidad de Periodismo Investigativo del anterior diario hoy semanario “El Espectador” titulada “SOCIO DE CHAMBACU NOMBRADO EN EL BANCO DEL ESTADO” pagina 4 A del 16 de marzo de 1999; Sección Nacional pagina 9 A del 17 de marzo de 1999 titulada “VEEDUARIAS DENUNCIAN A ARAUJO” y Sección Nacional página 11 A del 23 de marzo de 1999 titulada “IFI REFINANCIACIÓN DEUDA DE ARAUJO”. (fls. 2 a 3 cuad. 1) Con fundamento en las informaciones periodísticas del diario capitalino, el

Procurador General de la Nación de la época, mediante auto del 6 de abril de 1999, asignó el conocimiento a funcionarias Asesoras adscritas a su despacho, para que avocaran la practica de diligencias disciplinarias de conformidad con lo previsto en el literal f) artículo 2 de la Resolución 0140 de 1998, por las “posibles irregularidades presentadas en la refinanciación del INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL-Araujo, nombramientos Banco del EstadoAraujo nominador, deudor”. (fl. 1 cuad. 1). Las mencionadas funcionarias Asesoras ordenaron la respectiva indagación preliminar mediante proveído del 13 de abril de 1999, con el objeto de verificar la existencia y veracidad de los hechos denunciados en las informaciones periodísticas, así como identificar e individualizar a los presuntos responsables, acorde con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la ley 200 de 1995 (fl. 2 cuad. 1) Agotada la etapa de indagación preliminar y una vez efectuado el acopio de las pruebas ordenadas y decretadas legalmente dentro del plenario, las Asesoras del Despacho del Procurador General, ordenaron la apertura de investigación disciplinaria, mediante auto del 3 de agosto de 1999, en contra de los señores FERNANDO ARAUJO PERDOMO, identificado con la cédula de ciudadanía No 73.072.958 de Cartagena en su calidad de Ministro de Desarrollo Económico; ELVIA MARIA VIVEROS DE KLEIM, identificada con cédula de ciudadanía No 41.430.390 de Bogotá y NORMA POVEDA JARAMILLO, con cédula de

ciudadanía No 21.386.419, en condición de Vicepresidentas Administrativas del Instituto de Fomento Industrial –IFI-, quienes al parecer incurrieron en faltas disciplinarias calificadas provisionalmente como graves, al obtener y contraer indebidamente obligaciones crediticias con el Banco del Estado, el primero de 2 Radicado Nº 161-01879 ellos, y omitir el ejercicio de la interventoría en contratos de prestación de servicios profesionales, las dos restantes (fls. 65 a 84 cuad. 1). Al calificar el mérito de la investigación disciplinaria, las funcionarias asesoras hallaron mérito para formular cargos mediante auto de marzo 24 de 2000, a los

señores FERNANDO ARAUJO PERDOMO, ELVIA MARIA VIVEROS DE

KLEIM Y NORMA POVEDA JARAMILLO, en condición de Ministro de Desarrollo Económico y Vicepresidentas Administrativas del INSTITUO DE FOMENTO INDUSTRIAL –IFI-, respectivamente, quienes fueron notificados del auto inculpatorio (fls. 120 a 134 y 139,142 cuad. 1) El Procurador General de la Nación de la época, mediante proveído del 24 de octubre de 2000, declaró la nulidad del auto de cargos del 24 de marzo de 2000 proferido por las asesoras de su despacho, considerando que en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los Ministros del Despacho, la competencia del Procurador General para juzgarlos en única instancia solo puede ser delegada en el Viceprocurador General o en la Sala Disciplinaria, sin que en tal caso el proceso disciplinario pierda su naturaleza de única instancia,

acorde con lo dispuesto en el inciso 3 parágrafo único del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, por medio del cual se modifica la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el régimen de competencias y su funcionamiento. En este orden de ideas, el Jefe del Ministerio sostuvo que “...Tal modificación de competencias, de obligatoria e inmediata observancia como quiera que se trata de normas de orden público, hace constituir el auto de cargos del 24 de marzo de 2000 en violatorio del orden jurídico, debido a que fue expedido por funcionarios sin competencia legal”. (fls. 163 y 164 cuad. 1) Posteriormente, el actual Procurador General de la Nación, mediante auto del 9 de julio de 2001, rompió la unidad procesal por inexistencia de la conexidad material de conductas, sujeto activo o comunidad de medio probatorio entre los hechos por los cuales se investigaba al ex ministro FERNANDO ARAUJO PERDOMO y las Servidoras Públicas del –IFI-, razón por la cual ordenó abrir una nueva radicación para que se investigara las presuntas irregularidades en que hubieran incurrido las doctoras VIVEROS DE KLEIM Y POVEDA JARAMILLO, en el ejercicio de la interventoría de los contratos celebrados entre el –IFIy el señor CARLOS ORDOSGOITIA OSORIO, asignándole el conocimiento de las diligencias disciplinarias a las dos Asesoras que venían conociendo del asunto (fls. 165 y 166 cuad. 1)

CARGOS

3 Radicado Nº 161-01879

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del auto del 24 de marzo de 2000, mediante auto del 2 de mayo de 2002, se formuló nuevamente cargos a las doctoras ELVIA MARIA VIVEROS DE KLEIM y NORMA POVEDA JARAMILLO, en condición de Vicepresidentas Administrativas del INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL –IFI-, para la época de los hechos cuestionados, (fls. 194 a 202 del cuad. 2) los cuales consistieron en: ELVIA MARIA VIVEROS DE KLEIM CARGO ÚNICO: “Usted en su condición de Vicepresidenta Administrativa del IFI, no ejerció la interventoría en el contrato No 0105 de agosto 26 de 1998, celebrado entre el IFI y Carlos Ordosgoitia Osorio, interventoría determinada en la cláusula décimo-primera que reza: “la interventoría del mismo será ejercida por la Vicepresidencia Administrativa del IFI o por el funcionario del área que este delegue por escrito, quien coordinará o evaluará la ejecución del contrato”.” NORMA POVEDA JARAMILLO CARGO ÚNICO: “Usted en su condición de Vicepresidenta Administrativa del IFI, no ejerció la interventoría en el contrato No 008 de 24 de febrero de 1999, celebrado entre el IFI y Carlos Ordosgoitia Osorio, interventoría determinada en la cláusula novena del citado contrato que estipula: “la interventoría del presente contrato será ejercida por la Vicepresidencia Administrativa del IFI o por el funcionario que (sic) área que este delegue

por escrito, quien coordinará o evaluará la ejecución del contrato”.” Como normas infringidas con las conductas anteriormente descritas a las funcionarias investigadas, la funcionaria Asesora señaló los artículos 209 Constitucional; 26 numerales 1, 2 y 4 de la Ley 80 de 1993 y cláusulas decimoprimera del contrato 105 de 1998 y novena del contrato 008 de 1999, disposiciones cuyo desconocimiento las dejan incursas en incumplimiento de los deberes como Servidoras Públicas contenidas en los artículos 38 y 40 numerales 1 y 23 de la ley 200 de 1995, todo lo anterior como desarrollo del 4 Radicado Nº 161-01879 artículo 6 de la Constitución Política y en cumplimiento del artículo 51 de la ley 80 de 1993. Las conductas anteriormente descritas fueron calificadas provisionalmente en el auto inculpatorio como graves a título de culpa, teniendo en cuenta la jerarquía y mando que las Servidoras Públicas ostentaban en el –IFI-, la trascendencia social, el mal ejemplo dado y el perjuicio causado, acorde con lo dispuesto en el artículo 27 numerales 6 y 7 literal a) de la Ley 200 de 1995. DESCARGOS Notificadas en debida forma del auto inculpatorio, tal como aparece en diligencias que obran a folios 206 y 216 del cuaderno 2, la doctora NORMA POVEDA JARAMILLO, actuando en causa propia dentro de las presentes diligencias y la apoderada de la señora ELVIA MARIA VIVEROS DE KLEIM, presentaron sus memoriales exculpatorios dentro del término legal, los cuales

reposan a folios 207 a 215 y 219 a 231 del cuaderno 2. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El señor Procurador Delegado para la Moralidad Pública, mediante providencia del 7 de abril de 2003, declaró responsable disciplinariamente de los cargos formulados a las señoras ELVIA MARIA VIVEROS DE KLEIM Y NORMA POVEDA JARAMILLO, en condición de Vicepresidentas Administrativas del INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL –IFI-, a quienes impuso sanción consistente en Multa de quince (15) días de sueldo equivalentes a la suma de tres millones ciento noventa mil pesos ($3190.000) y tres millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos ($3668.000), respectivamente, con fundamento en las consideraciones expuestas a continuación (fls. 114 a 129 cuad. 4): El a quo efectúa un análisis del régimen jurídico aplicable a los actos y contratos del Instituto de Fomento Industrial –IFI-, como sociedad de economía mixta del orden nacional vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico, teniendo en cuenta el acto jurídico de su creación (Decreto 1157 de 1940), la Ley 489 de 1998, la Resolución No 1225 del 5 de julio de 1994, mediante la cual se expidió el manual de contratación del –IFI-, concluyendo que los contratos celebrados por el Instituto para el desarrollo de su actividad propia o de gestión financiera, se rigen por el derecho privado como es el caso de los contratos de empréstito a empresas; pero que los contratos celebrados para el normal funcionamiento del Instituto se deben sujetar a los requisitos y trámites

del Estatuto de Contratación de la Administración Pública, por lo que en el caso 5 Radicado Nº 161-01879 in examine y acorde con el objeto de los contratos de prestación de servicios celebrados con el señor CARLOS ORDOSGOITIA OSORIO, relativo al normal funcionamiento del Instituto, debía sujetarse a las reglas y principios que rigen la contratación de la Administración Pública contenidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que las reglamentan. Respecto a la situación jurídica de ELVIA MARÍA VIVEROS DE KLEIM, el fallador de instancia, luego de describir la conducta reprochada como falta en el auto de cargos y aludir a las pruebas soportes del mismo, colige que la investigada no ejerció la interventoría que le fue impuesta por el presidente del –IFIen la cláusula décima primera del contrato 0105 de 1998, conllevando a que el contratista incurriera en irregularidades en su desempeño, tales como asumir funciones como Secretario Privado del Ministerio de Desarrollo, firmando comunicaciones en dicha condición, beneficiándose de secretaria, conductor y vehículo oficial. El a quo no acogió los argumentos de la apoderada de la señora VIVEROS DE KLEIM para justificar la omisión en el cumplimiento de su deber, en cuanto no ejerció la interventoría impuesta en el contrato porque la Secretaria General del Ministerio de Desarrollo Económico doctora MARIA ISABEL CAMPO CUELLO, fue quien la asumió, al expedir mes a mes los cumplidos del objeto del contrato con arreglo a los cuales se pagaron los honorarios al contratista, pues de

acuerdo a lo ordenado por el presidente del IFI, la interventoría estaba a cargo del funcionario público que ejerciera la Vicepresidencia Administrativa de la entidad en forma directa o delegando su control en otro Servidor de su Despacho, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al contratista, así como coordinar y evaluar el servicio prestado labor que, según el a quo, debió ejercer la investigada entre el 26 de agosto de 1998 y el 7 de febrero de 1999 cuando se retiró del servicio en calidad de Vicepresidenta Administrativa del IFI. Por el contrario, el a-quo consideró que el incumplimiento de la obligación deferida a la investigada no se subsana con decir que otra persona hacía lo que a ella le era exigible, pues el fundamento del derecho disciplinario es reclamar el cumplimiento del deber, que precisamente fue lo que se desatendió; que si la Secretaria General del Ministerio de Desarrollo Económico vigiló el cumplimiento del objeto del contrato, ello no tiene porque favorecer a la investigada como quiera que la responsabilidad es personal, pues así como no pueden afectarla las actuaciones irregulares ejecutadas por el contratista, tampoco puede beneficiarse del control que ejerció la funcionaria del Ministerio de Desarrollo y menos aún, pretender que la actuación de aquella la releve de responsabilidad frente a su omisión. 6 Radicado Nº 161-01879 El funcionario de instancia tampoco acepta la justificación de la investigada en el sentido de haber cumplido con la interventoría al avalar las certificaciones expedidas por la Secretaria General del Ministerio, pues de la revisión de los documentos que conforman la carpeta de los antecedentes administrativos del

contrato, no se observó que ninguna de las certificaciones lleve el visto bueno de la interventora. Tampoco considera como eximente de responsabilidad disciplinaria el argumento de la señora VIVEROS DE KLEIM según el cual el contrato de prestación de servicios cuestionado se rige por el manual de contratación de la entidad y que la interventoría se ejecuta por la Vicepresidencia Administrativa que solicitó el servicio, pues el fallador de instancia advierte, en primer lugar, que el acuerdo de voluntades se rige por la Ley 80 de 1993 y, en segundo lugar, porque no existe duda respecto a que la interventoría del contrato debía ser ejercida por ella, puesto que así se señaló en forma clara y expresa dentro del mismo. Por lo anterior, el a quo consideró que la investigada es responsable de la falta disciplinaria imputada en el proceso, razón por la cual le impuso una sanción disciplinaria como responsable de haber omitido el cumplimiento del deber de salvaguardar los intereses del Estado. Con relación a la disciplinada NORMA POVEDA JARAMILLO, el Procurador Delegado describe la conducta endilgada como falta en el auto de cargos, así como la prueba sustento de la misma y señala que respecto a la naturaleza jurídica del IFI, el régimen al cual se encuentran sometidos los actos, contratos y el régimen disciplinario aplicable a la interventoría cuando es ejercida por un Servidor Público y remite a los primeros acápites analizados de las consideraciones del fallo. Considera que la investigada POVEDA JARAMILLO no impartió visto bueno a las certificaciones expedidas por la Secretaria General del Ministerio de

Desarrollo Económico y no las rubricó, y que no puede ser de recibo para justificar su conducta omisiva la afirmación según la cual el manual de contratación del IFI no contempla la obligación del interventor de rendir informes motivados de la gestión, siendo suficiente la imposición de la rubrica en los documentos preparados por la Vicepresidencia Administrativa que solicitó el contrato, argumento que no fue aceptado por el a quo aún en el evento que el contrato de prestación de servicios se rigiera por el derecho privado y no por la Ley 80 de 1993. Respecto al argumento según el cual como interventora no le correspondía cuestionar la disponibilidad que tuvo el contratista sobre bienes muebles 7 Radicado Nº 161-01879 propiedad del Ministerio, dice que de la lectura del cargo se infiere que esta conducta no se le cuestionó en el proceso ni por ella se le pidió explicaciones; que tampoco obliga a la Delegada a realizar consideraciones en torno a las irregularidades cometidas por el contratista, pues éste no es investigado dentro del proceso. Reitera que a la doctora NORMA POVEDA JARAMILLO se le investiga por haber omitido ejercer la interventoría del contrato de prestación de servicios y teniendo en cuenta que dentro del proceso no demostró haber cumplido con su deber para lo cual fue nombrada por el presidente del IFI, ni se informó la prueba de cargos, el delegado consideró que la conducta irregular y la responsabilidad en el hecho se mantienen vigentes, razón considerada como suficiente para imponer sanción disciplinaria como responsable de haber omitido el deber de salvaguardar los intereses del Estado, al no ejercer la

interventoría del contrato. En lo atinente al análisis de culpabilidad, el fallador de instancia mantuvo la calificación provisional de la falta imputada a las investigadas en el auto de cargos como grave y la imputación de responsabilidad a título de culpa, considerando que las irregularidades obedecieron a un ejercicio negligente en el control de las obligaciones del contratista que debían ejercer las dos (2) investigadas por estar desempeñando el cargo de Vicepresidentas Administrativas del IFI. Finalmente y en atención a los criterios de proporcionalidad, el cargo desempeñado (Vicepresidentas Administrativas), la falta de cuidado con que actuaron en el ejercicio de sus funciones, el mal ejemplo dado a la comunidad provocado por la ausencia de auditoria en un Contrato Estatal, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública impuso sanción de Multa equivalente a quince (15) días de sueldo devengados para la época de los hechos, equivalentes a tres millones ciento noventa mil pesos ($3190.000=) para ELVIA MARIA VIVEROS DE KLEIM y tres millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos ($3668.000=) para NORMA POVEDA JARAMILLO. RECURSOS DE APELACIÓN Notificados en debida forma del fallo de instancia, según consta en diligencias que obran a folios 133 y 140 del cuaderno 4, las señoras ELVIA MARIA VIVEROS DE KLEIM Y NORMA POVEDA JARAMILLO, investigadas en calidad de Vicepresidentas Administrativas del Instituto de Fomento Industrial – 8 Radicado Nº 161-01879 IFI-, interpusieron los respectivos recursos de apelación a través de sus

apoderados, quienes los sustentaron en los siguientes términos: ELVIA MARIA VIVEROS DE KLEIM (fls. 134 a 136 cuad. 4) Dice la apoderada de la señora VIVEROS DE KLEIM que dentro de la investigación disciplinaria no se tuvo en cuenta que la Vicepresidenta Administrativa del IFI, no podía certificar o dar visto bueno directo sobre la ejecución del contrato de prestación de servicios de asesoría global en cuanto a temas económicos a través del Ministerio de Desarrollo, puesto que la labor era desarrollada por el contratista en el referido Ministerio, siendo ésta una entidad distinta al IFI, y que solo por ser una asesoría en temas económicos a funcionarios del Ministerio y del IFI indicados por la presidencia de ésta última, sería ficticio pretender que la Vicepresidencia Administrativa ejerciera control de legalidad sobre las actividades realizadas por el contratista en cada periodo previsto para el efecto. Sostiene que fue la Secretaria General del Ministerio de Desarrollo Económico quien certificó la prestación de los servicios a satisfacción y que a manera de control administrativo la Vicepresidencia Administrativa del IFI viabilizaba los pagos del contrato. Aduce la inexistencia de detrimento patrimonial alguno para el Estado con las erogaciones efectuadas para compensar la labor ejercida por el contratista en vigencia del contrato, obrando como soporte de cada pago un informe de actividades del contrato recibido por la Secretaria General del Ministerio de Desarrollo, el cual era remitido al IFI en cada periodo. Asevera que sin tratarse propiamente de un contrato de interventoría que es propio del contrato de obra, para verificar la prestación de un servicio de

asesoría altamente calificada y de carácter intelectual, no es propio endilgarle a un funcionario administrativo que se halla en sede distinta de la de prestación del servicio, el incumplimiento del deber de la supervisión en la ejecución del contrato de un asesor externo, verificación de la que dice fue informado el supervisor período a período por el funcionario idóneo y receptor de las acciones que a título de asesoría prestaba el contratista y con ello avalaba el pago por parte del IFI. La defensa no acepta las acusaciones proferidas en el fallo de instancia en contra de su defendida en el sentido que hubiera permitido que el contratista “asumiera funciones como Secretario Privado del Ministerio de Desarrollo firmando comunicaciones oficiales en tal condición y se beneficiara de secretaria, conductor y vehículo oficial”, pues considera son razones sin 9 Radicado Nº 161-01879 asidero probatorio por cuanto nunca se demostró dentro del plenario que la orden o designación de los llamados beneficios y ponderaciones de cargo hubiesen provenido del IFI, concretamente de la Vicepresidencia Administrativa y llama la atención el sentido que si esto ocurrió fue con la voluntad de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo, según la declaración recepcionada a la secretaria general y a un asesor del mismo Despacho. Finaliza su escrito de recurso expresando que no es clara la responsabilidad disciplinaria de su representada tal y como fue planteado en los descargos presentados al fallador de instancia, razón por la cual solicita al ad quem revise la actuación y fallo de primera instancia y, en su lugar, se absuelva de responsabilidad a su defendida declarando la inexistencia de violación de las

normas citadas como soporte en el fallo sancionatorio y la multa impuesta.

NORMA POVEDA JARAMILLO (fls. 141 a 152 cuad. 4)

SOLICITUD DE NULIDAD

1El apoderado de la investigada NORMA POVEDA JARAMILLO, solicita subsidiariamente se declare la nulidad del proceso con fundamento en la causal 2 del artículo 131 relacionada con la violación al derecho de defensa. Para sustentar la anterior solicitud, la defensa dice que la doctora MARIA MARGARITA ESCOBAR RUEDA, Asesora del Procurador General de la Nación, formuló cargos en contra de su defendida calificando el mérito de la investigación de conformidad con lo establecido en los artículos 149 y 92 de la Ley 200 de 1995, disposición ultima según la cual el auto de cargos debe contener una “sipnosis indicando el origen y los hechos objeto de investigación”, la cual –dicefue expuesta por la Asesora del Procurador en la referida providencia de trámite y que teniendo en cuenta ese hecho, procedió a formularle a la investigada el cargo único por el cual fue sancionada en fallo de instancia. Resalta que el objeto del contrato de prestación de servicios No 008 del 24 de febrero de 1999, celebrada entre CARLOS ORDOSGOITIA OSORIO, nada tiene que ver con los hechos objeto de investigación señalados en el pliego de cargos, ni mucho menos con la interventoría del mismo, pues según la cláusula primera “El contratista se obliga para con el IFI a prestar sus servicios profesionales de asesoría global en cuanto a temas económicos a través

del Ministerio de Desarrollo”, y que en ese orden de ideas no se ha observado la plenitud de los requisitos formales del Código Disciplinario (Ley 200 de 1995, Art. 92), impidiendo de entrada y mediante una providencia sobre la cual no procede ningún recurso, el adecuado derecho de defensa. 10 Radicado Nº 161-01879 2Dice que el numeral 7 del artículo 92 ídem establece que uno de los requisitos formales del auto de cargos es la determinación provisional de la naturaleza de la falta, exigiendo que cuando fueren varios los implicados, se hará análisis separado para cada uno de ellos; que en el presente caso al ser dos las investigadas, la Asesora del Procurador debió analizar por separado para cada una de ellas, la determinación provisional de la naturaleza de la falta, sin que se haya efectuado como se observa en el folio 8 del auto de cargos del 2 de mayo de 2002. Añade que esta exigencia no la hizo el legislador por mero capricho sino porque es vital para garantizar el debido proceso de cada uno de los investigados, motivo por el cual solicita la nulidad esgrimiendo como causales, las contempladas en los numerales 2 y 4 del artículo 131 de la Ley 200 de 1995 3Alega que el pliego de cargos y el fallo de primera instancia adolecen de imprecisión de las normas que fundamentan el cargo, pues el reproche consiste en el “...no ejercicio de la interventoría en el contrato”, se sustentó normativamente en los artículos 209 de la Constitución Política referente al ejercicio de la función Administrativa y de control interno que debe tener la Administración Pública en todos los órdenes; 26 numerales 1, 2 y 4 de la Ley 80

de 1993, el cual alude a la obligación que tienen los Servidores Públicos para que se cumplan los fines de la contratación, respondiendo por sus actuaciones las cuales deben estar presididas por las reglas de administración de bienes ajenos. En la cláusula 9 del contrato se dice quien ejerce la interventoría del contrato, preguntándose la defensa si esta cláusula es propiamente una norma, si se tiene en cuenta que el contrato es ley para las partes y el interventor, en el presente caso, no es parte del contrato. Argumenta que ante la no precisión formal de las normas que sustentan el cargo, la defensa solicita subsidiariamente la nulidad del proceso con fundamento en la causal 3 del artículo 131 de la Ley 200 de 1995. En lo referente al régimen legal de contratación del IFI, argumenta que el fallador de primera instancia es impreciso al concluir que en razón del objeto del contrato no es propiamente para desarrollar el objeto social del IFI sino para buscar el normal funcionamiento del Instituto, lo cual iría en contra vía de lo establecido en el artículo 29 del Código de Comercio, el cual circunscribe la capacidad de las sociedades al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto social y, reitera que el contrato sobre el cual su poderdante ejercía la interventoría, sí se desarrolló dentro del objeto social, acorde con el artículo 99 ídem y que, en consecuencia, al ser parte integrante del objeto social del IFI, debe considerarse como un contrato de derecho privado, tal como ha sido 11 Radicado Nº 161-01879 señalado por la doctrina y por la Superintendencia Bancaria, ésta última mediante Circular 55 de 1997.

Señala que la finalidad de la función de interventoría es el logro y cumplimiento del contrato, aspecto que se encuentra demostrado en el proceso y que no es cuestionado ni en el auto de cargos ni en el fallo de primera instancia, motivo por el cual –diceno se debe afirmar que no se cumplieron las funciones de interventoría cuando la finalidad de la misma se obtuvo sin duda alguna. Manifiesta que la responsabilidad de su poderdante debe analizarse en relación con las obligaciones que le imponía su contrato de trabajo con el Instituto que no eran otras que el cumplimiento de las funciones que establece el respectivo Manual de Funciones de la Vicepresidencia Administrativa de junio de 1994, el cual contiene las funciones generales y especificas del Vicepresidente Administrativo del Instituto, pero que en ninguna parte instituye la obligación de ejercer la interventoría sobre contratos que celebre ésta entidad u otra función que pueda asimilársele o justifique la interventoría o que en tal sentido le sea delegada por sus superiores y que mal puede trasladársele una responsabilidad sobre el cumplimiento de la interventoría, si se tiene en cuenta que la delegación genérica efectuada a la Vicepresidente Administrativa no es una actividad contemplada en el manual de funciones. Sostiene que el vicepresidente administrativo no tenía como responsabilidad la elaboración y presentación de informes de interventoría, tan solo estaba obligado a verificar que el objeto del contrato se cumpliera a cabalidad, lo cual cumplió fundamentándose en las certificaciones expedidas por el Secretario General del Ministerio de Desarrollo, con el visto bueno del Ministro y ordenando la ejecución del gasto mediante la suscripción de la orden de pago de los honorarios, que se expedía con destino al Departamento de Servicios

Administrativos, previa presentación del informe correspondiente por parte del contratista. Dice que la función Administrativa se ejerció en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia y economía, con fundamento en los cuales se obvió la presentación de informes de interventoría, máxime si se tiene en cuenta que no existe norma expresa que regule la ejecución de la interventoría; que en consecuencia no hay norma violada por parte de la poderdante, a