PGN - NOTARIOS - Carrera notarial - trámite en el congreso

Bogotá, D.C., enero 26 de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 588 de 2000.

Actor: LUIS GONZALO BAENA CARDENAS

Magistrado Sustanciador: Dr. Alvaro Tafur Galvis.

Expediente No. D-6025 Concepto No. 4013 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278 numeral 5 de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano LUIS GONZALO BAENA CARDENAS, quien ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242 numeral 1 de la Constitución, ha solicitado a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del artículo 11, parcial, de la Ley 588 de 2000 “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial”. El aparte acusado hace referencia a la derogatoria del artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970.

1. Planteamientos de la demanda El demandante considera que la derogatoria del artículo 164 del Decreto –Ley 960 de 1970, vulnera los artículos 13, 29 y 40, numeral 7 y 131, inciso 2 de la Constitución Política, por las siguientes razones: 1.1. El Congreso de la República, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 131, inciso 1 de la Constitución Política, expidió la Ley 588 de 2000, con

el propósito de reglamentar el ejercicio de la actividad notarial. En los artículos 2, PROCURADOR GENERAL 3, 4, 5, 6, 7 y 10 de la mencionada ley, se señala que la escogencia de los notarios se hará mediante concurso de méritos y el nombramiento en propiedad lo hará el Gobierno Nacional de la lista de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera notarial. 1.2. La Ley 588 de 2000, en su artículo 11, derogó expresamente el artículo 164 del Decreto 960 de 1970, norma que no fue derogada por el artículo 131, inciso 2 de la Constitución, y que señalaba la entidad encargada de administrar la carrera notarial y realizar los concursos para la escogencia de los notarios. Ese organismo era el Consejo Superior, integrado entonces, por el Ministro de Justicia, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación y dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales, elegidos para períodos de dos años por los Notarios del país, en la forma que determine el Reglamento. En este Consejo tenía voz el Superintendente de Notariado y Registro, pese a la derogación, la Ley 588 no atribuyó las funciones de dicho Consejo a ninguna institución, por tal razón, no existe en la actualidad un organismo con facultades legales para asumir las funciones de administrador de la carrera notarial y de los concursos de los notarios, lo que en la práctica genera un estado de cosas abiertamente inconstitucional. 1.3. El demandante funda la acción de inconstitucionalidad en la sentencia C-741

de 1998, en la que la Corte Constitucional interpretando la intención de los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, estableció la regla jurídica según la cual el nombramiento de los notarios en propiedad se debe realizar por medio de un concurso público de méritos. Sin embargo, ante la derogatoria del artículo 164 del Decreto 960 de 1970 por la norma acusada, el deber de proveer el cargo de notario por medio de concurso de méritos, se tornó en nugatorio ya que no existe un organismo encargado de su realización, lo que favorece los intereses personales del nominador y viola el artículo 40, numeral 7 de la Constitución Política y la intención de Constituyente de constitucionalizar la carrera notarial. 2 PROCURADOR GENERAL 1.4. Existe una contradicción entre los artículos 2, 3, 4, 5 ,6 , 7 y 10 de la Ley 588 de 2000, en los que se reglamenta el procedimiento y las bases del concurso notarial y el artículo 11 del mismo estatuto que deroga el organismo encargado de realizarlo, lo que no fue una simple equivocación, sino una estrategia tendiente a favorecer intereses particulares, para así permitir que a dichos cargos lleguen familiares y amigos de la clase política. 1.5. El demandante fundamenta su cargo en la sentencia SU-250 de 1998, para indicar que la situación presentada genera un estado de cosas abiertamente inconstitucional, por dos razones: 1.5.1. Porque la Ley 588 de 2000 está consagrando un sistema de carrera notarial inoperante, impidiendo el acceso de otros ciudadanos a la función notarial,

violando los artículos 13, 29, 40, numeral 7 de la Constitución Política. 1.5.2. Porque la interinidad de los notarios pasó a convertirse en una situación permanente que rompe el principio de igualdad en el acceso a la función pública, dado que la interinidad se torna en la regla, puesto que no existe un organismo encargado de convocar a concurso y proveer los cargos en carrera.

2. Problema jurídico Corresponde al Ministerio Público determinar si la derogatoria del artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 en la norma acusada, precepto que regulaba el

organismo encargado de administrar la carrera notarial y realizar los concursos para la escogencia de los notarios resulta violatoria de la Constitución, en especial del mandato del inciso 2 del artículo 131 de la Constitución, según el cual el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso y, en consecuencia, el derecho político de todo ciudadano de a acceder en condiciones 3 PROCURADOR GENERAL de igualdad al ejercicio de una función pública como lo es la del notariado y registro. Sobre el particular, el Procurador General de la Nación considera que:

3. La derogación de una normativa por el legislador puede generar problemas de constitucionalidad que el juez constitucional debe analizar 3.1. El problema jurídico que plantea la demanda de la referencia, podría llevar a concluir que el tema de la derogación de normas por el legislador hace parte de su libertad de configuración y como función consustancial de la tarea legislativa, ella es un claro límite a la función del juez constitucional de examinar si esa función se aviene o no con la Constitución. Sin embargo, la doctrina

constitucional ha avanzado y allanado el terreno para aceptar que esa facultad del legislador tiene límites y que en consecuencia sobre ella se puede ejercer el control constitucional para determinar si la derogatoria se ajusta a las disposiciones constitucionales (sentencias C-55 de 1996, C-226 de 2002 y C765 de 2005, entre otras). El control de constitucional, en estos casos, tiene un efecto preciso, reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos normativos que habían sido derogadose y que al ser excluidos distorsionaban el ordenamiento. 3.2. En el presente caso, en consecuencia, corresponde al Ministerio Público determinar si tal como lo afirma el ciudadano BAENA CARDENAS, la derogación del artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, es contraria al mandato del inciso 2 del artículo 131 de la Constitución, según el cual el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso y, en consecuencia, el derecho político de todo ciudadano de a acceder en condiciones de igualdad al ejercicio de una función pública como lo es la del notariado y registro. Para resolver el problema jurídico que plantea la demanda, es necesario establecer cuál era la situación de la carrera notarial antes de la expedición de 4 PROCURADOR GENERAL la Ley 588 de 2000 y después de ésta, a efectos de determinar cuál era el órgano rector de la carrera notarial antes y después de la promulgación de dicha normativa, y determinar las consecuencias de la derogación del artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, consagrada en el artículo 11 de la Ley 588 de 2000.

4. El Decreto-Ley 960 de 1970 asignó un determinado ente dirección de la

carrera notarial. La carrera notarial y su desarrollo por la Corte Constitucional 4.1. La Corte Constitucional en forma exhaustiva se ha pronunciado sobre la regla contenida en el inciso segundo del artículo 131 de la Constitución Política, según la cual el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso, bajo la dirección del órgano al que se refiere el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970. 4.1.1 La sentencia angular en este estudio es la SU-250 de 1998. En esta decisión claramente se señala que el cargo de notario es de carrera y que para la convocatoria al concurso existe un organismo, el cual es analizado jurídicamente por la Corte Constitucional de la siguiente manera: 4.1.1.1. El Decreto 1698 de 1964 que organizó la carrera judicial, creó como un órgano consultivo del Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Administración de Justicia, cuyas funciones tenían que ver única y exclusivamente con el Estatuto de la Carrera Judicial. 4.1.1.2. Posteriormente, el Decreto 250 de 1970 profirió nuevas normas sobre la carrera judicial y le concedió al Consejo Superior de la Administración de Justicia, funciones sobre el concurso para ingresar a la carrera judicial [artículo 49]. Por su parte, el artículo 164 del Decreto 960 de 1970, estableció que el Consejo Superior de la Administración de Justicia, tendría también funciones referentes a la carrera notarial y sus concursos. El artículo 164 derogado por el artículo 11 de la Ley 588

de 2000, señalaba que "La carrera notarial y los concursos serán Administrados por el Consejo Superior de la Administración de Justicia…" . 5 PROCURADOR GENERAL En consecuencia, con la entrada en videncia del Estatuto de Notariado y Registro, el Consejo Superior de la Administración de Justicia tenía la doble función de administrar la carrera judicial y la carrera notarial, para el efecto, su composición variaba según se tratase de administrar la carrera judicial o la notarial. 4.1.1.3 El Decreto 250 de 1970 sobre carrera judicial, fue reformado por el Decreto 52 de 1987, que exclusivamente se refirió a la carrera judicial. En el artículo 8 de dicho decreto, se señaló que la carrera judicial sería administrada por el Consejo Superior de la Administración de Justicia, los Consejos Seccionales de la Carrera, las Corporaciones Judiciales y los Jueces. En el artículo 9° se modificó la integración del Consejo Superior de la Administración de Justicia, para la carrera judicial, así: Ministro de Justicia o su delegado, delegados de la Corte Suprema, Consejo de Estado y Tribunal Disciplinario, el Procurador General de la Nación o su delegado, un representante de los funcionarios de la rama jurisdiccional y un representante de los empleados judiciales. La Corte Suprema de Justicia, en fallo del 25 de junio de 1987, declaró inexequible parcialmente el artículo 9º, en lo referente a la inclusión del Ministro de Justicia y al Procurador General de la Nación, como miembros del mencionado Consejo. 4.1.1.4 La Corte Constitucional, en la sentencia en comento, precisó que el

ámbito de aplicación del Decreto 052 de 1987 no alteró el Decreto-Ley 960 de 1970, ya que el artículo 142 del Decreto 052 no incluyó dentro de las normas derogadas el Decreto-Ley 960 de 1970, y que tampoco lo podía derogar, porque el Decreto 052 de 1987, expedido en virtud de las facultades extraordinarias contenidas en el artículo 1º, inciso 3º de la Ley 52 de 1984, sólo comprendía la carrera judicial y no la notarial. Por tanto, la Corte Constitucional precisó que cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 9º del Decreto 052 de 1987, ella no afectó la integración del Consejo Superior en lo que a la carrera notarial se refería, por cuanto la razón para esa inconstitucionalidad parcial fue la de evitar 6 PROCURADOR GENERAL que el Ministro de Justicia y el Procurador General de la Nación, intervinieran en la designación de funcionarios judiciales. 4.1.1.5. En ese orden, la Corte Constitucional concluye que ni la Constitución de 1991 ni las normas que la han desarrollado, derogaron en forma expresa o tácita el artículo 164 del Decreto 960 de 1970 que le señaló funciones al Consejo Superior de la Administración de Justicia, en lo referente a la carrera notarial. Según esa Corporación, la Constitución se limitó en el tema de los notarios a ordenar el nombramiento de los mismos en propiedad mediante concurso y no le atribuyó a ningún organismo constitucional la administración de la carrera notarial y de su concurso, además, las normas que han desarrollado la Constitución no

han modificado el mencionado artículo 164 del Decreto 960 de 1970. Téngase en cuenta que para la fecha de la sentencia no había entrado en vigencia la norma que se impugna en el proceso de la referencia. 4.1.1.6. Bajo esa perspectiva, la Corte señala que el Consejo Superior de la Administración de Justicia, al que se refiere el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, es un organismo consultor cuya integración no era permanente sino ocasional de acuerdo con las funciones previamente señaladas por la ley. Al tiempo que advierte que no puede confundirse dicho Consejo Superior de la Administración de Justicia, con otro que con el mismo nombre existía con funciones referentes a la rama judicial y con integración distinta a la del Consejo Superior de la Administración de Justicia encargado de la Carrera Notarial y sus concursos. 4.1.1.7. El recuento normativo y jurisprudencial descrito, lleva a la Corte Constitucional ha concluir que no hay explicación razonable para que no se convoque a concurso de méritos para la designación de notarios en propiedad, ya que hay normatividad vigente en lo referente al organismo que administra la carrera y el concurso para acceder a la función de notario. Por tanto, declara que la ausencia de convocatoria al concurso para proveer los cargos en propiedad de notario en todo el territorio nacional, es un estado de cosas abiertamente inconstitucional que debe remediarse, razón por la que ordena al 7 PROCURADOR GENERAL Superintendente de Notariado y Registro y al Consejo Superior de la Administración de Justicia, integrado como la señala el artículo 164 del DecretoLey 960 de 1970, para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de ese fallo, se proceda a convocar los concursos abiertos para notarios. 4.2. En la sentencia C-741 de 1998, la Corte Constitucional reitera la vigencia y aplicación del artículo 164 del Decreto 960 de 1970, entre otras normas de este estatuto. En este fallo, esa Corporación señala que la exigencia constitucional del concurso tiene la pretensión de mejorar el servicio notarial y garantizar la idoneidad de quienes acceden a esa función, así como evitar ciertos manejos no muy claros en el nombramiento de los notarios, protegiendo a su vez el principio de igualdad en el acceso a la función pública. Con referencia al órgano encargado de la realización del concurso de méritos para proveer el cargo de notario, la Corte Constitucional concluye “…que la norma acusada [artículo 164 del Decreto 960 de 1970] se encuentra vigente pues no fue expresamente derogada por la Constitución y no es materialmente incompatible con los mandatos superiores”. No obstante afirmar la constitucionalidad del mencionado órgano, la Corte Constitucional precisa que la denominación del Consejo Superior de Administración de Justicia es inconstitucional y, en consecuencia, señala que el mencionado órgano sólo podrá denominarse Consejo Superior mientras el legislador no regule la materia de forma distinta. 4.3. En la sentencia C-153 de 1999, ante una nueve demanda, entre otros contra el artículo 164 del Decreto 960 de 1970, la Corte Constitucional remitió a la

sentencia C-741 de 1998 en donde se declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo en comento. 4.4. En la sentencia C-845 de 1999, se revisó la constitucionalidad del DecretoLey 110 de 1999. El mencionado decreto señalaba que: “El Consejo Superior de 8 PROCURADOR GENERAL la Administración de Justicia se denominará en adelante, Consejo Superior de la Carrera Notarial. Son funciones del Consejo Superior de la Carrera Notarial: a).- Administrar la carrera notarial; b).- Administrar los concursos de ingreso a la carrera notarial.” La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto-ley 110 de 1999, por cuanto con anterioridad esa Corporación había declarado inexequible la norma que había concedido facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar entre otros, el mencionado Decreto-Ley 110 de 1999. Esta declaración de inexequibilidad, trajo como consecuencia la vigencia nuevamente del artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970. 4.5. En la sentencia C-647 de 2000, la Corte Constitucional revisó las objeciones presidenciales al proyecto de ley por medio del cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial, posteriormente convertido en la Ley 588 de 2000. En este fallo el tema del órgano competente para dirigir la carrera notarial no se tocó, por cuanto las normas objetadas no hacían referencia a él. 4.6. La doctrina reseñada hasta este punto, demuestra no sólo que el artículo 164 del Decreto-Ley estaba vigente sino que debía aplicarse. En este momento,

entra en vigencia la Ley 588 de 2000, que en el artículo 11 deroga expresamente el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970. Corresponde entonces al Ministerio Público analizar la razón de ser de esa derogación y su constitucionalidad.

5. La derogación del artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 no respondió a la racionalidad propia del debate democrático, desconoció el querer de las mayorías y como efecto generó el incumplimiento de un deber que la Constitución asignó al legislador en el artículo 131 de la Constitución, hacer

efectiva la carrera notarial 9 PROCURADOR GENERAL 5.1. El Congreso de la República al expedir la Ley 588 de 2000, de la que hace parte la norma acusada, no reguló el organismo competente para la convocatoria al concurso de méritos. La razón de ese silencio del legislador, está sustentada en las discusiones que en el Congreso de la República tuvo el proyecto de ley que dio origen a la Ley 588, y que permiten concluir que el Congreso de la República no hizo mención a un órgano en especial, porque entendió expresamente que ya existía uno: el Consejo Superior regulado en el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, de ahí la incoherencia de la derogación que de dicho artículo se hace en el artículo 11, y que per se desconoce la racionalidad y el debate democrático propio de la actividad del legislador. El Ministerio Público arriba a esta conclusión después de analizar los debates que el tema tuvo en el Senado y la Cámara de Representantes, y que se hace necesario retomar. Veamos.

5.2. En el proyecto 148 de 1998 Senado, regulaba expresamente la creación de la Comisión Nacional del Servicio Notarial integrado por altos funcionarios de la ramas ejecutiva y jurisdiccional y con la participación de notarios elegidos en la Asamblea General. La Superintendencia de Notariado y Registro haría la secretaría de la comisión. La creación de esta comisión estaba regulada en el artículo 3 del proyecto que fue aprobado tanto en la comisión constitucional como en la plenaria del Senado de la República (Gacetas del Congreso 324 de 1988 y 90 de 1999). El artículo 12 sobre derogatorias, que fue aprobado por la plenaria del Senado, señalaba que quedaban sin efecto las disposiciones que le fueran contrarias, es decir, no se hacía expresa mención del artículo 164, al cual sólo se hizo referencia en el texto que fue presentado a discusión de la Comisión Primera del Senado, artículo 7 (Gaceta 316 de 1998), pero que no fue aprobado, dado se optó por la redacción según la cual “La presente ley deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias” (Gaceta 80 de 1999). 5.3. En la Cámara de Representantes la creación de la mencionada comisión fue expresamente excluida. Las razones de su eliminación fueron principalmente dos: la primera e importante para el objeto de este concepto, la existencia de un órgano 10 PROCURADOR GENERAL que ya tenía las funciones atribuidas a la comisión que se pretendía crear y que no era otro que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, el del artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, reestructurado mediante el Decreto-Ley 110 de 1999.

La segunda, que al crearse un consejo del orden nacional, se estaría modificando la estructura de la Administración Pública, asunto que era de iniciativa restrictiva del Gobierno y no del Congreso (Gaceta del Congreso 288 de 1999). Estas dos razones llevaron tanto a la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes como a la Plenaria, a eliminar la creación de un consejo, por cuanto éste ya estaba creado en el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970. En cuanto al tema de las derogaciones, la Cámara de Representantes optó por la misma redacción del Senado, es decir “La presente ley deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias”. 5.4. El tema de la derogación del artículo 164 aparece en la comisión de conciliación. La razón de su inclusión no se evidencia en ninguna parte y como podrá apreciarse, ella no podía ser incluida, por cuanto ello desbordaba su competencia, en la medida en que la Comisión acogió el texto aprobado en la Cámara de Representantes y que tenía como fundamento la existencia de la comisión a la que hacía referencia el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, reestructurado mediante el Decreto-Ley 110 de 1999. En otras palabras, la comisión de conciliación en este caso excedió su competencia, al decidir sobre la eliminación de la comisión a la que hacía referencia el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, toda vez que tanto la intención del Senado como de la Cámara, era que existiera una comisión que rigiera la carrera notarial. La diferencia entre una y otra cámara radicó en que no era necesaria la creación expresa de la comisión porque la misma ya existía.

Significa lo anterior, que las comisiones de conciliación desconocieron la voluntad de las mayorías democráticas representadas en el Congreso al haber optado por la eliminación de una comisión, cuando el querer mayoritario era su creación. 11 PROCURADOR GENERAL 5.5. La derogación del artículo 164 del Decreto-Ley de 1970, que después de la declaración de inexequibilidad del Decreto-Ley 110 de 1999 volvió a regir, no sólo desconoció la reglas propias del debate democrático como se demostró en el acápite anterior, artículos 157 y siguientes de la Constitución Política, sino que en la práctica dejó inane la regulación que el legislador hizo de la carrera notarial, por cierto, en cumplimiento de una orden expresa de la Corte Constitucional para que se cumpliera el artículo 131 de la Constitución, en especial, lo relacionado con el tema de la carrera notarial en razón del estado de cosas inconstitucionales que la Corte ya había declarado entre otras, en las sentencias SU-250; C-741 de 1998, C-153 y C-155 de 1999. En otros términos, la derogación que se hace en el artículo 11 de la Ley 588 de 2000, es inconstitucional, tal como lo señala el ciudadano BAENA CARDENAS, por cuanto no sólo violó las reglas de debate democrático, sino que a través de ella, se birla el deber de reglamentar la carrera notarial tal como lo exige el artículo 131, inciso 2 de la Constitución y la doctrina de la Corte Constitucional.

6. Conclusiones sobre la situación jurídica de la carrera notarial 6.1. La Ley 588 fue expedida el 5 de julio de 2000 y antes de su entrada en vigor,

la Corte Constitucional se había pronunciado en las sentencias SU-250 de 1998 y C-741 de 1998, sobre la constitucionalidad y vigencia del órgano encargado de realizar la convocatoria al concurso de méritos. 6.2. La Corte Constitucional concluyó que el Consejo Superior encargado de administrar la carrera notarial y los concursos de méritos se encuentra vigente. Por tal razón, el Gobierno con fundamento en las facultades extraordinarias para la reestructuración del Estado, conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, expidió el Decreto-Ley 110 de 1999 reestructurando el Consejo y señalando su nueva denominación como Consejo Superior de la Carrera Notarial. Dicho decreto fue declarado inexequible por medio de la sentencia C-845 de 1999, declaración 12 PROCURADOR GENERAL que por tanto mantenía en el ordenamiento el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970. 6.3. Posteriormente, mediante el Decreto 1890 de 1999 del 28 de septiembre de 1999 y publicado en el Diario Oficial número 43723 del 29 de septiembre de 1999, reorganizó el Ministerio de Justicia y del Derecho, en su artículo 22 estableció que el Consejo Superior de Carrera Notarial funcionaría como órgano asesor del Gobierno adscrito a ese ministerio. El artículo 22 del Decreto en comento fue declarado nulo por la sección segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de noviembre de 2001 (expediente 3164/99). Igualmente, se declaró nula la modificación efectuada mediante el Decreto 2383 de 1999, a través de la sentencia del 21 de julio de

2001 (expediente 803/00). Estos fallos en nada afectaban la vigencia del artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, por el contrario, el Consejo de Estado señaló que el Gobierno no podía modificar el Consejo Superior de Carrera Notarial, sin que previamente el legislador hubiera definido su marco de actuación y no podría disponer que el nuevo ente por él creado reemplazara al Consejo Superior de que trataba el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970. Adicionalmente, el Consejo de Estado señaló que el mencionado órgano debe tener una naturaleza técnica y no un carácter de cuerpo consultivo o asesor del Gobierno, toda vez que el manejo del sistema de carrera debe estar ajeno a motivaciones de carácter político y al interés que pueda tener el Estado en la selección, promoción y remoción del personal a su servicio. 6.4. En consecuencia, es claro que el Gobierno Nacional hasta la fecha ha incumplido su obligación de citar la mencionado consejo para que se efectúe de una vez por todas el concurso público para los notarios y se cumpla así una regla constitucional que ha sido reina de burlas. Por tanto, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional emplazar al Gobierno para que un plazo máximo de seis (6) meses después de su fallo, convoque y efectúe el concurso público para acceder a la función notarial. 13

PROCURADOR GENERAL

7. Conclusión En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación, solicita a la Corte Constitucional efectuar los siguientes pronunciamientos: 7.1. Declarar INEXEQUIBLE la mención al artículo 164 del Decreto-Ley 960 de

1970, al que se refiere el artículo 11 de la Ley 588 de 2000, por las razones expuestas. 7.2. En razón al estado de cosas inconstitucional que en materia de provisión en propiedad del cargo de notario público se viene presentando en el país desde la expedición de la Constitución de 1991, ordene al Gobierno Nacional convocar y realizar en un plazo máximo de seis (6) meses después de su fallo, el concurso público para acceder a la función notarial, sin más dilaciones. Señores Magistrados,

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON

Procurador General de la Nación SPTB/jf 14