PGN - NOTIFICACIONES - Las decisiones susceptibles de notificación deben realizarse a la t

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación N° 035-0947-04 Disciplinado PEDRO JAVIER CONTRERAS y otro Cargo Gerente Entidad Unidad Básica de Atención “Nuestra Señora del Carmen” ESE Quejoso Informe Oficial CGR Fecha queja 22 de julio de 2004 Asunto Fallo de segunda instancia Bogotá D.C., 19 de febrero de 2007

I. ASUNTO Procede la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia calendado 16 de junio de 2006, dictado por la Procuraduría Regional del Vichada.

II. ANTECEDENTES La Gerencia Departamental del Vichada de la Contraloría General de la República, trasladó a la Procuraduría Regional del Vichada hallazgo disciplinario encontrado como consecuencia de un control excepcional, practicado a la UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, relacionado con presuntas irregularidades en el contrato de obra Nº 32 de 2003, cuyo objeto fue la construcción de un pozo perforado en el HOSPITAL LOCAL DE CUMARIBO, por valor de $14’000.000.00 (Fl. 1).

Con fundamento en lo anterior, la Procuraduría Regional del Vichada, con auto del 27 de octubre de 2004 ordenó investigación disciplinaria en contra de los señores PEDRO JAVIER CONTRERAS BURGOS, en calidad de Gerente de la UNIDAD

BÁSICA DE ATENCIÓN “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” EMPRESA SOCIAL

DEL ESTADO, y otros, al considerar que del informe de la Contraloría se observaban presuntas irregularidades en la ejecución del contrato Nº 032 del 24 de julio de 2003, presumiéndose un daño patrimonial (Fl. 47). Agotado el trámite procesal, la Procuraduría Regional del Vichada con fallo del 16 de junio de 2006, declaró responsables disciplinariamente a los señores PEDRO JAVIER CONTRERAS BURGOS y LAURENTINO SOTOMAYOR TAUTA, en sus calidades de Gerente y Técnico de Mantenimiento, respectivamente, ambos de la

UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO (Fl. 191).

La anterior determinación fue notificada a los disciplinados, quienes interpusieron y sustentaron recurso de apelación oportunamente, siendo concedido ante las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa (Reparto), correspondiendo a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, que con auto del 5 de octubre de 2006 remitió por competencia las diligencias a las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal (Reparto) (Fl. 298). 1

III. DEL CARGO FORMULADO La Procuraduría Regional del Vichada, mediante auto del 27 de mayo de 2005,

formuló cargos así (Fl. 83):

Al señor PEDRO JAVIER CONTRERAS BURGOS

“CARGO UNICO: Usted doctor PEDRO JAVIER CONTRERAS BURGOS,

Director de la UNIDAD BÁSICA ESPECIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en el desempeño de su cargo, en tratándose de la culminación de obra objeto del Contrato Nº 032 de 2003, y la cancelación total del valor del mismo, presuntamente omitió cumplir con sus deberes y, consecuentemente, hizo caso omiso a la oportuna comunicación que le hicieran los doctores LUIS ALBERTO SANCHEZ y CESAR NIETO, Administrado (sic) (E) y Director (E), respectivamente del Hospital de Cumaribo, sitio donde se estaba ejecutando la obra, en el sentido de que la obra no había sido debidamente probada por falta de equipo de bombeo. Debido al conocimiento que usted obtuvo, doctor PEDRO JAVIER CONTRERAS BURGOS, respecto de la no culminación de la obra por parte del contratista, y que éste manifiesta en escrito de 4 de noviembre de 2003, “que tan pronto este equipo sea adquirido me compromete a hacer la respectiva instalación (mano de obra)”, no procedió a tomar medida pertinente para obtener la bomba, y poner el pozo en funcionamiento, sino que procedió fue a cancelar el restante 50% del valor total de ducho contrato, como si la obra objeto del contrato fuese sido entregada a satisfacción, como legalmente lo establece la norma.” Se le atribuyó haber transgredido las siguientes normas: artículos 3, 4 y 26 (numerales 1, 2 y 4) de la ley 80 de 1993; artículo 3 del decreto 855 de 1994, artículos 35 (numeral 15) y 48 (numeral 31) de la ley 734 de 2002; artículo 18 de la

ordenanza 29 del 30 de noviembre de 2001 (manual de funciones). La falta se calificó provisionalmente como gravísima a título de dolo. Al señor LAURENTINO SOTOMAYOR TAUTA “CARGO UNICO: Usted, señor LAURENTINO SOTOMAYOR TAUTA, en su calidad de interventor del referido contrato, quien el 4 de noviembre de 2003, expidió Certificado de Supervisión de Interventoría, manifestando que el “contrato se cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con la obligaciones contratadas con la U.B.A. y autorizó a pagarle al contratista la suma de $7’000.000, valor correspondiente al 50% final del valor del contrato Certificación que es totalmente falsa y carente de toda clase de veracidad, ya que usted como lo manifestó en la versión libre rendida el 23 de mayo de 2005, jamás visito la obra personalmente para hacer tal afirmación; así mismo tampoco tuvo en cuenta el Acta de Certificación de 31 de octubre de 2003, expedida por el doctor LUIS ALBERTO CESAR NIETO, Director de dicho Hospital de Cumaribo, con visto bueno del doctor CESAR NIETO, Director de dicho Hospital, sitio donde estaba ejecutando la obra, donde manifiestan entre otras cosas “Perforación en 10 de diámetro y 42 metros de profundidad, y una nota que dice “Es de aclarar, que esta Obra no ha sido debidamente probada 2 por falta de equipo de bombeo”. Lo quiere decir que la obra no se había terminado en su totalidad, ya que el contrato reza Perforación en de diámetro por 50 mts de profundidad. Igualmente, no tuvo en cuenta que el mismo

contratista, ROBERTO TULIO OSORIO, en oficio fechado 4 de noviembre de 2003, manifestó a la UBA que “tan pronto este equipo sea adquirido me comprometo a hacer la respectiva instalación (mano de obra)”. Pese a todo lo anterior certificó el cabal cumplimiento de la obra, para que así cancelaran el valor total del contrato, conducta esta que va una vez efectuada va en menos cabo del patrimonio estatal.” (Sic para todo el texto). Se le señalaron como normas infringidas las siguientes: artículos 3, 4 y 26 (numerales 1, 2 y 4) de la ley 80 de 1993; artículos 35 (numeral 15) y 48 (numeral 34) de la ley 734 de 2002; artículo 286 de la ley 599 de 2000 (Código Penal). Se le calificó la falta provisionalmente como gravísima a título de dolo.

IV. DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional del Vichada, en decisión del 16 de junio de 2006, sancionó a los investigados PEDRO JAVIER CONTRERAS BURGOS y LAURENTINO SOTOMAYOR TAUTA, en sus calidades de Gerente y Técnico de Mantenimiento, respectivamente, ambos de la UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, imponiéndoles al primero una multa de $16’321.044,00, y al segundo una multa de $917.318,00, fundamentando su decisión principalmente con los siguientes argumentos:

Respecto de PEDRO JAVIER CONTRERAS BURGOS

“(…) Considera el Despacho, que si bien es cierto que el contratista si tenía derecho a cobrar el valor restante del contrato, porque ya había cumplido hasta lo que pudo con el objeto del mismo; no es menos cierto que al disciplinado le sirva como justificación o mecanismo de defensa la conducta que se le reprocha; por el contrario, con esa manifestación el disciplinado lo que está es demostrando y así lo reconoce que no fue previsivo, ni diligente, ya que antes de suscribir dicho contrato debió cerciorarse a través de una persona especializada en la materia para que verificara el estado en que se encontraba la ELECTROBOMBA disponible para instalarla al pozo profundo, la cual al parecer, llevaba un tiempo considerable guardada en el Hospital de Cumaribo. Además de lo anterior, en la ejecución del contrato desconoció o no estuvo acorde con sus obligaciones, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, que se refiere a los derechos y deberes, como representante del ente contratante, ya que no puso los medios para que el contratista pudiera cumplir cabalmente con el objeto del contrato, como tampoco tomo las medidas para corregir el inconveniente presentado y solucionar rápida y eficazmente esta situación aduciendo que supuestamente, carecía de recursos o disponibilidad presupuestal para adquirir una electro – bomba nueva. “(…) Lo que confirma que el disciplinado, a pesar de contar con la facultad de decisión y los recursos suficientes para ordenar la compra de dicho elemento, no lo hizo, demostrando así su imprevisión, falta de decisión y voluntad, lo anterior, conllevó a un detrimento de las arcas del Estado, ni cumplió con los fines

del contrato que era brindarle agua al Hospital local de Cumaribo, ya que el poso 3 (sic) no entró en funcionamiento, generando además, detrimento al erario público porque los recursos que fueron destinados en la obra no cumplieron su objetivo “Así las cosas, se deriva la violación al principio de planeación por su negligencia, por omitir lo preceptuado en el párrafo primero del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 (…). “De la situación fáctica planteada se logra determinar que, el disciplinado si es responsable de los hechos que se le reportan en el pliego de cargos esto es, que autorizó y pagó la totalidad del contrato sin que éste se ejecutará en su totalidad a pesar de conocer, según los estudios de viabilidad y necesidad de la obra, que en el municipio de Cumaribo no se contaba con servicio de acueducto, servicio sine cuanon para el desarrollo adecuado y eficaz de las funciones propias del Hospital Local de Cumaribo, su falta de previsión, voluntad y decisión impidió poner en funcionamiento la obra, al no comprar la electro – bomba, por aparentemente carecer de recursos, lo cual esta claro que no fue así.” Respecto de LAURENTINO SOTOMAYOR TAUTA “(…) igual que en el pliego de cargos, se le reprocha su falsedad plasmada en el Certificado de Supervisión de Interventoría, de fecha 4 de noviembre de 2003, donde manifestó que “el contrato se cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con la obligaciones contratadas con la U.B.A. Documento este que se utilizó como soporte para pagarle al contratista la suma de $7.000.000, valor

correspondiente al 50% final del valor del contrato, sin hacer observación alguna, lo que indica que no tuvo en cuenta, la certificación de 31 de octubre de 2003, suscrita por el administrador (E) del Hospital de Cumaribo, del lugar donde se estaba ejecutando la obra, donde manifiestan que la obra no había sido probada por falta de equipo de bombeo (…) “Además que la falta de voluntada (sic) de la administración en adquirir la electro – bomba, no indicaba que el señor SOTOMAYOR TAUTA, como interventor, podía servirle de excusa para consignar una falsedad certificando que de dio cumplimiento al objeto de la obra a total satisfacción, a sabiendas que la misma no se había probado, tal como lo certificó el administrado (sic) y el director del hospital, razón por la cual la actuación del disciplinado fue desde todo punto de vista irresponsable y no acorde con la obligación dispuesta en la Cláusula Novena del contrato en cuestión (…)”. La falta se les calificó definitivamente como grave a título de dolo.

V. DE LAS APELACIONES Del implicado LAURENTINO SOTOMAYOR TAUTA A través de apoderada presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional del Vichada, solicitando se revoque la sanción impuesta al implicado, por las siguientes razones (Fl. 223): Dice que dentro del proceso disciplinario no se pudo establecer que su representado actuó con negligencia, porque él fue designado como interventor de manera olímpica, sin comunicación alguna, a quien no se le suministraron viáticos para

4 desplazarse al municipio de Cumaribo, para que estuviera pendiente de que la obra se realizara de acuerdo a las especificaciones del contrato; que el pozo profundo no se pudo probar por falta de una bomba que no adquirió de manera oportuna la UBA; que sus superiores lo intimidaron e hicieron creer que la bomba estaba en camino y que no habría inconvenientes al certificar la entrega de la obra; que a su defendido le hacen firmar una certificación elaborada por otro funcionario de la UBA; que como se puede observar actuó de buena fe sin detenerse a pensar en que su conducta constituía falta disciplinaria, siendo utilizado para que firmara la certificación. Solicita la defensa se dé aplicación al artículo 28 de la ley 734 de 2002, en que la conducta desplegada por el implicado se originó por fuerza mayor, confiando en las manifestaciones de sus superiores. En cuanto a la calificación de la falta señala, que a la misma se le clasificó como grave, sin tenerse en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo se incurrió en la falta. Agrega que la conducta realizada por su patrocinado no es típica, pues fue inducido por terceros a realizarla, no siendo consciente, no pudiéndosele atribuir culpabilidad alguna, más cuando el mismo Estado no le notificó cuales eran sus funciones como interventor, ni le suministró los recursos necesarios para constatar que la obra se realizara de acuerdo a los términos de referencia, y más aún cuando el mismo Estado lo obligó con engaños a firmar la certificación que hoy lo tiene en problemas. Finalmente, solicita se declare la nulidad de la notificación del fallo de primera

instancia, por cuanto a ella como apoderada del implicado no se le notificó dicha decisión, impidiéndole ejercer un buen derecho de defensa. Del implicado PEDRO JAVIER CONTRERAS BURGOS Igualmente, presentó recurso de apelación contra el fallo dictado por la Procuraduría Regional del Vichada, solicitando se revoque la providencia impugnada y en su lugar se le absuelva del cargo deducido, por no existir ninguna responsabilidad de su parte, de acuerdo con los siguientes planteamientos (Fl. 253): Señala en primer lugar, que en el fallo se le deduce responsabilidad por hechos que no fueron materia de cargo, por cuanto el único cargo formulado consistió en haber ordenado el pago al contratista sin que presuntamente se hubiere realizado la totalidad del objeto del contrato, pero que con violación de su derecho de defensa y de contradicción, se agregan en el fallo otras conductas que no fueron materia del cargo, presentando así en este caso el hecho de que no existe consonancia entre la conducta reprochada en el auto de cargos y las señaladas en el fallo de instancia, presentándose una nulidad. Indica que se debe tener en cuenta, que sobre el hecho materia de cargo, el fallador de instancia acepta en la providencia impugnada que era procedente realizar el pago del contrato, porque el contratista había cumplido con el objeto del mismo. Exterioriza que a todo lo anterior, se agrega el hecho de la existencia de un documento previo del supervisor de la obra que afirma la perforación en 10” y profundidad de 42 metros, pero que en nota anexa aclara que la obra no ha sido debidamente probada por falta de equipo de bombeo; que el equipo de bombeo 5

existía en el almacén del hospital de Cumaribo, previo a la contratación en discusión y que es parte del patrimonio de la ESE, existencia real previa al momento de su posesión en la gerencia de la empresa, la cual fue entregada al contratista para su instalación, pero que por razones imponderables, al momento de instalarla presenta un corto circuito, hecho que el supervisor del contrato no deja consignado, permitiendo su traslado fuera del área del hospital para su revisión, tal y como consta a folio 46 donde AGROEQUIPOS CUMARIBO certifica que en sus instalaciones revisó una bomba tipo lapicero. Por lo que en conclusión si existía el equipo para el fin de la contratación, cosa diferente es que al instalarse ocurrió un caso fortuito que impidió que el contratista pudiera instalarla, no obstante haber realizado las obras objeto del contrato; que por lo tanto no podía retenerse el pago al contratista frente a esa situación que se presentaba y que lo obligó a retirar su personal de trabajadores acordando con la administración que una vez se solucionara el problema de la bomba, procedería a instalarla en forma inmediata, de ahí que sea necesario repetir el hecho de que el mismo fallador reconoce que era procedente el pago; además, el daño sufrido por la bomba no se pudo reparar según se acredita con el transcurso del tiempo, lo que planteó la necesidad de adquirir una nueva, supeditado ello a la disponibilidad presupuestal y de caja, siendo de resaltar que si bien es cierto que al cierre de la ejecución presupuestal existía saldo en el presupuesto de gastos, en el presupuesto de ingresos existía un saldo negativo en la ejecución, destacando que el

hecho relacionado con la adquisición de la electro-bomba, no fue materia de cargos. Manifiesta que el cargo deducido con él además se sustentó en un daño patrimonial, pero la Contraloría General de la República que fue la que compulsó las copias para la investigación, en fallo de fecha 23 de febrero de 2006, llegó a la conclusión en el sentido de que no existía detrimento patrimonial alguno, y por ello ordena el archivo del proceso de responsabilidad fiscal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Procederá entonces la Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto, revisando únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, para ello se ocupará el Despacho en primer término (i) de analizar lo relativo a la competencia que le asiste a ésta Delegada para conocer de la actuación; posteriormente (ii) efectuará un análisis del proceso con el fin de verificar que no se configuren causales de nulidad, ni que la acción disciplinaria se encuentre prescrita; luego (iii) se analizarán los hechos imputados de acuerdo con el material probatorio recaudado, en confrontación con la impugnación presentada; para finalmente, (iv) tomar la decisión que corresponda.

De la competencia En el presente caso se investigó y sancionó en primera instancia a señores PEDRO JAVIER CONTRERAS BURGOS y LAURENTINO SOTOMAYOR TAUTA, en sus calidades de Gerente y Técnico de Mantenimiento, respectivamente, de la UNIDAD

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DEL ESTADO, por parte de la Procuraduría Regional del Vichada, respecto de conductas relacionadas con la contratación. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde por competencia a las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal y a la Procuraduría Delegada para la 6 Moralidad Pública conocer de las presentes diligencias en segunda instancia, que correspondieron por reparto a esta Delegada. De la existencia de causales de nulidad Un presupuesto necesario para tomar una decisión de fondo en segunda instancia, está dado por la validez de la actuación cumplida en el proceso. Respecto a este punto hay que indicar que en la ley 734 de 2002 se optó por un régimen de nulidades que parte de la consagración de tres causales genéricas, cuya aplicación a casos concretos se matiza a través de la aplicación de unos principios que, si bien están consagrados en el Código de Procedimiento Penal, resultan aplicables por remisión expresa de la ley disciplinaria. Esas causales remiten al desconocimiento de las reglas de competencia, a la vulneración del debido proceso y a la afectación del derecho de defensa. Enseguida la Delegada se ocupa del análisis de cada uno de estos supuestos en el caso sometido a decisión. En cuanto a la competencia para conocer del presente proceso disciplinario en primera instancia, se tiene que ella radica en la Procuraduría Regional del Vichada, por tratarse de un servidor público del nivel territorial del Departamento del Vichada. Por otra parte, en lo atinente al procedimiento seguido, la Delegada no tiene reparo alguno, toda vez, que el operador disciplinario de primera instancia respetó la

estructura lógica del proceso, siguiendo y cumpliendo adecuadamente todos los pasos exigidos. Pero a pesar de lo anterior, la Delegada considera que la adecuación típica de la conducta irregular descrita en el cargo formulado, no corresponde a la normatividad aplicable para las Empresas Sociales del Estado, lo cual se constituye en un irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, y en consecuencia el derecho de defensa de los implicados, situación que se soporta con los argumentos que a continuación se esbozaran. En atención a lo establecido en el artículo 194 de la ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado son una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por la ley, o por las asambleas departamentales o por los concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan. Su objeto es la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud que establece la mencionada ley 100. Las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se rigen por las reglas del derecho privado, salvo algunas excepciones, caso en el cual se aplican las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 (Régimen de la contratación administrativa). Así lo ha señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en reiteradas ocasiones, empero, nos permitimos a continuación extractar los apartes más pertinentes del concepto emitido el 6 de abril de 2000, dentro del exp.

1263. “En consecuencia, por voluntad del legislador, ni los principios de la contratación estatal, ni normas distintas a las que regulan las cláusulas exorbitantes, deben aplicarse obligatoriamente por las empresas sociales del Estado. Es forzoso concluir entonces, que el régimen de contratación de estas 7 empresas es de derecho privado, con aplicación excepcional de las cláusulas mencionadas. Sin embargo, estima pertinente aclarar que cuando tales empresas, hipotéticamente tuvieran que celebrar los contratos a que se refiere el artículo 32 de la ley 80, no es pertinente dar aplicación a disposiciones distintas a las de derecho privado. Con todo, que el estatuto contractual no se aplique sino en punto a las cláusulas excepcionales, conforme al numeral 6° del artículo 195 de la ley 100, no significa que los administradores y encargados de la contratación en las empresas en cuestión, puedan hacer caso omiso de los preceptos de los artículo 209 de la Constitución, 2° y 3° del C.C.A. Este último precepto (articulo 209 C.P.), regula el alcance y contenido de cada uno de los principios mencionados; a estos y a las demás disposiciones deberán los administradores de las empresas sociales del Estado ajustar su actividad contractual. En igual forma y en desarrollo de los mismos preceptos, los principios universales - asociados al interés general -, contenidos en la ley 80 de 1993 y relacionados con los fines de la contratación estatal, con los derechos y deberes de las entidades estatales y de los contratistas, la capacidad, así no estuvieran vertidos en mandatos legales, deben presidir la contratación en las empresas mencionadas, pues son

postulados que tocan con la moralidad, la continuidad y prestación eficiente de los servicios públicos, y con la garantía de los derechos de los administradosusuarios. Del mismo modo, la responsabilidad de los administradores de las empresas sociales del Estado, se regirá directamente por las previsiones del artículo 90 de la Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 80, que recoge parcialmente los alcances del precepto constitucional.” Ahora bien, lo anterior fundamenta lo señalado al inicio de este capítulo respecto a que la adecuación típica de la conducta irregular descrita en el cargo formulado, no corresponde a la normatividad aplicable para las Empresas Sociales del Estado, pues éstas en materia contractual no se rigen por la ley 80 de 1993, sino por las disposiciones aplicables para la contratación privada, que por lo general se plasman en un manual interno de contratación. Entonces, siendo el pliego de cargos la pieza procesal, en la cual se concretiza fáctica y normativamente una imputación de naturaleza provisional, respecto de la ocurrencia probable de una conducta constitutiva de falta disciplinaria, con el fin de que el implicado ofrezca explicaciones sobre el reproche disciplinario efectuado, es deber citarle las normas aplicables. De no ser así, se vulnera el debido proceso, en cuanto que no se está juzgando conforme “a leyes preexistentes al acto que se imputa”, como lo exige el artículo 29 de la Carta Política. Produciéndose ante el error en la interpretación jurídica una vulneración sustancial al principio de la legalidad de las faltas. De otro lado, es conveniente anotar que el fallo tampoco se puede referir a

conductas diferentes a las que fueron materia de investigación, conforme lo manifiesta uno de los procesados en su impugnación, situación que al presentarse riñe con el derecho de defensa y el debido proceso, pues en último momento no se puede sorprender al implicado con conductas que no fueron objeto del cargo. Igualmente, es útil recordar que las decisiones susceptibles de notificación, deben de notificarse a la totalidad de los sujetos procesales, ello quiere decir, que tanto al investigado como a su apoderado es menester enterarlos debidamente de las decisiones proferidas por el operador disciplinario. Surge el anterior comentario en 8 atención a que conforme lo revela la abogada del implicado SOTOMAYOR, ella no fue notificada del fallo de instancia, surtiéndose dicha diligencia únicamente con el encartado, lo cual genera una irregularidad sustancial que afecta el derecho a la defensa técnica, al no satisfacerse el principio de publicidad del acto procesal y al desconocerle no puede ejercer en debida forma el derecho de impugnación y defensa. En consecuencia, ante la existencia de causal de nulidad previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 143 del CDU, como lo es la violación del derecho de defensa del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, es imperioso declarar la nulidad procesal de todo lo actuado, a partir, inclusive del pliego de cargos proferido el 27 de mayo de 2005, conservando su valor legal las pruebas aportadas al expediente luego de esa fecha. Con el fin de reponer la actuación, se devolverán las presentes diligencias al

despacho de origen, esto es, a la Procuraduría Regional del Vichada. De esta decisión, se enviará copia a la Viceprocuraduría General de la Nación, conforme lo señala la Directiva N° 10 de 2005, emitida por el señor Procurador General de la Nación. En atención a que se decretará la nulidad conforme a lo anotado en precedencia, no se entrará a resolver de fondo sobre el recurso impetrado. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE PRIMERO: Decretar la NULIDAD de la actuación a partir del pliego de cargos de fecha 27 de mayo de 2005, según lo analizado en la parte motiva del presente proveído. Las pruebas allegadas y practicadas legalmente conservarán su validez y alcance. Por la Procuraduría Regional del Vichada, rehágase la actuación atendiendo los señalamientos anotados.

SEGUNDO: Envíese copia de ésta decisión a la Viceprocuraduría General de la Nación, conforme se señala en Directiva N° 10 de 2005, emitida por el señor

Procurador General de la Nación.

TERCERO: Notificar personalmente a los sujetos procesales acerca de esta determinación. Para tal efecto, líbrense las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Delegado LFCF 9