PGN - NULIDAD ABSOLUTA - Trámite notarial de la liquidación de la sucesión del causante

Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2007 Concepto de Fondo # Doctor

MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA

Fiscal General de la Nación Ciudad

Ref.: 9101

Contra: Ignacio Villate Monroy y otros Magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca Asunto: Alegatos precalificatorios, solicitud de preclusión Julio Ospino Gutiérrez, Procurador Segundo Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal, Ministerio Público, dentro del asunto de la referencia, concurro a su Despacho con la finalidad de presentar alegatos precalificatorios dentro del traslado que prevé el artículo 393 de la Ley 600 de 2000.

Hechos Dentro del proceso de sucesión judicial del causante Hermógenes Lizarazo Fernández, iniciado en el mes de enero de 1995 por parte de sus hermanos Inocencio y Octaviano Lizarazo Fernández entre otros, que se adelantó ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Chocontá se decretaron medidas cautelares de embargo y secuestro de los bienes que formaron la masa hereditaria del causante. Elvia Andrade compareció dentro del respectivo proceso al momento del secuestro de uno de los inmuebles, alegando posesión material, en el cual tenía fijada su vivienda, razón por la que promovió, mediante apoderado, incidente de levantamiento de la orden de embargo y secuestro. Los herederos primero citados, decidieron tramitar omitiendo expresar la existencia del trámite judicial de la sucesión, así como la existencia de interés patrimonial del señora Andrade, la liquidación de la sucesión mediante el procedimiento notarial de

liquidación de herencia ante la Notaría Única del Círculo de Chocontá, al término de 1 la cual, se protocolizó la liquidación de herencia del señor Hermógenes Lizarazo Fernández, mediante la escritura pública 1082 del 12 de diciembre de 1995. Ante la citada Notaría, la señora Elvia Andrade, a través de apoderado, presentó oposición. Alegó tanto la existencia del proceso judicial de sucesión referido, en el que fue reconocida como tercera incidental, así como la unión marital de hecho que tuvo con el señor Hermógenes Lizarazo Fernández, pretensión que fue formalizada en demanda separada que instauró, ante el mismo Juzgado, contra los herederos que le pretendían desconocer, a fin que le fuera declarada la sociedad patrimonial de hecho, proceso que cursaba cuando se adelantó el trámite notarial. La petición de la señora Andrade no fue escuchada por el Despacho notarial, no obstante que el Juzgado Promiscuo de Familia había determinado que no suspendería la actuación judicial relacionada con la sucesión, ante petición elevada por los herederos, por cuanto estaba pendiente de resolver el incidente mencionado, auto cuya copia se adjuntó al escrito de oposición presentado a nombre de la señora Elvira Andrade, que no mereció el menor reparo en la encargada de dar fe pública a las manifestaciones de los herederos mencionados. Posteriormente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Familia, a través del auto de fecha 19 de mayo de 1997, dentro del proceso de sucesión judicial promovido por los herederos del señor Hermógenes Lizarazo Fernández, declaró la terminación de

tal actuación y el levantamiento de las medidas cautelares dictadas sobre los bienes de la sucesión, decisión apelada por la señora Elvia Andrade. Tal recurso fue inadmitido por parte de la segunda instancia a través del auto de fecha 19 de agosto de la misma anualidad, por cuanto la apelante carecía de legitimación en la causa para impugnar la decisión que acogió la liquidación notarial de la herencia, siendo, para esa fecha, según criterio del ad quem, una mera expectativa la declaración de la unión marital de hecho que ya había invocado ante la misma jurisdicción. Efectivamente, la señora Elvia Andrade, por su parte, desde noviembre de 1995, antes de la protocolización de la escritura mencionada, presentó ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Chocontá una demanda ordinaria de Existencia y/o 2 Disolución de la sociedad patrimonial de hecho en contra de Inocencio Lizarazo Fernández y otros, Despacho que, a través de la sentencia de fecha 31 de agosto de 1998, accedió a tal pretensión al punto que determinó que la demandante y el causante Hermógenes Lizarazo Fernández convivieron por el lapso comprendido entre el 31 de diciembre de 1990 al 6 de diciembre de 1994, a la vez que disolvió la misma y ordenó la liquidación subsiguiente. La decisión anterior fue confirmada por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, a través del auto de fecha 21 de abril de 1999, el cual fue recurrido en casación ante la H. Corte Suprema de Justicia, Corporación que, en fallo de fecha 8 de abril de 2003, decidió no casar la sentencia impugnada.

Por su parte, los herederos del señor Hermógenes Lizarazo F., con fundamento en la escritura 1082 del 12 de diciembre de 1995 presentaron ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chocontá una demanda ordinaria reivindicatoria contra la señora Elvira Andrade respecto de uno de los bienes objeto de la sucesión, concretamente, del bien en el que ella vivía, la cual fue condenada a restituir a los demandantes el bien objeto de litigio, inmueble del que fue despojada en cumplimiento de tal acción.1 En febrero de 1999, la señora Elvia Andrade presentó ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chocontá una demanda ordinaria en contra de Inocencio Lizarazo y otros, cuya pretensión buscó la declaración de nulidad absoluta del acto de liquidación notarial de herencia contenida en la escritura pública 1082 del 12 de diciembre de 1995 de la Notaría Única de Chocontá, pretensión que fue denegada por cuanto la demandante carecía de legitimación en la causa o de interés sustancial para obrar como demandante. La sentencia anterior fue impugnada por la actora, correspondiendo conocer en segunda instancia al Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil y Familia, conformada por los Magistrados Ignacio Villate Monroy, Miryam Ávila de Ardila y Juan Manuel Dumez, la que fue presidida por el primero, quienes en decisión del 16 de diciembre de 2004, declararon la nulidad absoluta del trámite notarial de la liquidación de la sucesión del causante Hermógenes Lizarazo Fernández, 1 Sentencia del 18 de diciembre de 1998, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chocontá, folio 93

del cuaderno nro. 1. 3 protocolizada mediante escritura pública mencionada. Como consecuencia de la decisión, ordenó la cancelación de la inscripción de tal documento público en los respectivos folios de matricula inmobiliaria2 de los inmuebles afectados, advirtiendo que la mencionada si tenía legitimidad en la causa como compañera permanente del causante. La decisión de segunda instancia en referencia no fue atacada en casación en su momento por el apoderado de los herederos del señor Hermógenes Lizarazo Fernández, varios de los cuales son los hoy denunciantes. Problema Jurídico ¿Declarar la nulidad absoluta del trámite notarial de liquidación de la sucesión del causante Hermógenes Lizarazo Fernández, protocolizada mediante la escritura pública 1082 del 12 de diciembre de 1995 de la Notaría Única del Municipio de Chocontá, que dejó por fuera a la señora Elvia Andrade, quien tenía interés patrimonial en ella por ser su compañera permanente, es una decisión contraria a derecho? Tesis La declaración de nulidad absoluta del trámite notarial de la liquidación de la sucesión del causante Hermógenes Lizarazo Fernández, protocolizada mediante la escritura pública 1082 del 12 de diciembre de 1995 de la Notaría Única de Chocontá no es una decisión contraria a derecho, ya que se acreditó la existencia de un vicio que comporta nulidad, tal como se demostrará a continuación.

Consideraciones

1. Se acreditó dentro de la instrucción que los doctores Ignacio Villate Monroy, Miryam Ávila de Ardila y Juan Manuel Dúmez, desempeñan la dignidad de

Magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca,3 quienes en tal condición emitieron la decisión del 16 de diciembre de 2004, aspecto que le permitió a su Despacho conocer y decidir la apertura de investigación de la referencia. 2 Nros. 154-0022390, 154-0018856 y 154-0018501 3 Folio 176 y siguientes del cuaderno nro. 1 4 Ahora bien, de acuerdo con el artículo 397 de la Ley 600 de 2000, veremos si los presupuestos allí exigidos para dictar resolución de acusación se encuentran presentes o, por el contrario, se puede calificar la investigación con preclusión de la investigación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 399 de la misma normatividad.

2. La Sala Civil – Familia - Agraria del Tribunal Superior de Cundinamarca, conformada por los Magistrados mencionados, a través de la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2004, revocó, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante dentro del proceso ordinario de nulidad de partición seguido en el Juzgado Civil del Circuito de Chocontá, la sentencia de fecha 26 de julio de 2004, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa de aquella y negó las pretensiones de la demanda, que se contraían a la declaración de nulidad absoluta del trámite de liquidación notarial de la sucesión del causante Hermógenes

Lizarazo Fernández. En otras palabras, el Tribunal consideró acreditada la legitimación en la causa de la señora Elvia Andrade, a quien por sentencia judicial, que fue susceptible, inclusive,

del recurso extraordinario de Casación, le fue reconocida la existencia de una unión marital de hecho con el causante mencionado, persona que a su vez, en virtud del trámite notarial referido fue excluida de la repartición de la herencia o bienes dejados por el causante. Este es el núcleo de la divergencia de criterios de las dos instancias mencionadas, la que independientemente de la posición que asumieran daban una solución diferente al problema jurídico que surge de tal debate, y que en esencia se contrae a determinar de si la señora Elvia Andrade tenía o no legitimación para reclamar la nulidad invocada a través de tal proceso ordinario. Este es el punto en el cual debe centrarse el análisis del argumento de la decisión tildada de prevaricadora, para evidenciar si es o no contraria a derecho.

3. Para ello, es necesario recordar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chocontá determinó la prosperidad de una excepción de mérito fundamentada en que la actora no estaba legitimada para incoar la acción de nulidad por cuanto la 5 demanda se había formulado en febrero de 1999, fecha en la cual a pesar de haberse proferido la sentencia favorable a sus pedimentos dentro del proceso ordinario de existencia de la unión marital de hecho, esta determinación no se encontraba en firme, pues contra ella se había interpuesto recurso de apelación, resuelto el 21 de abril de 1999 por parte del Tribunal de Cundinamarca que confirmó el fallo de primera instancia, sentencia que fue atacada a través del recurso Extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, el cual no prosperó,

quedando ejecutoriada la misma en abril de 2003. Tal situación, en criterio del juez a quo, deslegitimaba a la señora Andrade para interponer la acción de nulidad en el trámite notarial. En todo caso, resalta esta Procuraduría, la decisión tildada de ilegal se produjo luego de tal ejecutoria. El juez ad quem, por el contrario, consideró que si bien para la fecha de presentación de la demanda de nulidad del trámite notarial, el fallo de primera instancia que declaró la existencia de una sociedad patrimonial de hecho entre la actora Elvia Andrade y Hermógenes Lizarazo Fernández no se encontraba en firme, no debía perderse de vista que esta sentencia era meramente declarativa porque reconocía la existencia de una situación prevista en la Ley 54 de 1990, suficientemente probada en ese proceso. Dicho reconocimiento legitimaba en consecuencia a la demandante, para promover la acción de nulidad del trámite de liquidación notarial de la herencia del mencionado, en defensa de los derechos que le pudieran corresponder derivados de la sociedad patrimonial surgida con ocasión de tal unión marital que existió entre ellos. De acuerdo a lo anterior, la solución dada por los Magistrados investigados tiene un referente de derecho razonable, dado que se basó en un hecho cierto y declarado por la jurisdicción de familia, hecho que los herederos del causante pretendieron para el momento de la liquidación notarial desconocer, no obstante que conocían la existencia de la señora Elvia Andrade y su interés patrimonial en dicha sucesión, tal como se pasará a demostrar.

4. Téngase en cuenta al efecto, que fueron los hermanos del señor Hermógenes Lizarazo Fernández, fallecido el 6 de diciembre de 1994, quienes promovieron inicialmente un proceso de sucesión ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de

6 Familia de Chocontá, en el mes de enero de 1995, dentro del cual se decretaron unas medidas cautelares4, las que se encontraban vigentes al momento de iniciar el trámite notarial referido, dentro del cual la señora Andrade había promovido un incidente de desembargo motivada, en ese momento, en su condición de poseedora de uno de los bienes objeto de las mismas, y que hacía parte de la masa objeto de la sucesión, precisamente dentro del inmueble donde tenía fijada su vivienda, y en la cual hizo vida marital de hecho con Lizarazo Fernández hasta el fallecimiento de éste.

5. Frente a esta concreta situación, es preciso y legítimo hacerse la siguiente pregunta: ¿podía la Notaria, ante la petición de los herederos respectivos, adelantar el trámite notarial de liquidación de la sucesión ignorando tal presupuesto fáctico?; frente al punto, y ante tal modalidad de sucesión, que implica acuerdo total en la partición, la ley exige como requisito sustancial, de una parte la ignorancia por parte de los herederos de otros interesados de igual o mejor derecho del que ellos tenían, y de otra el desconocimiento de la existencia de otros legatarios o acreedores.5

Al mismo tiempo, ¿podían en ese momento los herederos del señor Hermógenes Lizarazo Fernández desconocer el interés patrimonial de la señora Elvira Andrade?;

obsérvese, frente a este punto, que para noviembre de 1995, antes de la protocolización de la respectiva escritura, la señora Elvia Andrade había promovido la demanda de existencia de sociedad patrimonial con el causante, que fue reconocida mediante sentencia judicial proferida con posterioridad al trámite susodicho como quedó indicado.

6. Adicionalmente, y conforme a la normatividad aplicable al caso, el artículo 3, numeral 5, del decreto 902 de 1988, determina que si antes de suscribirse la escritura pública, se presentare otro interesado de los que determina el articulo 1312 del Código Civil, deberá rehacerse por todos los interesados la partición de la herencia y la liquidación de la sociedad conyugal si fuere el caso, al punto que si no hubiere acuerdo se dará por terminada la actuación notarial, debiendo el notario entregar el expediente a los interesados. En el presente caso era evidente una 4 Ver certificado de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá, folios 106 y siguientes del cuaderno nro. 2. 5 Artículo 2° del decreto 902 de 1988 7 diferencia entre los herederos del causante y la señora Andrade, lo que ubicaba tal situación en la hipótesis prevista en esa norma.

Frente a tal requisito, cabe preguntarse, de acuerdo con las pruebas recopiladas, ¿se realizó la liquidación mencionada con el consentimiento de la señora Andrade, persona que tenía interés directo en los bienes repartidos, cuya génesis incontrastable era la sociedad patrimonial de hecho, declarada por sentencia judicial?. Es evidente que un análisis somero de los hechos indican que no.

7. Para argumentar en relación con las respuestas que corresponden en derecho a los interrogantes planteados, importante resulta determinar, que según prueba documental allegada al expediente y dentro de los anexos que hicieron parte de la escritura pública que protocolizó la liquidación de la herencia del señor Hermógenes Lizarazo F., se encuentra constancia que a las diligencias notariales compareció la interesada, mediante apoderado, expresando claramente dos cosas: (i) que no se podía acceder al trámite notarial por estar pendiente la resolución de un incidente de desembargo propuesto por la señora Elvira Andrade dentro del trámite de sucesión; y

(ii) que a la fecha se encontraba pendiente, además, un proceso ordinario de Existencia y Disolución de la sociedad patrimonial formada entre la mencionada y el señor Hermógenes Lizarazo Fernández. Adicionalmente, se aportó copia del auto en el cual el Juez Promiscuo de Familia de Chocontá solicitó al Notario respectivo la suspensión de dicho trámite, documento protocolizado con la escritura. La intención de burlar los derechos de la referida se muestra inconcusa.

8. Pero contra todo pronóstico razonable, la Notaria encargada de resolver tal petición, hizo caso omiso a tal pedido, procediendo a la partición de la masa herencial frente a la cual le asistía interés a la señora Andrade, dejándola por fuera, sin estimar o analizar el interés legítimo en la liquidación de la herencia de su compañero permanente y la falta de consentimiento de ésta en el trámite surtido en

la Notaria Única de Chocontá.

9. Nótese como objetivamente, para el caso analizado, estaban reunidos los presupuestos del artículo 1741 del Código Civil6 para la declaración de una nulidad 6 “Nulidad Absoluta y relativa. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los 8 absoluta. Era evidente que se habían omitido los requisitos legales para que un acto de tal naturaleza tuviera vida jurídica, exigencia legal sustancial o de la esencia, conforme a las reglas que rigen la liquidación de herencia ante notario.

10. Por ello, surge con nitidez del examen del proceso mencionado, elementos de juicio precisamente advertidos por los procesados, consistentes en que dentro del contexto analizado surgían hechos indicadores de que tal omisión objetiva revestía el carácter de una avilantez de parte de los herederos, para privar a la señora Andrade de sus derechos, quien estaba facultada para ejercerlos dentro del trámite del proceso de sucesión judicial en el que se le reconoció como tercera incidental con interés para oponerse al embargo de uno de los inmuebles que hacía parte del legado dejado por el señor Hermógenes Lizarazo F., al momento de fallecer.7

Se debe aclarar, frente al punto, que cuando la señora Andrade se opuso dentro de la diligencia de embargo y secuestro del bien en el que tenía fijada su vivienda, no era parte dentro del proceso de sucesión sino una tercera con interés, pues hasta

ese entonces no había sido reconocida como compañera permanente, calidad que más tarde la justicia le reconocería, lo que impedía, en principio, apelar el auto con el cual se archivaba el proceso de sucesión, luego de que los herederos presentaran al juzgado petición en tal sentido fundamentada en la escritura 1082 mencionada, que ordenó la partición de los bienes del compañero permanente de la señora Elvia Andrade.

11. Situación diferente a la antes descrita corresponde a la analizada en el presente evento, que originó el proceso penal contra los Magistrados Villate Monroy, Ávila de Ardila y Dumez, dado que la demanda de nulidad del trámite notarial fue presentada con posterioridad al reconocimiento judicial de la existencia de la sociedad patrimonial de hecho, que data a 31 de agosto de 1998, sentencia que declaró entre otras la relacionada con la convivencia entre el causante y la señora Andrade.

Obsérvese, que esa declaración de la jurisdicción de Familia constituye un reconocimiento de una situación fáctica existente anterior a esta última, sentencia ejecutan o acuerdan , son nulidades absolutas…”. 7 Auto del 19 de agosto de 1997, del Tribunal Superior de Cundinamarca, que inadmitió el recurso de apelación proferido contra el auto del 19 de mayo de 1997 del juzgado Promiscuo de Familia de Chocontá, que acogió la liquidación notarial de la herencia, y consecuencialmente, terminó el proceso, canceló las medidas cautelares y dispuso el archivo del expediente. 9 que generó derechos patrimoniales a la señora Elvira Andrade, circunstancia que

debe analizarse en retrospectiva para así evitar descontextualizar esas dos situaciones que advierte el denunciante como contradictorias, pues según su criterio, la señora Elvia Andrade para un caso alega la condición de poseedora, y para otro la de compañera permanente del causante, posturas que asumió conforme el desarrollo de los hechos, dado que fueron los herederos quienes iniciaron, sin incluirla, el juicio de sucesión con la petición de medida cautelar del bien en que precisamente ella vivía a sabiendas de la realidad de las cosas.

12. En esas condiciones, en cabeza de la señora Elvia Andrade concurrían los mismos derechos de las personas señaladas en el artículo 1312 del Código Civil8, a quienes el decreto 902 de 1988 confiere facultad para oponerse al trámite de liquidación notarial.

Y si bien, ese artículo no prevé el caso de la compañera permanente, nada obsta para que se equipare a la cónyuge sobreviviente la situación de la señora Elvia Andrade, en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política, dando desarrollo al principio fundamental de la igualdad, en congruencia con el principio de equidad que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reivindicado a favor de las compañeras permanentes, tal como se observa en la sentencia T-553 de 1994: “(…) todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin

necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las dos formas de unión (artículo 42 C.P.) y se quebranta el principio de igualdad ante la ley (artículo 13 C.P.), que prescribe el mismo trato a situaciones idénticas.”

13. De ahí, que no es contraria a derecho la consideración de los Magistrados, al reconocer legitimidad a la señora Elvia Andrade, decisión plasmada en la sentencia tildada como prevaricadora, pues implícitamente dieron aplicación a tal excepción, en beneficio de una justicia material cercenada por los formalismos jurídicos, que en últimas produjo una liquidación de la masa de bienes del causante a espaldas de quien tenía derecho a ella. En esas condiciones, la decisión de los Magistrados se 8 El albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o abintestado, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios, y todos acreedor hereditario. 10 opone a tal cometido, para que la partición de los bienes consulte no solo la legalidad sino la efectiva justicia material.

Ello conlleva a reafirmar aún más, como lo indicaron los investigados en sus versiones libres e indagatorias, que el problema jurídico que se les planteó, relativo a la legitimidad de la compañera permanente para solicitar la nulidad del tramite notarial de liquidación de la sucesión del causante Hermógenes Lizarazo F., era

novedoso, razón por la cual en una interpretación sistemática, de un caso no regido con precisión por la norma civil, por analogía, podía equipararse el tratamiento que la ley daba a la cónyuge sobreviviente para aplicarlo a la compañera permanente de un causante; y ello se hizo a partir de la inteligencia aportada por el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, que prevé: “cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán leyes que regulen casos o materia semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”, regla básica de interpretación aplicada por los H. Magistrados investigados, aunque no esté explícitamente indicado por ellos en la decisión comentada.

14. No obstante lo anterior, existe otro argumento adicional para reafirmar la legalidad de la decisión adoptada por los procesados. Este se refiere a que el solo interés patrimonial de la señora Elvia Andrade, independiente del fundamento del que derivara el mismo, sea como tercera o como compañera permanente, de acuerdo con las normas civiles que rigen el derecho de sucesiones, concretamente al tenor literal del artículo 1388 del Código Civil, era motivo suficiente para no adelantar la liquidación notarial, y a cambio, dejar a los jueces la liquidación de la masa herencial.

En efecto, conforme a esa norma, puede acudir a la solicitud de exclusión de bienes de la partición y suspensión de la misma, quien alegue un derecho exclusivo, y que, en consecuencia, considere que el mismo no deba entrar en la masa partible. Tal presupuesto lo reunía la señora Elvia Andrade.

Lo anterior permite concluir, que ese aspecto patrimonial se puede debatir en la justicia ordinaria, aún antes de que se produzca la declaración judicial de la sociedad patrimonial de hecho con el causante, condición que ostentaba la señora Andrade al momento de oponerse al trámite notarial referido, circunstancia que sirve para 11 señalar que la manifestación de ésta última, dejaba entrever su interés en la partición, lo que era causal suficiente para que la jurisdicción contenciosa dirimiera tal conflicto. Tal situación, de hecho fue ignorada por la Notaria encargada del trámite de liquidación.

15. Sin embargo, pese a todo lo anotado, y contra toda evidencia, en la Notaría se prosiguió con un trámite, no obstante las irregularidades advertidas reiteramos, reconocidas incluso por quien avaló tal procedimiento, la entonces Notaria Única de Chocontá, Martha Magdalena Torres Góngora, quien en declaración del pasado 31 de julio de 2007, casi doce años después de la protocolización de la escritura respectiva, advierte que en esa sucesión hubo ‘muchos problemas’ y ‘cosas extrañas’. Concretamente refiere que el apoderado de los herederos, le manifestó que allí había una compañera permanente del causante que no tenía derecho, circunstancia que, independientemente de la ritualidad, ha debido tener en cuenta, para asumir una posición jurídica frente a la petición que atendía.

Y aun cuando manifieste dicha declarante, que Elvia Andrade nunca concurrió a la notaria, lo cierto es que junto a los anexos de la escritura aparecen las constancias que prueban lo contrario, o sea su comparecencia a través de apoderado.

Significa lo anterior, que sobrados motivos tenía la Notaria para haber suspendido el trámite de liquidación ante el allegamiento de serios elementos de juicio que le mostraban la existencia de un proceso judicial de sucesión así como de otras personas con derecho a la masa a repartir. Podía representarse, en esas condiciones, que serían burlados ciertos derechos patrimoniales, y nada hizo al respecto. Eso había que enmendarlo y fue precisamente lo que se realizó por parte de los procesados en la determinación que ahora se ha pretendido calificar de prevaricadora. No obstante, la Notaria frente a las irregularidades, se excusa en su inexperiencia, pues cuando se protocolizó la escritura de partición estaba recién llegada a tal Despacho. Esa es, en su concepto, la única razón para haber dejado pasar por alto no solo lo anterior, sino protuberantes aspectos de tal trámite como: la ausencia en el poder, de la manifestación que debe hacerse bajo la gravedad del juramento, del desconocimiento de otras personas con igual derecho sobre los bienes; de la existencia de embargos de los bienes que hacían parte de la partición; de la 12 existencia de dos procesos, que aunque de diferente naturaleza, tenían como elemento común la misma situación fáctica de la muerte del causante Hermógenes Lizarazo Fernández. Y si bien, aduce la Notaria que el abogado de los herederos le aportó un concepto de la Superintendencia de Notariado y Registro, el cual fue protocolizado con la escritura respectiva, es evidente de la lectura de dicho documento, que en la consulta solo hizo alusión al proceso ordinario de declaración de existencia de

sociedad patrimonial de hecho y no del proceso de sucesión judicial que se llevaba con anterioridad al trámite notarial, iniciado por demanda de los herederos, dentro del cual la señora Elvia Andrade era una tercera incidental con derechos patrimoniales. Por tanto, a pesar de la existencia de tal concepto administrativo, debió ponderar ese documento con las razones de hecho y de derecho que la señora Andrade en su momento le puso de presente para así haber dispuesto la suspensión del trámite notarial conforme se lo solicitó en su momento el Juzgado Promiscuo de Familia de Chocontá, auto que en fotocopia fue allegado por el apoderado de la señora Andrade.

16. Ante la fuerza probatoria, la ex Notaria nada adicional adujo en su declaración.

Como se observa, tan solo se limitó a decir que le parece ‘muy raro’ todo, y que solo recuerda haber recibido una solicitud de suspensión del proceso de parte de los herederos, sin explicar por qué no atendió el pedido de la autoridad judicial. ¿Puede, entonces, censurarse la decisión de los Magistrados que advirtieron tales irregularidades, al punto de considerarse contraria a derecho, cuando su comportamiento evitó un perjuicio mayor a la señora Andrade, y en todo caso estuvo acorde con lo consideraron razonablemente era lo justo?. La respuesta es negativa.

17. Así mismo, conviene resaltar que como los documentos anexos a la escritura 1082 estuvieron a la vista de los Magistrados procesados en este asunto, es evidente que no podían avalar esa grosera vía de hecho; por ello, teniendo en sus manos el instrumento jurídico para evitar el cercenamiento de los derechos de quien