PGN - NULIDAD AUTO DE CARGOS - Por no complementación del tipo en blanco

Dependencia: Procuraduría Delegada Segunda para Vigilancia

Administrativa

Radicación: 052-9006/08

Disciplinado: JANETH PILAR ARGOTI LAGOS

Cargo y Entidad: Personería Municipal de San Miguel - Putumayo Quejoso: De oficio Queja: 08 de Febrero de 2008

Fecha Hechos: 10 de Enero de 2008

Asunto: AUTO QUE DECLARA UNA NULIDAD

Bogotá D.C., ENERO 21 DE 2009 Procede este Despacho, con fundamento en la competencia otorgada por el numeral 4º del artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000, el inciso 3º del artículo 19 de la Resolución No. 017 de 2000 de la Procuraduría General de la Nación y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 111, 112 y 115 la Ley 734 de 2002, a pronunciarse, respecto del recurso de apelación interpuesto por la señora JANETH PILAR ARGOTI LAGOS, por intermedio de su apoderado, contra el fallo sancionatorio de primera instancia proferido en audiencia pública el 06 de Noviembre de 2008 . ANTECEDENTES Previo agotamiento del trámite procesal de primera instancia, la Procuraduría Regional del Putumayo profirió fallo sancionatorio contra la señora JANETH PILAR ARGOTI LAGOS, imponiéndole sanción de DESTITUCIÓN del cargo e INHABILIDAD GENERAL para ejercer la función pública, respectivamente, e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo término de la suspensión, al encontrarla responsable de los cargos imputados.

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra.5No.15-80 P-8 Tel.3360011 Ext10825 CARGOS La Procuraduría Regional del Putumayo, mediante auto de 20 de Agosto de 2008, formuló pliego de cargos a señora JANETH PILAR ARGOTI LAGOS, describiendo la presunta conducta cometida por ésta, así: “Por un lado, debe considerarse que si bien, no es requisito de carácter obligatorio el título de abogado para desempeñarse en el cargo de Personero Municipal en un municipio de sexta categoría como lo es San Miguel (p), sino únicamente la calidad de egresado, aquellas personas que válidamente obtienen un título profesional y experiencia en este campo, adquieren un cierto grado de prevalencia y supremacía, frente a quienes no lo tienen, para efectos de la puntuación necesaria a obtener en adicional que debe ser valorado por quienes deben proceder con la elección y un factor que otorga ventaja al participante que por fuera de los requisitos mínimos tiene calidades adicionales.” “Por esta razón, no comparte este Despacho, la conducta voluntaria y conciente por parte de la disciplinada, en querer ostentar una calidad que ya no tenía, y pretender con ello, obtener una ventaja frente a los más aspirantes al cargo de Personero Municipal, haciendo muy posiblemente variar la decisión de la votación por parte de cada uno de los Concejales Municipales, quienes optaron por su candidatura, con el convencimiento pleno de las calidades que fueron puestas a su consideración en la hoja de vida, entre ellas su título profesional y su tarjeta profesional que la acreditaban gozar de tal condición.”

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 2 Ext.10816 “Se reprocha además, el hecho de incluir entre su experiencia profesional, el ejercicio del litigio, puesto que fue debidamente certificado por la Fiscalía Seccional del Valle del Gamuez, tal y como se observa a folios 263 a 275, el que hubiera ejercido como abogada de confianza en varios asuntos penales adelantados en ese despacho, exhibiendo para ello, una tarjeta profesional, que para ese momento había sido ya cancelada. Se considera por tanto, que ésta situación había creado entre la comunidad el que se la considerara como una profesional en el campo del derecho, con amplia experiencia, la cual daba cuenta de las diligencias profesionales y los despacho a los que acudió, generando en el ambiente de esa localidad y de las localidades aledañas el convencimiento de la comunicada en ser reconocida como tal.” “En consecuencia de lo anterior, la implicada presuntamente estaría incursa con su conducta en la comisión del tipo penal descrito en el Código Penal Colombiano, como falsedad personal, toda vez que conciente y voluntariamente se atribuyó una calidad que no el correspondía, y de esta manera obtuvo un provecho para sí, haciendo incurrir en un posible error a quienes procedieron a elegirla, con el convencimiento pleno de tener el perfil que se indicaba en su hoja de vida. De debe aclarar que lo que se discute no es la autenticidad del documento, sino que el contenido del mismo no corresponde a la realidad, dado que para el momento en que fue utilizado, había perdido ya todo efecto jurídico y

toda condición, siendo cancelado por quien fue expedido.” “A contrario, la señora JANETH DEL PILAR ARGOTI LAGOS, a sabiendas de tal situación, tomó posesión en el cargo de Personera Municipal y adquirió el estatus de servidor público, teniendo conocimiento pleno de que su conducta y actuación Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 3 Ext.10816 dentro del proceso de selección de Personera del Municipio de San Miguel, implicaría presuntamente la comisión de un delito.” Se consideró que la implicada con su conducta pudo incurrir en la violación de las siguientes normas: Artículo 6 de la Constitución Política. Los numerales 1 y 19 del artículo 35, de la Ley 734 de 2002. “Cabe provisionalmente encasillar la actuación dentro de la comisión de las siguientes faltas gravísimas, descritas en el artículo 48 ibídem. 1. Realizar objetivamente una descripción típica considerada en la ley como delito, sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. 56.- Suministrar datos inexactos o documentos con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa.” Falta que se imputó a título de DOLO. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional del Putumayo profirió fallo sancionatorio de primera instancia, el 06 de Noviembre de 2008, contra la señora JANETH PILAR ARGOTI

LAGOS, imponiéndole sanción de DESTITUCIÓN del cargo e INHABILIDAD Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 4 Ext.10816 GENERAL para ejercer cargos públicos por el mismo término de la suspensión, al encontrarla responsable de los cargos imputados, decisión que fundamentó en los siguientes argumentos: Que:”Como se desprende claramente del auto de Citación a Audiencia, la conducta que se endilga a la señora JANETH PILAR ARGOTI LAGOS en su condición de Personera del Municipio de San Miguel, consiste en haber acreditado durante el proceso de elección del cargo, una calidad que no ostentaba, por cuanto previamente hace algunos años le fue dejado sin efectos el acta de grado de la profesión de abogada y también la Tarjeta Profesional que se le había otorgado; sin embargo, analizado en conjunto todo el material probatorio que se recaudó, específicamente la mayoría de las manifestaciones hechas por quienes la eligieron en las declaraciones rendidas y las visitas efectuadas, se constituyen en elementos de juicio creíbles y fundados que dan cuenta que la disciplinada sí presentó copias de tales documentos al momento de su postulación y por ende, pese a que éste no era un requisito mínimo para ocupar el cargo de Personera Municipal, sí incidió directamente en la decisión que pudieron tomar individualmente cada Concejal al momento de su votación y le otorgó cierto grado de favoritismo y supremacía frente a los demás concursantes en dicho proceso como continuación se indicará.” “Debe tenerse en cuenta además que se le atribuye también, el haber indicado de

manera expresa en su hoja de vida y visible a folio 33, que se encontraba terminando una Especialización en Derecho Administrativo, la cual igualmente se pudo corroborar mediante Certificación enviada por la Universidad Cooperativa de Colombia y visible a folio 420, que nunca cursó, calidad ésta que igualmente pudo Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 5 Ext.10816 tener alguna clase de incidencia en el proceso de su elección y que podría también considerarse como favorable para la inclinación en su postulación.” “Como primero, se encontró que, con posterioridad a la fecha en que le fue cancelado su título y su tarjeta profesional es decir luego del 03 de diciembre de 2003 cuando la Universidad Decidió dejarlo sin efectos, continuó ejerciendo como apoderada de confianza dentro de alguno procesos penales, tal y como fue certificado por la Fiscalía del Municipio del Valle del Guamez y visible a folios 263 a 275 y que pese a que es posible hacerlo en algunos casos solamente con la condición de egresada, ella se identificó con el número de su tarjeta profesional y así asistió a las diligencias de sus representados.” Que, ello se corroboraba por ejemplo, con el poder visible a folio 264 cuya fecha de presentación fue el 26 de noviembre de 2006, y en el cual firmaba, identificándose también con el número de la tarjeta profesional, tanto en el final como en su encabezado, sin vigencia ya para el 13 de octubre de 2006, situación que también se evidenciaba en la copia del acta de indagatoria rendida ante la Fiscalía 50 Seccional Valle del Gamuez, en donde figuraba la disciplinada, como

representante del indagado, y nuevamente se identificaba como portadora de la Tarjeta Profesional NO.12345 del CSJ, sin vigencia para esa época. “Estos hechos se constituyen por tanto, en una prueba clara y contundente del ejercicio del litigio por parte de la disciplinada, con posterioridad a la fecha en que le fue dejado sin efectos su título y habiendo transcurrido ya algunos años, de la fecha de la devolución de los documentos que la acreditaban como tal. No podría Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 6 Ext.10816 en consecuencia pensarse que estas actuaciones fueron realizadas por negligencia o descuido o de manera inconciente, sino a contrario (sic), con la voluntad y con la conciencia de las consecuencias de los actos que se encontraba realizando. Se agrega además que tal y como consta en la certificación obrante a folio 406 la mayoría de los procesos que se encontraba representando a la fecha el 05 de agosto de 2008, cuando ya ejercía como Personera Municipal no habían sido sustituidos a otro profesional ni presentada renuncia a los mismos, violando así la prohibición para todo servidor público.” “ Si bien, en este punto argumenta la defensa que ello, no evidencia que al momento de incluirse en su hoja de vida experiencia, se hacía alusión a la general y no a asuntos particulares, como los que se acabaron de relacionar, no puede perderse de vista, que el realizar actuaciones y diligencias en despachos judiciales y para el caso particular en Fiscalías, había logrado crear en la comunidad, una convicción difícil de desvirtuar, de que se trataba de una abogada

litigante, con amplia trayectoria y así en era (sic) considerada por la comunidad del sector y de Municipios aledaños, entre los que se encuentran los Concejales que luego, en el mes de enero del presente año, definieron su elección.” “El Despacho no discute, el hecho de que existiera en el Concejo Municipal de San Miguel al igual que en otros más de éste Departamento, algún grado de errores en cuanto a no tomar las medias extremas para la recepción de documentación y demás que reposa en esta Oficina; por ello, no puede ser considerado como una excusa o como fundamento para tratar de probarse que no se allegaron ciertos documentos a la hoja de vida, cuando fueron no solo observados por la mayoría de sus miembros, sino como antes se indicó por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 7 Ext.10816 Secretaría y por otra dependencia independiente de sus miembros, sino como antes se indicó por la Secretaría y por otra dependencia independencia como lo es Gobierno Municipal, en donde reposan hasta la actualidad.” “Ahora bien, frente al argumento expuesto por la defensa a folio 567 de ser el contenido del acta No.002 del 10 de enero de 2008 dentro de la cual se dio elección al Personero Municipal y específicamente la anotación plasmada en la parte inicial de su segunda hoja, donde se indica expresamente “Fotocopia de Tarjeta de Abogado No.123345 del Consejo Nacional de la Judicatura” como una adulteración burda de dicha acta”, debe recordársele a la parte disciplinada, que se trata de un acto administrativo, que por demás goza de la presunción de

legalidad y que si frente a su contenido existe discrepancia, debe acudirse a ésta jurisdicción para que mediante las acciones legales se establezca y se desvirtúe su presunción”. FALTAS GRAVÍSIMAS “Se reitera la consideración hecha por ésta Procuraduría, en el auto de citación a audiencia, imputando su comportamiento como falta gravísima consagrada en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por la vulneración expresa de sus numerales 1º y 56º, en el sentido a que con su comportamiento plenamente conciente y voluntario dio lugar a que se configure una descripción típica considerada en la ley como delito con ocasión de su cargo y a que además, presentó documentación con contenidos que no corresponden a la realidad para conseguir ser electa y posesionarse como Personera Municipal.” Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 8 Ext.10816 “En todo caso, nótese que para la configuración de la falta.(Fls.588 a 609). RECURSO DE APELACIÓN La disciplinada mediante apoderado interpuso recurso de apelación contra el fallo sancionatorio de primera instancia, en los siguientes términos, obrante a folios (610 a 697). En primer lugar, planteó que el fallo se encuentra viciado de nulidad y propone la existencia de las siguientes nulidades: 1.- Que, la determinación del proceso aplicable para juzgar la conducta del investigado, y ello no es formal o aparente, sino sustancial, es al legislador quien le compete fijar dicho procedimiento, como en efecto lo hizo, en el artículo 175 de

la Ley 734 de 2002 y, por tanto, no correspondía al operador jurídico escoger uno u otro de manera subjetiva sin verificar previamente la existencia de los presupuestos legales para el efecto, siendo que en el presente caso, la Procuraduría había citado a procedimiento verbal basando su decisión en dos razones, cuales eran, que: “(…) estando el proceso para evaluar la apertura de investigación, ya estaban dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos (…)”, no obstante, que la defensa consideraba que la norma no tiene acomodo y que el operador jurídico también estaba sujeto a lo dispuesto en los preceptos legales consagrados en el artículo 6º y 121 y siguientes de la Constitución Política, pues su función es reglada, lo que significaba que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 9 Ext.10816 aplicación de las normas no es propia de su criterio subjetivo, sino el resultado de las comprobaciones externas que delata el proceso. Argumenta el recurrente, que en el fallo cuestionado, el A quo expresa que la nulidad planteada no se ha configurado, por cuanto “(…)que la investigación para el momento mismo que se citó a audiencia verbal ya se encontraba abierta y ello no se discute, pero ello no significa que con posterioridad a este auto, se encuentren elementos de juicio suficientes que ameriten tramitar una actuación bajo un procedimiento verbal, previo el cumplimiento de los requisitos que para el efecto se ha establecido (…) y no podría ser considerado que solamente por el

hecho de iniciar una investigación y el surgimiento de otras pruebas pertinentes y conducentes, no se pueda evaluar la posibilidad de variar su procedimiento”.( 610 a 697). Que, el Procurador, cometía un yerro, ya que era al legislador a quien correspondía el diseño de los procedimientos y al operador jurídico su aplicación, ciñéndose como todo servidor a la ley, por lo que era importante recordar que el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, en su inciso tercero, establece, que: “En todo caso, y cualquiera que fuera el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.” Que, en la norma precedente, se establecía un límite temporal que la Procuraduría Regional había pasado por alto, ya que era sólo al momento de valorar sobre la apertura de investigación, pues, si están dados los elementos para proferir pliego de cargos, se podía optar por el procedimiento verbal y no Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 10 Ext.10816 como lo afirmaba el a quo, ya que no era dable, que en cualquier momento, el operador disciplinario pudiese variar de un procedimiento a otro, situación esta que resultaba extraña para el Estado Social de Derecho, pues en tal evento el investigado carece de las garantías necesarias de para su defensa, derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la norma superior. Que, “En el caso presente, la Procuraduría Regional del Putumayo, abrió en un

principio investigación disciplinaria por el curso del procedimiento ordinario, luego de haber recaudado pruebas en la indagación preliminar, y aún en dicha etapa no contaba con los elementos de juicio para proferir pliego de cargos, por lo cual ordenó la práctica de pruebas, tal como se lee en el auto de fecha veintiocho (28) de mayo de 2008, entonces, como es posible que luego de que ellas se practicaron haya citado a audiencia, cuando al momento de decidir la apertura de investigación disciplinaria, no estaban dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, lo cual es evidente. Tal análisis, es indicativo, sin duda alguna, de que el proceso desde un inicio se encuentra con el vicio de nulidad alegado, mismo pretermitido por la Regional de instancia.” Que, “No es justo, que ante un texto normativo tan claro, el Sr. Procurador explique a la defensa que: “ (…)No se comparte la interpretación que de la norma ha realizado el abogado de la disciplinada, cuando limita en lapsos de tiempo, la posibilidad que tiene el operador disciplinario para definir entre uno y otro procedimiento, pues la norma no la señala de manera expresa …” 2.- Como segunda causal de nulidad, planteó el recurrente, que, se presenta, frente a la segunda causal invocada por la Regional del Putumayo para haber Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 11 Ext.10816 dado trámite al proceso, por el procedimiento verbal, consistente en que, aquélla argumentó que el mismo es procedente por cuanto, “ (…) nos encontramos frente a una conducta tipificada en los numerales 1º y 56 del artículo 48 de la ley 734 de

2002, conductas que por mandato del mismo legislador, contenida en el inciso 2º del artículo 175 antes citado, permite la aplicación de la ritualidad procesal reglada en el Capítulo Primero del Título XI del Código Disciplinario Único”. Que, “Analizado, en principio lo alegado por la Regional del Putumayo, para optar por el trámite del proceso verbal, esto es lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002, encontramos que el artículo 175, que cita como fundamento de su conducta, no dice, lo que el ente de control disciplinario coloca en su texto, siendo un proceder contrario al artículo 83 del texto constitucional (…)” Que, si bien era cierto que la norma precedente sí aludía al numeral 56 del artículo 48, el encuadramiento típico, no debía ser realizado por el operador disciplinario, así sea con carácter provisional, sin sujeción al marco típico de la conducta en supuesto juzgada, y es que en su caso era evidente que la norma dispuesta como posible objeto de vulneración, no lo era, toda vez que el numeral 56 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, establecía, “Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa” Que, sobre el particular, el A quo había aducido : “(…) no considerando que se trate de conductas que deban ser exclusivamente de la condición de carrera administrativa, y que permite varias interpretaciones, sin que signifique que se Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 12

Ext.10816 deban realizar las tres conductas, sino cualquiera de ellas, como en este caso la de presentar documentos con contenidos que no corresponden a la realidad”, de donde se observaba, claramente, que el operador jurídico había violado lo dispuesto por el artículo 19 de la ley 734 de 2002, que establece que toda decisión de fondo deberá motivarse. Que, “ En efecto, como puede ejercerse el derecho de defensa, frete a la invocación de tal norma, si el operador disciplinario llamado a su aplicación, no tuvo la suficiencia para explicar el por qué de su citación, si la defensa explica como el tener de la norma lo indica que se refiere a posesión, ascenso, o inclusión, tres conductas que inobjetablemente se refieren a CARRERA ADMINISTRATIVA, y para fundar su decisión de aplicación del procedimiento verbal, al resolver sobre la petición de nulidad, se insiste, sólo indica: “(…) no considerando que se trate de conductas que deban ser exclusivamente de carrera administrativa, y permite varias interpretaciones …”, lo que desconoce lo dispuesto por al ya antigua y vigente disposición, de claridad absoluta, de la ley 1 53 de 1887, al decir, que cuando el sentido del tenor de una disposición es clara, no el es dable al operador judicial interpretarla, so pretexto de consultar su espíritu, máxime que en el caso presente, olvidó la Regional del Putumayo, la carga de la motivación que le asiste, para explicar porque, la norma admite varias interpretaciones, y de ser así cuáles, lo que va en contravía de la concepción del Estado de tenemos, ya que los motivos, en este estado de avance de la

protección de los derecho, incluso y con mayor razón del investigado, no deben serle ocultos, sino puestos en su conocimiento, contrario a ello, las decisiones quedarían por fuera de una órbita de control, incluso del superior, ya que es imposible desentrañar en el subjetivismo del operador disciplinario, cuál o cuáles Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 13 Ext.10816 sic sus interpretaciones normativas, y como y porque, aquellas son permitidas, pese a que la norma es absolutamente clara.” Que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, que regulaba la carrera administrativa, era claro que los empleos de periodo fijo, como era el caso del personero, no era de carrera, razón por la cual, a la disciplinada no le era aplicable la norma prevista en el numeral 56 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, dado que esta norma sanciona la posesión, ascenso o inclusión, en carrera administrativa, que por ello se entendía que el numeral 112 del artículo 35 de la norma ibídem, considerara como prohibición el “Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promisiones o ascensos o para justificar una situación administrativa”, de donde se observaba, que la norma amplificó la conducta para no circunscribirla a un cargo de carrera, norma esta que no fue imputada, razón por la cual no se

podía acceder al procedimiento verbal. La defensa cita, que el fallo de la Procuraduría de Putumayo, expresamente, expuso: “(…) Dentro del auto de citación a cargos se imputó provisionalmente a la investigada el haber incurrido en al violación de las prohibiciones contenidas en los numerales 1 y 19 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto se procedió a redactar, con la aclaración que al momento de su redacción se incluyó erradamente el numeral 12º, el cual no había sido referenciado en la parte enunciativa y por ende, debe considerarse como un error involuntario en el momento en que se transcribió el contenido del articulado (…)”. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 14 Ext.10816 3.- En tercer lugar, la defensa considera que se ha violado el derecho de defensa del investigado, por ambivalencia y ambigüedad en el pliego de cargos, dado que se imputó a la implicada una violación a granel del carácter normativo, con conductas que se excluyen entre sí, sin que se haya expuesto sobre cada cual el concepto de su violación, por las siguientes razones: Que, las normas a que aluden los artículos 6 de la Constitución y el artículo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, son tipos en blanco que deben concretarse en una conducta determinada, como objeto de vulneración de derechos, deberes o prohibiciones, pues del texto de las citadas normas ningún juicio de reproche disciplinario puede extractarse, siendo que en el pliego de cargos las normas realmente imputadas como infringidas, son el artículo 35, numeral 19 en cuanto

constituye infracción a las prohibiciones el “reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso administrativa o proceder contra resolución o providencia ejecutoriada del superior”, y el numeral 1 del artículo 48 de la misma ley, en cuanto tipifica como falta disciplinaria gravísima, el “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión, o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”, siendo imputada la falta contenida en el numeral 56 de la Ley 734 de 2002, consistente en “Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no corresponden a la realidad para conseguir posesión, ascenso, o inclusión en carrera administrativa (…)” Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 15 Ext.10816 Sobre el particular, para la defensa, la ambivalencia está dada en razón a que, para reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se requería ostentar la calidad de servidora pública, que la disciplinada no ostentaba, pues, precisamente se le investiga por una conducta anterior al inicio de su función como servidora pública y que, de manera alguna, se puede asimilar tan siquiera el supuesto de haber suministrado documentos que no corresponda a la realidad, al de reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de ahí que el operador

disciplinario, para poder imputar dicha conducta, debía hacer la indicación del acto administrativo suspendido o anulado por esa jurisdicción, así como la referencia al acto por el cual se reprodujo, lo cual nunca se señaló, de ahí que el cargo sea ambivalente, dado que tampoco se señaló la norma imputada. Por ello, la defensa afirma, que, “siendo tal la ambigüedad del pliego de cargos, que a la defensa por descarte le ha correspondido defenderse de todos, tratando de “adivinar” cuál es el querer de la Procuraduría de tal proceder, y en tal dicho, se tiene que de esta segunda conducta, también resulta ambivalente el cargo, dado que para concretarlo, debía indicarse, primero, que con ello el servidor público incumple un deber, que es estarse a lo resuelto por el superior, y tal deber sólo puede cometerse una vez la persona se encuentra investida de función pública, y nótese que aquí el reproche al comportamiento de mí representada, es por un acto anterior a su vinculación al servicio público, en consecuencia, es dable preguntarse, porque razón, ella pudo haber dejado de cumplir sentencia ejecutoriada del superior, o como puede proceder contra ella, de donde resulta que por ese aspecto, no cabe duda, el cargo es ambiguo, y además contradictorio con el primer enunciado de la disposición (artículo 35, numeral 19) que son Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilacia Administrativa Cra.5NO.15-80 P-8 Tel.5878750 16 Ext.10816 conductas diferentes, es decir, o reproduje acto, o procedí en contra de resolución

ejecutoriada del superior, pero no las dos, con la misma conducta, dado que son excluyentes, y el ente de control no indicó en el pliego de cargos, cual el comportamiento para calificar aquella forma de tipicidad, y de allí la dificultad del ejercicio del derecho de defensa. Nótese que una cosa son los efectos inter partes o erga omnes de una decisión judicial, que hace que todos los particulares sujetos a ella, debamos acatarlas, y otra por entero diferente el tipio disciplinario consistente en proceder contra resolución o providencia ejecutoriada del superior, para lo cual, la norma requiere una cualificación, es decir, que se trate de un servidor público en ejercicio de sus funciones, ya que sólo así puede tener la condición de inferior jerárquico o funcional de un superior, y puede, por ende incurrir en la violación de tal deber, y el ente de control disciplinario, no explica en que rol del servidor público como Personera del Municipio de San Miguel (Putumayo), Janet Pilar Argoti Lagos, actuó contra providencia ejecutoriada del superior, (…)” Prosigue el defensor de la disciplinada, “Y ni que decir, si a ello se suma, que también se le imputó el quebrantamiento de los numerales 1 y 56 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, que consagran de un lado como falta gravísima la realización de una conducta descrita en la ley penal como delito, sancionable a título de dolo, de una parte, y de otra, suministrar datos inexactos o documentos con contenidos que no corresponden a la realidad para conseguir posesión, ascenso, o inclusión en carrera administrativa, cuando