PGN - NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL - Acuerdo por el cual se eligió a los representantes

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Acuerdo por el cual se eligió a los Representantes de las Organizaciones del Sector Privado ante el Consejo Directivo de “CORPOCESAR” CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-Requisitos para ser Director y el procedimiento para su remplazo ante faltas temporales. La Ley 99 de 1993, define a las Corporaciones Autónomas Regionales como entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Las Corporaciones Autónomas tienen tres órganos principales de dirección y administración (artículo 24): la Asamblea Corporativa; el Consejo Directivo y el Director General (artículo 2.2.8.4.1.14 del Decreto 1076 de 2015). NULIDAD DE ELECCIÓN-Requisitos para la configuración de la expedición irregular del acto. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL-Argumentos y normas que sustentan/MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL-Acto por medio del cual se eligió al Director General de la Corporación Autónoma Regional

de Risaralda/MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL-Falta de

competencia del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para elegir al Director General de la Entidad; y, ii) la expedición irregular del Acuerdo por cuanto el Consejo Directivo no siguió el trámite legal para resolver el escrito de recusación presentado El demandante sostuvo que se violó lo consagrado en el artículo 12 de la ley 1437 de 2011, puesto que con la elección del señor XXX como Director General de la CARDER, el Consejo Directivo de esta Corporación, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, debido a que a pesar de la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado en Sentencia del 16 de septiembre del 2021, que anuló el Acuerdo 015 del 25 de julio de 2020, las recusaciones presentadas por el señor XXX contra los miembros del Consejo Directivo de la mencionada Corporación, no se resolvieron de acuerdo con lo previsto en la ley; esto es, remitiéndose a la Procuraduría General de la Nación para su respectiva resolución. En consecuencia, señala que en el proceso eleccionario que nos atañe, se materializó una afectación a la competencia de los miembros del Consejo Directivo para elegir nuevamente a un Director General, hasta tanto no se resolvieran las recusaciones presentadas, de acuerdo al trámite indicado en la ley 1437 de 2011 y en el Artículo 53, numeral 2 de los Estatutos de la CARDER (Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 02 del 12 de Enero de 2021). Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Página 1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-Trámite de las recusaciones de los miembros de los Consejos Directivos/CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONALrequisitos del trámite a las recusaciones y el quórum/CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-Organos de dirección: La Asamblea Corporativa; El Consejo Directivo; El Director General CONSEJO DIRECTIVO-Conformación en la corporación autónoma regional/CONSEJO DIRECTIVO-Elección del director de la corporación autónoma regional El Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas se debe integrar por: un gobernador o los gobernadores de los Departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o delegados. El Gobernador lo debe presidir. Además, un representante del Presidente de la República; un representante del Ministro del Medio Ambiente; hasta cuatro alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa, para períodos de un año por el sistema de cociente electoral, de manera que queden representados todos los departamentos o regiones que integran la Corporación (artículo 2.2.8.4.1.18 del Decreto 1076 de 2015) ; 2 representantes del sector privado por período de cuatro años (artículo 1, Ley 1263 de 2008); un representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas mismas para un período de cuatro años

(artículo 1, Ley 1263 de 2008); 2 representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas por el período de 4 años (artículo 1, Ley 1263 de 2008).. El Director General, es el Representante Legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva, designado por 4 años por parte del Consejo Directivo (artículo 1, Ley 1263 de 2008), al cual se asignan las siguientes funciones: Coordinar y controlar las actividades de la entidad; cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo; presentar a estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que se requieran para el desarrollo del objeto de la Corporación; presentar a aprobación del Consejo Directivo los proyectos de Reglamento Interno; ordenar los gastos y celebrar contratos; constituir mandatarios o apoderados; delegar en funcionarios el ejercicio de algunas funciones, previa autorización del Consejo Directivo; presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de planes y programas de la Corporación, y las demás que le asignen los estatutos de la Corporación (artículo 29) CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-Proceso de elección del director/CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-Trámite de reelección del director general. Jurisprudencia. El proceso de elección de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales se debe realizar por el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del

período institucional respectivo (artículo 28, parágrafo). Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-1345 de 2000, al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la posibilidad de reelección del Director Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 2 General de las Corporaciones Autónomas, señaló sobre la naturaleza del cargo y la competencia de su elección: “Ahora bien, existen cargos que en principio caben dentro de la categoría de los de libre nombramiento y remoción, pero que sin embargo el legislador ha querido que sean de período fijo, lo que implica que el retiro antes de que éste haya terminado, está supeditado a las causales que para el efecto fije la ley y no a la mera voluntad discrecional del nominador; ese es el caso de los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales, cargo que por decisión del legislador le corresponde proveer al Consejo Ddirectivo de dichas entidades, para un período de tres años, y respecto del cual se autoriza la reelección”. Esta postura fue acogida por el Consejo de Estado, en el entendido que la Ley 99 de 1993 contiene las normas que reglamentan la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales se encuentra la conferida al Consejo Directivo para el nombramiento del respectivo director, sin que se le haya impuesto a aquél un procedimiento o método específico para la correspondiente

designación. NULIDAD ELECTORAL DE DIRECTOR DE CORPORACION AUTONOMAConfiguración de la expedición irregular del acto. Para que configure la expedición irregular del acto, se requiere que se desconozcan las normas que regulan los requisitos y procedimientos para la formación del acto administrativo. En efecto: i). Se desconoce el procedimiento previo. La expedición del acto administrativo obedece a un procedimiento previo, el cual es propio y necesario para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y concreto. No atenderlo implica expedir de forma irregular el acto. ii). Se vulnera el debido proceso. La manifestación de voluntad de la administración debe someterse al principio constitucional y derecho fundamental sustancial del debido proceso. Por lo tanto, las autoridades deben actuar en el marco de sus competencias, con plenitud del respeto por las formas y con miras a garantizar los derechos de contradicción y de defensa. iii). Se desconocen los requisitos de apariencia o formación del acto. La administración debe adoptar decisiones con base en los requisitos requeridos de forma obligatoria. No acatarlos implica la configuración de la expedición irregular del acto o vicios de forma. De conformidad con lo anterior, la expedición del acto administrativo comporta que la administración se sujete a unos requisitos y formalidades contempladas en las normas. De no hacerlo, expediría una manifestación de voluntad viciada de nulidad. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Trámite de las recusaciones de los miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. La jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha fijado las reglas que

rigen el trámite de las recusaciones ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, como consecuencia de la ausencia de una norma expresa en la Ley 99 de 1993 que haga una regulación de esta clase de trámites, y, ante la falta de reglamentación del trámite de las recusaciones en los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales. Reglas que se pueden resumir y han sido reiteradas, así: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 Bogotá D.C., 1º de febrero de 2022 Concepto No. 2022-02-NE-17 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Ponente Sección Quinta.

E. S. D.

RADICACIÓN: 11001-03-28-000-2020-00091-00

DEMANDANTE: CIRO AGUSTÍN CASTRO CASTRO

DEMANDADO: JULIO CÉSAR LOZANO MEJÍA, JOSÉ LUIS GÁMEZ

DAZA, MANUEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS Y JESÚS MANOSALVA

FONSECA – REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DEL

SECTOR PRIVADO ANTE CORPOCESAR.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL TEMA: Naturaleza perentoria y preclusiva de términos administrativos.

Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión1, como Agente del

Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES El ciudadano CIRO AGUSTÍN CASTRO CASTRO, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA, solicitó, como declaración principal, la nulidad del Acuerdo sin número de fecha 10 de septiembre de 2020 por medio del cual se eligió a los Representantes de las Organizaciones del Sector Privado ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” para 1 Concedido mediante auto del 16 de diciembre de 2021.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 el periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.2 1.1. Hechos relevantes. 1.1.1. El 16 de octubre de 2019, el Director General de CORPOCESAR3 emitió Convocatoria Pública para la elección de dos (2) Representantes del sector privado en CORPOCESAR, para el período comprendido del 1º de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023. 1.1.2. En este acto se indicaron i) los requisitos y la documentación que debían aportar; ii) el plazo para la presentación de documentos (6 de noviembre de 2019 a las 4:00 pm); iii) se informó que el comité constituido para la verificación

de la documentación elaboraría un informe de resultados que sería divulgado entre los días 20 y 21 de noviembre de 2019; y iv) se estableció como fecha para la elección el 29 de noviembre de 2019 en la Sala de Juntas de CORPOCESAR4. 1.1.3. El 27 de diciembre de 2019, el Comité de Revisión y Evaluación de los documentos presentados por los representantes de las organizaciones del sector privado emitió informe en el que concluyó que “de las postulaciones presentadas, 263 cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo No. 2.2.8.5A.1.3 del Decreto 1850 de 2015 y 339 no cumplen con los requisitos estipulados en la norma aludida…”. 1.1.4 El Director General de CORPOCESAR,5 suscribió, nuevo aviso de convocatoria pública para la elección de los Representantes del Sector Privado, para el periodo comprendido de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2 Se solicita además i) se declare la nulidad de la plancha elegida en el citado proceso eleccionario, ii) Declarar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto demandado, iii) Conforme a la nulidad del proceso eleccionario, CORPOCESAR deberá realizar un nuevo procedimiento dirigido a elegir los Consejeros por el Sector Privado de acuerdo a lo reglado por el Decreto 1850 de 2015. 3 Señor JULIO RAFAEL SUAREZ LUNA. 4 Documento sin fecha de emisión.

5 Señor JOHN VALLE CUELLO.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 2023, mediante el cual invitó a todas las organizaciones del sector privado a participar en la elección de 2 representantes principales y sus respectivos suplentes; lo anterior, luego de expedir la Resolución 0078 del 11 de febrero de 20206. 1.1.5 En el anterior acto: i) se indicó cuál era la documentación que debían aportar; ii) el plazo para la presentación de documentos (2 de abril de 2020 a las 4:00 pm); iii) se informó que el comité constituido para la verificación de la documentación elaboraría un informe en el que constatará que la documentación entregada está completa, el cual sería publicado el 13 de mayo de 2020; iv) se estableció como fecha para la elección el 14 de mayo de 2020 en el auditorio de CORPOCESAR7. 1.1.6. La Directora General (E) de CORPOCESAR,8 profirió la Resolución 0231 de 5 de agosto de 20209 en la que resolvió revocar en todas sus partes la Resolución 0078 del 11 de febrero de 2020; como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos el tercer aviso de convocatoria y continuar con el trámite correspondiente, al interior de la convocatoria de fecha 21 de noviembre de 2019.10. 1.1.7. El 14 de agosto de 2020, el Comité de Revisión y Evaluación de las reclamaciones presentadas con ocasión del informe de 27 de diciembre de

6 “por medio de la cual se deja sin efectos la convocatoria realizada el 21 de noviembre de 2019 en la cual se convoca a las organizaciones del sector privado para la participación en la elección de sus representes ante el consejo directivo de corpocesar y se realiza una nueva convocatoria’. 7 Documento sin fecha de emisión. 8 Señora YOLANDA MARTÍNEZ MANJARRÉS. 9 “Por la cual se decide una solicitud de revocatoria directa y se adoptan otras disposiciones”, 10 “ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución No. 0078 del 11 de Febrero de 2020 “Por medio de la cual se deja sin efecto la convocatoria realizada el 21 de Noviembre de 2019, mediante la cual se convoca a las organizaciones del sector privado par al participación en la elección de sus representantes ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR y se realiza una nueva convocatoria” dentro del proceso de elección de los representantes del Sector Privado ante el Consejo Directivo, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. “ARTÍCULO SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos el tercer AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, de fecha 10 de marzo de 2020, y demás actuaciones subsiguientes. “ARTÍCULO TERCERO: Continuar con el trámite correspondiente, al interior de la convocatoria de fecha 21 de noviembre de 2019, para lo cual, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente resolución, el

Comité de Revisión y Evaluación, conformado por el Subdirector de Gestión Ambiental, Asesor de Dirección, y Jefe de la Oficina Jurídica de CORPOCESAR, procederá a resolver de fondo las diferentes reclamaciones presentadas contra el informe de revisión y evaluación de fecha 27 de diciembre de 2019, a efectos de dar cumplimiento al cronograma actualizado al presente año. (…)”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 2019, dentro de la convocatoria pública para representantes principales y suplentes del sector privado ante el consejo directivo de CORPOCESAR 20202023, emitió su informe en el que concluyó que “de las reclamaciones presentadas, ninguna cumple con los requisitos para ser habilitadas, por lo tanto se mantiene a (sic) decisión contenida en el Acta de revisión y evaluación de fecha 27 de diciembre de 2019”. 1.1.8. El 10 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la elección de los Representantes, - hoy demandados-, para el período comprendido entre el 10 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008. 1.2. Cargos de la demanda.

Se esboza en el libelo genitor, que el acto por medio del cual se eligió a los Representantes de las Organizaciones del Sector Privado ante el Consejo

Directivo de CORPOCESAR para el periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, infringió los artículos 29 constitucional, 2.2.8.5A.1.2, 2.2.8.5A.1.3, 2.2.8.5A.1.4 y 2.2.8.5A.1.5. del Decreto 1850 de 2015 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En un primer reproche, se esgrime que mientras el citado decreto establece un aviso o invitación indicando particularidades de la reunión en la cual se haría la elección, el cual se publicaría por una sola vez en un diario de amplia circulación regional o nacional, en las carteleras de las sedes y subsedes de la respectiva Corporación así como en su página web, con una antelación mínima de 30 días hábiles a la fecha de la elección11 en el caso concreto, la elección se hizo el día 10 de septiembre de 2020 y el aviso se realizó el día 29 de noviembre de 2019. Sobre la entrega de la documentación, se indica, que debe hacerse con una antelación mínima de quince (15) días hábiles a la fecha prevista para la reunión 11 Artículo 2.2.8.5A.1.2. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 de elección12y en el caso concreto, no figura en la página web fecha de entrega de

documentación dado que no se encontró el aviso o convocatoria de fecha 29 de noviembre de 2019. Que mientras el decreto, señala que la verificación de la documentación y elaboración de informe se divulgaría con cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión de elección en la página web de la respectiva corporación y en las carteleras de su sede principal y subsedes y que el informe se presentaría por la Corporación, el día y fecha señalado para la reunión de elección,13en el caso concreto, la verificación de la documentación por parte del Comité designado para tal fin, se hizo el día 27 de diciembre de 2019 y la elección se realizó el día 10 de septiembre de 2020. Por todo lo anterior, se expone, el Comité de Evaluación carecía de la potestad para pronunciarse; es decir, no tenía competencia ratione temporis, la cual ha definido el Consejo de Estado como el marco cronológico o temporal dentro del cual la autoridad administrativa deberá ejecutar los actos, ejercitar sus actividades o en el que se le podrá asignar una tarea o una facultad determinada en forma instantánea o sucesiva, bien sea en forma ocasional o permanente. Se señala, además, que mientras el decreto regula que la elección se llevaría a cabo a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año anterior a la iniciación del periodo institucional respectivo, y que, en caso contrario, si una vez cumplido este plazo no fuere posible realizar la elección, la Corporación dejará una constancia y se procederá a publicar un nuevo aviso,14en el caso concreto, la elección no se hizo el último día hábil del mes de noviembre.

A pesar de ello, indica el actor, se reinició un proceso de elección anterior contrariando el Decreto 1850 de 2015 que exige realizar un nuevo aviso de convocatoria. De hecho, expone el actor, la elección de los Consejeros se realizó 12 Artículo 2.2.8.5A.1.3. 13 Artículo 2.2.8.5A.1.4. 14 Artículo 2.2.8.5A.1.5. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 el día 10 de septiembre de 2020; en consecuencia, en su entender, se desconocieron los términos en procesos de elección.

En suma, se indica, se transgredió la obligatoriedad o intangibilidad de los estatutos y por ende de los reglamentos, como lo ha expuesto la justicia contenciosa; adicionalmente, que no podía prevalecer el derecho de los candidatos sobre la transparencia del proceso de elección, sobre todo, porque el precedente judicial, privilegia el principio pro electoratem. En consecuencia, concluye el libelista, que los consejeros elegidos violentaron los derechos de los demás participantes, dado que estos últimos, ostentan la prerrogativa de conocer ex ante las reglas de juego (aspecto informativo) a las que está sometida su aspiración, y el modo en que ella debe desarrollarse. Así las cosas, se indica, una vez iniciado un proceso electoral, el núcleo esencial

de este derecho predetermina que las reglas de juego no puedan por motivo alguno cambiarse, brindando estabilidad jurídica al proceso electoral y garantizando el desarrollo del valor de la seguridad jurídica, situación que en la elección y designación cuestionada no sucedió y, por el contrario, se desconoció. Todo lo anterior, violenta, en su entender, la integridad del proceso electoral, el equilibrio en la contienda política y la igualdad de oportunidades entre los competidores en una elección. En un segundo reproche, se argumenta que el acto demandado fue expedido irregularmente por la infracción al procedimiento o la forma que impone el Decreto 1850 de 2015 artículos 2.2.8.5A.1.2, 2.2.8.5A.1.3, 2.2.8.5A.1.4 y 2.2.8.5A.1.5 tal como quedó demostrado en el anterior cargo. En este sentido, expone, que frente al desconocimiento de los términos en procesos de elección, el H. Consejo de Estado ha precisado que cualquier modificación de los términos y plazos previstos en las normas que regulan el proceso de elección configura una irregularidad de tal magnitud que se Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 circunscribe en la causal de nulidad de los actos administrativos de expedición irregular, la cual ha sido concebida por esta corporación, como vicio anulante de

los actos administrativos y que se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Como tercer cargo, se endilga falta de competencia del Comité designado por el Director de la CORPOCESAR para la revisión y evaluación de requisitos y hojas de vida de los candidatos a Consejeros por el Sector Privado; de la Directora de esa Corporación para expedir actos que reiniciaron el proceso de elección cuando lo procedente era fijar un nuevo aviso de convocatoria y del Consejo Directivo para presidir una elección careciendo de competencia ratione temporis. En este sentido, se indica, que los anteriores servidores públicos carecían de la competencia para pronunciarse en cada uno de los eventos que lo hicieron, así lo revela el Decreto 1850 de 2015 artículos 2.2.8.5A.1.3, 2.2.8.5A.1.4 y 2.2.8.5A.1.5. La expedición de los actos administrativos al interior del presente proceso eleccionario, esboza, se configuraron por parte de cada uno de los servidores públicos que intervinieron sin tener la función para ello ni la competencia. Es decir, carecieron siempre de competencia ratione temporis. Finalmente, se esgrime, la vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 23 que establece como derechos políticos: “b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los

electores, (…)”. 1.3. Medida cautelar. Mediante auto del 11 de marzo de 2021, la Sala Electoral admite la demanda y niega la solicitud de suspensión del acto enjuiciado, con sustento en lo siguiente: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 10 En efecto, preliminarmente, la Sala Electoral sobre la trasgresión de los plazos de que trata el Decreto 1076 de 2015, pese a reconocer que las primeras etapas del proceso se surtieron con una basta anterioridad a la elección por diversas circunstancias, observa que los artículos 2.2.8.5A.1.2 y 2.2.8.5A.1.3, se estructuran bajo el criterio de mínimos, lo que a primera vista, daría a entender que el término puede ser superior al allí indicado; esgrimiendo, que tal interpretación inicial está sujeta a criterios de razonabilidad y proporcionalidad frente a la complejidad de cada una de las etapas, lo cual deberá ser abordado en el fondo del asunto, teniendo en cuenta las vicisitudes que se suscitaron en el marco de la elección. Frente a la advertencia que al no realizarse la elección el último día hábil del mes de noviembre de 2019, debía dejarse constancia de dicha situación y proceder a publicar un nuevo aviso, consideró que resultaría precipitado emitir un pronunciamiento ante la insuficiencia de material probatorio.

Así mismo, en cuanto el vicio de falta de competencia que se sustenta en el hecho de haberse reanudado el proceso de elección una vez superados con amplitud los plazos contemplados en el Decreto 1076 de 2015, si bien, observa que el proceso se reinició después de alrededor de cinco meses, no hay absoluta certeza frente a las posibles eventualidades que pudieron haber generado tal retraso, lo cual deberá ser valorado una vez se allegue por parte de la entidad vinculada las copias íntegras de las actuaciones. 1.4. Contestaciones de la demanda.

1.4.1. CORPOCESAR.

Mediante apoderado judicial, la Corporación fundamenta su defensa en lo siguiente: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 11 Sobre el primer cargo, esto es, que al revocarse el acto15 que dejó sin efecto la primera convocatoria,16mediante la cual se convoca a las organizaciones del sector privado para la participación en la elección de sus representantes ante CORPOCESAR y se realiza una nueva convocatoria, se violenta lo ordenado por el Decreto 1850 de 2015,17se esgrime, que no resulta cierta, por cuanto en el inciso final de este prevé el procedimiento cuando por cualquier circunstancia no pueda elegirse dichos representantes en los términos del artículo 2.2.8.5A.1.5., del decreto 1085 de 2015.

En este sentido, señala que el actor cercena el dispositivo y omite el último inciso del artículo, en donde claramente se indica el procedimiento que se debe seguir cuando no se lleva a cabo la elección el último día hábil del mes de noviembre del año anterior a la iniciación del período institucional respectivo. Como se puede evidenciar, se señala, que CORPOCESAR, en su actuar administrativo siguió fielmente el procedimiento antes mencionado. Así mismo, esboza, no puede ser de recibo la afirmación según la cual, dado que la Corporación no realizó la publicación de un nuevo aviso convocando a elecciones de consejeros del sector privado, tras la revocatoria de la Resolución 078 de 2019, por cuanto el aviso de convocatoria estaba publicado. Así lo deja claro el primer inciso del artículo tercero de Resolución 231 de 2020, pues con la decisión incorporada en este, se continúa con el procedimiento establecido en esa convocatoria. Sobre el segundo cargo; vale decir, que el acto acusado fue expedido irregularmente por la infracción al procedimiento o la forma que impone el Decreto 1850 de 2015,18se esboza que además de no avizorarse ningún vicio en las actuaciones desplegadas por la CAR, el documento de elección es un acta privada devenida de la autonomía de las agremiaciones del sector productivo privado, 15 Resolución 0078 del 11 de febrero de 2020. 16 Realizada el 21 de noviembre de 2019. 17 Artículo 2.2.8.5A1.5. 18 Artículos 2.2.8.5A.1.2, 2.2.8.5A.1.3, 2.2.8.5A.1.4 y 2.2.8.5A.1.5.

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