PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - Utilización de tarjetones electorales reproducidos

Bogotá D.C. abril 19 de 2.005 Concepto No.48/2005 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA

E. S. D.

Referencia: Expediente número: 3779

Actor: HERNANDO CAMPOS RODRÍGUEZ Asunto: Apelación sentencia de fecha 2 de Febrero del 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del señor GERMÁN RINCÓN PARRA, como Alcalde del Municipio de El Colegio, para el período 2004-2007.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Hernando Campos Rodríguez, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, previos los trámites del proceso electoral, efectuara las siguientes declaraciones: “1. que se decrete la nulidad del Acta parcial de escrutinio de los votos para alcaldía municipal de El Colegio (Formulario E-26 AG) expedido el 31 de octubre de 2003 por la comisión escrutadora municipal que declaró la elección del señor Germán Rincón Parra como alcalde del municipio de El Colegio (Cundinamarca), para el período 2004 – 2007 y se disponga la cancelación de respectiva credencial.

Igualmente se comunique la decisión de a las autoridades competentes para la celebración de nuevos comicios” Las pretensiones señaladas de manera antecedente corresponden a las que

determinó el actor, luego de acatar las exigencias de corrección de la demanda que a instancias del Consejo de Estado –Sección Quintale hiciera el Tribunal 1 Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la revocación de la decisión que esta Corporación profirió y por medio de la cual admitió la demanda inicial. A) Hechos El actor refirió que el 26 de octubre de 2003, al dar inicio al proceso de elecciones, los jurados de votación observaron que en los tarjetones faltaba uno de los candidatos, circunstancia ésta que impidió que se iniciara la elección municipal en la hora señalada y que las personas que acudieron a las urnas en horas de la mañana a sufragar no pudieran hacerlo. Dijo que en el curso del día, hacia las 10:30 de la mañana, arribó al caso urbano del municipio un helicóptero que transportaba las tarjetas electorales ya corregidas en las que figuraban los dos candidatos inscritos y se procedió a realizar la correspondiente distribución de documentos electorales en las distintas mesas de votación, de manera que hacia las 10:45 de la mañana se entregó el material electoral y posteriormente en las Inspecciones de la Victoria, Pradilla y El Triunfo. Además de lo anterior, otro hecho que incidió en la reducción del horario de elección fue el hecho que se agotaron los tarjetones electorales faltando aproximadamente tres horas para el cierre de los comicios y la jornada se reanudó cuando el registrador habilitó unas fotocopias del tarjetón; la votación se cerró a las cuatro (4) de la tarde en todas y cada una de las mesas ubicadas en el Municipio de El

Colegio. Finalizo su escrito afirmando que el no cumplimiento del horario de votación impidió a muchas personas ejercer el derecho de participar en la elección de sus autoridades locales y que, además, por haberse utilizado tarjetas electorales que no se ciñen a los presupuestos constitucionales, la elección debe ser declarada nula. 2 B) Normas violadas y concepto de violación El actor indicó como normas violadas las siguientes:  Los artículos 1, 2, 29 40 numerales 1, 2 y 6 de la Constitución Política  los artículos 1,2 y 111 del Código Electoral  el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo Como concepto de violación el demandante manifestó que hubo una evidente trasgresión de las normas citadas. Invocó como infringido el artículo 111 del Código Electoral, por haberse disminuido la jornada electoral de 8 horas, a menos de 5 horas, lo que atribuyó a la Registraduría debido al error en la impresión de las tarjetas electorales y a la insuficiencia de las mismas. Estas fallas no puede ser atribuidas a un hecho de fuerza mayor porque la Organización Electoral conocía de antemano el hecho del error en la impresión de las tarjetas y, además, porque estaba en la obligación legal de preparar los documentos electorales suficientes para garantizar el normal desarrollo de las elecciones. En beneficio de su pretensión citó pronunciamiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar que algunos de sus apartes resultaban aplicables al caso en estudio, ya que se relacionaban con la aplicación del artículo 111 del Código Electoral que señalaba el horario en el que se debe adelantar la

jornada electoral y que debe comenzar a las 08:00 de la mañana y cerrarse a las 04:00 de la tarde, jornada ésta que permitía depositar el voto sin dificultades. De manera que cuando se reduce, se limita la posibilidad de sufragar, por lo que el acto que declara la elección será irregularmente producido, trayendo como consecuencia la nulidad del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. De igual manera, en dicha sentencia se hace alusión al hecho de que cuando los ciudadanos no pueden participar en una determinada elección de carácter popular por razones ajenas a su voluntad, se les está vulnerando el derecho fundamental a la conformación del poder, establecido en el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo. 3 Añadió que la Registraduría desconoció el mandato del artículo 2o del Código Electoral al obrar con negligencia e irresponsabilidad, y hacer caso omiso a la falencia que presentaban los tarjetones cuya irregularidad fue conocida por dicha autoridad, con suficiente antelación a las elecciones. Luego de hacer un comparativo entre el número de sufragantes que votaron el día 26 de octubre para elegir alcalde municipal y los que sufragaron en las elecciones anteriores y destacando que para las elecciones del 2003 se inscribieron 490 nuevos ciudadanos, concluyó indicando que “... si hubo una notoria afectación del derecho constitucional de participación debido a la reducción del horario de votación, por la cantidad de votos que dejaron de depositarse”. Indicó que existían pruebas que demostraban la insuficiencia de los tarjetones electorales para el día de elecciones y la utilización de fotocopias que se

distribuyeron por intermedio de personas incluso ajenas a la Registraduría. C) Solicitud de suspensión provisional El actor solicitó la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados (formato E26 AG) fechados el 31 de octubre de 2003, proferidos por la Comisión Escrutadora del Municipio de El Colegio (Cundinamarca), a través de los cuales se declaró la elección del alcalde, por manifiesta violación de las normas superiores. Reiteró como argumento de su solicitud los mismos que fueron señalados en la demanda en el acápite de normas violadas.

2. Admisión de la demanda Primeramente, se advierte por el Despacho que en el asunto en examen el actor propuso inicialmente una pretensión de nulidad electoral en contra de los actos de 4 elección de Alcalde del Municipio de El Colegio y de los concejales, lo que constituye una clara e indebida acumulación de pretensiones.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 19 de enero del 2004, no obstante la existencia de la indebida acumulación de pretensiones, admitió la demanda, denegó la solicitud de suspensión y ordenó hacer las notificaciones de ley. En cuanto a la solicitud de la suspensión provisional pedida consideró que debía cumplir con dos requisitos, el primero de los cuales consistía en que la medida se solicitara y sustentara de modo expreso en la demanda o en escrito separado, el segundo, que se presente la manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante los documentos públicos aducidos en la demanda.

En ese orden de ideas señaló la instancia, que se cumplía con el primero de los requisitos, pero respecto del segundo indicó que el actor no especificó ninguna prueba sino que se remitió a las que estaban enunciadas en la demanda y, como quiera que no reposaban en el plenario los documentos públicos que acreditan la manifiesta violación, la suspensión provisional no estaba llamada a prosperar. El demandante interpuso recurso de apelación del auto admisorio de la demanda, sólo en cuanto éste desestimó la medida cautelar de suspender los efectos del acto acusado. El recurso se concedió mediante proveído del 27 de febrero del 2004. El H. Consejo de Estado, al decidir el recurso, señaló lo siguiente: “4. Frente a la indebida acumulación de pretensiones detectada, era necesario que el Tribunal señalara el defecto y diera al demandante la oportunidad de corregir la demanda, en los términos del artículo 143 del C.C.A., modificado por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998. La Sala considera que en este caso es preciso disponer el reordenamiento procesal requerido para garantizar que al culminar el proceso se pueda dictar sentencia de mérito. En consecuencia, no obstante que la impugnación no se propuso contra el auto admisorio de la demanda, que por lo demás carece de recurso (Art. 232 5 C.C.A.), sino contra la decisión que negó la suspensión provisional del acto demandado, considera que se impone la revocatoria de la integridad de este auto, de un parte, porque como se ha puntualizado, no era admisible la demanda por

contener una indebida acumulación de pretensiones, y de otra, primordialmente, porque la demanda en forma es requisito sine qua non para decidir sobre la solicitud especial. (...) Se revoca en su integridad el auto del 19 de enero de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por el cual se admitió la demanda presentada por el ciudadano Hernando Campos Rodríguez, mediante apoderado, en ejercicio de la acción pública electoral, contra los actos declaratorios de la elección de Alcalde y de los Concejales del Municipio de El Colegio, Cundinamarca, para el período 2004 – 2007, y se negó la suspensión provisional de los actos demandados”. Por auto del 10 de junio del 2004, el a-quo, en cumplimiento de lo ordenado por el Superior concedió al demandante el término de cinco días para que corrigiera el defecto señalado por razón de la indebida acumulación de pretensiones. En forma posterior, se le advirtió al juez de primera instancia la existencia de un error de procedimiento, toda vez que al acatar la decisión del Superior que ordenó revocar el auto admisorio de la demanda ha debido retrotraer la actuación, ordenar que se subsanara el defecto advertido por el Consejo de Estado y proceder luego a admitir la demanda. Esta advertencia frente a la inadvertencia fue atendida por el a-quo, mediante proveído del 29 de julio del 2004, por medio del cual admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor y denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado. La denegación de la suspensión se fundó en la consideración de que no existían en

el plenario los documentos públicos que acreditaran la manifiesta violación de una de las disposiciones que se señalaron como quebrantadas. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior, que luego sería rechazado por haberse presentado extemporáneamente. 6

3. Contestación de la demanda Apenas se referirá el Despacho a la contestación de la demanda formulada por el elegido alcalde, toda vez que la presentada por los concejales quedó comprendida dentro de la actuación dejada sin efecto, por las circunstancias previamente relatadas.

El ciudadano Germán Rincón Parra, en su propio nombre, contestó la demanda y manifestó que se oponía a las pretensiones las que consideró carentes de fundamento jurídico y de soporte probatorio. Sobre los hechos negó algunos y en relación con los demás los admitió como ciertos parcialmente. En el acápite titulado razones de la defensa manifestó el demandado que el 26 de octubre de 2003 en el municipio de El Colegio no se presentó queja por parte de algún ciudadano determinado -en la que se dijera que no había podido sufragar por falta de tiempo-; que tampoco se presentó el fenómeno de aglomeración al finalizar la jornada. Afirmó que en lo que hacia referencia a las declaraciones extra proceso allegadas por el demandante, carecían de valor en el proceso judicial, de conformidad con artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la remisión que autoriza el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. Elaboró un cuadro comparativo y analizó el comportamiento electoral de los años 1994, 1997, 2000 y 2003; indicando que el mayor número de votantes para el año

2000, obedeció a la cifra de inscritos y que la disminución de sufragantes para el año 2003 no obedeció al recorte en el horario de la jornada electoral sino a que el número de inscritos disminuyó en un 82% y concluyó manifestando que no existía nexo causal entre la disminución del horario de la jornada electoral con una supuesta imposibilidad para poder votar por parte de los ciudadanos que, de manera indeterminada, consideró el actor. 7 El opositor manifestó que las citas jurisprudenciales que invocó el actor a favor de su pretensión resultaban inaplicables al caso controvertido. También señaló que el número de tarjetones electorales enviados en el helicóptero de la Gobernación fueron 8000 y que el señor Registrador Municipal del Estado Civil Municipal de El Colegio (Cundinamarca), ante la afluencia de electores creyendo que este número era insuficiente solicitó a la Delegación Departamental de Cundinamarca autorización para fotocopiar las tarjetas electorales para atender la falta de las mismas, lo cual fue autorizado mediante Oficio No. DC-1766-OE del 26 de octubre de 2003. Como excepción de fondo propuso la denominada “inexistencia de limitación del derecho al sufragio” y caducidad de la acción.

4. Alegatos de conclusión La parte actora presentó sus alegatos e insiste en los argumentos de la demanda inicial; reiteró que la Registraduría no tomó las medidas de manera oportuna para sanear la irregularidad que presentaban los tarjetones electorales pese a que conoció de la misma con suficiente antelación, asaltando la buena fe de los

electores que ignoraban esa circunstancia al no informarles que la jornada electoral no podía iniciarse a las 8:00 de la mañana. De igual manera, dijo, que se violó el contenido del artículo 258 de la Constitución Política, porque los electores no sufragaron con tarjetas electorales suministradas por la organización electoral en los términos establecidos en la disposición, sino con tarjetones fotocopiados. sobre el procedimiento que se debe tener en cuenta en las elecciones. El elegido alcalde también presentó escrito contentivo de sus alegatos, reiterando en su totalidad los argumentos expresados en la contestación de la demanda. 8 El agente del Ministerio Público, en la oportunidad legal, formuló sus alegaciones. Indicó que tres fueron los argumentos esgrimidos por el actor para solicitar la nulidad del acto impugnado: i) Que no se cumplió cabalmente con el horario establecido, por el artículo 101 del Decreto 2241 de 1986; ii) Que una vez abierta la votación para alcalde, esta se interrumpió de manera injustificada; iii) Que las tarjetas electorales adicionales se expidieron de manera irregular, sin competencia para hacerlo. De acuerdo con los anteriores planteamientos, el procurador judicial consideró que el material probatorio obrante en el expediente era suficiente para demostrar que efectivamente se transgredieron los artículos 13 y 99 de la Norma Superior, concluyendo que las pretensiones invocadas por el actor debían prosperar.

5. Fallo del Tribunal El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de sentencia pronunciada el 2 de febrero del 2005, declaró la nulidad de la elección de Alcalde para el municipio

de El Colegio (Cundinamarca) plasmada en el Acta Parcial de Escrutinios del 31 de octubre del 2003, suscrita por la Comisión Escrutadora Municipal. De igual manera, dejó sin efecto la credencial expedida al señor GERMÁN RINCÓN PARRA. En lo que tiene que ver con las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, denominadas “Inexistencia de limitación del derecho al sufragio” y “Caducidad”, hizo las siguientes reflexiones: Respecto a la primera, que no debía prosperar porque la sustentación se basó en la trascripción del contenido de la contestación de la demanda y que las razones defensivas no configuraban una excepción en términos procesales. Con respecto a la segunda, el Tribunal realizó un análisis detallado del todo el procedimiento que se efectúo a lo largo del trámite visible a folios 501 y 502 del expediente, concluyendo que como quiera que no había operado el fenómeno de la caducidad de la acción, por lo que esta excepción tampoco prosperaba. 9 Respecto de la elección del doctor GERMÁN RINCÓN PARRA como Alcalde de El Colegio (Cundinamarca), indicó que el actor básicamente planteó dos hechos acaecidos el 26 de octubre de 2003, en el Municipio citado: 1) El inicio de la jornada electoral a las 10:45 a.m. y 2) La suspensión de la misma por agotamiento de los tarjetones, sin señalar cuanto duro esa interrupción, pero predicando que una vez distribuidas 2.000 tarjetas electorales fotocopiadas, se reanudó la jornada electoral. Añadió que de los hechos antes descritos, el actor señaló como vulnerados los

artículos 40 y 258 (subrogado por el artículo 11 A.L 01/2003), de la Constitución Política y 1º,2º y 111 del Código Electoral, normas que, en términos generales, se relacionan con el derecho al sufragio. En este orden de ideas la Instancia, una vez examinó el acervo probatorio, concluyó que no acogía los argumentos esbozados por la Registraduría para justificar el recorte de la jornada, pues como se pudo demostrar, el mismo día de las elecciones esa entidad en menos de tres horas superó la falencia. Añadió que hubo negligencia por parte de la entidad citada, al no revisar con anticipación las tarjetas electorales, antes de armar el “kit de mesa” que entregaría a los jurados de votación, lo cual afectó seriamente el proceso electoral de El Colegio, cuyos ciudadanos en un número no determinado pero sí importante, se vieron privados del ejercicio de un derecho fundamental, como lo era el de la participación política, derecho que debió ser plenamente garantizado por las autoridades. Concluyó el juez de primera instancia, arguyendo que el acto de elección del Alcalde de El Colegio, fue irregularmente expedido en la medida en que la jornada electoral, -delimitada por el artículo 111 del Código Electoralfue recortada sin justificación válida, lo que constituyó un desconocimiento del debido proceso que legalmente obligaba y que, igualmente, transgredió el contenido de los artículos 40 de la Constitución Política relacionado con el derecho a la participación y el 258 ibídem (que obligaba al otorgamiento de más y mejores garantías a los ciudadanos para el libre ejercicio del derecho al voto), motivos éstos suficientes para decretar la

anulación del acto de elección, ordenando la cancelación de la credencial del alcalde electo y la realización de nuevos comicios. 10

6. Recurso de apelación El 17 de febrero del 2005, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación interpuesto dentro del término legal, por la parte opositora. La Sección Quinta del Consejo de Estado lo admitió mediante auto del 17 de marzo de

2005. En extenso escrito visible a folios 525 a 560, sustentó el recurso solicitando que se revocará en su integridad el fallo del 2 de diciembre de 2005; que se declararan probadas las excepciones y que se declarara que el acto de elección de Alcalde para el Municipio de El Colegio, plasmado en el acta parcial de escrutinio del 31 de octubre de 2003, estaba legalmente expedido.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

1. De las excepciones formuladas Como en el asunto en examen se propusieron por el opositor, las denominadas excepciones de fondo de “inexistencia de limitación del derecho al sufragio” y “caducidad de la acción”, procede este Despacho a efectuar el estudio en relación con estos mecanismos de defensa.

La denominada inexistencia de limitación del derecho al sufragio no constituye un hecho que enerve la pretensión incoada y que, por tal motivo, permita la consideración de este mecanismo defensivo como tal. Se trata, en criterio de esta agencia del Ministerio Público, ni más ni menos que el fondo del asunto a decidir,

como es determinar si el hecho enunciado por el actor de haberse iniciado el debate electoral sin sujeción al horario establecido en la Ley, limitó o no, el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos en el Municipio de El Colegio y determinó el resultado electoral. 11 En relación con el tema de la caducidad de la acción, sostuvo el opositor que en el asunto en estudio se presentó este fenómeno porque el demandante al corregir el vicio de forma de la inicial demanda formuló una nueva demanda y que no se podía considerar que lo hizo en acatamiento a lo ordenado por el Consejo de Estado que revocó el auto admisorio de la demanda. Se encuentra acreditado en el plenario que el demandante, el señor Hernando Campos Rodríguez, por medio de apoderado judicial, demandó la nulidad del acto que declaró la elección del alcalde del municipio de El Colegio; así mismo, igualmente en el mismo libelo solicitó la nulidad del acto que declaró la elección de concejales del mismo municipio, y la suspensión provisional de los efectos del acto acusado; la segunda de las pretensiones tornó en inepta la demanda por indebida acumulación de pretensiones, como fue constatado por el Consejo de Estado. Sin embargo, la primera demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de nulidad de contenido electoral. El Tribunal administrativo de Cundinamarca, no advirtió la acumulación indebida de pretensiones y procedió a decretar la admisión de la demanda, denegó la suspensión provisional de los efectos del acto, ordenó las notificaciones y continúo con el trámite subsiguiente.

Como dan cuenta las actuaciones que obran en el plenario este proveído fue objeto de impugnación por el apoderado de la parte actora, no en cuanto admitió la demanda sino en cuanto denegó la suspensión provisional, apelación cuyo trámite se surtió ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. Al decidir sobre el recuso de apelación interpuesto, el Consejo de Estado advirtió el vicio y le ordenó al Tribunal corregir el yerro procesal, para evitar que luego se concluyera en una decisión inhibitoria; así las cosas, dispuso revocar en su integridad la decisión del a-quo y le ordenó que procediera a estudiar nuevamente el asunto, debiéndole indicar al actor las falencias formales de la demanda para que dentro de perentorio término de cinco (5) días, las corrigiera y procediera consecuencialmente a admitir la demanda. 12 Por auto del 1º de junio del 2004, la Sala de Decisión del Tribunal determinó estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado –Sección Quinta-; por proveído del 10 de junio de la misma anualidad el Magistrado Ponente, en acatamiento a lo resuelto por el superior por auto del 19 de abril, le señaló al actor que la demanda comprendía una indebida acumulación de pretensiones, pues los actos de elección de alcalde y concejales no podían ser acumulados en un mismo proceso, por tratarse de la elección de autoridades distintas y de actos administrativos diferentes; de igual manera, le señaló el término de cinco (5) para que procediera a la corrección. A este mandato le dio cabal cumplimiento el actor mediante el escrito obrante a

folios 308 y siguientes del plenario, allí indicó: “... doy cumplimiento al mandato judicial de corregir la indebida acumulación de pretensiones, separando la indebida acumulación de pretensiones, separando la solicitud de nulidad de la elección de alcalde con relación a la petición de nulidad de la elección del concejo, frente a los comicios del 26 de octubre de 2003 en el municipio de El Colegio (Cundinamarca), para lo cual, actuando en ejercicio de la acción de nulidad electoral conforme a lo establecido, especialmente, en los artículos 1º, 2º, 29, 40 numerales 1, 2 y 6 y 258 de la Constitución y 84, 227 y 229 del Código Contencioso Administrativo presento demanda, en los términos que siguen: (..) De conformidad con lo antecedentes obrantes en el plenario concluye esta Procuraduría Delegada que la excepción de caducidad no está llamada a prosperar, como lo pretende el opositor, pues la demanda en contra del acto acusado – elección de alcaldese presentó dentro de la oportunidad de Ley. Es a partir de su presentación que se interrumpe el término de caducidad, y no de la corrección de la demanda, como lo pretende ahora el opositor.

2. El asunto de mérito En el litigio bajo estudio la demanda plantea la nulidad del acto de elección del Alcalde del Municipio de El Colegio (Cundinamarca), con fundamento en los

siguientes cargos: 13  Violación del artículo 111 del Código Electoral, por inobservancia del horario que en el se establece para la jornada electoral.

 Violación del artículo 258 de la Constitución Nacional, por cuanto que en el proceso electoral llevado a cabo en el municipio de El Colegio para la elección de Alcalde se utilizaron tarjetones electorales reproducidos mecánicamente que no responden a las especificaciones señaladas en la norma. En relación con el primer cargo, dijo el actor que en el municipio de El Colegio, por razón de hechos atribuibles a las autoridades electorales, los tarjetones electorales omitieron considerar uno de los candidatos, en particular del elegido Alcalde que no figuraba en el tarjetón inicial; este hecho fue advertido de manera previa a la iniciación del debate electoral, por lo que se impuso la suspensión del mismo entretanto se procedía a subsanar la deficiencia advertida y se traían los nuevos tarjetones electorales. Esta circunstancia hizo que el debate electoral apenas se iniciara a partir de las 10:30 A.M., lo que constituía una inobservancia del mandato del artículo 111 del Código Electoral. La norma en cita prescribe lo siguiente: “Artículo 111.- Las votaciones principiarán a las ocho (8) de la mañana y se cerrarán a las cuatro (4) de la tarde” En relación con esta disposición, el precedente jurisprudencial enseña lo siguiente: “10. Según el artículo 111 del Código Electoral las votaciones han de principiar a las 8:00 de la mañana y cerrarse a las 4:00 de la tarde. Es esa una jornada suficiente y amplia, que permite a los ciudadanos depositar su voto sin dificultades, de manera que cuando se reduce, se dijo en la referida sentencia de 20 de septiembre de 1999, se limita la posibilidad de votar y, consiguientemente, el acto por el cual se declare finalmente la elección habrá sido

irregularmente producido, motivo de nulidad establecido en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. También es irregular la prolongación de las votaciones más allá de la hora en que deben cerrarse, de manera que los votos depositados después de las 4:00 de la tarde son inválidos. (1 ) 1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Consejero Ponente: dr. MARIO ALARIO MÉNDEZ. Sentencia de 16 de agosto de 2002. radicado Interno número 2.788. 14 Pero también en estos casos habrá de establecerse la cantidad de votos efectivamente depositados y la de los que, conforme al censo electoral, habrían podido depositarse, o cuántos se depositaron después de la hora en que han de concluir las votaciones, para establecer su incidencia en el resultado electoral” Ahora bien, de conformidad con lo visto, para el caso en examen, se impone para efectos de la prosperidad de la pretensión establecer, de un lado, el número de votos efectivamente depositados y, del otro, acreditación de los votos que conforme el censo electoral habrían podido depositarse. De conformidad con el formulario E-26 el número de votos efectivamente depositados para elegir Alcalde en el Municipio de El Colegio (Cundinamarca) ascendió a 7.486. A su vez el número de ciudadanos incorporados en el censo electoral correspondiente al año 2003, aptos para sufragar en el Municipio de El Colegio, según lo indicado en el oficio DC-1049-OE del 4 de noviembre del 2004, es de 14.858. Siguiendo la fórmula que se infiere del precedente sentado por el máximo juez de lo

contencioso administrativo, confrontado el total de votos efectivamente depositados con el censo electoral, se tiene entonces que dejaron de sufragar 7.372 ciudadanos y, si se tiene en cuenta que la diferencia que se presentó entre el elegido Alcaldequien obtuvo una votación total de 3.551 sufragiosy el candidato que le siguió en votos –quien obtuvo un total de 3262 sufragios-, es de tan solo 289 votos, fuerza concluir que el número de electores que dejaron de sufragar resulta determinante de la elección. No obstante lo anterior, esta Procuraduría Delegada considera que la tesis jurisprudencial expresada no puede ser aplicada en la forma tan rigorosa como en ella se propone. En efecto, ella, para determinar el número de ciudadanos que no pudo sufragar por razón de la reducción del horario de la jornada electoral tomó como referente la totalidad de los ciudadanos incorporados en el censo electoral, partiendo de un presupuesto que en nuestro medio no resulta ser cierto: como lo es 15 considerar una votación del ciento por ciento (100%) -o dicho en otros términos, un fenómeno de abstención cero (0), lo cual jamás ha sucedido-. La regla de la experiencia enseña que los procesos electorales en nuestro medio se afectan en grado sumo y en un alto porcentaje por el fenómeno de la abstención; y que en cada proceso electoral, ésta tiende a ser mayor en relación con el proceso electoral precedente. Así las cosas, en sentir de este Despacho para acercar más el tratamiento jurídi