PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONCEJAL - Apócrifo o falso son sinónimos

Bogotá D.C. Marzo de 2.003 Concepto No. 19/2003 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. ALVARO GONZÁLEZ MURCIA

E. S. D.

Referencia: Expediente número: 3073

Actor: FEDERICO TRUJILLO BURGOS Y OTROS Asunto: Apelación de la sentencia del 8 de noviembre del 2.002, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se declaró la nulidad de la elección de los Concejales del Distrito de Barranquilla, para el período 2.001-2.003.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda presentada por los ciudadanos Federico Trujillo Burgos, Iván Rafael Romero Mendoza y Ascanio Osorio Rodríguez Los señores Federico Trujillo Burgos, Iván Rafael Romero Mendoza y Ascanio Osorio Rodríguez, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, para que, previos los trámites del proceso electoral, se efectuaran las siguientes declaraciones: “1.- Que es nulo el acto de declaratoria de Elección de Concejales al Concejo Distrital de B/quilla, como resultado de los votos emitidos durante las elecciones del 29 de octubre de 2.000 para el período 1 constitucional y legal de 2.001-2.003, contenido en el Acta Parcial de Escrutinios de votos para Concejo Distrital de B/quilla (Form. E-26) suscrita el día 7 de diciembre de 2.000, por los Delegados del Honorable Consejo Nacional Electoral en el Dpto. del Atlántico y,

“2.- Que como consecuencia de lo anterior, igualmente se declaren nulas las resoluciones proferidas por los mismos Delegados del H. Consejo Nacional Electoral, o las Comisiones Escrutadoras Auxiliares y Distritales de B/quilla, durante el proceso de los escrutinios respectivos, en contradicción con nuestro sistema electoral establecido por la Constitución y la ley y como resultado de las anteriores declaraciones se ordene practicar y efectivamente se practique por el Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico, un nuevo escrutinio de Concejales al Concejo Distrital de B/quilla, para el período constitucional y legal de 2.001-2.003, Escrutinio que deberá practicarse únicamente con base en los registros que no se declaren afectados de nulidad en virtud del presente juicio, correspondientes a las elecciones del domingo 29 de octubre de 2.000, por la circunscripción electoral del Distrito de B/quilla y previa rectificación de las alteraciones de los registros electorales producto de la agregación artificiosa de votos no encontrados por los jurados de votación, y por consiguiente, no computados en las Actas de Escrutinio (E-14) o por haber los jurados computado votos no depositados por sufragantes o exclusión de los Registros que conforme a la ley no deban ser computados. “3.- Que son nulas las Actas de Escrutinio de los jurados de votación de cada una de las siguientes mesas: Del corregimiento de Juan Mina: MESAS Nros. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 y 11 del puesto 25 - Zona 99

Del Distrito de Barranquilla: 2

MESAS Nros. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2122-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36y 37 del puesto 01Zona 10A. MESAS Nros. 1-2-3-4-5-6-7--8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2122-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-4344-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-6263 del puesto 03 zona 10A. MESAS Nros. 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-2829-30-31-32-33-34-35 del puesto 01 zona 13. MESAS Nros. 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 y 35 del puesto 01 zona 16. MESAS Nros. 19-20-21-23-24-25-26-27 del puesto 02 zona 16. Son nulos los “resultados del Escrutinio de jurados (Form. E-24)” del escrutinio adelantado por las Comisiones Escrutadoras auxiliares de las zonas Nos. 4, 10A, 13 y 16 por no ser reales los resultados en ellos

consagrados a favor de los candidatos a Concejo Distrital de B/quilla, sino fingidos. Que igualmente, son nulas las Actas de Escrutinio y Resultado del Escrutinio de Jurado (E-24) de la Comisión Escrutadora Auxiliar zona 4 y la Resolución No. 0039 de Diciembre 4 de 2.000 de los Delegados del Honorable Consejo Nacional Electoral en el Departamento del Atlántico, por medio de las cuales ordenaron computar las mesas de votación Nos. 1-2-3-3-4-5-6-7-8-9-10 y 11 del puesto 25 de la zona 99 Corregimiento de JUAN MINA. “4.- Que son nulas las Actas de Escrutinio de las Comisiones Escrutadoras Auxiliares y Distrital de B/quilla. 3 “5.- Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos Escrutinios se haga una nueva declaración de elección de Concejales al Concejo Distrital de B/quilla para el período constitucional y legal de 2.001-2.003, se ordene expedir y efectivamente se expidan las nuevas credenciales de Concejales Distritales, por la circunscripción electoral del Distrito de B/quilla, en reemplazo de las anteriores y que deben ser canceladas y se comuniquen las anteriores novedades a quienes deben conocerla, por sendos oficios que deberán librarse al Presidente del H. Consejo Nacional Electoral, al Registrador Nacional del Estado Civil, a sus Delegados en el Dpto. del Atlántico, al Ministro del Interior, al Gobernador del Dpto del Atlántico, al Alcalde Distrital de B/quilla, y a las demás autoridades que deban conocer de la decisión del H. Tribunal

Administrativo del Atlántico.” A) Hechos Los actores refirieron que el 29 de octubre del 2.000 tuvieron lugar elecciones en todo el territorio nacional, incluido el Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla, y que el 31 de octubre de la misma anualidad, las Comisiones Escrutadoras Auxiliares y Distritales adelantaron los escrutinios de los votos emitidos para el Concejo Distrital; que algunas de esas decisiones fueron apeladas por los testigos electorales, razón por la que conocieron en segunda instancia los Delegados del Consejo Nacional Electoral, a quienes correspondió efectuar la declaratoria de la elección de concejales. Este acto se contiene en el formulario E-26 “Acta Parcial de Escrutinios”, suscrito el 7 de diciembre del 2000. Dijeron los impugnantes que el proceso de votación y escrutinios efectuados en el Departamento del Atlántico fue objeto de irregularidades y sobre él pesan graves denuncias por fraude electoral, que, según su aseveración, se inició de tiempo atrás y se materializó en actuaciones tales como: i) con la integración de jurados de mesa de votación homogéneos, los que se prestaron para favorecer a determinados candidatos; ii) con la alteración de los censos electorales al permitir la inscripción de cédulas de ciudadanos no residentes de 4 Distrito de Barranquilla, o sin su presencia; iii) se recurrió al denominado “Carrusel”, que se hizo con la complicidad de los Registradores auxiliares y de los jurados de votación; iv) se presentaron casos de suplantación de electores;

1. se permitió la doble votación; vi) se dio una reiterada incursión en errores aritméticos, sin que se practicaran los respectivos recuentos para establecer la verdad de los resultados; vii) se presentaron casos de mesas en las que las tarjetas electorales excedían el número de electores, las que al parecer fueron depositadas por los jurados de votación.

Se señaló que el fraude electoral se presentó durante las votaciones y con posterioridad a las mismas; que una de las modalidades a la que se recurrió, lo fue el denominado “voto cantao”, según la cual, los escrutadores anuncian un resultado y en las actas se anota otro: sostuvieron los demandantes que los registros electorales eran falsos de manera ostensible, y que el fraude había adquirido proporciones desmesuradas y graves, al punto que las votaciones no constituían el reflejo de la voluntad de los electores expresada en las urnas. Seguidamente, explicó que el Distrito de Barranquilla, para efectos de las elecciones, fue dividido en 19 zonas de votación; un “puesto censo” en el cual sufragaron los ciudadanos cuyas cédulas habían sido expedidas entre el 1º de julio de 1.994 y el 29 de junio de 2.000; una zona especial “centro penitenciario”; y los puestos de votación que se ubicaron en los Corregimientos de Juan Mina y Eduardo Santos (La Playa); se establecieron 65 puestos en los que funcionaron 2.550 mesas de votación, de las cuales, 159 presentan vicios de nulidad. Respecto de éstas mesas, se dijo que las Comisiones Escrutadoras Auxiliares

de las zonas 4, 10A, 13 y 16 incurrieron en irregularidades, como i) no escrutar los votos de ninguna corporación o cargo; ii) omitieron dejar constancia de los registros o pliegos electorales de las mesas de votación que funcionaron en Barranquilla, así como del número de sufragantes y tarjetas electorales; iii) escrutaron actas de escrutinio de jurados de votación inexistentes, carentes de firmas; iii) alteraron el resultado electoral para favorecer a determinados candidatos. Estas actas, según la parte actora se encuentran viciadas de nulidad al tenor de lo preceptuado en las causales 2º y 3º del artículo 223 del 5 Código Contencioso Administrativo, toda vez que son falsas y apócrifas, o son falsos y apócrifos los elementos que sirvieron para su formación. De igual modo, reiteraron que los elementos que sirvieron para la conformación de las actas incluían actas que carecían de las firmas auténticas de los jurados de votación, o estaban firmadas por menos de dos de éstos, razón por la cual eran inexistentes; igualmente que los jurados no dejaron constancia en el acta de escrutinio de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos al Concejo Distrital; señaló que otros documentos electorales, que constituyen elementos indispensables para la formación de los registros, como la Lista de Sufragantes – Formulario E-10 -, y el Registro de votantes – Formulario E-11 -, eran falsos, porque carecían de la firma de los jurados de votación; manifestó que se presentaron cambios de tarjetas electorales, por ello, las depositadas en

algunas mesas de votación no correspondían con el consecutivo prefijado para la misma; así mismo se refirió a otro sinnúmero de conductas, como la alteración de las actas después de haber sido firmada por los jurados; permitir el voto de ciudadanos que no tenían derecho a sufragar, la suplantación de electores; haberse efectuado el cómputo de actas inexistentes en el Corregimiento de Juan Mina; para concluir que todas estas irregularidades afectaron el verdadero resultado electoral. Dichas irregularidades, la relaciona el actor una a una en las zonas y mesas ya indicadas, y se encuentran obrando a folios 10 a 136 de la demanda. B) Normas violadas y concepto de la violación Los actores invocaron como normas violadas las siguientes:  Los artículos 29 y 316 de la Constitución Política.  Los artículos 1, 2, 12, 14, 16, 78, 114, 134, 135, 136, 142, 144, 160, 163, 167, 168, 172, 173, 187, 188, numerales 3-4-5-y 11 del artículo 192 del Código Electoral.  Los artículos 4 y s.s. de la Ley 163 de 1.994  El artículo 3 de la Ley 62 de 1.988  El artículo 11 de la Ley 84 de 1.993, en armonía y concordancia con las causales 2a y 3a del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo; 6 y expresaron, como concepto de la violación, que la Constitución de un Estado Democrático se caracterizaba por incorporar garantías, procedimientos y oportunidades para que el pueblo efectivamente gobernara. Que bajo ese

entendido, el objeto de la acción electoral no solamente miraba a la preservación de la legalidad del proceso eleccionario, sino también a la pureza del sufragio como soporte del régimen representativo, régimen que igualmente era legitimado por los derechos políticos consagrados en la Constitución y que permitían el ejercicio y control político dentro de un Estado Social de Derecho. Que dentro de él, se presuponía la conformación de dimensiones ideológicas y orgánicoinstitucionales que aseguraban la vigencia del orden jurídico, a cuyo sometimiento se sujetaban no solo los asociados, sino también los gobernantes y funcionarios públicos. La parte demandante afirmó que el fraude electoral se consumó con el concurso de funcionarios de la Organización Electoral y de personas ajenas a éste, con desconocimiento del Estado de Derecho, atacado por este actuar desde su misma conformación y legitimación. Indicaron los acusadores que se vulneró y desconoció el artículo 40 de la Constitución Política que consagra el derecho a participar en la conformación y ejercicio del poder político; el artículo 3 que señala que la soberanía reside en el pueblo, del cual emana el poder público; los artículos 103 y 107 en cuanto señalan que el sufragio electoral es un mecanismo de participación popular; los artículos 258 y 260 en cuanto se vulneró el derecho al voto; y los artículos que atribuyen al Consejo Nacional Electoral la inspección y vigilancia de la organización electoral; conductas que encajan perfectamente en las previsiones del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Destacaron que en el presente caso, las diferencias en los registros de los resultados no eran simples errores aritméticos, como los contemplaban los

artículos 122 y 192 del Código Electoral, sino que tal y como lo había manifestado el Consejo de Estado en sentencia de diciembre 13 de 1.991 (Expediente 3649 C.P. doctora Consuelo Sarria), éstos constituían causal de nulidad cuando presuponía la premeditada y malsana intención de alterar los resultados electorales, tesis reiterada en sentencia de 13 de octubre de 1.988, 7 (expediente 0198, C.P. doctor Jorge Penén Deltieure), del cual transcribió apartes. Seguidamente, señalaron que de la confrontación de las Listas de sufragantes -E-10-, Registro de votantes -E-11y Acta de escrutinio de los jurados -E-14-, y del resultado plasmado en el E-24, se apreciaba que diferían ostensiblemente las cifras registradas en cada uno de estos documentos, porque, dicen los demandantes, se agregaron artificiosamente votos a favor de determinados candidatos y se le restaron a otros. Refirió nuevamente irregularidades del proceso electoral, como la relacionada con la actuación en el proceso electoral de jurados de votación que no habían sido designados por las autoridades electorales; jurados que sufragaron en la mesa donde se encontraban designados y en la que estaban inicialmente inscritos (doble votación); y jurados que agregaron nombres ficticios en los registros de votantes.

2. Admisión y contestación de la demanda El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 22 de enero del 2.001, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley.

Una vez corrido el traslado correspondiente, los demandados guardaron

silencio.

3. La demanda instaurada por el señor Augusto Morón Beltrán El señor Augusto Morón Beltrán, actuando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, para que previos los trámites de los artículos 223 al 225 del Código Contencioso Administrativo, se efectuaran las siguientes declaraciones: “1.- QUE ES NULO el acto administrativo contenido en el acto administrativo expedido por los Delegados del Consejo Nacional Electoral 8 para el Departamento del Atlántico, señores LUIS FERNANDO GRANADA Y EFRAIN GÓMEZ, por medio del cual se declaro, el 7 de diciembre del año 2.000, la elección de Concejales del Distrito de Barranquilla, para el período comprendido entre el 1º de enero del 2.001 al 31 de diciembre del 2.003 a los señores. RAFAEL SEGUNDO SÁNCHEZ ANILLO,

REYNALDO BENITO PÉREZ SÁNCHEZ, EDUARDO ENRIQUE PULGAR

DAZA, ANTONIO JOSE BALLESTAS MORALES, FRANKLIN ENRIQUE

GUTIÉRREZ BARÓN, ALEJANDRO MUNARRIZ SALCEDO, RUBEN MARINO

BORGE, RAMON IGNACIO CARBO LACOUTURE, LAUREANO AUGUSTO

ACUÑA DÍAZ, MIGUEL AMIN ESCAF, CARLOS ARTURO FERNÁNDEZ

CARRILLO, JOSÉ RAFAEL LAPEIRA CARBONELL, GUILLERMO ALBERTO

POLO CARBONELL, LUIS EDUARDO DIAZGRANADOS, JUAN ALBERTO

GARCÍA ESTRADA, DAVID JULIAO RAMOS, LUIS ALBERTO ZAPATA

DONADO, OSVALDO ANTONIO DÍAZ INSIGNARES, MILLER DE JESÚS

SOTO SOLANO, ERNESTO GÓMEZ GUARIN Y OSVALDO CUBIDES RODRÍGUEZ. “2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la practica de nuevos escrutinios para la Corporación Concejo Distrital de Barranquilla, con la exclusión del computo de votos depositados en las mesas que relaciono a continuación, donde se presentaron serias anomalías que enuncio con claridad en los hechos de esta demanda: En cuadros relacionó los números de la zona, del puesto y las mesas, que estaban, en su criterio, afectadas de nulidad, que obran a folios 2 a 5 de la demanda, que se resumen así: Zona Puesto Mesas 1 2 1-9 4 2 11 7 1 3-4-7-14-15-17-18-20-22-24-25-26-32-37-3941-49-52-59 2 5-11-14-17-23 9 1 1-5-7-8-14-28-29-53-65 2 5-14-15-16-19-21 10 1 2-4 2 1-16-17-18-19-22-23 9 3 1 5 1-2-5-7-8-10-29-48. 11 1 3-5-7-9-11-16-21-30-39 2 3-15-18-19-23-24 3 1-21-25-27 4 1-2-9

12 1 2-4-8-9 13 2 6-16-17-18-24 4 11-12-23 14 1 2-9-14-17 2 1-11-12 3 3 15 1 4-22-32 2 9-11-12-14-18-19-22-40-42-54 3 4-7-25-31-35 16 1 14 2 2-3-5-13 17 1 4-19-23-32-33-47 2 1-22 3 14 4 2-6-12-37 19 2 1-2-19-21 99 25 1-2-5-8 “3.- Que se declare la nulidad de los documentos electorales E-11 y E-14 de las zonas, puestos y mesas de votación, que no estén firmados por lo menos por dos jurados. “4.- Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos escrutinios, se proceda a hacer una nueva declaración de elección de Concejales del Distrito de Barranquilla, para el período comprendido entre el 1º de Enero del 2.001 al 31 de diciembre del 2.003 y se ordene expedir las credenciales de Concejales del Distrito de Barranquilla, a los candidatos que una vez depurada la elección, de los vicios que estamos denunciando, reúnan los votos necesarios para salir elegidos. “5.- Que una vez se conozcan los resultados electorales que arroje el nuevo escrutinio, libre de los vicios que estamos denunciando, se proceda a cancelar las credenciales otorgadas a los candidatos que inicialmente fueron declarados electos y que de acuerdo con los nuevos

escrutinios, no resulten elegidos.” 10 A) Hechos El actor refirió que el 29 de octubre se llevaron a cabo elecciones en el territorio nacional para elegir autoridades municipales, distritales y departamentales, incluido el Departamento del Atlántico, en donde en su desarrollo se presentaron toda clase de irregularidades que originaron denuncias y acusaciones de diversos sectores políticos. Dijo que terminadas las elecciones y realizados los escrutinios por las Comisiones Auxiliares se presentaron reclamaciones y apelaciones que luego de ser resultas por la Comisión Escrutadora Departamental, dieron lugar a la declaratoria de elección y correspondiente expedición de credenciales de los candidatos al Concejo Distrital de Barranquilla. Refirió que ante los escándalos suscitados durante el proceso de elecciones, un grupo de ciudadanos se dio a la tarea de revisar los registros de votantes (E-11) de cada una de las mesas que funcionaron en las diferentes zonas y puestos de Barranquilla, los que fueron confrontados con el censo nacional, encontrando que en 146 mesas se sucedieron 1.253 suplantaciones (estudio que anexó a la demanda en 29 folios). Dichas conductas, según el actor, encajan perfectamente en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que son falsos y apócrifos los elementos que sirvieron para la formación de los documentos electorales. De igual forma, muchos de los E-11 y E-14 de los puestos de votación del Distrito de Barranquilla no estaban firmados, por lo menos, por dos jurados de votación.

B) Normas violadas y concepto de la violación El actor citó como disposiciones violadas las siguientes:  El artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 96 del 85 artículo 65 y Ley 62 de 1988, artículo 17. 11  Los artículos 1° y 2° del Código Electoral; 76, modificado por la Ley 6ª de 1990, artículo 8° y el artículo 85 modificado por la Ley 6ª de 1990, artículo 9°. Como concepto de la violación indicó que el objeto del Código Electoral era perfeccionar el proceso y la organización electoral, para asegurar que las votaciones se tradujeran en la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos, y que los escrutinios fueran el reflejo de los resultados de la voluntad del elector; actuaciones que las autoridades estaban en el deber de proteger. Más adelante, el actor explicó la forma como se realiza la conformación del censo electoral y trascribió apartes de sentencias del Consejo de Estado relacionadas con la validez de los registros electorales, el voto fraudulento, y la falsedad y apocrifidad como causales de nulidad electoral. Con apoyo en ellas señaló que en toda la documentación aportada a la demanda se sustentaba la acusación efectuada contra los documentos electorales correspondientes a las 146 mesas enunciadas, y que dieron origen a los vicios de nulidad del acto administrativo que declaró la elección de Concejales de Barranquilla. C) Solicitud de suspensión provisional El actor, en escrito separado, solicitó la suspensión provisional del acto demandado, conforme lo establecido en el artículo 152 del Código

Contencioso Administrativo, advirtiendo que las pretensiones y los hechos de la presente acción de nulidad, contenían una descripción clara y detallada de las irregularidades que presentaban los documentos electorales conocidos como E-11 y E-14, los cuales afectaron el resultado final de las elecciones.

4. Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 7 de febrero del 2.001, le indicó al accionante que dentro del término de cinco días debía allegar copia auténtica del acto demandado. En escrito dirigido a esa

12 Corporación, señaló que a folios 1 a 10 de la demanda y sus anexos se encontraba el aludido acto administrativo. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en consecuencia, a través de providencia del 28 de febrero de 2.001 admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley y denegó la solicitud de suspensión provisional. Para esta última determinación, consideró que el actor sustentó la medida en la ocurrencia de una serie de hechos alegados en la demanda y no en la infracción de una norma superior. Por su parte, la Organización No Gubernamental Red de Veeduría del departamento del Atlántico, por conducto de apoderado judicial, solicitó se le reconociera como tercero interviniente, y pidió que se le diera cumplimiento al numeral 4º inciso 4º del artículo 223 del Decreto 2304 de 1,989, en tanto que se declarara terminado el proceso por abandono, al haber transcurrido 54 días calendario para la publicación del edicto, luego de la admisión de la demanda.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante proveído de 2 de abril del 2.002, no accedió a la petición de la terminación del proceso pues si bien era cierto que las publicaciones del edicto de que habla el inciso 3º del numeral 4º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, no se efectuaron dentro de los 20 días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda, dicha actuación no fue advertida por el Tribunal, quien procedió a seguir con el curso del proceso; como la actuación no fue advertida en el momento procesal expedito para darle efectos, en el momento en que se planteó hubo precluido la oportunidad para dicha declaratoria. El interviniente interpuso recurso de apelación contra dicho auto, que fue rechazado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, motivo por el cual interpuso el recurso de queja, el que fue confirmado por el Consejo de Estado mediante auto de junio 28 de 2.002.

5. Acumulación de procesos

13 El juzgador de primer grado, por medio de auto del 3 de julio del 2.002, decretó la acumulación de los procesos promovidos por los señores Federico Trujillo Burgos, Iván Rafael Romero Mendoza, Ascanio Alberto Osorio Rodríguez y Augusto Morón Beltrán.

6. Alegatos de conclusión El señor Augusto Morón Beltrán presentó escrito de alegatos y afirmó que los documentos procedentes de la Registraduría del Estado Civil coincidían con los hechos denunciados; que fueron de tal proporción que los técnicos de la Registraduría, luego de hacer las confrontaciones entre los ciudadanos que

podían votar en cada mesa y los que ilegalmente votaron, comprobaron la existencia de numerosas suplantaciones, y citó, a manera de ejemplo, los casos encontrados por éstos que obran a folios 65 a 70 del Cuaderno número 1. El señor Iván Rafael Romero Mendoza, en su alegato de conclusión, solicitó que se accediera a las súplicas de la demanda, considerando que se verificaron por parte de los peritos de la Registraduría las suplantaciones y falsedad de los votos, hechos que son constitutivos de la causal de nulidad prevista en el artículo 223 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo. El señor Ricardo Varela Consuegra, en representación de los señores Alejandro Munárriz Salcedo y Osvaldo Cubides Díaz, propuso en su escrito de alegatos la ineptitud de la demanda, al considerar que si bien era cierto que se invocaron las causales 2° y 3° del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, no aparecía dentro del proceso prueba alguna que demostrara la existencia de las supuestas alteraciones sustanciales de las actas y menos aún después de haber sido firmadas por los miembros de la corporación que las expidió; además, que la mayoría de las irregularidades denunciadas por los actores constituían causales de reclamación y no de nulidad.

7. Fallo de primera instancia

14 El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 8 de noviembre del 2.002, declaró la nulidad del acto administrativo por medio del cual los Delegados del Consejo Nacional Electoral declararon la elección de los

Concejales del Distrito Especial de Barranquilla, contenido en el Formulario E26 del 7 de diciembre del 2.000; ordenó, igualmente, la práctica de nuevos escrutinios, con la exclusión de las mesas de votación números 2-4-7-9-11-1219-21-23-25-27-28-30-31-32-33 y 35 del Puesto 1 de la Zona 10A; las mesas de votación números 1-5-14-15-22-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-38-46-5357-58 y 59 del Puesto 3, de la Zona 10A; las mesas de votación números 1112-14-15-17-21-24-25-26-27-29-34 y 35 del Puesto 1 de la Zona 13; las mesas de votación números 21-24-25-26-27-28-29-31-32 y 33 del Puesto 1 de la Zona 16; y las mesas de votación números 19-20-21-23-25 y 27, del Puesto 2 de la Zona 16. El a-quo, como primera medida, advirtió que ninguno de los concejales que se entendían demandados, compareció en su oportunidad para contestar la demanda, motivo por el cual resultaba siendo extemporánea la excepción de ineptitud de la demanda propuesta en los alegatos de conclusión. En relación con asunto de fondo formulado en el expediente 2001-0050, trató cada uno de los cargos invocados en la demanda de la siguiente manera: En relación con las alteraciones de los registros en los formularios E-24 respecto

de los registros de los E-14, manifestó que la no correspondencia numérica de votos entre los formularios E-14 y E-24 no generaba necesariamente la alteración de la verdad electoral, pues ellas podían ser el producto de reclamaciones en el curso de los escrutinios, de conformidad con los artículos 192 y 193 del Código Electoral. Bajo ese orden de ideas, sostuvo que en el cuaderno de pruebas 1A del expediente 2001-0050, correspondiente al informe pericial rendido por los peritos electorales, si bien se observaba la disparidad numérica entre los formularios E-14 y E-24, ello no indicaba una falsedad ideológica; además, el informe pericial no mostraba una referencia explicativa de ese hecho, que por sí solo, no configuraba la pretendida nulidad. Respecto de las demás conductas a que aludieron los actores, como: la inexistencia de actas de escrutinio de los jurados de votación y de la constancia de los 15 resultados electorales obtenidos por cada uno de los candidatos; la inconsistencia entre las listas de sufragantes E-10 y el registro de votantes E11; el exceso de tarjetas electorales; la ausencia de las actas de instalación de las mesas, y la ausencia de las firmas en los formularios E-11, indicó el Tribunal que todas ellas constituían causales de reclamación y no de nulidad de la elección. En cuanto a la falsedad de las actas de escrutinio por suplantación de sufragantes, señaló que de éstas se presentan varias modalidades a saber: cuando una persona que no es el titular del documento de identificación deposita el voto a nombre de otra; cuando el titular de la cédula u otra persona

a nombre de él, no vota, y los jurados llenan las casillas correspondientes con nombres suplantados; o cuando son llenadas con sus propios nombres; conductas que para el Tribunal desfiguran la expresión popular. Así las cosas, la Corporación señaló que obraba dentro del expediente un informe pericial con sus respectivos soportes documentales, seguido de una inspección judicial, elaborado por funcionarios de la organización electoral, que merecía toda su atención valorativa, en cuanto contenía un examen juicioso de la confrontación entre el número de cédula y su respectivo titular, según el A.N.I, frente al nombre de quien aparecía sufragando en el formulario E-11 o registro de votantes. El estudio de los datos conclusivos y las mesas indicadas en la demanda fueron consignados por el Tribunal a folios 216 a 261 del cuaderno No. 1. Advirtió que se demostraban un total de 1.770 irregularidades en 74 mesas; sin embargo, señaló que en el informe pericial se incluyó el cotejo y estudio comparativo de mesas en las que no se anexaron los formularios E-11 y los datos del ciudadano titular de la cédula, como lo era el caso de las siguientes mesas: mes 2, puesto 3, zona 10A; mesa 4, puesto 3, zona 10A; mesa 28, puesto 1, zona 13; las cuales por las razones ya expuestas no se consideraron y que suman un total de 152. De igual forma, señaló que algunas de las conductas que en el dictamen pericial se consignaron como irregularidades, no lo eran, pues se trataba de 16 errores de los jurados de votación, como lo fueron los casos en l