PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONCEJAL - Delegación para otorgar avales de candidatos del m

NULIDAD DE ELECCION DE CONCEJAL-Delegación para otorgar avales de candidatos del municipio de Yumbo Valle del Cauca no invalida su inscripción Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 Bogotá D.C., 25 de enero de 2022 Concepto No. 2022-01-NE-012 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN: 76001-23-33-000-2019-01178-01

DEMANDANTE: WILLIAN MARMOLEJO RAMÍREZ Y OTROS

DEMANDADO: EDGAR ALEXÁNDER RUÍZ GARCÍA Y DIEGO

PARRA ZULUAGACONCEJALES DE YUMBO, 2020-2023

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión1, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección2, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución No. 2954 del 29 de noviembre del 2017, registró a AURELIO IRAGORRI VALENCIA, como Director Único y al Doctor ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO, como nuevo Representante

1 Anotación 22 Samai. 19 de enero de 2022. 2 Es preciso aclarar que quien ostenta la calidad de Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado presentó impedimento para intervenir en el presente asunto, bajo la consideración de estar incursa en la causal establecida en el artículo 130, numeral 1 del CPACA, al haber participado en la expedición de uno de los actos acusados; no obstante dicha manifestación se declaró infundada por la Sala Electoral del Consejo de Estado, mediante Auto de 15 de diciembre de 2021, con ponencia del Honorable Magistrado LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA y salvamento de voto de la Honorable Magistrada ROCÍO ARAUJO OÑATE. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 2 Legal y Secretario General del Partido de Unidad Nacional Partido de Unidad Nacional - Partido de la U. 1.1.2. El 14 de junio del 2019, ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO, actuando como Secretario General y Representante Legal del Partido de la U, otorgó poder a JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA para la emisión de avales e inscripción de candidaturas del Departamento y Circunscripción electoral del Valle del Cauca en los comicios electorales del 27 de octubre de 2019. 1.1.3. El 19 de julio de 2019, JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA, concedió

aval a los 15 aspirantes al Concejo de Yumbo (Valle) por el Partido de la U, entre los que se encontraban EDGAR ALEXÁNDER RUÍZ GARCÍA y DIEGO PARRA ZULUAGA. 1.1.4. El 27 de octubre de 2019 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales y miembros de Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales, y Juntas Administradoras Locales. 1.1.5. EDGAR ALEXÁNDER RUÍZ GARCÍA y DIEGO PARRA ZULUAGA resultaron electos como concejales del municipio de Yumbo – Valle del Cauca – para el periodo constitucional 2020 – 2023, según consta en formulario E - 26 CON, de 8 de noviembre de 2019. 1.1.6. El 13 de enero de 2020, WILLIAM MARMOLEJO RAMÍREZ, GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA, FÉLIX NOEL CHAVERRA CUESTA y JHON JAMES CASTRO CASTILLO, interpusieron el medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA contra la prenotada elección de RUÍZ GARCIA y PARRA ZULUAGA, como concejales del municipio de Yumbo. 1.1.7. El 5 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió “Negar las pretensiones de la demanda”, decisión contra la cual los Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 demandantes presentaron recurso de apelación, el cual fue concedido el 21 del mismo mes y año. 1.2. Fallo de primera instancia En sentencia del 5 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió “Negar las pretensiones de la demanda”.

Fijó como problema jurídico a resolver: “(…) determinar, si el acto de elección de los señores, Edgar Alexander Ruiz García y Diego Parra Zuluaga en calidad de concejales del municipio de Yumbo-Valle para la vigencia 20202023 por el partido de la U, contenida en el formulario E-26 es nula, por cuanto presuntamente el aval para la inscripción de la candidatura fue otorgado por quien carecía de competencia para dicho fin, de conformidad con el numeral 5º del artículo 275 del CPACA. En este sentido, determinar si el poder otorgado por el Dr. Álvaro Echeverry Londoño en calidad de Representante Legal del partido de la U al señor Jorge Eliecer Tamayo Marulanda, para el otorgamiento del aval de los candidatos anteriormente referenciados, debía surtirse a través del derecho de postulación de que trata el artículo 77 del CGP, o a través de un mandato o una delegación” Se refirió a algunas generalidades de la figura de la nulidad electoral; de los estatutos de los partidos políticos y el otorgamiento de avales a candidatos a cargos de elección popular; de la delegación administrativa y el contrato de mandato; para finalmente centrarse en el caso concreto.

Resaltó que de conformidad con los estatutos del Partido de la U – articulo 29 – el “Director Único es el Presidente de la Dirección Nacional y Representante Legal del Partido para el respectivo periodo. Podrá delegar esta representación en funcionarios del Partido por el tiempo que él lo considere necesario”. Enfatizó que la misma disposición estatutaria, – articulo 34 –, contiene las funciones asignadas a la Dirección Nacional de dicha colectividad, de las que resaltó, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 “a. Ejercer a través de su presidente o delegado, según sea el caso, la Representación Legal y Política del Partido. (…)

q. Expedir o delegar, exigiendo el cumplimiento de las normas constitucionales, legales, estatutarias y de organización, los avales para los candidatos que a nombre del Partido participen en contiendas por cargos de elección popular y adoptar los programas que se propongan a los electores. (Subraya el Tribunal) (…)

1. Nombrar al Secretario General… para el buen funcionamiento del partido, con carácter de libre nombramiento y remoción” (negrillas y subrayas fuera de texto) Así mismo, en dicha norme se le confirió al Secretario General la obligación de “g) llevar la Representación Legal del Partido cuando le sea delegada. (…)” – articulo 35.

Advirtió que por Resolución 024 del 15 de noviembre de 2017, AURELIO

IRRAGORI VALENCIA, actuando en calidad de Director Único del Partido de la U, nombró a ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO, como Secretario General del Partido de la U y delegó en él la Representación Legal del mismo, decisión que fue registrada ante el Consejo Nacional Electoral, el 29 de noviembre de aquel año, mediante Resolución 2954. También, que por Resolución No. 12 del 11 de febrero de 2019, el Director Único del Partido de la U, reglamentó el otorgamiento de avales de quienes aspiraron a participar en los comicios territoriales que tuvieron lugar el 27 de octubre de 2019 bajo la cobertura del Partido de la U, acto que en su parte resolutiva, señaló que “la Secretaría General del Partido de la U, otorgará los PODERES que sean necesarios para la suscripción de avales, la inscripción de candidaturas y la modificación de inscripciones ante la autoridad electoral correspondiente, concediendo inclusive, los permisos para la generación de los Formularios E-6 y E7 en el aplicativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil (…)” Negrilla del Tribunal. Con ello, concluyó que “acorde con los estatutos del Partido de la U, el Dr. Aurelio Irragori Valencia es el director único y representante legal de ese partido, pero delegó dicha facultad en el secretario general, el Dr. Álvaro Echeverry Londoño, y éste, a su vez otorgó poder especial, en el señor Jorge Eliecer Tamayo Marulanda, para la emisión de avales e inscripción de candidaturas, quien finalmente otorgó el aval a los señores Edgar

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Página 5 Alexander Ruiz García y Diego Parra Zuluaga como aspirantes al Concejo de Yumbo, para el periodo constitucional 2020-2023, aspecto soportado en los estatutos”. En segundo lugar, puso de presente que cualquier inconformidad con el acto de elección de los directivos de las agrupaciones políticas, debe ser resuelta por Consejo Nacional Electoral3 - al ser la entidad encargada de controlar los actos de designación - por lo que la persona que sea investida en tal dignidad, mantendrá la misma hasta tanto no sea impugnada en sede administrativa. Por ello señaló, que tanto la designación del Director, como la del Secretario General del Partido de la U, habían sido registradas ante el Consejo Nacional Electoral “y no existe prueba de que fue impugnada o que se controvirtió el acto administrativo que determinó su registro, lo que permite afirmar que dichas designaciones están en firme y se presumen legales”. En tercer, y último renglón, adujo que el poder especial otorgado a JORGE ELIECER TAMAYO por parte de ÁLVARO ECHEVERRY “no requería atemperarse a las previsiones del artículo 77 del CGP , por cuanto se otorgó en virtud de un mandato y no como consecuencia del derecho de postulación para actuar en un proceso judicial” hecho por el cual, aquel “tenía competencia para otorgar el aval”. Bajo las anteriores consideraciones negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Recurso de apelación El demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia con fundamento en que -según su criterio-, el Tribunal tuvo errores en los 4 escenarios en que basó su análisis, siendo estos (i) los estatutos de los partidos políticos y el otorgamiento de avales a candidatos a cargos de elección popular; (ii) la delegación administrativa; (iii) el contrato de mandato; y, (iv) los Estatutos del Partido de la U. 3 Artículo 9º de la Ley 1475 de 2011 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 6 En cuanto al primer punto, el apelante sostuvo que en la demanda no se reprochó la elección que de sus directivos hizo el partido de la U, en particular de su Director AURELIO IRAGORRI VALENCIA y su Secretario General, ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO, decisión consignada en la Resolución 024 de 15 de noviembre de 2017. Lo que se solicitó,-decanta-, fue la inaplicación por inconstitucional de la Resolución 2954 de 29 de noviembre de 2017, proferida por el Consejo Nacional Electoral, porque en dicho acto administrativo se inscribió a ECHEVERRY LONDOÑO como representante legal del Partido de la U, decisión que no fue tomada por la colectividad del partido de la U, prueba es la Resolución 024 de 15

de noviembre de 2017, en la que se consignó: “DELÉGASE, la representación legal del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL – PARTIDO DE LA U en el Doctor

ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO”.

Agregó que el Director del Partido de la U, en su calidad de Representante Legal del mismo, elegido en debida forma y en uso de sus facultades, solo delegó la Representación Legal de dicho partido en ECHEVERRY LONDOÑO. Afirmó que el Tribunal le reprochó no haber impugnado dentro de la oportunidad legal, la decisión del partido de la U de elegir su Representante Legal y Secretario General, aplicando el contenido del artículo 7 de la Ley 130 de 1994, sin tener en cuenta que dicha norma fue modificada por el artículo 9 de la Ley 1475 de 2011. Sostuvo el apelante que, si bien conforme al contenido del artículo 7 de la Ley 130 de 1994, cualquier ciudadano podía impugnar ante el CNE la designación de directivas, dentro de los 15 días siguientes a la misma, esta facultad, en los términos del artículo 9 de la Ley 1475 de 2011, se limitó a cualquier delegado al congreso o convención del partido y, “en ninguno de los hechos de la demanda, nos identificamos como Delegados al congreso o convención del Partido de la U, donde eligieron al Dr. Aurelio Iragorri Valencia como Director del Partido de la U y Representante Legal de dicho partido y al Dr. Álvaro Echeverry Londoño, como Secretario General del Partido de la U (…) decisión que no podíamos objetar ante el CNE ya que no tenemos la calidad de delegado al congreso o convención del partido, en el cual fueron elegidos”.

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Página 7 Insistió que se discute la Resolución 2954 de 2017 del CNE en la que se registró a ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO como Representante Legal del Partido de la U, en tanto, la decisión tomada por la colectividad en Resolución 024 de 15 de noviembre del mismo año – y que dio lugar a la expedición del acto del que se exige su inaplicación - fue la delegación de la representación legal, mas no el registro de esta. Se trata, señaló, de un “acto administrativo que es demandable en acción de nulidad electoral, ante la Jurisdicción Administrativa, una vez esté en firme, esto es con posterioridad a su publicación, por mandato del parágrafo del artículo 65 del CPACA, dado que el otorgamiento de avales para la inscripción de candidatos a elección popular es una función pública”. Por lo anterior, afirmó que la Resolución No. 2954 del 29 de noviembre del 2017, expedida por el Consejo Nacional Electoral, debió ser publicada en el Diario Oficial4, a fin de que la persona que considerara que dicho acto administrativo estaba revestido de nulidad, pudiera conocer el contenido del mismo y ejercer dentro del término legal, la acción de nulidad electoral de la que trata el artículo 139 del CPACA. Aduce que si bien obra en el plenario copia de la prenotada resolución, no ocurre

lo mismo con el acto de notificación o comunicación del mismo, por lo que, en su sentir, este no ha cobrado firmeza5, y por tanto “no es obligatorio”6 En segundo y tercer lugar, señaló que por mandato constitucional – articulo 108 – el acto de avalar un candidato está reservado para el representante legal del respectivo partido o por quien este delegue, mas no en una tercera persona, como ocurrió en el presente caso, por lo que considera existe una trasgresión a la norma superior. 4 Artículo 65 del CPACA. 5 Artículo 87 del CPACA. 6 Artículo 89 del CPACA. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 8 En cuarto lugar, trascribió los artículos 29 (Dirección Nacional); 31 (funciones y deberes de la dirección nacional); y, 35 (secretario general) de los estatutos del partido de la U. Concluyó que ninguna norma constitucional, legal ni estatutaria, permitía al Secretario General, ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO - quien por delegación de AURELIO IRAGORRI es el Representante Legal - otorgar poder especial a JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA, para la emisión de avales, pues conforme a la Resolución 12 de 11 de febrero de 2019 proferida por el Director Único del partido de la U, al Secretario General, se le permitió: “ARTÍCULO

DÉCIMO SEXTO. Elaboración de avales e inscripción de candidaturas. Teniendo en cuenta las reglas establecidas en el CAPÍTULO CUARTO de la presente Resolución, la Secretaría General del Partido de la U, otorgará los PODERES que sean necesarios para la suscripción de avales, la inscripción de candidaturas y la modificación de inscripciones ante la autoridad electoral correspondiente, concediendo inclusive, los permisos para la generación de los Formularios E-6 y E-7 en el aplicativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil”. Por ello reiteró que la “elaboración del AVAL y la suscripción del mismo, es una función diferente al otorgamiento del AVAL, función que solo corresponde al Representante Legal del Partido de la U o en quien el Delegue la Representación Legal” y que “Álvaro Echeverry Londoño, solo ejercía la Representación del Partido de la U, por Delegación que le hizo el Dr. Aurelio Irragori Valencia, y no por que fuera elegido como Representante Legal del Partido de la U. ya que el solo fue elegido como su Secretario General”. Con los anteriores argumentos solicitó revocar la sentencia impugnada y conceder las pretensiones impetradas. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala Electoral del Consejo de Estado, determinar si confirma o revoca la sentencia del 5 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que NEGÓ las pretensiones de la demanda que buscaba la nulidad del acto de elección de EDGAR ALEXÁNDER RUÍZ GARCÍA y DIEGO PARRA ZULUAGA como concejales del municipio de Yumbo – Valle del Cauca – para el periodo constitucional 2020 – 2023. Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario analizar brevemente el i) el medio de control de nulidad electoral; (ii) el aval como requisito para la inscripción; (iii) Competencia para otorgar el Aval; (iv) control en el otorgamiento de avales; y, finalmente examinar, (v) el caso concreto, a partir de los argumentos planteados en la apelación y que fueron objeto de revisión en la sentencia de primera instancia, los cuales, delimitan el ámbito de competencia del juez de segunda instancia. 2.2. Medio de control de nulidad electoral. En reciente providencia la Sala Electoral,7 en reiteración jurisprudencial,8 expuso sobre la materia lo siguiente: 7 Consejo de Estado, Sección Quinta MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001 03 28 000 2018 00051 00, sentencia del 14 de marzo de 2019. 8 Se señala: Ver entre otras, las sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, del 29 de noviembre de 2018, proferida dentro del expediente de

radicado No. 11001-03-28-000-2018-00034-00, demandante Henry Fernando Villarraga Palacios, contra la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento del Caquetá y del 8 de febrero del 2018, proferida dentro del expediente de radicado No. 11001-03-28-000-2014-00117-00, acumulado con el de radicado No. 11001-03-28-000-2014-00109-00, demandantes Álvaro Young Hidalgo Rosero y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta – MIRA, contra la elección de los Senadores de la República para el período 2014-2018. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 i) A pesar de ser un medio de control susceptible de ser incoado por cualquier persona –sin necesidad de apoderado judicial–, permite advertir que se trata de una acción pública, de rango constitucional, cuyo ejercicio se encuentra sometido a diversas exigencias que deberán cumplirse para garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y permitir el trámite organizado y sistemático de las etapas que se surten con éste. ii) Existe la obligación de demandar junto con el acto que declara la elección, los actos por medio de los cuales, las autoridades electorales se hubieran pronunciado frente a reclamaciones por irregularidades concernientes a la votación o los escrutinios, cuando resulten contrarios al ordenamiento

jurídico e incidan en las resultas del certamen electoral. iii)Deberá precisar las etapas o registros electorales en los que se presentaron las irregularidades o vicios (art. 139 Ley 1437 de 2011). iv)Las pretensiones pueden fundamentarse tanto en las causales generales de nulidad a que se refiere el artículo 137 del CPACA, como en las específicas de ese tipo de actos, que se exponen en el artículo 275 del mismo Código, lo cual se venía reiterando por esa Sala, incluso con antelación a la entrada en vigor el CAPCA9. v) Es una acción pública, pero que, a diferencia de las acciones o medios de control de esa estirpe, se encuentra sometida a un término de caducidad de 30 días. Su ejercicio implica cargas para el demandante, toda vez que en algunos asuntos la demanda debe dirigirse contra el acto de elección y los actos previos que resuelven las reclamaciones o irregularidades planteadas frente a la votación o los escrutinios. 9 Sección Quinta del Consejo de Estado. M. P.: Mauricio Torres Cuervo. Radicación número: 11001-03-28000-2010-00086-00 del 01 de noviembre de 2012. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 2.3. El aval como requisito para la inscripción El artículo 2 de la Ley 130 de 1994, definió a los partidos y movimientos políticos

como: “instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación. Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los requisitos constitucionales y legales tendrán personería jurídica”. Uno de los derechos que tienen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica es el llamado derecho de postulación, que consiste en inscribir candidatos para integrar corporaciones públicas y ocupar cargos uninominales. Conforme con el artículo 107 de la Constitución, las organizaciones políticas deben organizarse democráticamente para la toma de sus decisiones y para la escogencia de sus candidatos, sean propios o por coalición. Al efecto, están sometidas a la Constitución, la ley y sus estatutos, artículos 7 Ley 130 de 1994, 28 Ley 1475 de 2011. Para que la inscripción de los candidatos escogidos produzca efectos, por mandato constitucional – articulo 108 - debe ser avalada por el Representante Legal de la organización política o por quién este delegue, aval que se convierte en un requisito formal para la inscripción de una candidatura, y que, a su vez, impone al partido o movimiento que lo otorga, un haz de responsabilidades a partir de las reformas constitucionales que se han

implementado para fortalecer a dichas organizaciones10 , en tanto su concesión implica asumir que aquel ha revisado, entre otros aspectos, que el avalado no está incurso en inhabilidades, así como tener que asumir las consecuencias, en el evento en que el candidato resulte vinculado a procesos o sea condenado por los delitos enumerados en el artículo 134 constitucional. 10 Actos Legislativos 1 de 2003, 1 de 2009, entre otros. Ley 1475 de 2011 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 12 En ese orden de ideas, como lo ha indicado la Sección Quinta, el aval cumple una triple finalidad: i) mecanismo de inscripción de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos; ii) garantía para esos partidos y movimientos políticos en el sentido de que las personas que se inscriben a nombre de uno de ellos, en realidad hacen parte de su organización; y, iii) asegurar que la persona que se inscribe a nombre de un partido o movimiento político reúne las condiciones éticas para desempeñarse con pulcritud y responsabilidad11. En este punto, conviene resaltar que la Sala Electoral reiteró12 varios elementos sobre el aval que resultan pertinentes para el análisis del caso de la referencia: el primero, es que el aval i) sirve para acreditar que la persona avalada forma parte de determinado partido o movimiento político: es decir, para definir la militancia; ii) para forzar a la disciplina de partido y iii) para hacer exigible las responsabilidades

a las organizaciones políticas; por ello, la jurisprudencia acuña la tesis de la moralización de la actividad política.13 Es importante indicar que, como el aval hace parte de los requisitos que debe cumplir el candidato a corporación o cargo uninominal para el ejercicio del derecho político a ser elegido, la Sección Quinta ha indicado que este se convierte en una de las exigencias que podrán analizarse para determinar la validez del acto electoral. En otros términos, se admitió que las irregularidades en el otorgamiento del aval pueden ser aducidas como causal de nulidad del acto electoral, bajo la causal de 11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de julio de 2013, expediente: 7600123-31-000-201101779-02. M.P.: Alberto Yepes Barreiro. Reiterada en sentencia del 12 de septiembre de 2013 radicado No. 76001-23-31-000-2012-00005-01, M P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia de 10 de junio de

2021. Expediente 76001-23-33-000-2019-01151-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. 12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de marzo de 2019, expediente: 11001-03-28-000201800603-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, la cual es reiterada en sentencia de 30 de mayo de 2019, expediente: 11001-03-28-000-2018-00091-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-00601-00), M.P. Rocío

Araújo Oñate, y Sentencia de 10 de junio de 2021. Expediente 76001-23-33-000-2019-01151-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. 13 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2013, radicación: 76001-23-31-0002012-00005-01, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 13 no cumplir los requisitos constitucionales o legales de elegibilidad, siempre y cuando ellas incidan en la validez del acto electoral14.

Razón por la que, en el caso concreto, se impone analizar la validez del aval que le fue otorgado a los demandados. 2.4. Competencia para otorgar el aval15 Como se vio, respecto de la competencia para expedir avales, el artículo 108 de la Constitución Política establece que: “Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.” (Negrillas fuera del texto original). Igualmente, el articulo 9 de la Ley 130 de 1994 estableció que los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida pueden postular candidatos a cualquier cargo de elección popular, cuya inscripción “deberá ser

avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue”. A su turno, la Ley estatutaria 1475 de 2011, en su artículo 28 señaló: “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultadodeberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros” La jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado frente al punto ha considerado16 14 CONSEJO DE ESTADO. SECCION QUINTA. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Expediente: 110010328000-20160000-1009. Demandante: Demandado: Consejera Ponente: Rocío Araujo Oñate 15 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 10 de junio de 2021. Expediente 76001-23-33-000-201901151-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Filemón Jiménez Ochoa, sentencia de 13 de agosto de 2009, Radicación número: 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957).

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 14 “El responsable ante el electorado por la candidatura de uno de sus militantes es el partido o movimiento político, por lo cual es muy importante que el aval al respectivo candidato lo otorgue quien constitucional y legalmente está facultado para ello, es decir, el representante legal del partido o su delegado y no persona diferente, pues como organizaciones políticas tienen un deber para con el elector y una responsabilidad social. De suerte que si bien es cierto los partidos políticos son instituciones permanentes, de naturaleza privada, que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación (artículo