PGN - NULIDAD DE ELECCION - Del personero municipal de zipaquirá cundinamarca en razón a q
Detalles
- Título
- PGN - NULIDAD DE ELECCION - Del personero municipal de zipaquirá cundinamarca en razón a q
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
NULIDAD DE ELECCIÓN-Del Personero municipal de Zipaquirá Cundinamarca en razón a que el concurso se aprobó con una sola persona CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS-Continuar el concurso con el único concursante que aprobó la prueba de conocimientos es situación ajustada a la convocatoria En estricto tenor y considerando que la convocatoria es ley del concurso y que a ella se someten los concursantes y la administración se tiene que el resultado de la prueba de conocimientos dejó como único aspirante al concursante que obtuvo 74 puntos en la prueba de conocimientos y eliminados al resto de opositores que no obtuvieron el puntaje mínimo para seguir en el concurso, por ello continuar el concurso con el único concursante que aprobó la prueba de conocimientos es situación ajustada a la convocatoria; el concejo del municipio de Zipaquirá no tenía otra alternativa distinta que continuar con el proceso de elección pues la Ley no ha establecido que el concurso se declare desierto o sin efecto si no es aprobado por un mínimo de concursantes. Porque en ese entendido el concurso necesariamente culmina con un solo aspirante que es quien está habilitado para continuar en el mismo y culminarlo con un resultado apenas obvio su designación, la cual, se reitera se ajusta a la convocatoria y al mérito como determinante del concurso. CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS-Ni la ley ni la convocatoria establecieron que el proceso debe ser adelantado con un mínimo de concursantes Como se ha dejado establecido ni la ley ni la convocatoria establecieron que el proceso debe ser adelantado con un mínimo de concursantes o que se requiere de una pluralidad
de opositores para continuar con el mismo y elaborar una lista de elegibles, por tal razón el hecho de que el concurso se haya adelantado con un solo concursante único que aprobó el examen de conocimientos como prueba de carácter eliminatorio, y que este sea el único considerado en la lista de elegibles no son motivos para concluir en la ilegalidad del acto y proceder a su anulación. CAUSAL DE NULIDAD-No se configuró en razón a que los miembros de la Mesa Directiva actuaron con diligencia Ahora bien, en relación con la intervención del señor quien se dice es el secretario jurídico de la alcaldía del municipio y asesoró a la Mesa Directiva del concejo en la elaboración de las preguntas de la prueba de conocimientos a que se sometería a los concursantes es un hecho irrelevante que no puede ser considerado como causal de nulidad del acto de elección, es más, como los miembros de la Mesa Directiva no se consideraban versados en las materias que serían objeto de la prueba bien hicieron en solicitar asesoría de quien por razón del cargo que desempeñaba en el municipio se consideraba idóneo para asesorarles en la elaboración del cuestionario, con ello se demuestra que los miembros de la Mesa Directiva actuaron con diligencia, fueron cuidadosos y ello debe ser resaltado, sin que tal cuidado y diligencia implique como lo señalan los actores el desprendimiento de la función que les fuera encomendada y menos que se hayan apartado de su función por vía de una delegación que en principio y conforme a las normas que regulan esta figura no resultaba posible. El cuestionamiento que se hace a la prueba de conocimiento en cuanto a las preguntas
que se efectuaron, que consideraron fueron mal elaboradas, mal concebidas, no son más
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 1
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co que consideraciones subjetivas carentes de prueba que corrobore la afirmación de los actores. CAUSAL DE NULIDAD-Las señaladas por el demandante no constituyen anulación Las demás irregularidades que se señalaron tales como la falta de información a los concursantes sobre los parámetros que se seguirían para la prueba de conocimientos, la falta de formación jurídica en quienes diseñaron y elaboraron las preguntas del examen, la negación del derecho a acceder al examen y a la hoja de respuestas, el desconocimiento de la cadena de custodia y falta de seguridad de la prueba de conocimientos, la falta de requisitos e idoneidad de la entidad que adelantó la prueba de evaluación de competencias laborales y el no haber contratado la elaboración del concurso a una universidad o entidad con la experiencia debida no son constitutivas de la causal de anulación en la que se fundan las pretensiones, por lo demás, el estudio que hizo el a-quo sobre estos aspectos y las conclusiones a las que arribó el mismo se comparten por esta Delegada. CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS-Jurisprudencias de la Corte Constitucional
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955
Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., 14 marzo de 2017 Concepto No. 034 Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio Magistrado ponente Sección Quinta Consejo de Estado
E. S. D.
Referencia: Proceso número: 25000-23-41-000-2016-0040-00
Radicado interno: 2016-0404
Actor: Edisson Ferney Gómez Rodríguez, Cristy Rodriguez Torres y
Hernando Ernesto Campos García Demandado: Miller Mauricio Castro Duque Asunto: Apelación contra la sentencia del 7 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad de contenido electoral contra el acto de elección del doctor Miller Mauricio Castro Duque como Personero municipal de Zipaquirá – Cundinamarca - para el periodo 2016-2019.
Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa H. Sección, me permito presentar a consideración del
H. Consejero ponente los siguientes razonamientos.
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 3
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co
I. ANTECEDENTES
1. La demanda instaurada por Edisson Ferney Gómez Rodriguez El ciudadano Edisson Ferney Gómez Rodriguez, por intermedio de apoderada
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandó la nulidad del acto de elección del doctor Miller Mauricio Castro Duque como personero municipal de Zipaquirá – Cundinamarca - para el periodo 2016 - 2019. 1.1. Pretensiones Conforme al escrito de demanda se formularon como sigue: “PRIMERA: Que se declare la nulidad del a Resolución No. CM-01 de 2016, por medio de la cual se nombra en el cargo de Personero Municipal de Zipaquirá al doctor MILLER MAURICIO CASTRO DUQUE…, por el período comprendido entre el año 2016 – 2020.
SEGUNDA (…)
TERCERA (…) CUARTA (…)” 1.1. Hechos de la demanda Se destacan por esta Delegada los supuestos fácticos que se consideran directamente relacionados con la pretensión: Que la prueba de conocimientos no fue objetiva por cuanto que no comprendió los ejes temáticos que se esperaba fueran considerados para el cargo que se concursaba. Que algunas de las pruebas no tenía relación con contenido temático de las funciones del cargo. Que como consecuencia de la inadecuada elaboración de la prueba de conocimientos solo logró superar el puntaje mínimo el elegido personero y
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 4
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co como tenía carácter eliminatorio fue el único concursante citado a la siguiente prueba.
Que el proceso no fue público y se negó el acceso a algunos de los documentos de la convocatoria. Que en la convocatoria no se informó sobre la entidad que adelantaría la evaluación de las competencias laborales y que la encargada de realizarlo carecía de experiencia técnica. 1.2. Normas violadas y concepto de la violación Señaló como disposiciones quebrantadas las siguientes:
1. EL artículo 126 de la Constitución Política;
2. El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012;
3. El artículo 16 del Decreto 785 de 2005;
4. El artículo 23 del Decreto 1227 de 2005
5. El decreto 2359 de 2005.
En primer término señala que el acto de designación se expide en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación y desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Señala que el concurso quedó establecido para que culminara con la designación del demandado como personero del municipio, que la prueba de conocimientos no puede ser definitiva, que no se informó a los concursantes que atendieron a la convocatoria pública sobre los parámetro que se seguirían en la prueba de conocimientos, que no se le permitió conocer el examen, que la prueba de competencias laborales no cumplió con las previsiones del Decreto 239 de 2005. En definitiva el actor considera que al resultar preponderante la prueba de conocimientos en el concurso “se desecharon por completo el mérito como criterio de la convocatoria, pues habiéndose desarrollado la prueba de conocimientos y quedando pendiente la práctica de tres pruebas más, ya no hubo más aspirantes
para valorar las calidades académicas, la experiencia y las competencias de ellos, pues independientemente del resultado que obtuvo el señor Miller Mauricio castro Duque, al no existir con quien compararlo, su resultado deviene en irrisorio y pudiendo no reunir un puntaje satisfactorio en las demás pruebas, ya podía darse
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 5
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co como un hecho, como en efecto ocurrió, que el cargo se debía proveer exclusivamente con su nombramiento”. Indica que el acto de elección es nocivo por cuanto afecta en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico, y lo afirmado lo funda en la consideración que hace de tener como cierto que la actuación del concejo municipal “no estuvo cobijada de las garantías o fines para los cuales se estructuro la reforma al artículo 170 de la Ley 136 de 1994 y de perpetuarse la misma…” seguidamente indica que “no basta con estructurar reglas claras para la elección de los órganos de control si por encima de ellas van a primar las componendas y actos de corrupción de los funcionarios involucrados en su elección”
2. La demanda instaurada por Hernando Ernesto Campos Garcia – Cristy Rodriguez Torres La ciudadana Cristy Rodriguez Torres quien actúa en la doble condición de demandante y apoderada judicial del ciudadano Hernando Ernesto Campos García, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandaron la nulidad del acto de elección del doctor Miller Mauricio Castro Duque como
personero municipal de Zipaquirá – Cundinamarca - para el periodo 2016 - 2019. 1.2. Pretensiones Conforme al escrito de demanda se formularon como sigue: “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. CM-01 de 2016, por medio de la cual se nombra en el cargo de Personero Municipal de Zipaquirá al doctor MILLER MAURICIO CASTRO DUQUE…, por el período comprendido entre el año 2016 – 2020.
SEGUNDA (…)
TERCERA (…)
CUARTA (…)”
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 6
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 2.1. Hechos de la demanda En término generales los supuestos fácticos de esta demanda son similares a los considerados en la anterior demanda, se dirigen a señalar que la prueba de conocimientos se estructuró para que solo fuera aprobada por el elegido personero y que como tal como fue estructurada no permitió la calificación de los demás ítems señalados en la convocatoria. 2.2. Normas violadas y concepto de la violación Señaló como disposiciones quebrantadas las siguientes: 1.El artículo 13 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 29 ibídem.
2. El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012;
3. El Decreto sectorial 1083 de 2015 en sus artículos 2.2.27.1,
2.2.27.4, 2.2.27.6
4. El artículo 23 del Decreto 1227 de 2005.
En primer término señala que el acto de designación se expide con violación del principio a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, a los principios de transparencia y objetividad lo que deviene en una expedición en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación y desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. En términos generales el concepto de violación es similar al señalado en la demanda anterior, consideran que el concurso quedó establecido para que culminara con la designación del demandado como personero del municipio, que la prueba de conocimientos no puede ser definitiva, que no se informó a los concursantes que atendieron a la convocatoria pública sobre los parámetro que se seguirían en la prueba de conocimientos, que no se le permitió conocer el examen, que la prueba de competencias laborales no cumplió con las previsiones del Decreto 239 de 2005.
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 7
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Dice que no hay precisión en cuanto a quien realizó las preguntas para la prueba de conocimiento y que conforme a una de las respuestas que se dio a esta inquietud se tiene que en la misma interviene el Secretario Jurídico de la Alcaldía de Zipaquirá lo cual vicia el acto pues lo aprobado en relación con este proceso es que el mismo se adelantara en forma directa e indelegable por la Mesa Directiva
de la corporación. La garantía del debido proceso se vulneró por cuanto que ni siquiera se les permitió tener acceso al propio examen que habían presentado, dice que los cuestionarios de la prueba de conocimiento no estuvieron sometidos a una debida y mínima custodia y vigilancia.
3. Decisión de Primera Instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su decisión de primera instancia determinó: “ 1°, Deniéganse las pretensiones de la demanda” Para arribar a esta decisión el a-quo analizó y consideró los siguientes cargos: El acto acusado fue expedido violentando los derechos a la igualdad, el debido proceso, el derecho a la defensa y los principios de transparencia y objetividad que gobiernan los procesos de concurso de méritos, acciones y omisiones que devienen en una expedición irregular, con falsa motivación, con desviación de atribuciones propias de la corporación que lo expidió y con infracción de las normas en que debía fundarse. Expedición irregular del acto administrativo demandado, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, falsamente motivado y con desviación de las funciones propias de quien los profirió.
Este cargo lo analiza considerando como fundamento de las acusaciones los siguientes hechos: i) falta de información a los concursantes sobre los parámetros que se seguirían para la prueba de conocimientos; ii) desconocimiento de la Mesa Directiva del concejo de la obligación de adelantar directamente la prueba de conocimientos al delegar la realización de la misma en funcionario de la
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 8
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co administración central; iii) falta de formación jurídica en quienes diseñaron y elaboraron las preguntas del examen; iv ) negación del derecho a acceder al examen y a la hoja de respuestas; v) desconocimiento de la cadena de custodia y falta de seguridad de la prueba de conocimientos; vi) la entidad que adelantó la prueba de evaluación de competencias laborales no reunía los requisitos para adelantar de manera idónea la prueba; vii) no haber contratado la elaboración del concurso a una universidad o entidad con la experiencia debida. El cargo lo desestimó y sobre cada uno de estos aspectos se pronunció el a-quo, así: señaló que la convocatoria era clara y cumplía con la información mínima sobre la prueba de conocimientos y que el argumento resultaba infundado y que el omitir informar a los concursantes los parámetros sobre los cuales se construiría la prueba de conocimientos, el sistema de evaluación o calificación, el método para procesar las respuestas etc… eran aspectos no establecidos en la ley como obligatorios; en cuanto al desconocimiento de las personas que elaboraría la prueba de conocimientos manifestó que el concurso lo adelantó la mesa directiva coadyuva por una comisión accidental, ello conforme a la ley; la inobservancia del artículo 23 del Decreto 1227 de 2005 no prospera pues la norma es inaplicable al concurso y concluye que en ese entendido no hay transgresión de los principios de transparencia, objetividad, igualdad, moralidad, celeridad, imparcialidad y
publicidad. En cuanto a la delegación que realiza la Mesa Directiva para efectos de adelantar el proceso consideró que es intrascendente el cargo por cuanto que la elección del personero se realiza de la lista de elegibles; que la delegación no es cierta por cuanto que el señor Marco Fidel Suárez solo brindó asesoría; la falta de conocimientos jurídicos en quienes elaboraron la prueba es un reproche que no es válido y que el decreto que regula la designación del personero le otorga competencia al concejo para adelantar el proceso; en cuanto a la prueba de competencias laborales dice el a-quo que el concejo tenía facultad para acudir a otras instituciones sin que ello fuera obligatorio por lo que era legalmente valido que para la realización de la prueba de competencias se contara con el apoyo externo.
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 9
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Las normas del Decreto 2359 de 2005 y 785 de la misma anualidad no se han desconocido por cuanto éstas no regulan el concurso público de méritos para la elección de personeros; en cuanto a la negativa de conocer las pruebas y las respuestas el a-quo consideró que los reproches se fundan en apreciaciones subjetivas, por otra consideró valido que a los concursantes se le hubiere formulados preguntas sobre el ente territorial en el que aspiraban a ser designados; el hecho de no acceder a la entrega de la copia del examen y de la cartilla es una irregularidad que no afecta la legalidad del proceso; la falta de
seguridad y custodia de la prueba de conocimientos resulta carente de fundamento por cuanto que la mesa directiva del concejo y la comisión accidental fijaron una cadena de custodia a la prueba de conocimientos y en el proceso no obra prueba alguna que demuestre que se haya inobservado la cadena de custodia; el hecho de que el concejo no haya suscrito convenio con una universidad para adelantar el proceso no es reproche que sea de recibo por cuanto que de conformidad con la norma que regula el proceso éste lo debe adelantar el concejo. El segundo de los cargos que consideró el Tribunal fue el siguiente: El acto administrativo fue expedido con desconocimiento de los principios básicos de acceso a los cargos públicos a través del concurso de méritos y en contravía del concepto de conformación de lista de elegibles, omisiones que deviene en una expedición del acto atacado con infracción de las normas en que debía fundarse y con desviación de las atribuciones propias de la corporación que lo expidió. El acto administrativo es nulo cuando se afecta de manera grave el orden público, político, económico, social o ecológico. Consideró que este cargo se fundó en los siguientes motivos: que la prueba de conocimientos solo la aprobó un concursante por lo que no era posible elaborar una lista de elegibles; que el concejo ha debido celebrar convenio para efectos del concurso con la ESAP; que mantener los efectos del acto es propiciar el incumplimiento de los principios de la función pública como la moralidad administrativa; que la empresa que realizó la prueba de competencias laborales no prestaba al concurso credibilidad e imparcialidad por cuanto que la empresa había
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 10
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co celebrado contratos con la administración municipal y con entidades del orden descentralizado que son controladas por el personero; motivos todos estos que consideró no estaban llamados a prosperar por cuanto que para la celebración del concurso se faculta al concejo y que es facultativo y no obligatorio adelantar el concurso recurriendo para ello a entidades universitarias públicas o privadas; en cuanto la celebración de los contratos por parte de la empresa que adelantó la prueba de competencias laborales señala que la parte demandante no alegó ninguna inhabilidad y además que a esta prueba solo llegó el demandado en tanto que fue el único concursante que aprobó la prueba de conocimientos; en cuanto a la imposibilidad de conformar la lista de elegibles con una sola persona señaló que conforme a las disposiciones legales la lista se ha de elaborar en estricto orden de mérito, por lo demás en ninguna de las disposiciones que reguló el concurso se estableció que la lista de elegibles debía estar conformada por más de una persona.
4. Recurso de apelación 3.1. De la demandante Cristy Rodriguez Torres La actora a que se alude interpuso recurso de apelación.
Reitera en esta oportunidad que el concejo municipal no adelantó el concurso en los términos de ley y de la convocatoria por cuanto que está probado que en él intervino el señor Marco Fidel Suárez Ortiz, secretario jurídico de la alcaldía, a quien se le delegó la realización de la prueba académica, por ello no resulta de
recibo que el a-quo haya considerado tal intervención en un mero acto de asesoría que no vicia el concurso. El segundo motivo de inconformidad lo fundamenta en el hecho de considerar que en el proceso es inexistente una lista de elegibles; sostiene que el término lista de elegibles impone considerar la existencia de un número plural de concursantes por lo tanto cuando tal pluralidad es inexistente como en el asunto en examen en
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 11
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co donde sólo hay un concursante en lista no es posible continuar las etapas subsiguientes del concurso; siempre debe existir una pluralidad de aspirantes. Por último cuestiona la prueba de conocimiento la cual, considera mal concebida y mal elaborada, reitera que se les desconoció el derecho de defensa y reclamación al no permitir conocer el examen presentado y las respuestas señaladas en las cartillas diseñadas para tal fin. 3.2. del demandante señor Edisson Ferney Gómez Rodriguez, presentado mediante apoderada judicial Reprocha la sentencia y dice que el a-quo se limitó a realizar un análisis formal de la convocatoria; manifiesta que no hizo un estudio debido de las preguntas realizadas en la prueba de conocimientos; sostiene que no obstante las pruebas el a-quo desestimó su valor en el proceso bajo el argumento de conformidad con el cual como los hechos no se propusieron en la demanda “se violaría el debido
proceso y el derecho de defensa de los accionados, pues ellos no tuvieron la oportunidad de controvertir esos análisis” desconociendo que no se les permitió el acceso al cuadernillo de respuestas de cada aspirante siendo esta “… la explicación para que en la reclamación, en la acción de tutela o en la acción electoral no se ahondara con precisión las inconsistencias de la prueba de conocimientos, por lo que la oportunidad para ello, se dio en los alegatos de conclusión en donde se abordó ampliamente dicha situación con soporte en las pruebas debida y legalmente recaudadas para el trámite procesal” Cuestiona la participación del señor Marco Fidel Suárez en la elaboración de las preguntas del concurso cuando a este servidor “no le era permitido participar en la elección de quien lo puede llegar a investigar, siendo este un impedimento legal taxativo”.
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 12
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Dice que el cuestionario de preguntas de la prueba de conocimientos no estaba acorde con lo que se había informado pues se había dicho que todas las preguntas serían de selección múltiple sin embargo seis de ellas fueron preguntas abiertas, que se calificaban de manera subjetiva, de la misma manera reprocha que siete de las preguntas no se refirieran al rol que es propio del personero municipal y si al ente territorial. Sostiene que la Mesa Directiva del concejo no tenía la competencia para adelantar el proceso de elección del personero, que ésta la tiene la corporación entendida
por tal la totalidad de los integrantes de la corporación, por lo mismo al delegar la elección en la Mesa Directiva la elección del personero recayó en un grupo minoritario de concejales, no es válido ni legítimo que se delegue esta función. Refirió igualmente que es ilegal que luego de la prueba de conocimientos el proceso se haya adelantado con uno solo de los concursantes y que la lista de elegibles contara con una sola persona. 4. Alegatos de conclusión 4.1. del demandado y elegido personero señor Miller Mauricio Castro Duque por intermedio de apoderado judicial Dice que los escritos por medio de los cuales se interpuso el recurso de apelación están “argumentados y sustentados de manera ambigua, imprecisa y que no genera una certeza sobre los motivos de la inconformidad con la decisión adoptada en la primera instancia”. Sostiene que la intervención del secretario jurídico de la alcaldía en la elaboración de las preguntas no constituye una irregularidad que anule la elección del personero; contrario a lo afirmado por los demandantes en el proceso se otorgaron por el concejo del municipio de Zipaquirá todas las garantías y se otorgaron “las debidas oportunidades para presentar reclamaciones y a su vez éstas fueron
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 13
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co resueltas, satisfaciendo con ello el derecho de defensa y contradicción como núcleo esencial del debido proceso” . En relación con la lista de elegibles conformada por un solo aspirante manifestó
que este hecho no constituye una irregularidad y que “el hecho de que una sola persona resolviera favorablemente la prueba conocimientos y fuese la única posibilitada para avanzar a la siguiente etapa no resulta oponible a la autoridad de Concejo municipal de Zipaquirá la responsabilidad de dicha situación”. 4.2. de la apoderada judicial de concejo municipal de Zipaquirá Comienza por señalar que el proceso de elección del personero municipal se ajusta en todo a derecho y que sus etapas se surtieron y agotaron garantizando el debido proceso, se informó a los concursantes con debida antelación sobre los parámetros del concurso y en especial sobre los que se construía la prueba de conocimientos; reitera lo que señalara el a-quo sobre la participación del señor Marco Fidel Suárez, éste servidor de la alcaldía brindó asesoría al concejo municipal para efectos de diseñar las preguntas a las que se someterían los concursantes en la etapa denominada prueba de conocimientos, en cuanto a la falta de formación jurídica de los concejales señala que la Ley no ha consagrado como requisito para ser elegido el ser versado o titulado en una determinada profesión, el concejo está señalado en la Ley como el competente para efectuar la elección sin más consideraciones; en relación con la evaluación de las competencias comportamentales manifiesta que la empresa con la cual se contrató esta etapa del concurso estaban conforme a su objeto social acreditada para realizar la prueba. 4.3.. del demandante señor Edisson Ferney Gómez Rodriguez, presentado mediante apoderada judicial
En esta oportunidad procesal reitera los argumentos expresados en el escrito de apelación.
PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 14
Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co
II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el asunto para estudio del H. Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – por razón de la interposición del recurso de apelación que se formulara contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El concurso público para la designación de este servidor tiene su fundamento en el artículo 126 de la Constitución Política norma que establece: “ARTICULO 126. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 02 de 2015. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. (…) Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
(…)” Esta disposición constitucional fue desarrollada en la ley 1551 de 2012 norma que estableció el sistema de méritos para elegir a los personeros municipales así: “Artículo 170. Elección. Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el prime
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.