PGN - NULIDAD DEL PROCESO DISCIPLINARIO - Análisis sobre la validez de la actuación.

FALLO SEGUNDA INSTANCIA-Irregularidades del alcalde de Bucaramanga por palabras irrespetuosas y agresión física a concejal de esa ciudad. RECURSO DE APELACION-Competencia disciplinaria. La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación es competente para revisar, por vía de apelación, el fallo de primera instancia proferido el 20 de diciembre de 2019, contra RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su calidad de alcalde de Bucaramanga, por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, con fundamento en el numeral 1.º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 y el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, que faculta revisar los aspectos impugnados y los que estén inescindiblemente vinculados a ésta, toda vez que el recurso de apelación fue presentado en forma oportuna. La Sala Disciplinaria, en virtud del artículo 7.º, numeral 19, inciso 2, del Decreto Ley 262 de 2000, tiene la competencia para conocer y fallar en segunda instancia el presente proceso disciplinario, al ser el superior funcional de quien tomó la decisión en primera instancia, según el artículo 25, numeral 1, literal c), del Decreto Ley 262 de 2000, en concordancia con los artículos 4.º y 19 de la Resolución 017 de 2000. NULIDAD DEL PROCESO DISCIPLINARIO-Análisis sobre la validez de la actuación. El artículo 143 de la Ley 734 de 2002 establece, dentro de las causales de nulidad del proceso disciplinario, las siguientes: La falta de competencia del funcionario para proferir el

fallo. La violación del derecho de defensa del investigado. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA SERVIDORES DE ELECCION POPULAR-Competencia de la procuraduría general de la nación para investigar y sancionar. Así las cosas estima esta Autoridad Disciplinaria que, si bien, en el precitado auto no se efectuó aclaración de la sentencia emitida el 15 de noviembre de 2017, sí se reafirmó en la misma que los efectos de aquella son inter partes y no erga omnes, de suerte que no se le quitó competencia a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones que impliquen la restricción a los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular, las cuales son consecuentes con las conclusiones que extrajo el a quo de la decisión. Por las anteriores razones, la Sala Disciplinaria considera acertada la postura que adoptó el a quo en el fallo de primera instancia, en cuanto a que no se pueden hacer extensivos al presente caso los efectos jurídicos de la sentencia proferida por el Consejo de Estado a favor del señor GUSTAVO PETRO URREGO, el 15 de noviembre de 2017, con lo cual no se está desatendiendo el control de convencionalidad. Igualmente, la Sala Disciplinaria aprecia que no le asisten razón a la defensa en su afirmación de que la Procuraduría General de la Nación no es competente para limitar los derechos políticos de su defendido, ya que los hechos investigados constituyan actos de corrupción. Entonces,

la Procuraduría no está desconociendo el artículo 23 de la CADH sino que se acoge a la interpretación que ha realizado en varios pronunciamientos el Alto Tribunal llamado a interpretar la correspondencia, entre los tratados internacionales y la Carta Política. Sin que la premisa anterior, comporte una contradicción con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-225 de 1995, en la que se abogó por la incorporación automática de las normas de derecho internacional humanitario al bloque de Radicación n.° 161 – 7752 constitucionalidad en el ordenamiento jurídico colombiano y su validez en todo tiempo. Es plenamente válida la mención que el a quo hizo en el fallo de primera instancia del fallo de tutela T-433 del 24 de septiembre de 2019, en el que trajo a colación el fallo que emitió el Consejo de Estado el 28 de marzo de 2019, por medio del cual negó la tutela y revocó el amparo dado por el Tribunal Administrativo de Santander el 17 de enero de 2019, mediante la cual se había accedido a las pretensiones del señor HERNÁNDEZ SUÁREZ, que expresó con claridad que la Procuraduría General de la Nación tiene la competencia para investigar y sancionar a servidores públicos sin estar restringida a las faltas relacionadas con corrupción, según el artículo 277.6 de la Constitución Política, la Ley 734 de 2002, y las sentencias de Constitucionalidad C-028 de 2006, C-500 de 2014, C-101 de 2018, C106 de 2018 y C-086 de 2019, que hicieron tránsito a cosa juzgada y tiene carácter

vinculante. Subrayando además que el órgano de cierre en lo contencioso administrativo, posteriormente expidió sentencias en las que reconoce la competencia plena de este ente de control disciplinario para imponer sanciones. Lo cual sucederá mientras subsista la norma que dio lugar a las sentencias que constituyeron el precedente. Por lo tanto, no tiene ningún sustento lo afirmado por la defensa respecto a que el Ministerio Público emprendió una fuerte campaña de auto fortalecimiento de su doctrina, tomando partido en los escenarios judiciales en los que tiene presencia, a fin de extender su doctrina en materia de faltas disciplinarias y de derechos políticos y ha logrado que se modifique la jurisprudencia en varios tribunales de lo contencioso administrativo en contra de la jurisprudencia de la jurisdicción convencional. La Sala Disciplinaria puede concluir que la Procuraduría General de la Nación es competente para disciplinar a los funcionarios de elección popular, por lo cual no procede declarar la nulidad de la actuación por dicha causa. DOLO-Basado en pruebas que fueron allegadas debidamente al proceso, además, de ser pruebas documentales conducentes, pertinentes y útiles/FALTA DISCIPLINARIA-Modalidades y circunstancias/SANCION DISCIPLINARIADosificación fundamento legal. De acuerdo con lo anterior, es patente para la Sala Disciplinaria que no tiene soporte el argumento expuesto por la defensa, de que el dolo endilgado a su defendido no tenía soporte en prueba real y concreta que sustentara la intencionalidad de su conducta, pues el a quo citó el video en el que consta el incidente ocurrido entre el alcalde de

Bucaramanga, RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, y el concejal de la misma ciudad, JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO; así mismo, citó la entrevista que el investido rindió en Caracol, con fundamento en la cual reiteró que el disciplinado tenía conocimiento que su actuar no era acorde a la condición que ostentaba a la fecha de los hechos. Entonces, las pruebas descritas como pilar del elemento volitivo del comportamiento doloso endilgado al investigado estuvieron basados en pruebas que fueron allegadas debidamente al proceso, además, de ser pruebas documentales conducentes, pertinentes y útiles. Por otra parte, añadió la defensa que en el auto de cargos no se analizó si el investigado actuó en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas, como lo señaló el defensor, y en el fallo de primera instancia. La doctrina ha instruido acerca de las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, criterio contenido en el numeral 6.º del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, que contribuye a la levedad de la falta que se hubiese cometido la falta en estado de ofuscación, originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, en tanto debilitan la capacidad de autodeterminación sin excluir la culpabilidad. La vulneración de los derechos fundamentales no es un criterio para determinar la gravedad y levedad de la falta, conforme al artículo 43 de la Ley 734 de 2002, sino para dosificar la sanción, según el artículo 47 de la misma norma. Ante el argumento de la

2 Radicación n.° 161 – 7752 defensa de que era un derecho fundamental del investigado hacer respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autoestima, el amor y el respeto propios, a pesar de tener toda la carga en relación con sus deberes como funcionario público, dicho argumento será analizado con el fin de determinar la configuración de una causal de exclusión de responsabilidad. Si la autoridad disciplinaria, al momento elaborar el auto de cargos, no citó ninguna de las modalidades y circunstancias de realización de la falta como criterio para determinar su gravedad o levedad, tal circunstancia no genera la vulneración del debido proceso o del derecho de defensa (que por consiguiente configure la nulidad de la actuación), porque para ese momento la calificación de la falta es provisional. CULPABILIDAD-Fundamento legal/PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-La falta grave que recibe el mayor reproche es la falta gravísima con culpa grave y, dentro de esa escala, la que menor reproche recibe es la falta leve con culpa grave. Por otra parte, la doctrina disciplinaria en torno a la culpabilidad (como criterio para determinar la gravedad de la falta), ha dicho a tono con el artículo 4, numeral 1, de la Ley 734 de 2002, que es un criterio de naturaleza subjetiva, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, la falta grave que recibe el mayor reproche es la falta gravísima con culpa grave y, dentro de esa escala, la que menor reproche recibe es la falta leve con culpa grave. Con respaldo en la postura en precedencia, la Sala Disciplinaria asevera que

la culpabilidad es un criterio significativo para determinar la gravedad de la falta, por lo cual, no desconoce el principio de proporcionalidad que una falta grave realizada con dolo se califique como grave, y con mayor razón si se refirió que concurrió otro criterio como, en este caso, la jerarquía y mando del servidor público en la respectiva institución. Entonces, si en el auto de cargos los citados elementos fueron los que se tuvieron en cuenta para calificar provisionalmente como grave la falta disciplinaria, no se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa. TIPICIDAD-Las faltas disciplinarias reprochadas son tipos disciplinarios de mera conducta, es decir, se configura por la inobservancia de los deberes. La tipicidad en materia disciplinaria es un componente del debido proceso y del principio de legalidad, pues supone la existencia previa de una ley que establezca el comportamiento como falta disciplinaria y la adecuación típica de los supuestos fácticos en las conductas descritas como faltas. No obstante, en el proceso disciplinario no es exigible el mismo grado de rigurosidad que se exige en materia penal, sino que admite mayor flexibilidad, en razón a «la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad». Entonces, la categoría dogmática de tipicidad en el derecho disciplinario depende de la consagración previa del comportamiento como falta y a su adecuación a la conducta allí descrita, la cual puede

estar determinada por la ley como gravísima o le corresponde a una de menor entidad, en aplicación a los criterios del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, calificarse como grave o leve. Por lo anterior, para verificar si se cumple con la tipicidad es necesario analizar si los supuestos fácticos del comportamiento desplegado por el investigado se encuadran en la conducta descrita como falta, pues, en principio, de ello depende si corresponde o no a una falta de las descritas como gravísimas o no. (…). Por lo tanto, para la Sala Disciplinaria quedó claro en el fallo de primera instancia que para la tipificación de las faltas disciplinarias que fueron imputadas al investigado no es necesario que los hechos se desarrollen en estricto desarrollo de las funciones asignadas a los cargos que desempeñan, toda vez que las faltas disciplinarias reprochadas son tipos disciplinarios de 3 Radicación n.° 161 – 7752 mera conducta, es decir, que la falta se configura mediante la inobservancia de los deberes descritos en ellas, sin que se requiera que se produzca un resultado, como la mayoría de los tipos disciplinarios, al incumplir el deber que se tiene al tener la calidad de servidor público. Entonces, no es un elemento necesario para la configuración típica de la falta disciplinaria que se hubiese identificado la función o servicio público involucrado en la entrevista efectuada por el señor CLARO ARÉVALO al alcalde, como tampoco, que se hubiese expedido un acto administrativo, se estuviese frente a una operación administrativa, declaración pública o gestión institucional, por lo tanto, no se vulneraron los

principios de legalidad, inocencia e imparcialidad que deben regir el proceso disciplinario. Del análisis efectuado al acervo probatorio es posible concluir que la conducta realizada por el señor RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su calidad de Alcalde de Bucaramanga, se tipifica en la falta disciplinaria consagrada en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, al incumplir el deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud al concejal JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO, persona con la que tenía relación por razón del servicio, toda vez que en la discusión que sostuvieron le expresó palabras irrespetuosas que afectaron su dignidad, con lo cual también inobservó su deber de tratarlo de manera imparcial u objetiva. Adicionalmente, con el comportamiento realizado por el señor RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de alcalde de Bucaramanga, también se tipificó en la falta disciplinaria inserta en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, por incurrir en la prohibición del artículo 35, numeral 6, de la misma norma, porque en el transcurso de la discusión el alcalde le propinó a este un golpe en la nuca, lo cual fue suficientemente demostrado en las pruebas valoradas en el proceso. ILICITUD SUSTANCIAL-Culpabilidad a título de dolo del presente cargo, toda vez que se encuentra fundamentada en las pruebas obrantes en el proceso. CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Culpabilidad y jerarquía y mando del servidor público en la respectiva institución. El apoderado postuló en el recurso de apelación que no se efectuó un análisis razonable e

imparcial de los criterios para calificar la falta disciplinaria, contenidos en el artículo 43 del CDU, como es el numeral 6, ya que no se probó el dolo y la sola jerarquía del investigado no puede soportar la calificación de la falta disciplinaria como grave, como se dijo en una decisión emitida por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, en el fallo 1395 del 22 de febrero de 2005 en el proceso radicado con el n.° 70-1397-03. Respecto de la conducta reprochada en el fallo de primera instancia la falta se calificó definitivamente como grave, habida cuenta que la falta disciplinaria se tipificó en el incumplimiento del deber contemplado en el artículo 34 numeral, 6, de la Ley 734 de 2002, de tratar con respeto al concejal JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO, al utilizar frases irrespetuosas e indignas, así como incurrir en la prohibición de ejecutar actos de violencia. El artículo 43 de la Ley 734 de 2002 consagra los criterios para determinar la gravedad y levedad de la falta, el cual es aplicable cuando no se trata de faltas gravísimas, pues estas están taxativamente descritas en la ley, salvo lo dispuesto en el numeral 9 de la citada norma, cuando se trate de «La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave». Uno de los criterios establecidos para determinar la calificación de la falta disciplinaria, es la culpabilidad, la cual, según el análisis en el numeral anterior se determinó a título de dolo, el cual, como se estudió en el

acápite de la culpabilidad, está debidamente demostrado. La doctrina disciplinaria ha dicho respecto de la culpabilidad, como criterio para determinar la gravedad de la falta, del artículo 4, numeral 1, de la Ley 734 de 2002, que es un criterio de naturaleza subjetiva que de acuerdo con el principio de proporcionalidad y en la postura que ha tenido la Sala 4 Radicación n.° 161 – 7752 Disciplinaria, la culpabilidad es un criterio significativo para determinar la gravedad de la falta, por lo cual, no desconoce el principio de proporcionalidad que una falta grave realizada con dolo se califique como grave, y con mayor razón si se refirió que concurrió otro criterio como, en este caso, la jerarquía y mando del servidor público en la respectiva institución. Sin embargo, no fue el único criterio tenido en cuenta para determinar la calificación de la falta disciplinaria, pues también lo fue la jerarquía del investigado, toda vez que, el alcalde de Bucaramanga, RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, desempeñaba el cargo de más alta jerarquía dentro de la administración municipal de Bucaramanga. Por lo tanto, este criterio no fue el único tenido en cuenta para la calificación de la gravedad de la falta disciplinaria, como lo planteó la defensa. Con esta postura, asumida por el a quo, no se desconoció lo señalado por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, en el fallo 1395 del 22 de febrero de 2005, radicado 70-1397-03, que citó la defensa, toda vez que, como se indicó, desempañar un cargo de alta jerarquía en la

entidad no fue el único criterio que se tuvo en cuenta para calificar la naturaleza de la falta disciplinaria como grave. En cuanto al planteamiento de la defensa de que no se analizó, para establecer la naturaleza de la falta, la concurrencia del criterio establecido en el numeral 6 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, referente a que, si la presunta falta se cometió en «estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas», como es el caso que se vio sometido su defendido y que fue debidamente demostrado en el proceso. La doctrina enseña sobre las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, criterio contenido en el numeral 6 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, que contribuye a la levedad de la falta que se hubiese cometido la falta en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, en tanto debilitan la capacidad de autodeterminación sin excluir la culpabilidad. El a quo consideró que no se había referido el numeral 6 porque no se estaba frente a circunstancias o condición de difícil prevención y gravedad extrema, argumento que corresponde con los hechos demostrados en el proceso, toda vez que para que el estado de ofuscación pueda considerarse como un criterio que indique la levedad de la falta disciplinaria, es necesario que dicho estado de ofuscación se origine en circunstancia o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema. En el presente caso, concurren en los hechos investigados circunstancias de difícil prevención, por cuanto la situación ocurrida no fue sorpresiva o inesperada, pues el alcalde sabía que el concejal había solicitado una cita con

él, sabía el motivo de la reunión y, de acuerdo con la entrevista que concedió a Caracol Radio, que en la cita que tuvo con el concejal este empezó a repetir lo mismo que decía todas las veces para fastidiarlo y descontrolarlo. Puede verse claramente que si este ente de control consideró que no concurría el citado criterio no está contrariando su contenido, ni es porque se tenga la premisa de que un funcionario público no tenga el derecho de defenderse o tomar una actitud de firmeza cuando sea objeto de conductas agresivas e irrespetuosas, ni que esté sometido a un deber de impasividad absoluta frente a los malos tratos de los cuales pueda ser objeto, que no tenga el derecho al trato digno y no se le respete el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como lo señaló la defensa, y porque en los hechos investigados no existió la conducta agresiva e irrespetuosa ni el mal trato de parte del concejal hacia el alcalde. Según el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, la vulneración del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad no es un criterio para determinar la gravedad y levedad de la falta, sino para dosificar la sanción, según el artículo 47 de la misma norma. En conclusión, este órgano colegiado comparte la determinación de la naturaleza de la falta que realizó el a quo en falta grave. 5 Radicación n.° 161 – 7752

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020) Aprobado en acta de Sala n.° 35 Radicación n.º (161–7752) IUS E-2018 – 588537/IUC-D20181215897 Disciplinado RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ Cargos y entidades Alcalde de Bucaramanga Quejoso De oficio Fecha del informe 28 de noviembre de 2018 Fecha de los hechos 28 de noviembre de 2018 Asunto Fallo de segunda instancia

P.D. PONENTE: JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ

I. ASUNTO POR TRATAR En virtud de la función asignada en el numeral 1.° del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y en el recurso de apelación interpuesto por la defensa del disciplinado, RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, la Sala Disciplinaria revisa la decisión proferida el 20 de diciembre de 2019, por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, en la que lo declaró responsable del cargo formulado, imponiéndole sanción disciplinaria consistente en suspensión del ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de ocho (8) meses.

II. HECHOS El alcalde de Bucaramanga - Santander, RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, el 28 de noviembre de 2018 a las 9:30 de la mañana, tuvo un encuentro en su despacho con el concejal de esa misma ciudad, JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO, en donde, en el desarrollo de la conversación se generó una discusión en la que el señor alcalde le expresó algunas palabras irrespetuosas y le propinó un golpe.

III. RECUENTO PROCESAL

La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa tuvo

conocimiento, en varias publicaciones realizadas por diferentes medios de 6 Radicación n.° 161 – 7752 comunicación en sus páginas web, el 28 de noviembre de 2018, sobre presuntas agresiones verbales y físicas desplegadas por el alcalde de Bucaramanga, RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, al concejal del mismo municipio JOHN JAIRO CLARO, al parecer en las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga. El 29 de noviembre de 2018, la misma Procuraduría Delegada promovió la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de alcalde de Bucaramanga – Santander, y ordenó la suspensión provisional en su cargo por el término de tres (3) meses.1 El gobernador de Santander, mediante Resolución 19598 del 30 de noviembre de 2018, ordenó acoger la decisión emitida por la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de suspender al alcalde de Bucaramanga, RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, por el término de tres (3) meses.2 El trámite de la consulta que se estaba adelantando en la Sala Disciplinaria se suspendió el 19 de diciembre de 2018, hasta que se resolviera la acción de tutela que había sido instaurada.3 El Tribunal Administrativo de Santander, el 17 de enero de 2019, emitió fallo de tutela amparando los derechos fundamentales al debido proceso y al sufragio pasivo del señor RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, como alcalde de

Bucaramanga y suspendió los efectos del auto que ordenó su suspensión provisional, así como de la Resolución 19598 del 30 de noviembre de 2018, emitida por el Gobernador de Santander obedeciendo la decisión de suspensión provisional del citado funcionario.4 La investigación disciplinaria se cerró mediante providencia del 25 de enero de 20195, el cual se notificó por estado el 11 de febrero de 2019.6 El 19 de febrero de 2019, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa emitió auto de cargos contra el alcalde de Bucaramanga, RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ.7 Se designó apoderado de oficio el 28 de febrero de 20198, a quien se le notificó el auto de cargos el 1 de marzo de 2019.9 1 Confrontar folios 97 a 107 del cuaderno 1. 2 Confrontar folio 467 del cuaderno 3. 3 Confrontar folio 288 y 289 del anexo 1. 4 Confrontar folio 474 a 482 del cuaderno 3. 5 Confrontar folio 313 del cuaderno 2. 6 Confrontar folios 318 del cuaderno 2. 7 Confrontar folios 320 a 332 del cuaderno 2. 8 Confrontar folio 349 del cuaderno 2. 9 Confrontar folio 350 del cuaderno 2. 7 Radicación n.° 161 – 7752 El 13 de marzo de 2019, el apoderado de confianza solicitó retirar el apoderado de oficio designado a su poderdante, adjuntó una ratificación del

poder que le había sido conferido y manifestó que presentaría oportunamente los descargos10, los cuales presentó el 15 de marzo de 2019.11 El 28 de marzo de 2019, el Consejo de Estado revocó el fallo emitido el 17 de enero del 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander.12 El 26 de abril de 2019, la Procuraduría Delegada de conocimiento ordenó el traslado de alegatos de conclusión.13 El 30 de abril de 2019, ese mismo despacho declaró la nulidad del auto que corría traslado para alegar de conclusión.14 El 6 de mayo de 2019, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó el sometimiento a lo dispuesto por el Consejo de Estado, en el sentido de expedir copias con destino a la Gobernación de Santander y a la Sala Disciplinaria para que adoptaran las medidas que les correspondieran.15 El mismo día, la Gobernación de Santander expidió la Resolución 5915, plegando su proceder a la decisión tomada por el Consejo de Estado y dispuso reiterar la vigencia y los efectos jurídicos de la Resolución n.º 19598 del 30 de noviembre de 2018, por medio de la cual se había acogido la decisión de suspensión provisional emitida por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa.16 El 14 de mayo de 2019, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, confirmó la medida cautelar de suspensión provisional del cargo de RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ como alcalde de Bucaramanga.17

El 23 de mayo de 2019, se corrió traslado para alegar de conclusión18, los cuales se presentaron el 10 de junio de 2019.19 10 Confrontar folios 354 y 355 del cuaderno 2. 11 Confrontar folios 356 a 414 del cuaderno 2 12 Confrontar folio 506 a 511 del cuaderno 2. 13 Confrontar folios 416 del cuaderno 2. 14 Confrontar folios 423 del cuaderno 2. 15 Confrontar folio 513 del cuaderno 3. 16 Confrontar folios 591 y 592 del cuaderno 3. 17 Confrontar folios 319 a 326 del cuaderno 4. 18 Confrontar folio 614 del cuaderno 3. 19 Confrontar folios 636 a 685 del cuaderno 3. 8 Radicación n.° 161 – 7752 Mediante Resolución 7944, del 10 de junio de 2019, el Gobernador de Santander designó al alcalde encargado de Bucaramanga.20 El 12 de junio de 2019, se declaró la nulidad de la actuación desde la formulación del pliego de cargos emitido el 19 de febrero de 2019. El 16 de julio de 2019, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa se abstuvo de estudiar y resolver la solicitud de revocatoria presentada por el defensor del investigado y se dispuso dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 5 Laboral de Circuito de Bucaramanga, el 21 de junio y confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bucaramanga, mediante fallo del 12 de julio de 2019, que ordenó dejar sin efectos el artículo tercero del auto del 29 de noviembre de 2018.21 Se profirió pliego de cargos en contra del disciplinado, el 22 de julio de 2019, el cual se le notificó personalmente el 29 de julio de 201922, y el apoderado presentó los descargos el 12 de agosto de 2019.23 El 30 de octubre de 2019, se ordenó el traslado para alegar de conclusión24, el cual se presentó el 20 de noviembre de 201925. El 20 de diciembre de 2019, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa emitió el fallo de primera instancia.26 El defensor interpuso en su contra recurso de apelación, el 16 de enero de 202027, el cual fue concedido el 21 de enero de 2020.28

IV. FALLO IMPUGNADO El 20 de diciembre de 2019, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa profirió fallo de primera instancia contra RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de alcalde municipal de Bucaramanga

– Santander.29 En la providencia se consignaron los antecedentes, actuaciones procesales, individualización del implicado, el cargo imputado, los descargos, los alegatos de conclusión, el acervo probatorio y en las consideraciones se desarrollaron temas como la competencia de la Procuraduría General de la Nación, la potestad disciplinaria de este órgano de control, la competencia 20 Confrontar folios 708 a 710 del cuaderno 4.

21 Confrontar folios 406 y 407 de cuaderno 4. 22 Confrontar folios 813 a 826 del cuaderno 4. 23 Confrontar folios 840 a 898 del cuaderno 4. 24 Confrontar folios 907 del cuaderno 4. 25 Confrontar folios 912 a 965 del cuaderno 4. 26 Confrontar folios 967 a 994 del cuaderno 4. 27 Confrontar folios 1003 a 1047 del cuaderno 4 28 Confrontar folio 1049 del cuaderno 4. 29 Confrontar folios 967 a 994 a 135 del cuaderno 4. 9 Radicación n.° 161 – 7752 del a quo, la tipicidad, la ilicitud sustancial, la calificación de la falta, el análisis de la culpabilidad y la dosificación de la sanción.

V. DEL RECURSO DE APELACIÓN El defensor del investigado instauró recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, con los siguientes argumentos: La Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para limitar, restringir o suprimir el ejercicio de los derechos políticos a los funcionarios de elección popular, porque la investigación consistió en hechos que constituyeran actos de corrupción, y el reproche no se desarrolló en ejercicio de ninguna función administrativa ni de gobierno local. Por tanto, se quebrantó el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se violó el derecho fundamental a su mandante del ejercicio de sus derechos políticos, la Procuraduría violó el principio del juez natural al asumir una vocación extra constitucional a favor de la ampliación supra orgánica de sus funciones transformadas en potestades.

Sostiene que se violó el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, así como los principios pro homine e indubio