PGN - NULIDAD - Desconocimiento del debido proceso por carecer de competencia el juez

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

E. S. D.

Ref: Casación No. 26621

Procesado: Luis Eduardo Gómez Fajardo Delito: lesiones personales y homicidio Señores Magistrados: El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia de 21 de junio de 2005 condenó a Luis Eduardo Gómez Fajardo a la pena principal de 15 años de prisión y multa de veintiseis (26) salarios mínimos mensuales al hallarlo penalmente responsable en calidad de autor de los delitos de homicidio y lesiones personales y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el tiempo que dure la pena principal.

Igualmente lo condenó al pago de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de indemnización de perjuicios a favor de los herederos de Ricardo Salazar Sánchez y (5) cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de los lesionados Jenny Hasbleidy Salazar Sánchez y Víctor Hugo Ayala Baquero. También ordenó compulsar copias a la fiscalía para que se investigue la presunta participación en que pudieron incurrir los menores Carlos Mario y Edward Javier Corredor Lamprea en el homicidio de Ricardo Salazar Sánchez y en las lesiones inferidas a Jenny Hasbleidy Salazar Sánchez y Víctor Hugo Ayala Baquero El defensor de Luis Eduardo Gómez Fajardo presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual correspondió desatar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, instancia que mediante pronunciamiento de 30 de junio de 2006 confirmó

la sentencia de primer grado. Inconforme con la sentencia de segundo grado, el defensor del procesado presentó demanda de casación, escrito que se declaró ajustado por la Corte mediante auto de 6 de febrero de 2007 por reunir los requisitos formales establecidos en el artículo 212 del C. de P.P. y sobre la cual emite concepto este Ministerio Público.

1. SITUACIÓN FÁCTICA El 27 de junio de 2004, aproximadamente a las dos y 30 de la madrugada, cuando los jóvenes Víctor Hugo Ayala Baquero y Ricardo Salazar Sánchez se encontraban departiendo junto con sus compañeras y unas amigas en el establecimiento denominado “Luna Azul”

ubicado en la calle 40 No. 5-59 Sur, Barrio la Victoria, se presentó una discusión con un grupo de individuos que llegaron a esa hora y empezaron a irrespetar a las acompañantes de estos, dentro de los cuales se encontraba Luis Eduardo Gómez Fajardo. Ricardo Salazar Sánchez fue agredido con mecanismo cortopunzante en la región precordial, lo que originó un choque cardiogénico e hipovolémico que le causó la muerte. Así mismo Víctor Hugo Ayala Baquero sufrió lesiones con mecanismo cortopunzante en hombro izquierdo y cuello, fijándosele una incapacidad médico legal definitiva de 15 días y como secuela deformidad de carácter permanente. A su turno, la joven Jenny Hasbleidy Sánchez, sufrió herida en el hipocondrio izquierdo, fijándosele una incapacidad médico legal definitiva de 15 días, presentando como secuela deformidad física, que afecta el cuerpo de carácter permanente.

2. ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en la diligencia de inspección al cadáver de Ricardo Salazar Sánchez, el informe preliminar de 27 de junio de 2004, rendido por un funcionario del C.T.I., el 27 de junio de ese mismo año se decretó la apertura de instrucción.(fol 18 c.o 1) y se vinculó mediante diligencia de indagatoria a Luis Eduardo Gómez Fajardo. (fol. 19 a 23 c.o.1) El 1 de julio de 2004 se impuso medida de aseguramiento en contra de Luis Eduardo Gómez Fajardo consistente en detención preventiva como presunto coautor de los delitos de homicidio en Ricardo Salazar Sánchez, en concurso con el delito de homicidio en grado de tentativa respecto de Víctor Hugo Ayala Baquero. (fol. 32 a 36 c.o.1).

El 6 de septiembre de 2004 se clausuró la instrucción (fol.130 c.o.1) y el 23 de septiembre de ese año se le escuchó en diligencia de ampliación de indagatoria al procesado. (fol.159 a 161 c.o.1). El defensor manifestó que su patrocinado deseaba acogerse a sentencia anticipada, motivo por el cual la fiscalía mediante resolución de 28 de septiembre de 2004 fijó fecha para la realización de diligencia de sentencia anticipada. Sin embargo, el 1 de octubre el defensor manifestó que el procesado no deseaba acogerse a sentencia anticipada. El 26 de octubre de 2004 se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación, en contra de Luis Eduardo Gómez como presunto autor responsable del delito de homicidio cometido en concurso sucesivo y homogéneo con el delito de lesiones personales. Se le

negó el beneficio de excarcelación y se modificó la medida de aseguramiento proferida en su contra, respecto del delito de homicidio en grado de tentativa, de que fuera víctima Víctor Hugo Ayala Baquero por considerar que constituye un delito de lesiones personales. (fol. 206 a 210 c.o.1) Esta decisión fue apelada por el defensor de Gómez Fajardo correspondiendo el estudio del recurso a la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, instancia que el 23 de agosto de 2004 confirmó la resolución de primer grado. La etapa del juicio correspondió al Juez Primero Penal del Circuito de Bogotá, autoridad que el 3 de marzo de 2005 avocó el conocimiento de las diligencias y ordenó correr traslado a los sujetos procesales por el término de 15 días hábiles para que las partes solicitaran nulidades, para la preparación de la audiencia preparatoria y pública(fol 6 c.o.2 primera instancia). El 7 de abril de 2005 se llevó a cabo la audiencia preparatoria y el 12 de mayo de ese año, la vista pública. Evacuada la diligencia de audiencia pública, el 21 de junio de 2005 se procedió a dictar sentencia condenatoria en los términos reseñados al inicio, la cual fue objeto del recurso de alzada correspondiendo el estudio del recurso al Tribunal Superior de Bogotá, instancia que en pronunciamiento de 30 de junio de 2006 la confirmó íntegramente.

3. LA DEMANDA 3.1. Primer Cargo .Nulidad por violación al debido proceso.

El censor con fundamento en la causal tercera consagrada en el artículo 207 del C. de P.P.

denuncia que la sentencia calendada 30 de junio de 2006 emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fue dictada dentro de un juicio viciado de nulidad por incompetencia de los funcionarios que instruyeron y fallaron en el proceso. En el desarrollo del cargo, indica que el proceso se desarrolló aplicando las normas sustanciales del Código Penal y del Procedimiento penal al procesado a pesar de que era un menor de edad para el momento en que fue vinculado procesalmente. De conformidad con el registro de nacimiento, el procesado Gómez Fajardo nació el 27 de junio de 1986, a las 4:30 de la tarde o sea a las 16:30 del día 27 de junio de 2004 y los hechos se desarrollaron antes del cumplimiento de esa hora, lo que indica que se efectuaron cuando Luis Eduardo Gómez Fajardo todavía era menor de edad. El proceso fue adelantado en la etapa sumarial por la Fiscalía 326 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, luego correspondió por reparto a la fiscalía 16 Seccional de la Unidad Segunda de Vida. La etapa del juicio correspondió al Juzgado Primero penal del Circuito de Bogotá, y la segunda instancia fue conocida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La actuación se desarrolló de conformidad con los códigos penal y de procedimiento penal cuando debió haberse rituado, de acuerdo con las normas del código del menor. También agrega que censura el fallo de segundo grado por carecer de las formalidades contenidas en el artículo 170 del C. de P.P. lo que dificultó el derecho de defensa.

Concluye que el proceso seguido contra su defendido fue radicado y sustanciado por funcionario incompetente, incurriéndose en la causal de nulidad de falta de competencia, en razón de que la jurisdicción competente eran los jueces de menores y no la ordinaria. Solicita a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, casar el fallo impugnado y decretar la nulidad de lo actuado desde la iniciación del proceso y remitirlo al funcionario competente. 3.2. Cargo segundo subsidiario. Causal primera, por violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida. El actor con fundamento en la causal primera consagrada en el artículo 207 del C. de P.P. denuncia que el juzgador violó directamente la ley sustancial por exclusión evidente del artí- culo 33 del C.P. y de los artículos 165,167 y 170 del decreto 2737 de 1989 y aplicación indebida de los artículos 11, 103, y 113, de la ley 599 de 2000. En la demostración del cargo indica que el juicio de reproche en materia penal se hace respecto de una conducta típica, antijurídica y culpable de la cual se deriva una responsabilidad y una pena imponible. Por eso para establecer estas premisas es necesario en primer lugar determinar si el sujeto inculpado es imputable o no. Sostiene que en el derecho penal para que un determinado comportamiento sea atribuible al sujeto activo que le pertenezca, es necesario que proceda de un agente con inteligencia y libertad. Agrega que en el artículo 33 del código penal señala que la condición para ser inimputable, es no tener capacidad para comprender la ilicitud, la inmadurez psicológica, el trastorno

mental y específicamente la minoría de edad. Ser mayor significa alcanzar una situación jurídica que permita disponer de modo autónomo de un conjunto de derechos que otorga el ordenamiento jurídico a las personas físicas. En el caso en estudio, el procesado nació el 27 de junio de 1986, en el Hospital San José a las 4:40 pm o sea las 16:40 , tal como consta en el registro de nacimiento. Ahora, los hechos en los que pierde la vida Ricardo Salazar Sánchez suceden hacia las 2:30 am . Por eso desde el inicio de la actuación la defensa solicitó que el caso del joven Gómez Fajardo fuera enviado a los jueces de menores. La llegada a la mayoría de edad se produce por un hecho objetivo, el transcurso del tiempo, es un elemento objetivo, sin embargo también debe tenerse en cuenta que el sistema penal colombiano descansa sobre un elemento subjetivo referido a que el sujeto debe comprender la ilicitud de su comportamiento. Luis Eduardo Gómez Fajardo fue dejado a disposición de la fiscalía, para cuyo efecto se identificó con su tarjeta de identidad. Para ser sujeto de derechos y obligaciones es necesario acreditarlo, pero Gómez Fajardo no pudo acreditarlo en el momento de su captura porque no había ingresado al círculo de los ciudadanos colombianos. Para responder penalmente se debe tener capacidad de discernimiento sobre el carácter delictivo de las acciones que se van a desarrollar. En este evento el procesado Gómez Fajardo pasó las doce de la noche tomando licor y en las primeras dos horas de su mayoría de edad objetiva, participó en el incidente del cual se le señala como autor responsable .

Dos horas y algunos minutos no son suficientes para que el procesado, que cumplía años pueda madurar psicológicamente y pueda ser responsabilizado del homicidio y las lesiones que le fueron imputadas. Además existía una obnubilación del razonamiento objetivo y subjetivo porque este se encontraba consumiendo licor, situación que está claramente demostrada en el plenario y que se convirtió en el detonante para que se desarrollaran las violentas acciones en la Taberna la “Luna Azul”. Según el fallo el procesado es menor hasta las doce de la noche, mayor a partir de esa hora, 150 minutos después se ve envuelto en una riña, en donde resulta muerta una persona y heridos otros, esto es una premisa objetiva. Sin embargo, no es portador de la capacidad de discernimiento, de la maduración psicológica, de la capacidad de efectuar los razonamientos que exige la culpabilidad en el campo subjetivo, de distinguir entre lo bueno y lo malo y ejercitar libremente la voluntad de ejecución de la conducta delictiva. Lo que hicieron los juzgadores fue despachar el problema señalando simplemente que el procesado cumplió 18 años, pero no se tuvo en cuenta el ámbito subjetivo que es fundamental en la filosofía culpabilista. En definitiva, solicita a la Corte Suprema de Justicia casar el fallo emitido por el juzgador de segundo grado y en su lugar proferir el fallo de reemplazo. 3.3. Tercer cargo subsidiario Causal primera. Violación indirecta de la ley sustancial por un error de hecho por falso juicio de identidad por omisión. El casacionista denuncia que el juzgador violó indirectamente la ley sustancial por un error

de hecho por falso juicio de identidad. En el desarrollo del cargo refiere que se presentó una distorsión fáctica de los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses (fols. 119 a 122 c.o.1) y del análisis del testimonio de Carlos Julio Parra. En el dictamen No. BOG-2004-019144 GBF-RB. Folio 1.4 del Instituto de Medicina Legal (folios 119-122 del c.o.1) se determinó mediante los correspondientes análisis de sangre, que el tipo de sangre del occiso y de los lesionados es diferente al de la navaja que le fue decomisada al procesado en el momento de su retención como presunto autor de los hechos. Del contenido del dictamen se deduce que si el arma que se decomisó a Gómez Fajardo es la que uso en la comisión de lo delitos imputados, la sangre que se depositó en ella debía ser del occiso y los lesionados; contrario sensu si la sangre encontrada en el arma decomisada no es del occiso ni de los lesionados, esa arma no fue usada para cometer el ilícito y su portador no es el homicida y lesionador de Ricardo Salazar Sánchez, Jenny Hasbleidy Salazar Sánchez y Víctor Hugo Ayala Baquero. No obstante los juzgadores de instancia desconocieron el dictamen científico, evidencia que era fundamental para obtener certeza acerca de la autoría de los delitos. Así el juzgador de primer grado expuso que el hecho de que la presunta arma utilizada por Gómez Fajardo tenga rastros que no corresponden a los del obitado Salazar Sánchez, no permite afirmar que este sea inocente, pues de acuerdo con las pruebas se concluye que el

procesado no solamente atacó a Ricardo Salazar Sánchez sino a Jenny Hasbleidy Salazar y Víctor Hugo Ayala Baquero. Aquí el sentenciador incurrió en una tergiversación pues la prueba se basó en los análisis de laboratorio efectuados entre la navaja hoja sangre humana “A” , navaja cacha sangre humana “A” y las muestras de sangre de Salazar Sánchez Ricardo “O” positivo, Víctor Hugo Ayala Baquero “B” Positivo, Jenny Hasbleidy Salazar Sánchez “O” negativo. Sin embargo el juzgador de primer grado tergiversó el contenido, y le hizo decir a la prueba lo que no dice, al afirmar que la sangre de la navaja puede ser de cualquiera de los cuatro, incluido el procesado. La segunda instancia se limitó a señalar que no interesaba que la sangre hallada en las prendas no fuese del occiso ni de los heridos, pues ello no quería decir que ella no fuese usada para causar lesiones, pues en la actuación se ignora que sucedió desde cuando se produjeron las heridas hasta cuando fue capturado el procesado, por lo tanto “afirmar que esa no fue el arma causante es tan especulativo como sostener lo contrario, pues la exigencia de condena va solo hasta reclamar que las heridas fueron producidas por arma cortopunzante sin que sea menester que haya sido, concretamente la incautada”.(fol 12 c. del Tribunal.) Lo que hace el Tribunal es cuadrar la argumentación para que la prueba científica no tenga incidencia en el resultado del proceso, y tergiversa lo dicho por el dictamen, pues precisamente dice que al procesado se le encontró en flagrancia porque tenía manchas de

sangre y una navaja patecabra, pero a la vez dice que esa arma pudo ser o no con la que se cometieron los hechos punibles investigados. En el segundo dictamen -protocolo de necropsia No. BOG-2004-019144 de Ricardo Salazar Sánchez del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forensesse señala que se trata de un hombre adulto quien sufre herida precordial por mecanismo cortopunzante durante una riña callejera presentando herida penetrante a corazón (ventrículo izquierdo) que sangra profusamente a cavidad toráxico y fallece en choque cardiogénico. No obstante el Tribunal dice .”El procesado fue condenado porque el 27 de junio de 2004 a las 2:30 am, en el establecimiento LUNA AZUL ubicado en la calle 40 No. 5-59 Sur, mató de dos puñaladas a RICARDO SALAZAR SANCHEZ.”.(fol.4 c. del Tribunal) El censor expone que se hace decir a la prueba lo que ella no dice, pues la necropsia indica que el occiso falleció por herida precordial por mecanismo cortopunzante (una puñalada) y el Tribunal dijo que la víctima falleció a causa de dos puñaladas y se ratifica más adelante cuando afirma que los testigos dicen lo mismo. Reitera el recurrente que el tribunal se equivocó pues el señor Salazar Sánchez solo presentaba una herida, la segunda era de origen quirúrgico, producida por los médicos para drenar los residuos biológicos que se producen en una intervención de tórax. Lo que hizo el juzgador fue basar su fallo en los testimonios de Víctor Hugo Ayala, Jhon

Urrego y Jenny Hasbleidy Salazar. Los primeros dijeron que la herida le fue propinada al occiso en el interior de la taberna y la última expuso que fue en el exterior, motivo por el cual el tribunal inventa dos heridas y no una como se desprende del dictamen de medicina legal. El recurrente concluye, que el tribunal “pone a la necropsia a decir lo que no dice”. (fol. 44. c.del Tribunal.) Destaca que el testigo Carlos Julio Parra, mesero de la taberna y testigo presencial de los hechos, sostuvo que quien mató a Ricardo Salazar fue un sujeto de bigote y de estatura baja. Sin embargo, el Tribunal no le cree porque entra en contradicción con lo sostenido en forma armoniosa por los otros tres testigos, a quienes considera más coherentes y además porque de sus versiones se colige que la victima presentó dos heridas y no una como lo expuso el señor Parra. El censor señala que lo dicho por el ad-quem va en contravía de lo expuesto en el protocolo de necropsia por cuanto en este se dijo que el señor Salazar Sánchez presentaba una sola herida y el juzgador afirmó que el cadáver presentaba dos heridas. Para el recurrente, es evidente que el falso juicio de identidad sobre la necropsia, influyó para que el juzgador hiciera una errada apreciación del testimonio de Carlos Julio Parra. Concluye que si el arma cortopunzante incautada al procesado tenía sangre que no correspondía a la del occiso ni a la de los heridos, ello significa que no hay demostración científica de que esta haya sido usada para cometer los delitos que se le imputaron a su

defendido, por lo tanto la prueba lo exonera de responsabilidad. Agrega que si el juzgador no hubiese incurrido en este error, el fallo habría tenido un sentido diferente, habría sido absolutorio y por tanto eximente de responsabilidad para su defendido. Pide a la Honorable Corte Suprema de Justicia, casar el fallo impugnado y en su lugar proferir fallo de reemplazo absolviendo a Luis Eduardo Gómez Fajardo. 3.4. Cuarto cargo Violación directa de la ley sustancial El censor invoca la causal primera, violación directa de la ley sustancial por exclusión evidente del artículo 232 del C. de P.P. según el cual toda duda debe resolverse a favor del reo y aplicación indebida de los artículos 103,111, 112 del C.P. El casacionista advierte que el tribunal en su fallo, no absolvió la duda sobre las circunstancias de lugar y modo y la identidad del sujeto que cometió las infracciones penales juzgadas. Así si se dijo que las heridas fueron causadas en riña, esto implica que varios sujetos participaron, pero aquí uno solo es señalado como autor. Además no se resolvieron las dudas planteadas en la actuación acerca de la identidad del causante de las heridas, para lograr su plena identificación. Así, Víctor Hugo Ayala y Jenny Hasbleidy Salazar dijeron que fue el muchacho retenido, pero John Jairo Urrego dice que fue un muchacho altito, cuando su patrocinado mide 1.82 mts, aspecto que el Tribunal calificó como irrelevante porque el declarante no estaba haciendo una descripción exacta del procesado. El testigo Carlos Julio Parra mesero de la taberna señaló que el que mató a Ricardo Salazar

fue un sujeto de bigote, de estatura baja pero no se le cree porque entra en contradicción con lo sostenido en forma armoniosa por los otros tres testigos, quienes dijeron que la víctima habría sufrido dos heridas y e cambio este testigo dijo que solo presentaba una herida, tal como se consignó en la necropsia. Sin embargo, el juzgador se equivocó al no creerle al testigo pese a que este dijo la verdad. Si los juzgadores hubiesen tenido en cuenta este cúmulo de dudas en la actuación, habrían aplicado el instituto del in dubio pro reo, a favor del procesado, absolviéndolo de toda responsabilidad en los hechos y delitos por los que fue juzgado. El recurrente solicita a la honorable Corte, -Sala de Casación Penalcasar el fallo emitido por el Tribunal y en su lugar proferir fallo de reemplazo, absolviendo a Luis Eduardo Gómez Fajardo.

4. CONCEPTO 4.1. Primer cargo.

El casacionista acusa la sentencia de segundo grado con fundamento en la causal tercera (artículo 207 ley 600) porque en su criterio fue dictada en un juicio viciado de nulidad, con desconocimiento del debido proceso por cuanto el juez carecía de competencia, en razón de que para el día de los hechos, Luis Eduardo Gómez Fajardo no había alcanzado la mayoría de edad. Estudiada la censura se advierte que aunque el actor plantea de manera apropiada el reproche a través de la causal tercera, por la falta de competencia, al desarrollarlo no especifica si lo hace a través de la violación directa o indirecta. En efecto, si bien la falta de

competencia constituye un error in procedendo, su fundamentación es mixta, esto quiere decir que debe formularse al amparo de la causal tercera pero desarrollarse de acuerdo a los lineamientos técnicos de la primera distinguiendo si escoge la violación directa o la indirecta. Si acude a la primera debe indicar las disposiciones que el juzgador aplicó indebidamente y las que dejó de aplicar, o si efectuó una interpretación errónea. Si la vulneración se originó en errores de apreciación probatoria debe concretar si fueron de hecho en sus modalidades existencia, identidad o raciocinio o de derecho -legalidad y convicción-, acreditar su trascendencia y porque se produjo la falta de competencia. Sobre este punto la honorable Corte en diversos pronunciamientos como el de 8 de junio de 2005, proceso 22226 M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanes expuso: “1. Como lo ha dicho la Corte, la incompetencia del juez constituye causal para declarar la nulidad de la actuación por violación del debido proceso. No obstante, la debida técnica que rige al recurso extraordinario de casación exige que si bien la censura se debe fundar con apego en la causal tercera de casación, de todos modos debe ser fundamentada con la lógica de la primera. “En esas condiciones, para efecto de poner en evidencia el yerro y su trascendencia, no basta argumentar, como lo hizo la casacionista, que como el proceso penal tuvo origen en uno de la jurisdicción de familia, por tratarse de adjudicación de bienes, ésta era la llamada a conocer del asunto y no la justicia

ordinaria, motivo por el cual debe declararse la nulidad y archivarse el expediente, pues este tipo de alegatos es propio de la instancias y no del recurso de casación. “Frente a este punto, recuérdese que quien acude a este recurso extraordinario, luego de postular el cargo de acuerdo con la causal tercera, debe partir de determinar, desde la perspectiva de la causal primera, si la violación de la ley sustancial ocasionada por el yerro hallado en la sentencia se produjo de modo directo o por la vía indirecta. “Por consiguiente, si se inclina por la violación directa debe relacionar las normas que el sentenciador aplicó indebidamente, las que omitió aplicar y/o aquellas que interpretó erróneamente por otorgarle un sentido o un alcance equivocado, sin controvertir las pruebas o los hechos tal como fueron apreciados en el fallo. “Si se inclina por la segunda, esto es, la violación indirecta, también constituye una carga para el casacionista señalar la clase del error (de hecho o de derecho) y el falso juicio que lo determinó (de identidad, existencia, raciocinio, legalidad o de convicción) cometidos en la actividad probatoria. “Cumplido con lo anterior, le corresponde al censor demostrar la trascendencia del yerro, esto es, cómo de no haberse cometido necesariamente el fallo habría sido favorable a sus intereses.” Igualmente es importante destacar que el casacionista también vulneró el principio de autonomía por cuanto el censor sostuvo que la decisión del ad-quem no reunía las formalidades consagradas en el artículo 170 del C. de P.P. lo que había dificultado el

derecho de defensa, error que si bien también es de carácter in procedendo debe alegarse de forma autónoma pues responde a una argumentación distinta en su desarrollo, especificando en primer lugar si se quebrantó la defensa técnica o material. Resulta pertinente para examinar el cargo, establecer que se entiende por jurisdicción y por competencia. La jurisdicción se define como la facultad de administrar justicia en nombre y de acuerdo con la ley .De acuerdo con la constitución las jurisdicciones son la jurisdicción ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional, y la jurisdicción especial conformada por la jurisdicción indígena y los jueces de paz. La competencia es la forma como se distribuye la jurisdicción y se manifiesta en la facultad del funcionario para conocer un caso concreto de acuerdo con una ley preexistente que así lo establezca, factor inmanente del debido proceso que tiene su génesis en el artículo 29 de la carta política. Dentro de la jurisdicción ordinaria se encuentran los jueces de menores cuya reglamentación aparece en el decreto D.E. 2737 de 1989 (Código del Menor) vigente para la fecha de los hechos que en su artículo 167 de manera exclusiva asignaba a los jueces de menores o los promiscuos de familia, en única instancia el conocimiento de las infracciones en los que intervinieran autores o partícipes mayores de doce años y menores de 18 años, la cual difiere de la penal ordinaria porque a los sujetos infractores no se les aplica penas, sino que se les

impone medidas protectoras y rehabilitadoras, en procura de salvaguardar sus derechos . En este caso la discusión se centra en que según el registro de nacimiento del procesado Gómez Fajardo este nació el 27 de junio a las 4:40 de la tarde o sea las 16:40 (fol.56 c.o.1) y los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2:30 horas del día 27 de junio de 2004, lo que según el censor permite concluir que el procesado no había cumplido 18 años. Sobre este punto es necesario remitirnos al código del menor (decreto 2737 de 1989) que en su artículo 165 señaló que para todos los efectos se considera penalmente inimputable el menor de dieciocho (18) años. A su turno el artículo 67 modificado por el CRPM art. 59 señala que: “ “Todos los plazos de días, meses o años, del que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal. “El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, y 30, o 31 días, y el plazo de un año de 365 o 366 días, según los casos.” Más adelante se señala que se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes

o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa. El artículo 60 de la ley 4 de 1913, Código de régimen municipal señala que: “cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo. Cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos nacen o expiran a la medianoche del día en que termine el respectivo espacio de tiempo. “ Así mismo el artículo 62 de la misma ley señala que: “en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”. De lo anterior se colige que los términos se contabilizan en días y no en horas como lo propone la defensa del procesado, lo que quiere decir que a partir de la media noche del 27 de junio de 2004 el procesado pasó a ser mayor de edad. Así mismo el artículo 67 del C.C. aplicable a este caso por cuanto en su último inciso se señala que las reglas que contiene son aplicables a las calificaciones de edad, expresa que el primer y último día de un plazo legal de años deberán tener el mismo número en los respectivos meses, por lo tanto el 27 de junio de 1986 en un plazo de 18 años se traduce en el mismo día 27 de junio de 2004, día

que comienza a las cero horas. Por eso cuando ocurrieron los hechos imputados ya Gómez Fajardo ya tenía dos años. La Procuraduría comparte el planteamiento consignado por el Tribunal al señalar que: “La distinción entre las horas que propone la defensa es irrelevante porque el inciso 1° del citado artículo 67 indica que los plazos legales de años terminan a la media noche del último día, y en particular los términos de años se cuentan de acuerdo con el calendario, es decir, de día enter