PGN - NULIDAD - Por desconocimiento del debido proceso en virtud a que el procesado perman

Señores Magistrados

H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente:

Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

E. S. D.

Ref: Casación Rad. 31.628

Procesados: Carlos Augusto Cortés Riascos y

Diego Fernando Lenis Gómez

Delito: Hurto agravado Señores Magistrados: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 8 de septiembre de 2008, confirmó el fallo emitido el 18 de diciembre de 2007 por el Juzgado 21 Penal del Circuito de la misma ciudad, mediante el cual condenó a Carlos Augusto Cortés Riascos y Diego Fernando Lenis Gómez a la pena principal de 46 meses de prisión como autores de los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Les impuso igualmente interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual.

Inconforme con el fallo, el defensor de Carlos Augusto Cortés Riascos presentó demanda de casación que por haber sido declarada ajustada a la ley, corresponde a la Procuraduría emitir concepto sobre su viabilidad.

1. SITUACIÓN FÁCTICA Dan cuenta las diligencias que el 26 de mayo de 2001, a eso de las 4:20 de la mañana, cuando el señor Luis Humberto García laboraba como conductor del taxi VBQ-072 afiliado a la empresa Trans Triunfo, recogió a un par de hombres en la

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Bogotá D.C. avenida 6ª con 17 de la ciudad de Cali quienes se dirigían a Brisas de los Álamos de esa capital. Cuando realizaba el recorrido el individuo de raza negra, que se había ubicado en el asiento de adelante, encañonó al taxista con arma de fuego y el que se encontraba en la parte de atrás lo tomó por la camisa y le ordenó que se pasara a su lado, cosa que hizo, dejando que el carro rodara solo, pero despacio, por lo que la dirección del automotor la tomó el hombre que iba adelante, quien a la vez le pasó el arma al de atrás, para que lo siguiera intimidando, y luego le decía que lo matara. El conductor fue despojado de su ropa y el hombre de atrás daba la orden que tomaran la vía Rozo. El señor Luis Humberto García se lanzó del vehículo hacia la vía momento en que la persona que iba atrás le hizo unos tiros. Se dirigió a una bomba en donde telefónicamente reportó a la central el hurto del vehículo y ahí concurrió un conductor de la empresa de Taxis Libres con quien salió en búsqueda de los agresores, siendo informado posteriormente que en el parqueadero Día y Noche de la carrera 1ª con 34 se encontraba el carro que luego quedó a cargo de la autoridad de policía. A eso de las 11:35 se hicieron presentes en el citado parqueadero dos sujetos con el fin de llevarse el mencionado vehículo, quienes al advertir la presencia de los uniformados huyeron del lugar, uno de ellos, Carlos Augusto Cortés Riascos, a bordo del taxi quien luego se estrelló contra un bus en la persecución y el otro, Diego

Fernando Lenis Gómez, fue capturado en la vía. 2.- DEMANDA El defensor de los intereses de Carlos Augusto Cortés Riascos presenta un cargo en contra de la condena proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 2 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. 2.1. Cargo único Al amparo de la causal tercera, demanda el censor la sentencia por estimar que fue dictada en un juicio viciado de nulidad por violación al derecho de defensa y por irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Refiere el casacionista que inicialmente su poderdante estuvo detenido desde el momento de su captura, 26 de mayo de 2001, hasta el 11 de octubre siguiente cuando se le otorgó libertad provisional por vencimiento de términos y que antes de la libertad provisional se le había concedido la detención domiciliaria. Agrega que la dirección suministrada en la indagatoria fue la calle 7 No. 45-25 del Barrio Nueva Tequendama, no obstante el 2 de agosto de 2001 el defensor presentó memorial en el que solicitó al despacho autorizar el cambio de domicilio a la calle 5ª B4 No. 37-80 del Barrio San Fernando, Tel. 5140423 de Cali, variación que fue admitida el 21 de agosto del mencionado año. Pese a lo anterior, el cierre de investigación decretado el 11 de diciembre de 2001 fue comunicado al procesado Carlos Augusto Torres Riascos a la dirección anterior y

no a la posteriormente autorizada, razón por la cual, el procesado no se enteró de la decisión y no hubo alegato precalificatorio en su favor. Que posteriormente el expediente no tuvo actuación alguna hasta el 5 de febrero de 2003 cuando un nuevo fiscal calificó el mérito del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de los procesados, decisión para cuya notificación Cortés Riascos fue nuevamente citado a la dirección equivocada, lo que evidencia negligencia en el empleado judicial y condujo a que el procesado no se enterara personalmente de la acusación, pues le fue notificada por Estado, sin que la providencia fuera impugnada. Ya en la etapa de juicio, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali corrió el traslado del artículo 400 del C. de P. Penal, que venció el 25 de noviembre de 2003, sin que por parte de su defendido se solicitaran pruebas o nulidades. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 3 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Se citó a audiencia preparatoria para el 11 de diciembre de 2003, y al procesado Carlos Augusto Cortés se le envió comunicación a la dirección errada, por lo que no se enteró del trámite que se le daba a la causa y en consecuencia no asistió a la diligencia. Solo compareció el fiscal y el representante del Ministerio Público, quienes no solicitaron nulidades, ni pruebas. En la misma diligencia se fijó fecha para audiencia pública a realizar el 3 de febrero de 2004, por lo que le envió citación el 14 de enero comunicándole la diligencia a la

dirección antigua. El 27 de enero del mismo año, el Juzgado le envío comunicación al procesado Carlos Augusto Cortés, (fol.170), nuevamente a la dirección equivocada, solicitándole designar nuevo defensor por desconocer en dónde se podía localizar el actual. No obstante los errores presentados en las citaciones, el Juzgado mediante auto de febrero de 2004 le designó defensor de oficio. El 11 de abril de 2005, el juzgado fijó como nueva fecha para audiencia pública el 11 de mayo siguiente, ocasión en la que una vez mas lo citó a la dirección antigua. El expediente fue reasignado al Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali, que libró orden de captura en contra de los procesados nuevamente con dirección equivocada. Para la audiencia pública que finalmente se realizó el 4 de septiembre de 2007, esto es, luego de transcurridos mas de 6 años de ocurrido el hecho, el procesado Cortés Riascos se enteró de qué Despacho tramitaba el proceso y otorgó poder a abogada de confianza, no obstante, solo restaba la audiencia pública y aún cuando la defensa solicitó pruebas le fueron negadas por extemporáneas. En el debate público solicitó absolución pero el fallo fue condenatorio por lo que se apeló la decisión y hoy se recurre en sede extraordinaria. Lo anterior evidencia que la parte final de la investigación y el juicio se adelantaron a espaldas de su representado vulnerándole el derecho de defensa material, Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 4 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C. legalmente consagrado, adicionalmente a que en el juicio tampoco contó con una verdadera defensa técnica. La falencia en la defensa técnica la hace consistir en lo siguiente: El procesado fue asistido por abogado en la indagatoria, quien entre otros aspectos solicitó la práctica de pruebas con miras a demostrar la inocencia del procesado. Posteriormente, Cortés Riascos otorgó poder a otro abogado quien logró que se le otorgara la detención domiciliaria y solicitó pruebas que fueron decretadas. Pese a existir pruebas oportunamente solicitadas y decretadas por el organismo instructor el nuevo fiscal que asumió la investigación decretó la clausura del sumario. No hubo alegato precalificatorio de la defensa que apuntara a destacar que habían pruebas decretadas que no habían sido practicadas, lo que hacía que el cierre fuera precipitado. Señala que el expediente permaneció por largo tiempo sin trámite y varios años después se profirió la resolución de acusación sin que esta decisión fuera impugnada, no obstante ser contraria a los intereses de su defendido. Durante el traslado del artículo 400 del C. de P. Penal, el defensor no solicitó pruebas, aún cuando era procedente hacerlo porque en la etapa de instrucción no habían sido practicadas. Tampoco solicitó nulidad de lo actuado ante las erróneas citaciones realizadas y menos compareció a la audiencia preparatoria y tampoco lo hizo su representado por haber sido citado a dirección equivocada. Solamente en la audiencia pública el procesado contó con defensora que aún cuado

peticionó práctica de pruebas, le fueron negadas por extemporáneas. Todo lo anterior demuestra que el procesado no tuvo una verdadera defensa técnica en el juicio, tema del cual se ha ocupado la Corte Suprema en jurisprudencia que reseña. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 5 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Sostiene el recurrente, que luego de obtenida la libertad provisional por vencimiento de términos, el defensor no continuó desarrollando su función, pues aún cuando se notificó del cierre de investigación, no presentó memorial alguno y aún cuando puede considerarse este silencio como una estrategia era necesario que el defensor se opusiera a la clausura de la investigación por cuanto era precipitada en razón a que se encontraba pendiente la práctica de pruebas legalmente decretadas y que no se podían soslayar porque tendían a demostrar la inocencia del procesado Cortés Riascos. En la etapa de la causa no realizó ninguna actuación y solo compareció a juicio para renunciar a la defensa aduciendo que su compromiso era solo hasta la fase instructiva, todo lo cual patentiza que el derecho de defensa fue vulnerado (fols. 191 y 192 C.1). Los defensores de oficio que le fueron designados tampoco actuaron, pues ninguno insistió en las pruebas que ya habían sido solicitadas por la defensa técnica y tampoco asistieron a la audiencia preparatoria. Para el demandante, lo anterior no solo contravino el derecho de defensa sino que constituyen irregularidades que afectan el debido proceso, como quiera que las comunicaciones siempre se dirigieron a dirección errada.

Estima entonces que este es un proceso en el que Cortés Riascos fue injustamente condenado por un hurto que no cometió. Además en la parte final de la investigación y en el juicio no se le convocó debidamente y adicionalmente no se dio aplicación al principio de investigación integral. Señala que una de las pruebas solicitadas y ordenadas en la instrucción era la declaración de Ramiro Ortíz Sepúlveda, vigilante que se encontraba en las horas de la madrugada cuando el taxi fue llevado al parqueadero, quien podía dar a conocer que los capturados, entre ellos, su representado, no fue quien llevó el vehículo a ese lugar. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 6 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Que se pudo haber ampliado la declaración del ofendido Luis Humberto García para que entre otros aspectos explicara la contradicción en la que incurre cuando señala que recogió a los dos jóvenes capturados en la avenida sexta con calle 17, en tanto en la información que le dio al IT. Molina Capete Fernando le dijo que eran tres los sujetos que le hurtaron el vehículo, quienes se desplazaban en una camioneta Land Cruiser color Roja con vidrios polarizados, lo que demuestra que eran tres las personas que le hurtaron el taxi y que su representado y el acompañante fueron aprehendidos en otras circunstancias y que además el ofendido no era sincero. Sostiene que tal como lo adujo su representado en la injurada fueron sus amigos Andrés Ceballos y Cristian N., quienes lo enviaron a desvarar el taxi que se

encontraba en el parqueadero, lo cual hizo, desplazándose luego en el vehículo hasta que se estrelló contra otro rodante, momento en el cual fue capturado, lo que ocurrió en el transcurso de la mañana, pese a ello fue condenado por el hurto que se cometió ese mismo día, pero en horas de la madrugada, conducta que no pudo cometer por cuanto no tenía conocimiento de la procedencia ilícita del rodante. Si el hecho de sacar el taxi del parqueadero podía constituir un hurto indudablemente lo sería en grado de tentativa, pues a partir de que salió fue perseguido por la policía sin perderlo de vista hasta que mas tarde se estrelló contra otro vehículo, pese a ello este amplificador del tipo no fue tenido en cuenta, lo que hace mas evidente la injusticia del fallo. Que la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Cali, teniendo en cuenta que el ofendido hizo cargos en contra de los capturados, minimizando las contradicciones en las que incurrió. Se tuvo en cuenta además un reconocimiento que no se hizo conforme a los lineamientos legales, pues como el ofendido lo dio a conocer vio al sindicado accidentado y a partir de ese momento le hizo cargos, reconocimiento que para el demandante es ilegal, pese a lo cual lo tuvo en cuenta el Tribunal. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 7 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Por lo anterior solicita a la Corte se decrete la nulidad de la actuación a partir del cierre de investigación, inclusive, a fin de que se garantice adecuadamente el derecho de defensa y se observe el debido proceso.

3.- CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA 3.1. Cargo único Con fundamento en la causal tercera de casación se demanda la nulidad de la actuación por vulneración del derecho de defensa y por irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. El artículo 29 de la Carta consagra expresamente que toda persona sindicada tiene derecho a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, a lo largo de las diversas etapas procesales, en forma unitaria, continua e intangible. Igual previsión, aparece en el estatuto procesal, expedido para reglar el ejercicio de la acción penal, artículo 8º de la ley 600 de 2000, cuyo precepto es del siguiente tenor: “En toda actuación se garantizará el derecho de defensa, la que deberá ser integral, ininterrumpida, técnica y material “ La garantía jurídico procesal de la defensa que tiene su expresión a través de la defensa material y de la técnica, se constituye en el legitimador del contradictorio en la actuación penal, pues en cuanto a la primera, brinda la posibilidad al imputado de suministrar su versión de los hechos a la justicia, de solicitar pruebas, de impugnar decisiones o de realizar las peticiones que considere convenientes para su defensa. Por su parte, la defensa técnica es el derecho que tiene el procesado de estar asistido por un profesional del derecho, quien de manera plena, continua e ininterrumpida debe velar por los intereses del investigado, lo que le impone no solo la vigilancia del proceso sino la utilización de los medios procesales legalmente dispuestos para ejercer de manera real una defensa letrada que garantice este derecho. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 8

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. El recurrente al sustentar la nulidad se quejó de la total ausencia de defensa material en favor de su representado, en consideración a que no obstante obrar dentro de la actuación la dirección de Cortés Riascos, oportunamente reportada y autorizada por la fiscalía, todas las comunicaciones se le enviaron a la dirección antigua. Adicionalmente reclama por el comportamiento pasivo observado por el abogado del sindicado al concluir la etapa de instrucción y durante el juicio, pues pese a que el procesado finalmente otorgó nuevo poder la abogada solicitó pruebas cuando ya se encontraba el proceso para audiencia pública por lo que le fueron negadas por extemporáneas. Para el demandante, la representación se logró entonces al concluir el juicio. Al respecto, no obstante el libelista, señaló las omisiones en las que incurrió la defensa y destacó algunas pruebas que se habían podido practicar al igual que las hipótesis que se debieron considerar, su escrito no avanza en destacar la trascendencia de lo advertido, pues el recurrente se queda en la expresión de la inconformidad que le genera la decisión adoptada en contra del procesado, desconociendo que atendiendo a los principios que rigen la nulidad, su deber no solo era el de demostrar la incorrección, sino evidenciar la incidencia de la misma señalando qué decisiones debieron ser impugnadas, identificando los argumentos que en su criterio se podían controvertir y que resultaban mas favorables a los

intereses que representa. Debió además señalar, frente a los resultados del proceso, la incidencia que tenían las pruebas no practicadas y que habían sido oportunamente solicitadas y autorizadas. No obstante, la Delegada abordará su estudio como quiera que la demanda fue admitida y además se trata de verificar la existencia de una eventual nulidad. Como quiera que la garantía de la defensa se encuentra cuestionada en sus dos ámbitos: material y técnica, la Delegada estudiará de manera independiente cada una de ellas, con miras a determinar si efectivamente las incorrecciones que destaca el impugnante se presentaron y si las mismas tienen la virtud de menoscabar el trámite del proceso. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 9 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. 3.1.1. Defensa material La Procuraduría advierte, que de acuerdo a lo expresado por el recurrente, la vulneración de esta garantía se produjo como consecuencia de haberse incurrido en irregularidades que menoscabaron el debido proceso, como quiera que las notificaciones al procesado Cortés Riascos no se intentaron a la dirección correcta razón por la cual no tuvo la oportunidad, en gran parte del proceso, de enterarse de las decisiones adoptadas, ni de los avances del mismo, lo que a la vez trajo como consecuencia que no asistiera a ninguna de las diligencias a las que se le convocó. El artículo 29 de la Carta consagra como derecho fundamental el del debido proceso y expresa en su primer inciso que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes

preexistentes al acto que se le imputa, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y ante juez o tribunal competente. Acorde con los lineamientos legales, el proceso está compuesto por una serie de actos sujetos a ciertas formalidades según las cuales el procedimiento se debe cumplir observando determinadas circunstancias de tiempo, modo, lugar y orden, vale decir, la actuación está sometida a unas normas generales y especiales que constituyen una garantía de seguridad jurídica para la administración de justicia y la aplicación del derecho. Lo anterior es la expresión de la cabal aplicación del debido proceso, por ello su desconocimiento es sancionado con la nulidad de la actuación, conforme lo establece el numeral 2º del artículo 306 del estatuto procedimental penal al consagrar como una de las causales que invalidan la actuación “La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”, claro está, atendiendo siempre a los principios que orientan su declaratoria y convalidación (art. 310 ibídem). Es la propia sistemática procesal la que ha definido los trámites que se deben cumplir para dar a conocer las diversas decisiones, lo que se conoce como principio Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 10 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. de legalidad, que exige que el proceso se ciña a los parámetros de ley para su trámite, el que debe ser observado tanto por los funcionarios como por las partes. Se impone entonces realizar una reseña de la actuación cumplida con miras a

verificar de que manera se ejerció la defensa material y técnica dentro del proceso. Es de advertir además, que por metodología, la Delegada incluirá en la misma lo actuado en relación con el también procesado Diego Fernando Lenis Gómez con el fin de establecer si la garantía de la defensa se observó plenamente en su favor. Con resolución del 29 de mayo de 2001 la Fiscalía Seccional 156 de Yumbo, Valle, abrió investigación y dispuso la vinculación mediante indagatoria de Diego Fernando Lenis Gómez y Carlos Augusto Cortés Riascos a quienes les recepcionó la diligencia el 30 del mismo mes y les resolvió situación jurídica el 4 de junio con medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos coautores de los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas (fols. 16/17/25/30/43/53 C.1) El procesado Cortés Riascos registró como dirección de su residencia la calle 7ª No. 45-25 Barrio Nueva Tequendama de Cali con número telefónico 552 36 17 y estuvo asistido por abogado de confianza (Alfonso Palacio Mosquera), quien el 4 de junio presentó memorial en el que solicitó no se impusiera medida de aseguramiento o en su defecto se le concediera libertad provisional a su representado (fol. 42 C.1) El procesado Diego Fernando Lenis fue asistido por el abogado Luis Ángel Martínez Ángel y registró como dirección la calle 27 No. 4-30 Barrio Jorge Isaac de Cali ubicable en el número telefónico 433 43 78 y ambos se notificaron

personalmente de la situación jurídica (fols. 25 C.1). Igualmente de la situación jurídica se notificaron de manera personal el procesado Cortés Riascos y su defensor el 4 de junio y al día siguiente, el apoderado solicitó copias de la actuación. El 15 del mismo mes peticionó la práctica de pruebas que fueron dispuestas por la Fiscalía el 20 de junio de 2001, pese a lo cual, no se Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 11 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. practicaron, observándose que no se libraron las comunicaciones para dar cumplimiento a lo resuelto (fols. 54/57/73/76 C.1). El 27 de junio el procesado Carlos Augusto Cortés Riascos otorgó poder a nuevo defensor, (Héctor Neira Roldán) quien en la misma fecha solicitó copias de la actuación y el 10 de julio peticionó la sustitución de la detención preventiva por la domiciliaria, la que le fue concedida el 17 de julio de 2001 (fols. 82/91/95/102 C.1). En el acta de compromiso suscrita por Cortés Riascos registró como su lugar de residencia la calle 7 No. 45-25 Barrio Nueva Tequendama Tel. 5523617 (fol.107 C.1). El 2 de agosto su defensor presentó memorial de pruebas con el fin de demostrar que su poderdante no había participado en el ilícito (fol. 110 C.1) El procesado Diego Fernando Lenis presentó memorial el 9 de agosto de 2001

solicitando se le concediera la detención domiciliaria, que le fue otorgada el 21 de agosto siguiente (fol. 112/117 C.1). El 13 de agosto el apoderado de Cortés Riascos solicitó se autorizara el cambio de domicilio del mencionado procesado a la calle 5ª B 4 No. 37-80 del Barrio San Fernando de Cali Tel. 5140423, petición que fue admitida el 21 de agosto de 2001. En esta decisión la fiscalía decidió acceder igualmente a la práctica de pruebas requeridas por el Dr. Neira Roldán (fols. 116/121 C.1). El 19 de septiembre el abogado antes mencionado le informó a la fiscalía que el procesado había sido internado de manera urgente en la fundación Vive la Vida (fol. 137 C.1). El 11 de octubre la fiscalía de manera oficiosa concedió la libertad provisional por haberse superado el término de 120 días, sin calificar el mérito del sumario, decisión de la que se notificaron personalmente abogados y procesados (fol. 139 C.1). Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 12 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. El 27 de noviembre de 2001 el defensor de Diego Fernando Lenis Gómez desistió del poder a él conferido, en virtud de lo cual el 28 de noviembre de 2001 la Fiscalía dispuso darle a conocer la renuncia al procesado a fin de que designara abogado de confianza o en su defecto nombrarle uno de oficio. Ante el silencio del procesado el

Despacho le nombró como defensor de oficio al doctor Henry Riascos (fols. 148/149/151 C.1). La fase instructiva fue cerrada el 11 de diciembre de 2001 y de ella, entre otros, se notificó personalmente el defensor de Carlos Augusto Cortés Riascos y el de Diego Fernando Lenis. Se advierte igualmente que a aquél procesado se le citó a dirección no actualizada y no se presentaron alegatos de conclusión (fol. 153/155 C. 1). La Fiscalía calificó el sumario el 5 de febrero de 2003 y profirió resolución de acusación en contra de Diego Fernando Gómez Lenis y Carlos Augusto Cortés Riascos como presuntos autores de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas y dispuso librar orden de captura en contra de los procesados. (fols. 157/165 C.1). De esta decisión se notificó personalmente el doctor Héctor Roberto Neira Roldán en su condición de defensor del procesado Cortés Riascos. Al procesado Cortés Riascos se le envió telegrama nuevamente a la dirección antigua y adpostal retornó el telegrama indicando como motivo de devolución que la persona no residía en el lugar (fol. 169 C.1). Según constancia del folio 166 la decisión surtió ejecutoria el 29 de octubre de 2003. El procesado Diego Fernando Lenis no concurrió a notificarse de la acusación y el telegrama aparece con el aviso de devolución de que no existe el número. Tampoco compareció su apoderado (fs. 166 C.1). El informe secretarial suscrito el 22 de septiembre de 2003 dio a conocer la no

comparecencia de los sujetos procesales a notificarse personalmente de la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 13 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. resolución de acusación, pese a haber sido reiterada y oportunamente citados, razón por la cual la fiscalía designó como defensor de oficio al doctor José Albeiro Parra Parra disponiendo comunicarle la decisión y darle posesión, diligencia esta que se cumplió el día siguiente (fols. 171 y 172 C.1). Le correspondió conocer de la causa al Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali, despacho que el 31 de octubre de 2003 corrió traslado del artículo 400 del C. P.P. destacando que fungía como defensor el doctor José Albeiro Parra, no obstante en la actuación no se advierte diligencia alguna tendiente a enterar a los sujetos procesales del traslado (fols. 176/177 C.1), Vencido el término, el 27 de noviembre de 2003, se fijó el 11 de diciembre para realizar audiencia preparatoria. Citando nuevamente a Carlos Augusto Cortés a la dirección equivocada (fol. 178/182 C.1) A la audiencia preparatoria solo comparecieron el fiscal y la representante del Ministerio público y se dispuso citar por intermedio del abogado Fabio Enrique Martínez Loaiza a Andrés Ceballos Benavidez. Se fijó el 3 de febrero de 2004 para realizar la audiencia pública. Al procesado Cesar Augusto Cortés se le volvió a citar a

dirección errada (fols. 184/188 C.1). El 26 de enero de 2004 el doctor Héctor Roberto Neira Roldán renunció al poder aduciendo que desde hacía mucho tiempo no tenía noticia de Cortés y que su relación contractual llegaba a la etapa instructiva. El 27 de enero siguiente el juzgado dispuso informarle al procesado la renuncia de su defensor a fin de que designara nuevo apoderado, enviándole para tal efecto comunicación a la dirección errada. Le advirtió además al doctor Neira Roldán que la renuncia no ponía fin al mandato, sino 5 días después de la comunicación del auto al procesado (fol. 192/194 C.1). Obra constancia del 3 de febrero de 2004 de no haberse realizado la audiencia pública ante la inasistencia del defensor José Albeiro Parra Parra. (fol. 194 C.1) Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 14 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. El 4 de febrero de 2004 el juzgado designó al doctor Francisco Artunduaga Bedoya como defensor de oficio a Cortés Riascos (fol. 195 C.1). El 11 de abril de 2005 la secretaría informa al despacho que se encuentra pendiente fijar fecha para audiencia, el Juzgado señala el 11 de mayo para tal efecto y libra comunicación al procesado Cortés Riascos a la dirección errada. La comunicación fue devuelta (fols. 198/202/205 C.1). El 11 de mayo de 2005 se dejó constancia que la secretaria del doctor José Albeiro

Parra Parra informó que éste se encontraba hospitalizado pendiente de una cirugía (fol. 204 C.1). El 6 de junio de 2006 las diligencias fueron enviadas a la Oficina de apoyo judicial por disposición del Consejo Superior de la Judicatura por haberse dispuesto que el juzgado Primero Penal del Circuito de Cali sería incorporado al sistema penal acusatorio (fol. 206 C.1). El 19 de julio siguiente avocó el conocimiento de la causa el Juzgado 21 Penal del Circuito, fijó audiencia para el 11 de septiembre de 2006, citando nuevamente al procesado Cortés Riascos a dirección errada (fol. 212 C.1). A folio 214 obra informe del citador del despacho en el que da a conocer que Cortés Riascos no reside en esa dirección (calle 7 No. 45-25. fol. 214 C.1). El 23 de abril de 2003 Cortés Riascos otorgó poder a abogada de confianza, quien tras solicitar copias presentó memorial de pruebas, sobre las que el juzgado se pronunció el 10 de julio de 2007 negándolas por haber fenecido la oportunidad para peticionarlas (fol. 219/221/224 C.1). La secretaría fijó como nueva fecha para audiencia el 4 de septiembre de 2007 y citó al procesado Carlos Augusto Cortés Riaño a dirección equivocada (fol. 229 C.1). Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 15 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C. En la fecha mencionada se