PGN - NULIDAD - Desconocimiento del principio de investigación integral

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. JAVIER ZAPATA ORTIZ

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demanda de casación (Rad. 24.637) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó parcialmente la condena proferida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de la misma ciudad contra Gloria Esperanza Villanueva Acosta, Joselín Pérez Pérez, Edgar Eduardo Acero Acosta y William Eduardo Mora Victorino por los delitos de Falsedad en Documento Privado y Estafa Agravada por la cuantía, modificándola en cuanto tiene que ver con la tasa aplicada para liquidar los intereses a cancelar sobre la suma apropiada.

Los defensores de los dos primeros sentenciados interpusieron el recurso extraordinario de casación, y admitida como fue únicamente la demanda instaurada en favor de Gloria Esperanza Villanueva Acosta, corresponde al Delegado del señor Procurador General de la Nación rendir el respectivo concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal. 1.- HIPÓTESIS DELICTIVA En el proveído mediante el cual se pronunció sobre la admisibilidad de las demandas, la Corte Suprema de Justicia alude a la narración de los hechos conforme lo hiciera el Tribunal, quien los refirió en los siguientes términos: “EDUARDO ACERO ACOSTA, el 29 de agosto de 1998, abrió una cuenta de ahorros en el Banco Central Hipotecario, sucursal Metrópolis con $100.000.00 y el 31 de agosto consignó $800.000.00. El 2 de septiembre,

solicito en la oficina del CAN dos cheques de gerencia por $75.000.00 y $85.000.00 por la cual le giraron los números 278172 y 278173 , respectivamente , a favor de ARTE LADRILLERO ARCA , cuyo representante legal era GLORIA ESPERANZA VILLANUEVA. Los cheques fueron girados por JOSELIN PÉREZ y relacionados en la planilla que diariamente debía enviarse al centro de canje a través de la empresa DOMESA, pero no se utilizó este servicio, sino a una funcionaría del banco para el envió al centro de canje. El 3 de septiembre, vuelve a solicitar dos cheques de gerencia por el mismo valor y le fueron expedidos por el mismo empleado los números 478196 y 678197, también girados a ARTE LADRILLERO ARCA y se cumplió el mismo procedimiento en 2 cuanto ala planilla, valiéndose de DOMESA para su remisión al centro de canje. Estos cheques fueron cobrados por valor de $1.047.000.000.00, consignándolos en la cuenta No 08502070-9 del Banco del Estado de la calle 100 a nombre de ARTE LADRILLERO ARCA LTDA. RUTH CORREDOR DE CORREDOR, tesorera del Banco Central Hipotecario, detecto el fraude al notar que el valor de los cheques en la planilla era de 485 y 575 millones de pesos. Estos cheques por estos valores fueron visados en el Centro de Canje, por WILLIAM MORA VICTORINO, sin utilizar la lámpara ultravioleta. De esta suma GLORIA ESPERANZA VILLANUEVA alcanzo a girar $356.171.727,15 porque por la oportuna intervención de la Fiscalía, se congelaron los demás fondos de esta

cuenta”. 2.- SINOPSIS PROCESAL Adelantada la indagación preliminar correspondiente en la Fiscalía 308 de la Unidad de Reacción Inmediata Seccional, Sede Centro, ante la denuncia instaurada por la gerente del Banco Central Hipotecario sucursal CAN, y una vez conocida la identidad de uno de los partícipes en los ilícitos, el 8 de octubre de 1998 la Fiscal 157 Seccional de la Unidad Sexta de Patrimonio y Fe Pública ordenó la apertura formal de la investigación. Previa declaratoria de persona ausente de Edgar Eduardo Acero Acosta, su situación jurídica provisional fue resuelta el 7 de julio de 2000 con medida de aseguramiento de caución prendaria en cuantía de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, como presunto autor de los delitos de Estafa Agravada por la Cuantía y Falsedad en Documento Privado, este último en concurso homogéneo y sucesivo. Se ordenó igualmente en dicha determinación vincular mediante indagatoria a Gloria Esperanza Villanueva Acosta, Joselín Pérez y William Eduardo Mora Victorino, a quienes una vez realizada dicha diligencia, el 11 de octubre de 2000 se les resolvió su situación jurídica provisional con medida de aseguramiento consistente en caución prendaria en cuantía de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para los dos primeros y de diez para la última, como presuntos coautores de los delitos en mención. En virtud al recurso de apelación interpuesto como subsidiario por el defensor de la sindicada Gloria Esperanza Villanueva Acosta contra la anterior providencia, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la suya del 12

de abril de 2002, argumentó que no obstante evidenciarse la participación de la sindicada en los hechos materia de investigación, resultaba procedente, en aplicación del principio de favorabilidad, dejar sin vigencia la medida de aseguramiento impuesta en su contra, en razón a que si bien para la fecha de ocurrencia de los hechos precedía dicha medida, con la entrada en vigencia de la 3 Ley 600 de 2000 la única medida de aseguramiento aplicable a los imputables es la detención preventiva, la que no es posible imponer en esta oportunidad, pues se haría más gravosa la situación de la implicada, motivo por el cual revocó la determinación impugnada. El 22 de febrero de 1999 el Banco Central Hipotecario mediante apoderado judicial, presentó demanda de constitución de parte civil, que fue inadmitida mediante resolución del 9 de marzo del mismo año. Presentado escrito mediante el cual se pretendía subsanar la demanda de constitución de parte civil, y solicitada su admisión, el 30 de los mismos mes y año nuevamente fue despachado negativamente dicha petición. Finalmente, una vez corregidas las inconsistencias de la mencionada demanda de constitución de parte civil, fue admitida el 4 de mayo de 1999. Perfeccionada en lo posible la investigación se clausuró y el mérito probatorio del sumario se calificó del 30 de diciembre de 2002 con Resolución de Acusación en contra de todas las personas vinculadas a la investigación por las mismas infracciones que les fueran atribuidas al momento de resolverse su situación jurídica. Mediante Resoluciones del 19 y 24 de febrero de 2003, el funcionario instructor

teniendo en cuenta que no había sido posible lograr la notificación personal de la Resolución de Acusación a los procesados Gloria Esperanza Villanueva Acosta y Edgar Eduardo Acero Acosta, como tampoco a sus defensores, les designó defensor de oficio, quienes debidamente posesionados se notificaron personalmente de la providencia calificatoria el 20 y el 24 de febrero de 2003, y el día siguiente, 25 de febrero, se procedió a la notificación por Estado, por lo que el término de ejecutoria se vencía el 28 de los mismos mes y año. Precisamente ese día compareció el defensor de confianza de la acusada Gloria Esperanza Villanueva Acosta, y radicó escrito mediante el cual manifestó su intención de apelar de la Resolución de Acusación, al igual que manifestó su extrañeza por no haber podido conocer la mencionada providencia con el argumento de que había sido desplazado. Por medio de Resolución del 17 de marzo de 2003, el funcionario instructor se abstuvo de impartir trámite a la impugnación propuesta, providencia notificada personalmente al agente del Ministerio Público y al apoderado de la parte civil, y a las demás partes mediante anotación en estado del 1 de abril de 2003, pronunciamiento que alcanzó ejecutoria el 4 de abril siguiente en la misma primera instancia, por no haber sido objeto de impugnación. En el entretanto, el 19 de marzo se reconoció personería al doctor Joaquín Rueda Rincón como nuevo apoderado de confianza de la acusada Gloria Esperanza 4 Villanueva Acosta. La etapa procesal del juicio la adelantó normalmente el Juzgado Veintiuno Penal

del Circuito, y una vez realizadas las audiencias preparatoria y del juicio oral, mediante Sentencia del 22 de julio de 2004 condenó a Gloria Esperanza Villanueva Acosta, Joselín Pérez Pérez, Edgar Eduardo Acero Acosta y William Eduardo Mora Victorino a las penas principales de cincuenta (50) meses de prisión y multa de cuarenta mil ($40.000) pesos, como coautores responsables de los delitos de Falsedad en Documento Privado y Estafa Agravada. Impuso igualmente el juzgador la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, y los condenó al pago solidario a favor del Banco Central Hipotecario la suma de $356.171.727,15 por concepto de daño emergente, y el equivalente a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de efectuarse el pago en relación con el lucro cesante, por los perjuicio materiales causados con el ilícito de Estafa. Respecto de los perjuicios de índole moral, estimó el juzgador que no se habían producido. También les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la sustitutiva de la prisión domiciliaria. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud del recurso de apelación conoció de dicha determinación, y con la suya del 26 de enero de 2005 la confirmó, con la única modificación respecto al pago de perjuicios, en el sentido de variar la forma de calcular el lucro cesante y proceder a liquidarlo con una tasa de interés corriente del 6% anual.

3. LA DEMANDA Contra la expresada sentencia de segunda instancia, en nombre y representación de la procesada Gloria Esperanza Villanueva Acosta se formulan cuatro cargos, los dos primeros por haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad, el tercero al socaire de la causal primera, por violación directa de la ley de carácter sustancial, y el último, por violación indirecta de la ley a consecuencia de la estructuración de errores de apreciación probatoria, censuras que desarrolla en lo siguientes términos. 3.1. Primer Cargo (Nulidad por Violación del Derecho de Defensa) Cuestiona el recurrente que el funcionario instructor con posterioridad al proferimiento de la Resolución de Acusación, y ante la imposibilidad de notificar personalmente dicha providencia a la procesada Gloria Esperanza Villanueva

5 Acosta y a su defensor, decidiera caprichosa y precipitadamente, sin la autorización ni el consentimiento de la acusada, remplazar al Togado de confianza por uno de oficio, quien no obstante haber sido posesionado y notificado en realidad nunca ejerció ninguna actividad encaminada a la defensa de sus intereses. Considera de esta forma vulnerado el artículo 29 de la Carta Política, así como los artículos 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18 y 24 de la Ley 600 de 2000, y agrega que fueron desatendidos los artículos 129 y 132 ibídem, preceptos acorde con los cuales el nombramiento del defensor de confianza se entiende hasta la finalización del proceso y desplaza a cualquier otro que estuviere actuando.

Sostiene que se sorprendió al defensor de confianza cuando concurrió al Despacho y le fue negado el acceso a la providencia calificatoria, por lo que se vio en la obligación de presentar, dentro del término legal, escrito de impugnación sin conocer el contenido de la determinación adoptada, pese a lo cual no se surtió trámite alguno respecto al recurso incoado, con el argumento simple de ausencia de legitimidad por haber sido relevado del cargo. Adujo que el procedimiento que debió adoptar la Fiscalía se concretaba, bien a esperar que se presentara el defensor de confianza a notificarse de la Acusación, o por el contrario, pedir a la sindicada que lo remplazara por otro escogido por ella. De otra parte, cuando el Profesional de Derecho concurrió al Despacho, debió notificársele personalmente de la determinación adoptada para así asegurar el ejercicio del ius postulandi. De igual manera resultaba procedente tramitar el recurso de apelación incoado para otorgar a la segunda instancia la oportunidad de conocer las razones de inconformidad de este sujeto procesal, quien en esa oportunidad procesal tenía el conocimiento sobre el caso particular en orden a ejercer los derechos de postulación, petición e impugnación, y por tanto era el único que estaba en condiciones de hacer alguna propuesta de carácter probatorio o de cualquiera otra naturaleza (nulidad, por ejemplo, por ausencia de investigación integral). Por último, estimó desconocido el debido proceso, que en su sentir asegura el derecho de defensa a todas las partes por igual, y que involucra los principios de presunción de inocencia y de contradicción, por lo cual, en orden a restablecer la

garantía afectada, pide se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la Resolución del 19 de febrero de 2003, momento en que se presentó la irregularidad denunciada. 3.2. Segundo Cargo (Nulidad por Violación del Principio de Investigación Integral) 6 Denuncia la omisión de la práctica de pruebas por parte de los funcionarios de instrucción y juzgamiento, que habrían variado el sentido de la decisión, en razón a que conducen a la atipicidad de la conducta y a la ausencia de responsabilidad en los hechos objeto de investigación. Afirma que de las intervenciones procesales de las personas que trabajaban en la compañía de la procesada, así como de las personas que tenían conocimiento de los negocios por ella realizados, se tuvo conocimiento sobre la existencia de cuentas corrientes de la sociedad, al igual que de los créditos millonarios que manejaba. Por tal razón, en su criterio, resultaba necesario agotar los mecanismos procesales pertinentes en orden a hacer efectivo el principio de investigación integral previsto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal, y en dicho objetivo, lo procedente hubiera sido oficiar a las diferentes instituciones financieras con las cuales la sociedad Arte Ladrillero Arca tenía relaciones comerciales, para obtener información respecto a la existencia, cuantía, garantías, destino y comportamiento de los créditos otorgados, así como en relación con el manejo de las diferentes cuentas bancarias. Mencionó igualmente el recurrente la importancia de haber escuchado en declaración bajo la gravedad del juramento a Guillermo Loaiza sobre la venta de la planta “Las Palmas”, y a Belisario Gómez respecto de la documentación por él

recibida y que tenía que ver con dicha negociación. Echó de menos que no se hubiera oficiado o practicado inspección judicial en la Superintendencia de Sociedades para conocer la existencia y situación del proceso de concordato de la sociedad Arte Ladrillero Arca Ltda.; que no se contara con la declaración de la persona encargada de la ampliación de la planta física de la compañía; que no existiera un avalúo comercial para determinar el valor real de la empresa; y, finalmente, que no se hubiera acreditado su situación legal, comercial y financiera. Aseguró que de haberse allegado al proceso las pruebas en cuestión, se tendrían nuevos elementos de convicción con suficiente entidad para acreditar que ninguna falta de lógica presentaba el contrato celebrado entre Arte Ladrillero Arca y Asocol Ltda., negociaciones muy frecuentes entre constructores y productores de material, y por consiguiente, se desvanecería la aseveración de la Fiscalía acerca de que su representaba “necesitaba dinero para cancelar deudas pendientes y esa fue la forma como ideó no solo para cancelarlas, sino para obtener un incremento patrimonial ilícito”. Puntualizó que, por el contrario, fue a raíz de la intervención de una de las cuentas bancarias de la empresa por parte de la Fiscalía General de la Nación, que la situación financiera de la compañía se vio afectada, por lo que se decidió iniciar el proceso de concordato, que viene cumpliéndose en todos sus términos. 7 En su concepto, de haber contado la investigación con los elementos de juicio que extraña antes se procederse a su calificación, se habría concluido en la

inexistencia de conducta típica de parte de su defendida debido a la veracidad del contrato firmado con Asocol Ltda., y a la calidad de expresa que es Arte Ladrillero Arca y la calidad de persona que es su gerente, señora Gloria Esperanza Villanueva Acosta. Señaló como normas vulneradas el artículo 29 de la Constitución Política, al igual que los artículos 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20 y 24 de la Ley 600 de 2000, al estructurarse la causal de nulidad prevista en el numeral tercero del artículo 306 del Estatuto Procesal Penal. Pide por tanto, casar sentencia y declarar la nulidad de lo actuado “desde el momento en el cual se presentó la irregularidad y se vició el trámite”. 3.3. Tercer Cargo (Violación Directa de la Ley) Con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo primero, se opone el defensor a la condena por los delitos de Falsedad en Documento Privado y Estafa Agravada, y arguye para el efecto que los hechos comprobados en el expediente no guardan relación con la descripción contenida en los artículos 221, 356 y 372 del Código Penal de 1980, por lo que aduce fueron aplicados indebidamente, con al consecuente falta de paliación de los artículos 19 y 21 ibídem. Citó igualmente como normas violadas los artículos 2º (hecho punible), 3º (Tipicidad), 4º (Antijuridicidad), 5º (Culpabilidad), 23 (Autores), 26 (Concurso de hechos punibles) 35 (Formas de Culpabilidad) y 36 (Dolo) del Decreto-Ley 100 de

1980, por haber sido aplicadas indebidamente. Ofrece su opinión acerca de la manera en que se estructura la aplicación indebida de la ley de carácter sustancial, y resalta los verbos incluidos en los tipos previstos en los artículos 221 y 356 del Código Penal de 1980, luego de lo cual concluye que el comportamiento de su representada no se adecua a ninguno de los mencionados verbos rectores, pues, según afirma, aparece en el expediente prueba documental y testimonial que deja en claro que su asistida, en su condición de representante legal de la sociedad Arte Ladrillero Arca Ltda., limitó su conducta a celebrar contrato de suministro de materiales con la firma Asocol Ltda., representada por Edgar Eduardo Acero Acosta, lo cual no constituye delito, y en consecuencia no existe norma penal sustantiva aplicable al caso concreto. Sostuvo que estaba plenamente acreditado, pues así lo acepta la sentencia impugnada, que su defendida no ejecutó ninguno de los verbos rectores de las conductas punibles atribuidas, y en tal sentido, la aparente adulteración o falsificación de documentos no es consecuencia del comportamiento de Gloria 8 Esperanza Villanueva Acosta. Controvierte la apreciación del Tribunal Superior en el proceso de adecuación típica, y estima que al dictar fallo condenatorio en contra de su defendida “aplicó indebidamente las normas rectoras de las conductas punibles”. Resaltó que la acusada no abrió la cuenta de ahorros, no solicitó los cheques ni tuvo contacto con ellos, como tampoco con las planillas ni documentos del Banco Central Hipotecario, sin contar con el hecho de que mientras se produjeron los

hechos materia de investigación se encontraba recluida en un centro penitenciario. Como corolario obligado, pide casar la sentencia impugnada y en su lugar dictar el fallo de reemplazo mediante le cual se absuelva a su representada por atipicidad de la conducta. 3.4 Cuarto Cargo (Violación Indirecta de la Ley) Funda el yerro de hecho que denuncia en la pretermisión de los postulados de la sana crítica, pues en su sentir se equivocó el Tribunal Superior al deducir responsabilidad en contra de su poderdante sin atender los principios reconocidos por la lógica, la experiencia y el sentido común, que le llevaron a ignorar los motivos razonables de duda obrantes en el expediente. A consecuencia de dicho yerro, aplicó indebidamente los artículos 3º (Tipicidad), 4º (Antijuridicidad), 5º (Culpabilidad), 23 (Autores), 26 (Concurso de hechos punibles) 35 (Formas de Culpabilidad), 36 (Dolo), 221 (Falsedad en documento privado), 356 (Estafa), y 372 (Circunstancias genéricas de agravación) del Decreto-Ley 100 de 1980, por haber sido aplicadas indebidamente, y consecuencialmente dejó de aplicar los artículos 2º (hecho punible), 19 (Acción y omisión) y 21 (Causalidad) ibídem, así como el artículo 7 (Presunción de Inocencia) de al ley 600 de 2000. En desarrollo de la censura, pone de presente las consideraciones de los fallos de primer y segundo grado, y a renglón seguido echa de menos la calificación y

valoración de las pruebas que establecen que Arte Ladrillero Arca Ltda. es una sociedad legalmente constituida, así como aquellas que dan cuenta de su objeto social, los aportes de los socios y sus créditos con diferentes entidades bancarias. De igual forma, extraña la valoración de la prueba que en su sentir pone manifiesto la negociación de su representada con Asocol Ltda. “en el convencimiento de que estaba celebrando un contrato legítimo al punto que exigió a su representante EDGAR EDUARDO ACERO la presentación del Certificado de existencia y representación legal de la sociedad y del poder que lo facultara para negociar”. Cuestionó que no se entendiera que es perfectamente viable que entre empresas 9 productoras y comercializadoras se celebren contratos de suministro con pagos anticipados, en los que generalmente se paga una comisión. Se dolió que en lugar de aplicar el principio de presunción de inocencia se presumiera la culpa, e indagó porque no se consideraba la posibilidad de que su defendida, al igual que el Banco Central Hipotecario, fue víctima de Estafa. Resaltó que los títulos valores que se dice fueron falsificados nunca se aportaron al expediente, por lo que en su sentir “NUNCA se ha demostrado la existencia del LAVADO y la falsificación o adulteración respectiva, cuya estructuración se presupone por indicios “más no por la existencia de plena prueba que así lo establezca”. Sostuvo que no existía prueba que conduzca a determinar con certeza quien es el responsable de la adulteración de los títulos valores, mientras que por el contrario se encontraba plenamente acreditado que de Gloria Esperanza Villanueva Acosta

no había participado en la realización de los comportamientos delictivos, al punto que durante el curso de la instrucción la Fiscalía 157 negó su vinculación por no existir elementos de juicio que la comprometieran, no obstante lo cual sin que se presentara una razón fundamental para variar el criterio, fue escuchada en indagatoria únicamente para atender el pedido del apoderado de al parte civil. Luego de referirse a las normas procesales relativas a la aducción y valoración de las pruebas, concluyó que los elementos de juicio allegados al expediente analizados acorde con las orientaciones de la sana crítica indicaban que de Gloria Esperanza Villanueva Acosta no era responsable de las conductas que le fueron atribuidas. Agregó que en las diligencias aparecen pruebas que dan cuenta que el único realmente beneficiado con los ilícitos fue Edgar Eduardo Acero Acosta. Por último, sostuvo que las inferencias erróneas del iudex ad quen por la inexacta observación de los elementos de juicio y la equivocada valoración de los hechos en sí mismos, van en contravía de los principios de la lógica, la experiencia y el sentido común, por lo que solicitó casar la sentencia y en su lugar absolver a Gloria Esperanza Villanueva Acosta de los delitos de Falsedad en Documento Privado y Estafa Agravada. 4.- INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES: En el traslado a los no impugnantes, el apoderado de la parte civil se opone al cargo primero propuesto por el libelista, al considerar que ninguna irregularidad se presentó en la designación de defensor de oficio a la acusada con la finalidad de que resultara viable la notificación de la providencia calificatoria, pues es

obligación de los abogados litigantes ejercer la debida diligencia y cuidado en el 10 ejercicio de los intereses que representan, sin que sirva el argumento de que reside en otra ciudadEn su sentir, el funcionario instructor no puede cohonestar la estrategia del defensor de ocultarse para no dar cumplimiento a la citación para notificarse. Agregó que la censura no concretó la clase de nulidad invocada, la petición no fue debidamente fundamentada, no especificó las normas que estimaba infringidas, como tampoco de que manera la irregularidad denunciada había repercutido en la afectación del trámite. En apoyo de sus asertos transcribíos apartes de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y, finalmente, aseguró que el libelista confundió en un mismo ataque la violación del derecho de defensa y del debido proceso. En torno a la censura por violación del principio de investigación integral, estimó que debía desestimarse en razón a que se edificaba en la apreciación personal que sobre las pruebas realizó el demandante, esencialmente para otorgar relevancia a la presunta negociación existente entre la sociedad Arte Ladrillero Arca y la compañía Asocol Ltda., aspecto que como quedó acreditado no respondía a la realidad. En relación con el tercer cargo, fundamentado en la violación directa de la ley de carácter sustancial, asegura que el falso juicio de selección no se probó a lo largo del cargo, y por el contrario se dedica de Letrado a cuestionar la valoración probatoriaPor último, frente al cuarto cargo, asegura que es incompleto, y de otra parte cita

indistintamente normas sustanciales y procesales, además que el desarrollo del cargo se limita a anteponer su personal apreciación de las pruebas a la del juzgador, partiendo nuevamente del supuesto falso de la negociación celebrada entre las dos compañías, para de estar forma trasladar la responsabilidad únicamente en cabeza de Edgar Acero Acosta, por lo que concluyo que le cargo no reúne los requisitos mínimos que exige la técnica del recurso extraordinario de casación. Solicitó, en consecuencia, inadmitir la demanda por no reunir los requisitos para el estudio de fondo. 5.- CONCEPTO Cuatro cargos conforman el libelo, el principal se contrae a denunciar la violación del derecho de defensa, el segundo, también al amparo de la causal tercera de casación, aduce la violación del principio de investigación integral, el tercero 11 denuncia la violación directa de la Ley de carácter sustancial, y, finalmente, en el cuarto se alega la presencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, reparos a partir de los cuales se pide casar la sentencia. 5.1. Primer Cargo (Nulidad por violación del derecho de defensa) Se denuncia por el actor que la sentencia se dictó dentro de un proceso viciado de nulidad, y pide que se invalide el proceso a partir de la Resolución del 19 de febrero de 2003, porque mediante esta determinación, de manera inconsulta se remplazó el defensor de confianza por otro de oficio, tras lo cual no se le permitió al primero el acceso al expediente para que se notificara de la Resolución de Acusación, como tampoco se admitió y tramitó el recurso de apelación que

interpuso en contra de esta determinación. Por último alega, que el defensor de oficio designado no adelantó ninguna gestión. El artículo 29 de la Constitución Nacional, en consonancia con los tratados y pactos internacionales suscritos por Colombia, consagra en favor de quien sea sindicado de un delito el derecho a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento. Es insoslayable que el derecho de defensa como categoría integrante del debido proceso ha de mantenerse incólume durante el curso de la actuación penal, principalmente ejercido por el profesional del derecho escogido por el propio sindicado, por la mayor confianza que le representa en aras de la posibilidad de controvertir la sindicación. Sin duda el ejercicio del derecho de postulación es patrimonio del procesado, quien está en libertad no solo de seleccionar quién actuará en su nombre, sino que entre su apoderado y él conjuntamente adoptan la dinámica más adecuada en defensa de sus intereses, salvo lo consagrado en el inciso primero del artículo 127 del Estatuto Procesal Penal. En este concreto particular, la situación procesal que se presentó respecto a la sustitución del abogado de confianza por oto defensor de oficio, es como sigue: La Resolución de Acusación se dictó el 30 de diciembre de 2002, y el 3 de enero siguiente, se envió comunicación a los sujetos procesales, incluida la procesada Gloria Esperanza Villanueva Acosta y su defensor de confianza, para que, en igualdad de condiciones, concurrieran a notificarse personalmente de la misma, lo

que se logró sólo respecto de otros de los intervinientes en la actuación. Transcurrido un mes sin que comparecieran a enterarse del pronunciamiento, el 3 de febrero de 2003 se envió nueva comunicación a la acusada y a su apoderado judicial con la finalidad de agotar debidamente los esfuerzos para hacerlos 12 comparecer, sin que tampoco fuera posible obtener resultados positivos. En vista de lo anterior, el Fiscal Instructor mediante Resolución del 19 de febrero de 2003 decidió designar defensor de oficio que representara a Gloria Esperanza Villanueva Acosta para concluir el trámite de notificación y continuar el trámite procesal, tal y como efectivamente aconteció. Dispone el artículo 396 de la Ley 600 de 2.000, vigente para la época de la actuación, lo siguiente: “NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA CALIFICATORIA. La resolución de acusación se notificará personalmente así: Al defensor y al procesado que estuviere en libertad, se les citará por el medio más eficaz a la última dirección conocida en el proceso, por comunicación emitida a más tardar el día siguiente hábil a la fecha de la providencia. Transcurridos ocho (8) días desde la fecha de la comunicación sin que comparecieren, se presentare excusa válida del defensor para seguir actuando o exista renuencia a comparecer, se le designará un defensor de oficio, con quien se continuará la actuación. Notificada personalmente la resolución de acusación al procesado o a su defensor, los demás sujetos procesales se notificarán por estado. Si la providencia calificatoria contiene acusación y preclusión se notificará en la forma prevista para la resolución de acus