PGN - NULIDAD ELECTORAL CONTRA CONCEJALES - Resolución del consejo nacional electoral que

NULIDAD ELECTORAL CONTRA CONCEJALES-Resolución del Consejo Nacional Electoral que negó inscripción no advierte vicios imputados Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 Bogotá D.C., 26 de enero de 2021 Concepto No. 2022-01-N-013 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2021-00037-00

DEMANDANTE: MANUEL PÉREZ PÉREZ

DEMANDADO: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-CNE

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El 27 de octubre de 2019 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales y miembros de

Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales y Juntas Administradoras Locales. 1.1.2. El Partido Social de Unidad Nacional “Partido de la U”, inscribió a GENARO MORENO SUNCE y a MAIRA MILENA MORENO PÉREZ para aspirar al concejo

municipal de Turbaná-Bolívar, período 2020-2023. 1.1.3. El 24 de septiembre de 2019, la ciudadana ELIZABETH MARTÍNEZ OSORIO solicitó al Consejo Nacional Electoral, en adelante CNE, la revocatoria de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 inscripción de los candidatos al concejo del municipio de Turbaná-Bolívar, GENARO MORENO SUNCE y MAIRA MILENA MORENO PÉREZ avalados por el Partido de la U, por tener vínculo de parentesco en primer grado de consanguinidad (padre e hija) y, en consecuencia, revocar la lista a la que pertenecen, por el eventual incumplimiento a la exigencia de la cuota de género. 1.1.4. El 23 de octubre de 2019, el CNE, mediante la Resolución No. 6433 revocó la inscripción del ciudadano GENARO MORENO SUNCE como candidato al Concejo de Turbaná – Bolívar para las elecciones del 27 de octubre de 2019, dentro del Radicado 26192-19, al incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, esto es, tener vínculo de parentesco en primer grado de consanguinidad con MAIRA MILENA MORENO PÉREZ inscrita en la misma lista por el mismo partido.

1.1.5. En oposición a la decisión anterior, el CNE negó la revocatoria de MAIRA MILENA MORENO PÉREZ como candidata a los inmediatos comicios, argumentando que, pese a la evidente configuración de la causal de inhabilidad invocada en la fase administrativa por la señora ELIZABETH MARTÍNEZ OSORIO, dicha Corporación, haciendo uso de una interpretación sistemática y garantista del ordenamiento jurídico, en aras de incentivar la participación política de la mujer, al igual que de garantizar el derecho a ser elegidos de todos los integrantes de la lista al concejo de Turbaná- Bolívar, inscrita por el Partido de la U, y en especial, de la mujeres que la integraban, como medida afirmativa en favor de estas últimas, se abstendría de revocarla. 1.1.6. Inconforme con la decisión adoptada, el ciudadano MANUEL PÉREZ PÉREZ, con fundamento en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -C.P.A.C.A-, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad contra la Resolución No. 6433 del 23 de octubre de 2019 proferida por el Consejo Nacional Electoral, argumentando que dicha entidad no respondió de fondo “el recurso de reposición” interpuesto por la ciudadana ELIZABETH MARTÍNEZ OSORIO, por lo que, presuntamente, ese acto se expidió con violación a la Constitución Política. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 1.1.7. Adicionalmente, señaló como cargo de la nulidad que, el acto administrativo demandado no fue fallado en derecho y de forma imparcial, sino que se basó en una cuota de género que a su parecer, no es sustento suficiente para abstenerse de dar aplicación a las normas que rigen en materia de inhabilidades, cuando de manera dolosa, los candidatos inscritos no manifestaron estar incursos en una de aquellas, por lo que la cuota de género siendo una medida adoptada para suplir necesidades de los administrados, fue utilizada para violar las normas en el sub examine. 1.2. Contestación de la Demanda. 1.2.1 El Consejo Nacional Electoral advirtió que, la solicitud de revocatoria de inscripción tenía sustento en la causal legal de inhabilidad dispuesta en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y, su materialización, se debía al parentesco en primer grado de consanguinidad de dos candidatos inscritos por el mismo partido político en el mismo municipio. 1.2.2 Asimismo señaló qué, revocar la inscripción de los dos candidatos implicaba que la totalidad de la lista al Concejo de Turbaná– Bolívar tuviese la misma consecuencia, en tanto que, al anular la inscripción de la candidata en cita, se configuraba un notable incumplimiento de la cuota de género (solo el 25%) pues para el momento, la lista estaba conformada por 10 miembros. 1.2.3 Debido a lo anterior, expuso que, haciendo uso de una interpretación

armónica del ordenamiento jurídico y del bloque de constitucionalidad, el CNE procedió a proteger, garantizar y no vulnerar, el derecho de postulación de los miembros de la lista y, especialmente, el de las mujeres que la integraban, optando por revocar exclusivamente la inscripción del señor GENARO MORENO SUNCE y dejando en firme la inscripción de la

candidata MAIRA MILENA MORENO PÉREZ.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 1.2.4 Finalmente, señaló que la Resolución No 6433 del 23 de octubre de 2019, de la cual se pretende la nulidad, es un acto administrativo que cumple con el lleno de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, en atención a que dicho documento fue expedido observando sus preceptos y dentro de los parámetros y potestades fijadas por el constituyente y por el legislador, por lo que dicho acto al no afectar el orden público ni político, no está viciado de nulidad. 1.3. Fijación del Litigio El magistrado sustanciador, mediante providencia del 3 de diciembre de 2021, fijó el litigio en los siguientes términos: “Consideró el despacho que el litigio se contrae a determinar, a partir de las censuras referenciadas en los antecedentes de esta providencia, si el acto

expedido por el Consejo Nacional Electoral, infringió la Constitución Política y los artículos 137 de la Ley 1437 de 2011 y 43 de la Ley 136 de 1994, por cuanto no accedió a la solicitud de revocatoria de inscripción al concejo municipal de Turbaná – Bolívar de Maira Milena Moreno Pérez, quien presuntamente incurrió en la inhabilidad de que trata el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994 y a la petición de revocar la inscripción de la lista de candidatos a dicha corporación pública, avalados por el “PARTIDO DE LA U”, para las elecciones del 27 de octubre de 2019”. 1.4. Traslado para alegar de conclusión El magistrado sustanciador, mediante el proveído en cita, corrió igualmente traslado de las pruebas allegadas al expediente por el término de tres (3) días, con el fin de garantizar el derecho de contradicción de los sujetos procesales frente a las pruebas aportadas. Así mismo, corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para alegar por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico. Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar, si declara la nulidad o no, de la Resolución No. 6433 del 23 de octubre de 2019, con la que se revocó la inscripción del ciudadano GENARO MORENO SUNCE como candidato al Concejo de Turbaná – Bolívar, avalado por el Partido Social de Unidad Nacional “Partido de la U”, para las elecciones del 27 de octubre de 2019, dentro del radicado 26192-19, proferida por el Consejo Nacional Electoral. Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario analizar brevemente i) el medio de control de nulidad, (ii) la causal de inhabilidad del artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, (iii) El enfoque de género y la cuota de género en las listas de candidatos a corporaciones de elección popular; y finalmente, (iv) examinar el caso concreto a partir de los argumentos planteados en los hechos y en la contestación de la demanda, los cuales, delimitan el ámbito de competencia del juez de única instancia. 2.2. Medio de control de nulidad. La acción de nulidad desarrollada en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 es una pretensión de naturaleza objetiva, pública, popular, intemporal, general e indesistible con posibilidad de retiro, a través de la cual cualquier persona podrá solicitar directamente o por medio de sus representante, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que un acto administrativo incurso en alguna(s) de las

causales establecida(s) en la ley, pierda su fuerza ejecutoria por declaración judicial de nulidad en beneficio del ordenamiento jurídico y la legalidad.1 El artículo 137 consagra el medio de control de nulidad de la siguiente manera: 1 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime, Compendio de derecho administrativo, pg. 869. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 ¨Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.” El objetivo de la acción implica una confrontación entre una norma superior que se argumenta transgredida o violentada, y un acto administrativo al cual se le atribuye la infortunada virtud de ser el causante de la transgresión o violación: confrontación de la cual debe salir una decisión declarativa de la existencia o no de violación al ordenamiento jurídico, en caso afirmativo, sancionando la manifestación de voluntad de la administración con nulidad.2 2.3. De la causal de inhabilidad contenida en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994. Cabe recordar que, por inhabilidad, el Consejo de Estado ha considerado que estas “corresponden a una serie de circunstancias subjetivas que limitan el derecho de 2 SANTOFIMIO, pg. 870 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 acceso a cargos públicos en orden a garantizar la prevalencia del interés general.”3; es decir, son una barrera o limitación para obtener o ejercer un empleo u oficio.

En la misma decisión, frente a las inhabilidades, puntualmente en materia electoral, señaló que: “están previstas para garantizar el equilibrio en la respectiva

contienda en la medida en que impiden que los candidatos se coloquen, de frente al electorado, en unas condiciones que les otorguen ventajas respecto de los demás aspirantes. Han sido dispuestas para preservar a los ciudadanos de presiones e influencias que afecten su libre elección. Constituyen una restricción al derecho a participar en la conformación del poder político, de raigambre fundamental, y en esa medida son de interpretación restrictiva.”4. De las inhabilidades que se deprecan para los concejales, se señala en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, lo siguiente: ¨ARTÍCULO 43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…).

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la

misma fecha" (negrilla y subrayado fuera de texto). Los requisitos sustanciales para la configuración de la inhabilidad referenciada son los siguientes: i) Sujeto. Candidato al concejo o concejal electo. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de marzo de 2.013, C.P. Mauricio Torres Cuervo, radicado No. 15001-23-31-000-2011-00650-01. 4 Ibidem. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 ii) Vínculo. El inscrito debe tener una relación por matrimonio, unión permanente o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con otro inscrito en la misma lista y por el mismo partido o movimiento político. iii) Acción. El candidato debe o debió estar inscrito en la misma lista y por el mismo partido o movimiento político. iv) Temporalidad. De manera simultáneamismo proceso electoral. v) Carácter espacial. La misma corporación municipal o distrital 2.4. Equidad de género y cuota de género en listas de candidatos a corporaciones de elección popular5

En efecto, los artículos 13, 40, 43 y 107 constitucionales, consagran los derechos a la igualdad, participación en la conformación, ejercicio y control del poder político -para el caso, el de elegir y ser elegido-, la protección especial y no discriminación

de la mujer y la equidad de género como principio rector en la conformación y actividad de las agrupaciones políticas; derechos que interpretados sistemáticamente a la luz de los diferente tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia, y que integran el Bloque de Constitucionalidad6, radican en cabeza de las diferentes autoridades propender por la efectiva participación política de la mujer en los escenarios de poder. En lo atinente a la inscripción de candidatos a corporaciones de elección popular, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en consideración con el aspecto cualitativo, estableció tres presupuestos: 5 Esta Delegada se permite reiterar los argumentos expuestos en el Concepto No. 2021-09-NE-179 del 17 de septiembre de 2021. Radicado No. 15001-23-33-000-2020-02081-02. Demandante: Olga Stella Medina Rojas. Demandado: Concejales de Tunja, periodo 2020-2023 6 Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer CEDAW, declaración y plataforma de Acción de Beijing de 1995, Carta Democrática interamericana de la OEA, aprobada en el 2001, entre otros. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 i) Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus

candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. ii) Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. iii) Las listas en donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultadodeberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros. Es decir que, de la lectura a la letra del artículo en comento, las listas constituidas por los partidos deben conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros, con el propósito de promover el respeto por la diversidad y de garantizar la participación de los ciudadanos en la vida política del país - hombres y/o mujeres-. Esta consideración ha sido objeto de precisión por parte del Consejo Nacional Electoral, a través de decisión contenida en la Resolución 5271 de 2019, entre otras, en las que se determinó que las listas que sobrepasen el 30% de mujeres, y aun las que llegaran al 100% de mujeres, no incumplían tal normativa, por cuanto el contenido teleológico de la norma apunta a acciones afirmativas encaminadas a la efectiva participación de las mujeres.

Así lo expresó esa Corporación: “En los casos de participación exclusivamente femenina, o en los que la participación femenina excede la masculina (en más del 70%), esta Corporación mantendrá tales listas, pues en realidad se cumple con el objetivo normativo de garantizar una adecuada participación femenina, situación respaldada por los artículos 40 y 43 de la Constitución,

explicados ut supra, lo que da lugar a inaplicar de manera parcial y excepcional, por mandato del artículo 4º. de la Constitución, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.” (Subraya y negrillas del texto original). Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 10 En el mismo sentido, al hablar de listas, se afianza que se trata de una labor para los partidos políticos en el marco de su autonomía constitucional. Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, con la cual se revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que derivó en la Ley 1475 de 2011, explicó: “En efecto, el establecimiento de una cuota del 30% de participación femenina en la conformación de listas de donde se elijan cinco o más curules, desarrolla los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 13, 40, 43 y 107 C.P. (…) En este orden de ideas, observa la Corte que el establecimiento de una cuota de participación femenina del 30% para la conformación de algunas de las listas, no afecta los contenidos básicos del principio de autonomía, pues los partidos mantienen un amplio ámbito de discrecionalidad en esa labor, toda vez que, aún dentro de este porcentaje, pueden elegir los ciudadanos y ciudadanas que mejor los representen, la cuota vinculante se limita al 30%, y está referida únicamente a aquellas listas de las cuales se

elijan cinco o más curules.”. En ese sentido, la regla en relación con la inscripción de candidatos para ocupar los cargos de las corporaciones de elección popular, en sentido cualitativo, implica que: Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deben conformar e inscribir listas con una cuota mínima de participación femenina del 30%, siempre y cuando se deban elegir 5 o más curules y no se sobrepase el aspecto cuantitativo fijado en el artículo 262 constitucional –máximo de curules de la corporación-. En donde, si la lista se integra con solo mujeres (100%), no se puede entender que se desconozca el mandato legal, en tanto, este consagra una acción positiva que busca la protección de las mujeres, finalidad de esta disposición, como se demostrará en el siguiente acápite. 2.4.1. Desarrollo jurisprudencial de la cuota de género. La Corte Constitucional, en sentencia C-490 de 2011 destacó que la regla que se fijó en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 permitía avanzar en la satisfacción del Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 principio de equidad de género, así como mejorar la efectividad del principio democrático en la organización y desempeño de las organizaciones políticas.

Además, la Corte resaltó que la distinción de género entre hombres y mujeres, “es válida en tanto sirve de fundamento para garantizar la igualdad de oportunidades

y de acceso al poder político para estas”, sin que ello implique que esa alternativa “sea incompatible con la inclusión en la representación democrática de otras modalidades de identidad sexual, pues este mandato es corolario propio del principio de pluralismo, rector de la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, el cual incorpora como mandato la inclusión de las minorías, entre ellas las de definición sexual”. La Sección Quinta, en la sentencia de 15 de septiembre de 2016, en relación con el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, señaló entre otras consideraciones que:7  La lista definitiva que se pondrá a consideración de los ciudadanos habilitados para votar, la expide la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante el formulario E8. El citado formulario, tratándose de elecciones en las que se esté por elegir 5 o más curules, debe contener un porcentaje mínimo de candidatos de cualquiera de los géneros del 30% pues, de lo contrario, se incumplirá el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.  La lista se puede modificar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1475 de 2011, según el cual, conformada la lista definitiva, corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitirla a los diferentes organismos del Estado, en especial a la Procuraduría General de la Nación, para que certifiquen si sobre los candidatos inscritos por un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, pesa algún tipo de sanción o inhabilidad que los haga inelegibles. 7 Reiterado, en sentencia de 17 de septiembre de 2020, expediente: 19001-23-33-000-2019-00357-01, M.P.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 12  Si se verifica la existencia de inhabilidad sobre alguno de los aspirantes, corresponde al Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 265, numeral 12 de la Constitución Política, decidir sobre la revocatoria de la inscripción del candidato inhabilitado.  La revocatoria de una inscripción disminuye el número de candidatos inscritos en la lista definitiva o formulario E-8, por lo que se abre la posibilidad de reemplazar ese candidato, para lo cual se debe dar aplicación al inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, según el cual “Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación”.  El partido afectado por la revocatoria de una inscripción tiene derecho a modificar la lista que presentó, pues es claro que “si la revocación de una inscripción recae sobre alguno de los géneros con el cual se cumplió lo dispuesto en el artículo 28 ídem, debe entenderse que la norma se incumple”.

A su vez, en pronunciamiento más reciente,8 la Sala Electoral señaló que la cuota

de género (i) materializa propósitos de rango constitucional y legal que tienen por objeto lograr una representación equitativa entre los distintos géneros en las corporaciones públicas de elección popular; y (ii) persigue el cumplimiento de mandatos de carácter internacional contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do Pará-. Y añadió que, la autonomía de las organizaciones políticas debe observar los límites que fije el legislador. En ese sentido, a estos los rige el principio de equidad 8 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente: 19001-23-330002019-00357-01, sentencia de 17 de septiembre de 2020. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 13 de género y, por tanto, deben adoptar las medidas para amparar la participación igualitaria.

En sentencia de 4 de febrero de 20219, la Sección aclaró que el porcentaje se refiere al número de candidatos y no al número de curules que integran la corporación, así: “Ahora bien, los pronunciamientos de esta Sección, también han estado

dirigidos a señalar, de forma consistente, que la cuota de género del 30% se determina en relación con el número de candidatos inscritos en la lista y no frente al número de curules a proveer. Si bien, existe una decisión que pareciera acoger la tesis contraria, la cual, traen a colación los demandantes, lo cierto, es que se trata de un pronunciamiento aislado que no ha sido reiterado por esta Sección. Por el contrario, se ha consolidado la interpretación de que el 30% de la cuota de género, se refiere al número de candidatos y no al número de curules que integran la corporación, la que ahora se reitera”. 2.5. Análisis del caso concreto. El actor afirma en su escrito que la Ley 136 de 1994 fue violada de forma dolosa por GENARO MORENO SUNCE y MAIRA MILENA MORENO PÉREZ, al estar en primer grado de consanguinidad y ser inscritos por el mismo partido político en el mismo municipio, por lo que incurrieron en la violación del régimen de inhabilidades de los concejales. También señala que la cuota de género es utilizada para suplir necesidades dentro de la administración y no para violar las normas, como en el caso que involucra el acto administrativo bajo censura. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral encontró configurada la causal de inhabilidad, lo que le permitió revocar la inscripción del señor GENARO MORENO SUNCE, pero dejó en firme la inscripción de la candidata MAIRA MILENA MORENO PÉREZ, decisión que adoptó según indicó, bajo los argumentos de una

interpretación armónica del ordenamiento jurídico y el bloque de constitucionalidad, con los que buscó proteger, garantizar y no vulnerar el derecho 9 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, exp. 76001-23-33-002-201901077-01, sentencia de 4 de febrero de 2021. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 14 de postulación de los miembros de la lista, especialmente, el de las mujeres que la integraban.

Sobre el particular, es importante destacar que el medio de control de nulidad exige que el acto se encuadre en cualquiera de las causales de nulidad prescritas en el artículo 137 del C.P.A.C.A; es decir, que con la expedición de la manifestación de voluntad de la administración se haya transgredido las normas en las que debió fundarse, se haya expedido sin competencia, de forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o, con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. Encuadre jurídico que echa de menos esta agencia, dado que el demandante se limitó a invocar la causal de inhabilidad configurada por parentesco, sin que sustente o realice un análisis argumentativo de fondo frente a las razones esgrimidas por el Consejo Nacional Electoral, para sustentar la decisión adoptada, y la forma como efectivamente aquellas desconocen es su integralidad la

Constitución y las leyes vigentes, con la expedición de la Resolución No 6433 del 23 de octubre de 2019. A lo anterior se suma que, más allá de la mera interpretación exegética de la norma invocada como trasgredida, el accionante tampoco fundamenta la eventual falsa motivación, ni brinda elementos de juicio sobre la desviación de poder o las razones motivadas que llevaron