PGN - NULIDAD PARCIAL - Resolución del consejo nacional electoral que fija el valor de las

NULIDAD PARCIAL-Resolución del Consejo Nacional Electoral que fija el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas para las elecciones del año 2011 COSA JUZGADA-En el régimen contencioso administrativo En el régimen contencioso la cosa juzgada tiene una regulación legal propia, así en el Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo – vigente hasta la expedición de la Ley 1437 de 2011 el tema es tratado en el artículo 175…Esta disposición es reproducida casi que de manera exacta en la nueva normatividad, la Ley 1437 de 2011, contentiva del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ampliando el tema lo trato en el artículo 189. COSA JUZGADA-Jurisprudencia del Consejo de Estado NULIDAD-Al ser sus efectos erga omnes no se puede buscar un control de legalidad posterior Pues bien conforme a lo anteriormente señalado, como corolario de lo mismo, se tiene que cuando la sentencia declara la nulidad del acto sus efectos son erga omnes absolutos, y por tal razón no es procedente por vía del ejercicio de las acciones de control de legalidad buscar un nuevo pronunciamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como bien lo señala el apoderado del Consejo Nacional Electoral el asunto que ahora es tema de estudio ya fue objeto de decisión judicial por parte de la H. Sección Quinta. En efecto, en sentencia del 25 de abril de 2012 la H. Sección Quinta, con ponencia del H. Consejero doctor Mauricio Torres Cuervo en el proceso incoado por el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego y otros identificado con el número de orden interno 2011 – 0043

dispuso «PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 003 del 13 de enero de 2011 expedida por el Consejo Nacional Electoral. SEGUNDO: En firme esta providencia archívese el expediente» Así las cosas, fuerza concluir en la demostración y por ende la prosperidad de la excepción de cosa juzgada, pues la sentencia que se profirió declaró la nulidad del acto y por tanto sus efectos son erga omnes absolutos, siendo por ello improcedente buscar un nuevo pronunciamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 1 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. abril 23 de 2.014 Concepto No. 019 Doctor Alberto Yepes Barreiro

H. Magistrado Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 110010324000201100064 00

Radicado interno: 2011 – 0064

Actor: Juan Carlos Castaño Posada

Demandado: Consejo Nacional Electoral Acción: Nulidad Asunto: Nulidad parcial del artículo 2° de la Resolución N° 03 de 13 de enero de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral, mediante «la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidaturas a gobernadores, asambleas departamentales y alcaldías,

concejos municipales y distritales y a juntas administradoras locales, para las elecciones a realizarse en el año 2011» Respetado señor Consejero: De la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, ordenado mediante providencia del 19 de marzo de 2014 y como Agente del Ministerio Público, presento a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo. I.- Antecedentes

1. La demanda Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 2

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El ciudadano Juan Carlos Castaño Posada, en ejercicio de la acción de simple nulidad, demandó de manera parcial la nulidad de la Resolución N° 03 de 13 de enero de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral, mediante «la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidaturas a gobernadores, asambleas departamentales y alcaldías, concejos municipales y distritales y a juntas administradoras locales, para las elecciones a realizarse en el año 2011», circunscribiendo la pretensión de nulidad al artículo 2º del acto acusado. 1.1. La pretensión El demandante la propuso de la siguiente manera: « … declarar la nulidad parcial del artículo 2º de la Resolución No. 003 del

13 de enero de 2011 « Por la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidaturas a gobernadores, asambleas departamentales y alcaldías, concejos municipales y distritales y a juntas administradoras locales, para las elecciones a realizarse en el año 2011», proferida por el Consejo Nacional Electoral, publicada en el Diario Oficial 47.958 de 20 de enero de 2011…» 1.2. Hechos de la demanda El actor inicia este acápite de la demanda señalando el marco legal que faculta al Consejo Nacional para establecer el monto de estas pólizas, destaca como tal el artículo 9º inciso 3° de la Ley 130 de 1994; seguidamente indica que hasta el año 2010 el valor de la póliza se estableció proporcionalmente al número de ciudadanos, empero al expedir el acto acusado incrementó «… exponencialmente el valor de la póliza de seriedad, con total prescindencia del principio de proporcionalidad y del derecho fundamental a la igualdad» 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 3 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Señaló como normas violadas las siguientes: Los artículos 2º, 4º, 13 y 40 de la Carta Política; el artículo 36 del Código

Contencioso Administrativo; el artículo 6° de la Ley 136 de 1994. - La violación del conjunto normativo que se dejó anotado se presenta por cuanto que el costo de la póliza limita el ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido y obliga a aquellos ciudadanos que no se identifican con la ideología de los partidos políticos a afiliarse a ellos para lograr el aval y participar en política en busca de ser elegidos; desconoce el derecho a la igualdad porque el Consejo Nacional Electoral nunca tuvo en cuenta la capacidad económica de los aspirantes de municipios menores con respecto a ciudades con poblaciones numerosas. 1.4. Solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto demandado Dentro del cuerpo de la demanda en acápite especial, se solicitó la suspensión de los efectos jurídicos del acto acusado.

2. Admisión de la demanda Por auto del 18 de febrero de la cursante anualidad se admitió la demanda.

La solicitud de suspensión de los efectos jurídicos del acto demandado se denegó por el H. Sección considerando para ello que no se evidencia que la violación de las normas se presente en grado manifiesto como lo preceptúa el numeral 2 ° del artículo 152 del C.C.A....

3. Contestación de la demanda Por conducto de apoderado judicial el Consejo Nacional Electoral contestó la demanda y solicitó que las pretensiones de la misma se denegaran por ser improcedentes «toda vez que sobre la materia que nos ocupa ha operado el Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 4

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955

Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co fenómeno de COSA JUZGADA, en la medida que sobre el particular, esa misma corporación mediante sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2.012), proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Magistrado MAURICIO TORRES CUERVO, dentro de la Acción de Nulidad de radicado N° 11001-03-28-000-2011-00043-00 promovida por GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO Y OTROS, se resolvió DECLARAR la nulidad de la Resolución 003 del 13 de enero de 2011 expedida por esta Corporación».

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se procede por esta Agencia del Ministerio Público a considerar la excepción propuesta por el apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral, quien manifiesta que en el asunto en examen se ha de declarar probada y decretar la excepción de cosa juzgada por cuanto que el asunto ya fue objeto de decisión por parte de la H. Corporación.

En el régimen contencioso la cosa juzgada tiene una regulación legal propia, así en el Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo – vigente hasta la expedición de la Ley 1437 de 2011 el tema es tratado en el artículo 175, en esta disposición se estableció lo siguiente: «ARTÍCULO 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada. La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 5 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios» Esta disposición es reproducida casi que de manera exacta en la nueva normatividad, la Ley 1437 de 2011, contentiva del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ampliando el tema dispuso en el artículo 189 al regular los efectos de la sentencia, lo siguiente: «Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la

legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios. Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes. La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes. La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de

primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria. De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10) días, término durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma estimada por la parte demandada al presentar la solicitud. En todo caso, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 6 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co la suma se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para el despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso de reposición». Jurisprudencialmente la H. Sección Quinta ha dicho sobre el asunto: «La institución de la cosa juzgada tiene asiento, en el ordenamiento jurídico interno, en el artículo 2431 de la Constitución, y si bien allí se establece con relación al control jurisdiccional que efectúa la Corte Constitucional en los fallos que emite, su grado de influencia no se reduce a ese escenario sino que igualmente aplica para las demás especialidades de la jurisdicción. La garantía constitucional de la cosa juzgada se explica en la necesidad de preservar la seguridad jurídica, puesto que en materia de decisiones judiciales, una vez han cobrado firmeza, sobre lo decidido no se puede volver, en atención a que el pronunciamiento incorpora las características de inmutabilidad e intangibilidad, escapando a la órbita jurisdiccional ese objeto por ya haber sido juzgado en fallo con fuerza de cosa juzgada.

Existe, por regla general, cosa juzgada cuando se configuran los elementos previstos en el artículo 332 del C. de P. C., esto es “siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”. Es decir, la cosa juzgada resulta oponible a una acción en curso, siempre que anteladamente el mismo asunto, definido por la triple identidad entre objeto, causa y sujetos, haya sido del conocimiento de la jurisdicción y ésta hubiera emitido sentencia de fondo. Sin embargo, la anterior norma no resulta del todo aplicable en el contexto de la jurisdicción contencioso administrativa, sobre todo cuando se trata del proceso de nulidad simple, al tenerse que aplicar allí lo previsto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo que precisa: “Artículo 175. - Cosa Juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes". La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en relación con la "causa petendi" juzgada. (…)” Las dos hipótesis consagradas en la norma anterior muestran la doble faceta de la cosa juzgada en materia de nulidad de actos administrativos. Cuando se acogen las súplicas de la demanda y se declara inválido el acto administrativo objeto de la acción pública, el fallo que así lo determine produce efectos erga omnes, es decir frente a todo el mundo, de suerte que a futuro el acto anulado lo será para todos. Si por el contrario, las pretensiones de la acción pública

son desestimadas, la institución de la cosa juzgada resulta afectada de una relatividad concernida única y exclusivamente a su objeto y a la causa; es decir, sólo se podrá predicar la existencia de cosa juzgada siempre que en la nueva acción pública se intente la nulidad del mismo acto administrativo y que entre una y otra exista identidad de causa, esto es que los reparos de nulidad 1 Así se consagra en el artículo 243 de la Carta Fundamental: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 7 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co resulten coincidentes en ambas acciones, ya que si nuevas imputaciones sobrevienen, respecto de ellas no podrá declararse la existencia de la excepción, siendo procedente su examen y decisión. La identidad jurídica entre las partes es un presupuesto que carece de relevancia para la configuración de la cosa juzgada entratándose de acciones públicas de nulidad, ya que estando habilitado todo ciudadano para “Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley” (Art. 40 num. 6 C.N.), no es menester que el accionante del segundo proceso corresponda al accionante del primero, precisamente porque entre uno y otro existe un interés común, como es la defensa de la Constitución y la Ley, resultando irrelevante por lo mismo la identidad de las personas jurídicamente

consideradas. Sobre la institución de la cosa juzgada en punto de acciones públicas de nulidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se ha dicho: “De acuerdo con esta disposición [Art. 175 C.C.A.], si la decisión jurisdiccional es negativa, es decir si el acto demandado continúa vigente, la cosa juzgada se predica, únicamente de las causales de nulidad alegadas y del contenido del petitum que no prosperó. En consecuencia la norma puede ser demandada por otra causa y puede prosperar la pretensión, lo que quiere decir, que en tales aspectos la sentencia es inmutable, y por tanto, debe estarse a lo resuelto en la misma. Ahora bien, de conformidad con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, para que se configure la cosa juzgada es menester que haya identidad de objeto, identidad de causa e identidad jurídica de partes. El objeto de la demanda es la pretensión y la causa es el fundamento del derecho que se ejerce. El último requisito, identidad jurídica de las partes no es aplicable en procesos de nulidad, por los efectos erga omnes que le otorga el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo a las sentencias que la declaran y los efectos erga omnes en cuanto a la causa petendi en las que la niegan. En otras palabras, implica que son oponibles a cualquier demandante que pretende, por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial, ya que en éstos la parte actora no promueve la acción en interés particular, sino todo lo contrario, en interés del orden jurídico”2

En este orden de ideas, para arribar a la conclusión de que existe cosa juzgada entre la sentencia dictada por esta Sección el 12 de mayo de 2006 dentro del expediente número 110010328000200500026 - 01 (3891) y el asunto sub lite, la Sala realizará un proceso de comparación entre el objeto y la causa de ambas acciones. El objeto de la acción de nulidad formulada por el ciudadano EDILBERTO RODRIGUEZ GARCIA - 110010328000200500026 - 01 (3891), recayó sobre los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto 2244 del 1º de julio de 2005. Por su 2 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia del 22 de abril de

2004. Expediente 2500232700020001034-01 (13274). Actor: Manuel Jesús Rincón González. Demandado:

Departamento de Cundinamarca. C.P.: Dr. Germán Ayala Mantilla. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 8 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co parte el objeto de esta acción de nulidad está representado en los artículos 4 y 10 numeral 3 inciso 6 del mismo decreto. Es decir, existe identidad, en cuanto al objeto, únicamente respecto del artículo 4 del mencionado decreto, pues sobre las demás disposiciones no existe correspondencia. Ahora, en cuanto a los motivos de nulidad esgrimidos por el accionante en el proceso radicado bajo el número 110010328000200500026 - 01 (3891),

respecto del artículo 4, el fallo del fallo del 12 de mayo de 2006 los sintetizó así: “El demandante invoca la violación del Artículo 1°, literal d) de la Ley 335 de 1996, que reforma el artículo 6 de la Ley 182 de 1995 y expone el concepto de violación pertinente con fundamento en los argumentos que se pueden resumir así: Señala que esta norma fue vulnerada por el Decreto 002244 de 2005 al abrir el sector de las Universidades en dos secciones para aventajar en fuerzas y en votación a los sectores de las ligas y asociaciones de padres de familia y a las de Asociaciones de televidentes, favoreciendo abiertamente al candidato que mayor número de votos tenía en las Universidades. No existe argumento válido que justifique el cambio de intención de la Ley 335 de 1996, de pasar de tres grupos electores a cuatro, favoreciendo a las Universidades y otorgándoles ventaja numérica para lograr obtener el Comisionado Nacional de Televisión. Lo anterior, con el agravante jurídico de extender la cantidad de electores a los programas de las facultades de Educación y comunicación social de las Universidades. Cada facultad de estas puede tener entre 15 y 35 programas lo que les da una cantidad inmensa de votos que atenta contra la igualdad por la ventajosa situación frente a los otros grupos electores” También en los hechos de la demanda allí resumidos se dijo: “5º Existió una sospechosa actitud favorecedora para las Universidades y una desigualdad manifiesta en contra de las Ligas de Asociaciones de Televidentes y de padres de familia.

6º El Ministerio de Comunicaciones, en el inciso 2° del artículo 4°. estableció cuatro (4) grupos electores, cuando el artículo 1, literal d) de la Ley 335 de1996 solamente ordena tres (3) grupos electores. La discriminación de los entes universitarios en dos (2) potenciales electores, permitió disgregar y aumentar la capacidad de elección de ellas y sobrepasar en todo un sector a los contendientes políticos de televidentes y de padres de familia, hasta el punto que de ellos salieron dos sectores votantes, cuanto solamente tenían un sector. 7º Quienes debían votar y ser grupo elector, eran las facultades de educación y de comunicación social, como FACULTADES y no Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 9 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co determinar que los programas de cada una de ellas serían los que votarían” Por su parte, en la demanda que ocupa la atención de la Sala el accionante expone razones de invalidez que concuerdan con las anteriores. En efecto, en el primer cargo, denominado Derecho legal y constitucional a la igualdad entre los sectores contemplados por la ley, sostuvo que el artículo 4 resultaba violatorio de los artículos 13 y 40 de la Constitución porque el Presidente de la República extralimitó sus funciones al reglamentar el proceso de elección del miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión de que trata el literal d) del artículo 1 de la Ley 335 de 1996, en la medida que cambió

de tres a cuatro los grupos de electores, ya que la ley identifica como tales a las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, y facultades de educación y de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente; en tanto que el decreto acusado escindió este último sacando de allí dos grupos de electores, las facultades de educación de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente y las facultades de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente. En el segundo cargo de la demanda sub examine, intitulado Derecho legal y constitucional a la igualdad entre las facultades de educación y comunicación social en el sector de universidades contemplados por la ley, se sostiene que la violación al derecho a la igualdad se produjo porque en el decreto cambió el concepto de Facultades de Educación y Comunicación, por el de Programas de Educación y Comunicación, permitiéndose que unas universidades, por tener más programas al respecto, aventajen a otras. Aunque lo anterior bastaría para colegir la identidad entre el objeto y la causa de esta acción pública de nulidad con la promovida por el ciudadano EDILBERTO RODRIGUEZ GARCIA, radicada con el No. 110010328000200500026 - 01 (3891), y que fuera decidida con el fallo del 12 de mayo de 2006, algunos segmentos de las consideraciones que en el último se expusieron permite ratificar la conclusión: “b) En relación con el cargo relativo a la creación de cuatro grupos electores, en lugar de los tres previstos en la norma habilitante, a que

alude el demandante, cabe anotar que el literal d) del artículo 1° de la Ley 335 de 1996 hace referencia a un (1) miembro designado por las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educación y de comunicación social de las Universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente, lo que en ningún momento significa que las facultades de educación y comunicación social deban actuar de consuno, en el mismo grupo elector, pues eso no es lo que se deduce del texto legal. La norma simplemente se refiere a designar (1) miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, por parte de las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educación y de comunicación social de las Universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente, lo Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 10 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co que puede fácilmente entenderse como que se refiere a cuatro grupos de electores. No debe perderse de vista que precisamente el objetivo de la facultad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República es precisar el alcance de la ley a fin de permitir su correcta ejecución y aplicabilidad, lo cual es diferente de reproducir simplemente el texto a reglamentar pues ello haría nugatorio e inútil el ejercicio de esa facultad. El cabal ejercicio de la facultad reglamentaria supone que el Presidente

de la República, sin exceder el texto legal, le de alcance y lo desarrolle, como en efecto se hace en esta parte de las normas acusadas sin que en modo alguno pueda afirmarse que, en este punto, hubo exceso en el ejercicio de su función reglamentaria. Para sustentar esta afirmación es necesario tener en cuenta, además, la naturaleza y objetivos de cada una de estas facultades. Así, por ejemplo, mientras las facultades de educación buscan fundamentalmente la formación de docentes y pedagogos, las de Comunicación Social buscan la formación integral de profesionales, especialistas e investigadores en los ámbitos de la información y en los procesos de comunicación social, formando periodistas, publicistas, comunicadores organizacionales, productores en el campo audiovisual, radiofónico o editorial, entre otros. Ello implica que el enfoque de cada una de esas facultades sea diferente y, por ende, el perfil del miembro de la junta directiva que le corresponde designar, lo cual justifica que conformen grupos electores diferentes. No prospera el cargo. c) El demandante señala que el decreto acusado hace referencia a los “programas” de educación y de comunicación social de las universidades, mientras que la ley se refiere a las “facultades” de educación y de comunicación social. En efecto, se trata de términos diferentes, pues las facultades constituyen una de las estructuras básicas de la organización académica de las universidades y están encargadas de administrar los programas curriculares. Podría afirmarse que las facultades son lo genérico y dentro de ellas se encuentran los programas específicos de pregrado, postgrado, investigación, extensión, etc.

Teniendo en cuenta la autonomía universitaria reconocida constitucionalmente, cada universidad expide su propio estatuto orgánico. Revisados algunos de ellos, puede comprenderse mejor lo que comprende el término “facultad” frente al concepto de “programas”:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

(Acuerdo No. 011 del 12 de marzo de 2005) Capítulo VI. Las Facultades. (…)

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

(Ratificados por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 3149 de diciembre 17 de 2001) Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 11 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Titulo VI. Capitulo II. De las Facultades, Consejos y Decanos de Facultad. (…) En ejercicio de la autonomía universitaria, las universidades tienen, entre otras, la facultad de darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos y expedir los correspondientes títulos. En general, las facultades son las encargadas de manejar los distintos programas. Encuentra la Sala que, en este punto, tampoco le asiste razón al demandante pues aunque efectivamente el literal d) del artículo 1° de la Ley 335 de 1996 que se reglamenta mediante el decreto acusado, se refiere a “Facultades de Educación y de Comunicación Social de las Universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente” y el artículo 4° del decreto acusado, habla de

“programas de educación” y “programas de comunicación social” de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica, lo cual es diferente, cada una de ellas forma solamente un grupo elector. Así, las facultades de educación o los programas de esa facultad, formarán solamente un grupo elector e igualmente, las facultades de comunicación social o los programas que ella contiene también forman un solo grupo elector que en nada altera el sentido de la norma legal. La redacción que se adopta en el decreto reglamentario refiriéndose a los “programas” en lugar de a las “facultades” no multiplica la capacidad electoral de estos grupos electores como erróneamente lo entiende el demandante pues se mantiene el criterio de que, cada uno de ellos, constituye un solo grupo elector. Esto se deduce claramente del texto del artículo 5° del decreto acusado que consagra la elección d