PGN - NULIDAD ELECTORAL - Suspensión provisional de efectos de acto de elección de repre

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2022 Concepto No. 2022-05-MCNE-063 Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2022-00044-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL DEMANDANTE: JOSÉ JAVIER CARO DE LA CRUZ DEMANDADO: LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLOREPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO

DEL HUILA, PERIODO 2022-2026.

TRÁMITE: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: CONCEJALES NO

SON SERVIDORES PÚBLICOS – CONCEJOS MUNICIPALES

NO ADMINISTRAN TRIBUTOS.

Respetado Magistrado: Dentro del término concedido mediante auto del 5 de mayo de 2022, intervengo como Agente del Ministerio Público descorriendo el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acto de elección de la señora LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO, como Representante a la Cámara por el Departamento del Huila, para el periodo 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

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1.1. Hechos. 1.1.1. El día 13 de marzo de 2022, se celebraron las elecciones para Congreso de la República, período 2022-2026. 1.1.2. Mediante formulario E-26 CAM, del 24 de marzo de 2022, se declaró la elección de LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO, como Representante a la Cámara por el Departamento del Huila, para el periodo 2022-2026, por la Coalición del Pacto Histórico. 1.1.3. LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO, había sido electa como concejal del municipio de Neiva para el periodo 2020 – 2023, y el año 2021 fue miembro de la Mesa Directiva de dicha corporación, en calidad de primera vicepresidenta. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.4. LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO presentó renuncia a su curul como Concejal de Neiva, el 13 de noviembre de 20211, la cual fue aceptada2 por la Mesa Directiva de dicha corporación el 17 de noviembre siguiente. 1.1.5. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del C.P.A.C.A, el ciudadano JOSÉ JAVIER CARO DE LA CRUZ demandó la elección de RINCÓN TRUJILLO, como Representante a la Cámara por el Departamento del

Huila, para el período 2022-2026. 1.1.6. En el mismo escrito de la demanda, solicitó como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del Acta de elección de la demandada. 1.2. Argumentos y normas en que se sustenta la solicitud de medida cautelar. El demandante soporta su solicitud de medida cautelar3 en que la accionada se encontraba inhabilitada, al tenor de lo dispuesto en los numerales 2º y 3º del artículo 179 constitucional. Referente a la prohibición establecida en el numeral 24 de la norma en cita, aduce que RINCÓN TRUJILLO, había sido electa como concejal de Neiva para el periodo 2020 – 2023, por lo que integró dicho cuerpo legislativo, y durante el año 2021 fue miembro de su 1 Se presentan dos escritos: Uno de 11 de noviembre y otro de 13 de noviembre, ambos de 2021. La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Neiva, en el acto de aceptación de renuncia, se refirió únicamente el segundo de estos. 2 Resolución 070 del 17 de noviembre de 2021. 3 Misma fundamentación de la Demanda. 4 Artículo 179 “No podrán ser congresistas (…) 2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 Mesa Directiva como primera vicepresidenta, ejerciendo funciones administrativas y políticas. Igualmente, que intervino como miembro de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Neiva – Huila, dentro del año anterior a la fecha de elección como Congresista de la República, en la “GESTION de negocios, ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS y tramites” en la misma corporación municipal. Señaló que “SI BIEN ES CIERTO a la Luz de la Ley y la Jurisprudencia del Consejo de Estado NO se les confiere la calidad jurídica de trabajadores, los concejales son servidores públicos calificados en forma especial como “miembros de las corporaciones públicas”, de elección popular con régimen constitucional, legal y reglamentario propios y distinto de los que rigen para los demás servidores” (subraya del accionante). Por su parte, en lo que refiere a la trasgresión del numeral 3 del artículo 179 constitucional5, aduce que la demandada, como concejal de Neiva para el periodo 2020 – 2023, y miembro de la Mesa Directiva de la misma corporación durante el año 2021, firmó los siguientes documentos: - Cartas de renuncia de LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO como concejal de Neiva. 5 Articulo 179. “No podrán ser congresistas (…) 3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 - Resoluciones 0646 y 0667 de 4 y 8 de noviembre de 2021. - Contrato de prestación de servicios No 062 de 2021, suscrito por la demandada en calidad de presidenta delegada del Concejo de Neiva. - Resolución 070 del 17 de noviembre de 2021, advirtiendo que dicho documento no lo firmó la accionada, pero si la “afecta o vincula de manera directa”.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

2.1. Problema Jurídico. Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, determinar si es procedente la suspensión provisional de los efectos del Acto de elección de la señora LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO, como Representante a la Cámara por el Departamento del Huila para el período 2022-2026. Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) la suspensión provisional; y ii) el caso concreto. 2.2. El mecanismo de la suspensión provisional y requisitos para su procedencia. La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - estableció como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos 6 Por medio de la cual se modifican las Resoluciones No. 061 y 062 de 2021.

7 Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 064 de 2021 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control.

Sobre el particular, la Sección Quinta ha analizado a profundidad las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia, indicando entre otros argumentos que, si bien tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA. Igualmente, el legislador no consagró un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, la Sección Quinta, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y a las partes intervinientes, encontró que tampoco nada se oponía a dar traslado de la solicitud de la medida antes de ordenar la admisión de la demanda, con el fin de escuchar a unos y otros sobre su procedencia, la cual ha de decidirse en el auto admisorio y, por tanto, acude al artículo 233 el C.P.A.C.A, para ordenar el traslado previsto, a diferencia de otros medios de control regulados en la norma en cita, en los que la solicitud de medida cautelar se puede hacer en cualquier tiempo. Ahora bien, frente a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto

electoral, se ha indicado que: i) La medida cautelar se debe solicitar (no es oficiosa), ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el actor sustente en escrito separado presentado con esta u otro posterior, siempre y cuando se pida antes de admitir la misma. Lo anterior exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 ii) Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza y para ello, pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado.

Igualmente se ha advertido que, para resolver la solicitud de medida cautelar, el juez de lo contencioso “…debe efectuar un estudio, un análisis de los argumentos expuestos y confrontarlos junto con los elementos de prueba arrimados al proceso para llegar al convencimiento sobre la procedencia o no de la medida, a diferencia de lo que ocurría en vigencia del artículo 152 del C.C.A., en donde la infracción debía ser manifiesta” En consecuencia, con las pruebas presentadas en la demanda y los argumentos expuestos

para solicitar la medida cautelar, al juez le corresponde efectuar un juicio previo de legalidad, el cual es provisional y, por tanto, puede variar al resolver el asunto de fondo, según la dinámica del proceso, razón por la que el artículo 229 del CPACA señala que, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Bajo ese análisis, la medida cautelar se puede decretar en el auto que admita la demanda si i) del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas se advierte violación de estas; o, ii) si del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, se demuestra que el acto es contrario al ordenamiento jurídico. Así las cosas, el Ministerio Público se referirá al caso en concreto. 2.3. Análisis del caso concreto. 2.3.1. Presupuestos formales que viabilizan el estudio de la medida. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 7 Observa esta Delegada que se satisfacen los requisitos para el análisis de la solicitud de medida cautelar, en razón a que se realizó a petición de parte y fue debidamente sustentada, como expresamente lo prescribe el artículo 233, en concordancia con el 277 del CPACA. 2.3.2. Inhabilidad consagrada en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política.

El numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política establece que, “ARTICULO 179. No podrán ser congresistas: (…) 2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.” De la lectura del texto anterior, se extrae que la prohibición tiene los siguientes elementos: - Elemento subjetivo: La conducta debe ser realizada por un empleado público. - Elemento objetivo: Ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar. - Elemento temporal: dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección. Los anteriores son requisitos sine qua non para la materialización de la inhabilidad contenida en tal disposición constitucional, hecho por el cual, la falta de uno de ellos conlleva que la causal inhabilitante reclamada no pueda ser aplicada, razón por la cual pasan a revisarse. Frente al elemento subjetivo, se demanda que quien realice el elemento objetivo debe tener la calidad de empleado público, por lo que, para el caso en concreto se requiere determinar si el cargo de concejal tiene dicha connotación o no. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 8 El artículo 123 constitucional establece que “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”, que “están al servicio del Estado y de la

comunidad, y ejercen sus funciones en la forma prevista por la constitución, la ley y el reglamento”. (negrilla adicional) Así, se vislumbra que el concepto de servidor público está desagregado en i) los empleados públicos, ii) miembros de corporaciones públicas y iii) trabajadores del Estado. La Corte Constitucional ha señalado que “La Constitución de 1991 ha utilizado la expresión genérica ya mencionada -servidores públicospara resaltar que quienes pertenecen a esta categoría están al servicio del Estado y de la comunidad (art. 123 C.P.) y que no desempeñan los cargos o empleos -por importantes que ellos seanen su propio beneficio e interés, sino en el colectivo, siendo por tanto depositarios de la confianza pública, que no pueden defraudar, respondiendo en consecuencia por sus acciones u omisiones (art. 6 C.P.)”8 Razón por la que se concluye que “el servidor público es el género y los empleados públicos, trabajadores del Estado y los miembros de las corporaciones públicas son la especie de esa gran categoría”9. Respecto de la condición de empleado público, el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones10 ha sostenido que: 8 Corte Constitucional, Sentencia abril 14 de 1999, Proceso No. C222/99, MP José Gregório Hernández Galindo. 9 Consejo de Estado. Sección Quinta. Expediente: 08001-23-33-000-2019-00805-01. Sentencia 03 de junio de

2021. M.P. Rocío Araújo Oñate.

10 Consejo de Estado. Sección Quinta. Expediente: 08001-23-33-000-2019-00805-01. Sentencia 03 de junio de 2021. M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-201800018-00. Sentencia de 4 de marzo de 2011. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de septiembre de 2008, Expediente No. 73001-23-31-000-2007-00703-01, M.P. Filemón Jiménez Ochoa Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 “73. Ahora bien, en lo que respecta al empleado público el artículo 122 Superior en consonancia con el artículo 123 de la misma norma, enuncia ciertos requisitos con los que debe contar este tipo de vinculación, como lo es que i) las funciones se encuentren detalladas en la ley o reglamento, ii) tengan remuneración, iii) hagan parte de la respectiva planta de personal de la entidad, iv) sus emolumentos se encuentren previstos en el presupuesto correspondiente y, v) su vinculación se efectué por un acto de nombramiento.

74. A su vez, el inciso 3° del artículo 1 de la Ley 909 de 2004, definió cuáles

eran las clases de empleos públicos:

“De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera; b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; c) Empleos de período fijo; d) Empleos temporales”.

75. En apoyo a esta definición la doctrina ha indicado que: “el empleado del Estado, es la persona que por regla general presta sus servicios en forma subordinada, en un empleo público, y cuya denominación generalizada es la de “empleado público o funcionario público”. Su relación laboral, es igualmente de derecho público, estatutaria, legal y reglamentaria, porque el conjunto de sus derechos, deberes, y obligaciones, se encuentran en un estatuto legal, por lo tanto unilateralmente fijado y expedido por el Estado”11.

76. En síntesis, el empleado público es aquel que está vinculado a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, nombrado y posesionado en los respectivos empleos que han sido creados, de conformidad con la nomenclatura, clasificación, funciones, requisitos y grado salarial, expresamente previstos en las normas pertinentes.” Ahora, en armonía con lo anterior, y referente al cargo de concejal, la misma carta política, en su artículo 312, señala enfáticamente que: “ARTICULO 312. En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control

político sobre la administración municipal. 11 Parra Gutiérrez, William René, Parra Mejía, Natalia y Parra Mejía Ernesto, Derecho Administrativo Laboral, editorial ediciones nueva jurídica, Bogotá D.C, Colombia Quinta Edición 2015. Página 301. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 10 La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos”. Por su parte, el Consejo de Estado12, frente a la calidad de servidores públicos de los concejales, ha señalado: “En efecto, el artículo 123 de la Carta Política adopta la denominación genérica de servidores públicos para referirse a las personas que prestan sus servicios al Estado. Según esa norma, los servidores públicos comprenden las siguientes categorías: la de los miembros de las corporaciones públicas, la de los empleados públicos y la de los trabajadores oficiales. Quiere decir lo anterior que el concepto de servidores públicos es genérico y está integrado por las especies ya señaladas. De manera que el Concejal, según el artículo 123 de la Carta, es un servidor público de la especie miembro de corporación pública, pues, además, expresamente el artículo 312 ibídem señala que no tiene la calidad de empleado público, lo cual está en armonía con lo ya dicho, dado que los empleados públicos son otra especie del género

servidores públicos. En ese orden de ideas, una correcta interpretación de la inhabilidad para ser Alcalde cuando ha desempeñado el cargo de Concejal debe armonizarse con el artículo 312 constitucional, que define la naturaleza jurídica del cargo de Concejal, excluyéndoles la calidad de empleados públicos a los Concejales. En consecuencia, los Concejales son servidores de elección popular directa que no tienen la calidad de empleados públicos” (Negrilla adicional) Con ello, es claro que el cargo de concejal no tiene la naturaleza de empleado público, pues son estos únicamente servidores públicos en calidad de miembros de la Corporación Pública; hecho por el cual, a quienes sean concejales electos y en ejercicio y renuncien a dicha dignidad para aspirar al Congreso de la República – como en el presente caso – la inhabilidad establecida en el numeral 2 del artículo 179 constitucional no les es aplicable. Se advierte que el mismo demandante, en su escrito cautelar, reconoce esta circunstancia; sin embargo, considera que a los concejales se les debe aplicar la causal inhabilitante 12 Consejo de Estado. Sección Quinta. Expediente No. 3588. M.P. Darío Quiñones Pinilla. 13 de mayo de 2005. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 señalada en numeral 2 del artículo 179 constitucional. Con todo, por expreso mandato de la

misma Constitución, el elemento subjetivo de dicha norma no cobija a los concejales. Así las cosas, y desvirtuada la calidad de empleado público de los concejales, requisito para la materialización de la inhabilidad reclamada, se relevará de analizar los elementos objetivo y temporal arriba indicados. Con lo anterior, en esta etapa procesal no se advierte que la presente causal tenga vocación de suspender el acto de elección de LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO como Representante a la Cámara por el Departamento del Huila, para el periodo 2022-2026 2.3.3. Inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política El numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política establece que, “ARTICULO 179. No podrán ser congresistas: (…) 3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.” De la lectura de la norma constitucional, se desprende que la causal inhabilitante contiene en sí misma una multiplicidad de situaciones fácticas que pueden conllevar a su configuración, siendo estas: - la gestión de negocios ante entidades públicas; - la celebración de contratos en interés propio o de terceros ante entidades públicas y; - el haber desempeñado la representación legal de entidades que administren tributos y contribuciones parafiscales. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Página 12 Referente a la gestión de negocios ante entidades públicas y la celebración de contratos con las mismas, en interés propio o de terceros, el Consejo de Estado ha señalado13: “En la sentencia de 3 de febrero de 2006, expediente 3867, esta Sección efectuó las siguientes precisiones acerca del sentido y alcance de la causal de inhabilidad que ocupa la atención de la Sala: "...esta Sala ha entendido por intervención en la celebración de contratos aquellas gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal y activa en los actos conducentes a la celebración del mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular. De esta manera, la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa. ...De otra parte, ha establecido que lo que constituye causal de inhabilidad es la intervención en la celebración de contratos y no su ejecución14. Igual consideración expresó respecto de la intervención en la gestión de negocios”. En la sentencia C618 de 27 de noviembre de 1997 la Corte Constitucional señaló que dicha inhabilidad perseguía las siguientes finalidades constitucionales: "evitar una confusión entre intereses públicos y privados. En efecto, quien ha intervenido en nombre propio o de terceros en la celebración de un contrato con la

administración, en principio defiende los intereses particulares frente a los intereses del Estado, mientras que el alcalde tiene exactamente la función contraria, pues su función es la preservación de los intereses del municipio, por lo cual le corresponde incluso ejercer un control sobre los propios contratistas. Por ello, y como bien lo señalan los intervinientes, resulta razonable evitar que llegue a ser jefe de la administración local quien, como particular, ha participado en una contratación que interesa al municipio, sin que medie un plazo prudente que garantice la no incidencia del funcionario en las medidas, recursos y evaluaciones que se encuentran en cabeza de la administración. De otro lado, la inhabilidad también puede cumplir otra finalidad constitucionalmente relevante, pues obstaculiza el aprovechamiento de recursos públicos para desfigurar los procesos electorales. En efecto, un contratista, por el hecho de adelantar obras de "utilidad para la comunidad, puede llegar a ejercer una cierta influencia local, que podría aprovechar en los procesos electorales municipales, con lo cual se viola la igualdad en este campo y se altera la propia dinámica de la participación política. 13 Consejo de Estado. Rad. 4033. Sentencia 31 de agosto de 2006. 14 Sentencia de 6 de marzo de 2003 proferido por la Sección 58 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, entre otras Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 13 La Sección, por su parte, sostuvo en varias ocasiones que la inhabilidad solo podía predicarse frente a quienes intervienen en la celebración de contratos en interés particular (propio o de un tercero) y no frente a quienes celebraran contratos en su calidad de funcionarios públicos y en nombre de entidades públicas, pues en tal caso actúan como representantes del interés general y en cumplimiento de un deber legal15”. Y en otra decisión16, la misma corporación precisó algunas diferencias adicionales: “«5.1.2. Siguiendo los pronunciamientos de la Sala y la semántica de los vocablos utilizados en su descripción normativa, se puede decir que la connotación sustancial de esa causal, gestión de negocios ante entidades públicas, es la de realizar diligencias, en interés propio o de terceros, de manera directa o por interpuesta persona, con el fin de obtener la satisfacción de un interés especial de personas determinadas, como respuesta o resultas de esas gestiones, pues todo negocio comporta un interés jurídico de quienes intervienen en él, susceptible de plasmarse o concretarse en situaciones subjetivas que implican prestaciones o contraprestaciones, según se precisa a continuación: La Sala, a propósito del tema, señaló: “El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “Gestionar” como “Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un deseo cualquiera”. Implica una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, en su propio interés o en el de terceros, con miras a obtener un resultado. Si bien la “Gestión de negocios” es una causal de inhabilidad autónoma de la “Celebración de contratos”, los términos “negocios” y “contratos” pueden tener

elementos comunes. La celebración de contratos supone la realización de una gestión previa; la gestión de negocios busca la celebración o ejecución de contratos y en general, un beneficio particular a favor de la persona que lo adelanta o de un tercero, así el cometido no se concrete efectivamente.” 17 15 Sentencias 2143 de 11 de febrero de 1999 y de 24 de agosto de 2001, radicación 2583, proferidas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado. 16 Consejo de Estado, Sala Plena. Radicado 11001-03-15-000-2008-01234-00 (PI) del 6 de octubre de 2009,

Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

17 Concepto 16691 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 14 De lo anterior se tiene que es claro que ambas figuras contienen elementos diferentesprincipalmente en lo que refiere al espacio temporal en que ocurren y en el beneficio pretendido – pero también cuentan con algunos otros similares, siendo el más notorio el que ambas demandan que tanto la gestión como la celebración de un contrato se deba adelantar ante entidades públicas. En el presente asunto, el demandante expone que la LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO, cuando se desempeñó como concejal del municipio de Neiva y como primera

vicepresidenta de la Mesa Directiva del respectivo concejo, participó y suscribió los siguientes documentos: - Cartas de renuncia de LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO como concejal de Neiva. - Resoluciones 06418 y 06619 de 4 y 8 de noviembre de 2021 respectivamente. - Contrato de prestación de servicios No 062 de 2021, suscrito por la demandada en calidad de presidenta delegada del Concejo de Neiva. - Resolución 070 del 17 de noviembre de 2021, advirtiendo que dicho documento no lo firmo la accionada, pero si la “afecta o vincula de manera directa”. Para esta Delegada, ninguno de los documentos aportados por el demandante, en esta etapa procesal, tienen la potencialidad de suspender el acto de elección de la demandada como Representante a la Cámara por el Departamento del Huila, como pasa a explicarse. En primer lugar, los escritos de renuncia que la hoy accionada presentó ante la Mesa Directiva del Concejo de Neiva, de fechas 11 y 13 de noviembre de 2021, son una expresión de voluntad de esta, en las que manifestó su intención de dimitir al cargo como concejal electa para el periodo 2020 – 2023, y como tal, no cuentan con las características 18 Por medio de la cual se modifican las Resoluciones No. 061 y 062 de 2021. 19 Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 064 de 2021 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 15 necesarias para enmarcarlas en dichas causales de inhabilidad, pues no se interviene en la gestión o en la celebración de contrato alguno, y ni siquiera se hace referencia de forma tangencial a rela