PGN - NULIDAD - Omisión de investigación integral y en consecuencia rehacer la actuación

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Incidente de desacato NULIDAD-Omisión de investigación integral y en consecuencia rehacer la actuación Adicionalmente, ya con posterioridad al fallo, encuentra esta delegada que el recurso de apelación, oportunamente interpuesto y sustentado, solo vino a ser concedido más de ocho (8) meses después, a pesar de tratarse de una sanción de destitución e inhabilidad general y ello se hizo en el efecto devolutivo. Todas estas deficiencias advertidas en el trámite disciplinario, además de la omisión de investigación integral, referida por la apoderada del disciplinado en su recurso de apelación, podrían llevar a esta oficina a considerar la posibilidad de decretar una nulidad con el fin de que se rehaga la actuación. PREVALENCIA DE ABSOLUCIÓN-Se aplica preponderantemente sobre la declaratoria de nulidad No obstante lo anterior, en este caso, evaluadas las pruebas y los argumentos jurídicos que soportaron la decisión de instancia, encuentra esta oficina que es prudente y razonable aplicar la doctrina de prevalencia de la absolución sobre la declaratoria de nulidad que ha venido sosteniendo la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia de manera reiterada. Esta aplicabilidad deviene de las semejanzas entre el derecho disciplinario y el derecho penal, en cuanto formas del derecho sancionador, del carácter extremo de la nulidad y de la observancia de los principios de economía y celeridad. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA-Se incumplió con los plazos o las condiciones fijadas por los Despachos Judiciales/ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA-No se constató que hubiera fraude o dolo/ATIPICIDAD DE LA CONDUCTAJurisprudencia del Consejo de Estado Lo primero que debe advertirse es que la prueba documental arrimada al expediente brinda evidencias concluyentes de la responsabilidad del Alcalde en el desacato a diversas sentencias de la jurisdicción constitucional en la medida en que se incumplió con los plazos o las condiciones fijadas por los despachos judiciales para la cancelación de los dineros adeudados a exempleados de la administración municipal por concepto de prestaciones sociales. En línea de lo anterior, los argumentos del supremo tribunal en mención obedecen a criterios de análisis objetivo del resultado de la conducta que implicó el desconocimiento o incumplimiento sistemático de fallos de tutela, lo que generó las decisiones de desacato que resultaron contrarias al disciplinado e incluso le impusieron la medida correccional de arresto, pero esa verificación objetiva no es suficiente para derivar de allí la existencia de los elementos típicos del delito de fraude a resolución judicial tal como lo hizo el a quo en este caso. Ello es así porque el fraude a resolución judicial, como tipo penal, no se agota en el incumplimiento de una decisión judicial, sino que exige la actuación fraudulenta como medio para evadir el incumplimiento y ese elemento está ausente del análisis del a quo. Dicho lo anterior, no es predicable la configuración de la conducta del sujeto agente en el tipo penal de fraude a resolución judicial, previsto como delito en el estatuto penal colombiano en su artículo 454, lo que en consecuencia desdibuja el encuadramiento de las conductas reprochadas del caso sub-examine dentro de lo normado en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Esta procuraduría delegada encuentra que, en línea de los párrafos precedentes, no se encuentra ajustado a los cánones del derecho disciplinario que la procuraduría regional de Caquetá hubiere construido la existencia de la conducta fraudulenta y dolosa mediante las Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 1 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 15-80, piso 8°, conmutador 5878750, Ext. 10824 – Fax 10896 argumentaciones por ella esbozadas, toda vez que la existencia de la falta disciplinaria a título de dolo no fue constatable desde el principio probatorio de la sana crítica, en razón a que el argumento de sistematicidad de incumplimiento de los fallos de tutela en que haya incurrido el sujeto disciplinable, no se puede confundir con un ánimo volitivo de querer la realización del resultado, pues los elementos probatorios que sirvieron como sustento de la decisión de primera instancia, fueron justamente pronunciamientos judiciales de desacato. RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Proscrita en derecho disciplinario Así pues, se advierte que tales juicios hechos por órganos jurisdiccionales, no se sustentan ni podrían sustentarse en análisis de culpabilidad, ya que ello implicaría comprometer la razón ontológica y teleológica de la jurisdicción constitucional en materia de garantismo iusfundamental y es por esa razón que los juicios de connotación disciplinaria y aún penal derivados de los desacatos, se dejan a los operadores encargados de realizar los juzgamientos en dichas materias, tal como ha ocurrido en el asunto subexámine, advirtiéndose que el dolo en las conductas no puede ser inferido de

lo sostenido en dichos juicios de desacato, sino que debe ser probado por los operadores disciplinario y penal, en clara concordancia con la proscripción de toda responsabilidad objetiva realizada por el constituyente de 1991, condición que no se cumplió en este caso particular, lo que impide sostener la sanción impuesta en primera instancia. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 2 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 15-80, piso 8°, conmutador 5878750, Ext. 10824 – Fax 10896 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación: IUS 2010-82809 / IUC D-2012-564-243655.

Implicado: JAIME PINZÓN SALAZAR.

Cargo y Entidad: Alcalde Municipal, Puerto Rico (Caquetá).

Quejoso: De Oficio – Informe de Servidor Público.

Fecha de Queja: 2010-03-17

Fecha Hechos: 2011-11-22

Asunto: Fallo de Segunda Instancia.

Bogotá, D. C., 23 de octubre de 2013. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa conoce el recurso de apelación interpuesto por la doctora YORLY XIOMARA GAMBOA CASTAÑO, apoderada del señor alcalde de Puerto Rico (Caquetá), JAIME PINZÓN SALAZAR, contra el fallo sancionatorio de primera instancia, proferido el 2 de noviembre de 2011, por el cual la procuraduría regional de Caquetá le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años.

ANTECEDENTES PROCESALES La presente actuación disciplinaria se inició por informes radicados el 17 de marzo de 2010, ante la procuraduría regional de Caquetá, por el secretario del juzgado tercero penal municipal de Florencia (Caquetá), referidos a los incidentes de desacato a favor de RICARDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ y LUIS OLIMPO NARVÁEZ MENESES, contra la alcaldía municipal de Puerto Rico, en cabeza del señor JAIME PINZÓN SALAZAR, por incumplimiento de los fallos de tutela del 21 de diciembre de 2009, radicados 2009-0062 y 2009-0063, respectivamente, que ordenaban el pago correspondiente a las mesadas pensionales a que tenían derecho los accionantes (ff. 2 y 232 c. o. 1). La procuraduría regional dispuso la apertura de investigación disciplinaria, frente al burgomaestre PINZÓN SALAZAR, con auto del 7 de julio de 2010 que fue notificado personalmente el 20 de agosto del mismo año (ff. 316, 317 y 327 c. o. 2); con auto del 19 de octubre de 2010 se dispuso la práctica de pruebas de oficio (ff. 82 y reverso c. o 2). Finalmente, el 27 de julio de 2011, se procedió al cierre de la investigación disciplinaria (f. 737 c. o. 3). Ninguna de estas dos últimas decisiones fue notificada al disciplinado, según se advierte de la documentación que conforma el expediente, pero en la comunicación que se surtió frente a la decisión de cierre se anunció la procedencia del recurso de reposición (f. 738 c. o. 3).

El 19 de agosto de 2011 se profirió pliego de cargos (ff. 778 a 786 c. o. 3) contra el señor JAIME PINZÓN SALAZAR, en su calidad de alcalde de Puerto Rico, a quien se le notificó personalmente la decisión el 1 de septiembre de 2011 (f. 792 c. o. 4). El 2 de noviembre de 2011, la procuraduría regional emitió fallo sancionatorio de primera instancia que se notificó personalmente a la defensora del disciplinado el día 11 de los mismos mes y año (ff. 827 a 840 y 841 c. o. 4). El 17 de noviembre de 2011 se interpuso y sustentó el recurso de apelación que fue concedido, en el efecto devolutivo, con auto del 30 de julio de 2012 y remitido a esta sede para su trámite (ff. 843 a 849 y 908 c. o. 4).

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 3 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 15-80, piso 8°, conmutador 5878750, Ext. 10824 – Fax 10896 El numeral 4 del artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000 establece, dentro de las funciones de las procuradurías delegadas, la de conocer en segunda instancia los procesos que, en primera instancia, sean de competencia de los procuradores regionales, por lo que este despacho es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la apoderada del disciplinado, teniendo en cuenta que el

fallo de primera instancia fue proferido por el procurador regional de Caquetá. CARGO FORMULADO De la documentación allegada al proceso en el curso de la investigación disciplinaria, la procuraduría regional de Caquetá, consideró debidamente probado el incumplimiento, por parte del señor alcalde del municipio de Puerto Rico de las siguientes decisiones judiciales: «RICARDO RODRIGUEZ MENDEZ fallo de tutela del 21-12-2009 dictado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Garantías Florencia e incidente de desacato del 8-01-2010. HIPÓLITO CABRERA SOTO fallo de tutela del 12-07-2010 del Juez 2° Promiscuo Municipal de Puerto Rico, incidente de desacato del 4-11-2010, confirmado en consulta por el Juzgado Promiscuo de Circuito de Puerto Rico el 10-11-2010. NELLY BARRIOS. Fallo de tutela del 12-07-2010 proferido por el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Puerto Rico, incidente de desacato del 16-11-2010 y consulta que confirma del 24-11-2010 dictada por el Juzgado Promiscuo de Circuito de Puerto Rico. Así como la sentencia del 20 de mayo de 2011, decretada por la Sala de casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MARGOTH VÁSQUEZ DE GUZMÁN. Fallo de tutela del 12-07-2010 promulgado por el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Puerto Rico. Incidente de desacato del 9-11-2010 y Consulta que confirma del 19-11-2010 dictada por el Juzgado

Promiscuo de Circuito de Puerto Rico. LUIS OLIMPO NARVÁEZ MENESES fallo de tutela del 23-12-2009 del Juzgado Quinto Penal Municipal Florencia. RAÚL LOSADA MALAMBO fallo de tutela del 19-01-2010 del Juzgado 1.° Promiscuo Municipal Puerto Rico. LUZ MERY RODRIGUEZ MENDEZ Y JORGE ELIECER CÓRDÓBA VALDERRAMA fallo de tutela de segunda instancia del 10-02-2010 del Juzgado 3.° Penal de Circuito de Florencia. GUILLERMO PINEDA FANTECHO fallo de tutela del 20-01-2010 del Juzgado 4.° Civil Municipal de Florencia. LUIS ALBERTO ALVARAN HOYOS Y JAIME DE JESÚS GUTIERREZ VILLALBA. Fallo de tutela del 22-11-2011 dictado por el juzgado 1.° Promiscuo Municipal de Puerto Rico.» (ff. 783 y 784 c. o. 4). En consecuencia, formuló imputación disciplinaria en estos términos: «[…] En todos los fallos, de manera concreta, se vislumbra que, en efecto, usted Jaime Pinzón Salazar fue conminado a cancelar a los tutelantes los emolumentos adeudados por concepto de prestaciones sociales dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del respectivo fallo y que, en caso de no Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 4 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 15-80, piso 8°, conmutador 5878750, Ext. 10824 – Fax 10896

haber las existencias suficientes para estos pagos, debía, en un plazo no mayor de diez (10) días, también contados a partir de la notificación del fallo, adelantar los trámites y adoptar las medidas necesarias para tal fin, de lo cual debía dar aviso a los respectivos Juzgados, pero el burgomaestre no cumplió con ninguna de estas imposiciones. […]» (f. 781 c. o. 4). De acuerdo con la formulación del cargo trascrito, la imputación jurídica descansa en las previsiones del artículo 53 del Decreto 2591 de 2002, relativo a las sanciones penales por el incumplimiento de fallos de tutela, por lo que se consideró configurada la falta prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en relación con el artículo 454 de la Ley 599 de 2000 que tipifica el fraude a resolución judicial. En su auto del 19 de agosto de 2011, la procuraduría regional calificó la falta como gravísima a título doloso. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La procuraduría regional de Caquetá, como fundamento del fallo proferido el día 2 de noviembre de 2011, sostuvo que el señor PINZÓN SALAZAR incurrió en falta disciplinaria señalada en la ley como gravísima, en su condición de alcalde municipal de Puerto Rico (Caquetá), representante legal y ordenador del gasto, de conformidad con el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, dada la sistematicidad en el incumplimiento de la órdenes de tutela proferidas en sede judicial.

Dicho esto consideró que el señor alcalde JAIME PINZÓN SALAZAR era una persona que ostentaba idoneidad para desempeñar su cargo, por lo que se esperaba que sus actuaciones se adelantaran conforme a derecho, de acuerdo con los deberes que le eran propios, lo que en este caso no sucedió, pues según la regional de Caquetá, el disciplinado no se abstuvo de cometer conductas punibles a título de dolo, verbigracia, omitir el cumplimiento de las órdenes de tutela antedichas tratando de justificar su inoperancia con medidas poco eficaces para efectos de la cabal observancia de las decisiones proferidas en sede judicial. En línea de lo anterior, el a quo sostuvo que de las pruebas obrantes en la actuación disciplinaria puede derivarse que el disciplinado conocía y era consciente de sus acciones y omisiones pues, según la regional, el disciplinado ni siquiera procedió a informar sobre las medidas por él adoptadas para solucionar el problema ocasionado con el desconocimiento de los derechos pensionales de los accionantes y exfuncionarios del municipio de Puerto Rico (Caquetá). De ahí lo que permitió a la regional de Caquetá calificar la conducta como dolosa, pues el disciplinado debía tener claridad de que podía proferirse un fallo en su contra y no sólo esbozar argumentos como la ausencia de dinero para proceder con el pago ordenado en sede de tutela respecto de derechos pensionales. El a quo tuvo como fundamento en la construcción del dolo, respecto de la conducta reprochada, que se trató de un desconocimiento sistemático de sentencias constitucionales por parte del disciplinado y que era evidente su

conciencia en el daño que causaba con dicha conducta, coligiendo así la voluntad en su realización. Hechas las anteriores consideraciones, la procuraduría regional de Caquetá resolvió imponer sanción al señor JAIME PINZÓN SALAZAR, en su calidad de alcalde del municipio de Puerto Rico (Caquetá), con destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años.

IMPUGNACIÓN

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 5 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 15-80, piso 8°, conmutador 5878750, Ext. 10824 – Fax 10896 El señor JAIME PINZÓN SALAZAR, en su calidad de sancionado y por intermedio de su apoderada, doctora YORLY XIOMARA GAMBOA CASTAÑO, interpuso recurso de apelación, mediante escrito recibido el 17 de noviembre de 2011 en la procuraduría regional de Caquetá (ff. 843 a 849 c. o. 4), que fue concedido por esa dependencia el 30 de julio de 2012 (f. 908 c. o. 4), por lo que se dispuso su remisión al reparto de las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa. El recurso de alzada sustentado por la apoderada del disciplinado se puede resumir en los siguientes puntos: 1.- Que, en el presente proceso, debió haberse probado por el juez disciplinario la responsabilidad subjetiva del procesado, tal y como expresamente fue reconocido en la providencia, al señalar que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que

obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la responsabilidad del investigado, es decir, que sin prueba certera de su responsabilidad subjetiva a título de dolo, no podría hablarse de la conducta disciplinaria que se pretende atribuir. 2.- Consideró que el fallador utilizó su percepción personal del asunto para calificar una conducta como dolosa y que además se desconoció que sí se cumplieron los fallos de tutela, por cuyo incumplimiento ha sido sancionado. 3.- Desconoció el a-quo que la única argumentación de defensa que tuvo el alcalde a lo largo del proceso, fueron los escritos enviados a los jueces de tutela, donde se explicaba de manera clara, las gestiones que había realizado en cumplimiento de los fallos, por cuanto la procuraduría regional no decretó prueba alguna destinada a generar la certeza de que efectivamente el señor PINZÓN SALAZAR tuvo la intención de desobedecer una orden judicial. 4.- Considera que no era dable a la procuraduría regional de Caquetá, soslayar la presunción de inocencia del alcalde PINZÓN SALAZAR, por su parecer arbitrario de que tenía la intención de causar un daño o que no le importaba la suerte de los pensionados, incluso señalando que el burgomaestre nunca priorizó los recursos para estos pagos, cuando realmente ocurrió lo contrario, lo cual hubiese podido saber con la mera solicitud de la ejecuciones presupuestales de cada anualidad. 5.- Indica que el dolo es la voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud (elemento intelectual). En los actos jurídicos, el

dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación, esta voluntad precisamente, es la que carece de sustento probatorio, razón por la cual no se puede condenar a una persona cuando, incluso en los mismos procesos incidentales, se omitió hablar de la culpabilidad del burgomaestre, sólo se limitaron a evaluar la responsabilidad objetiva que no puede ser causa de sanción en el presente proceso.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Cuestiones previas.

Es necesario señalar, tal como quedó expuesto en acápite anterior donde se resumieron los antecedentes procesales de esta actuación, que el proceso disciplinario adelantado por la procuraduría regional de Caquetá al señor JAIME PINZÓN SALAZAR, en su calidad de alcalde de Puerto Rico para la época de los hechos, adolece de una serie de irregularidades en detrimento de los derechos del Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 6 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 15-80, piso 8°, conmutador 5878750, Ext. 10824 – Fax 10896 procesado, entre los que se incluyen la falta de notificación del auto de pruebas del 19 de octubre de 2010 y del cierre de investigación del 27 de julio de 2011, auto contra el cual procede recurso de reposición. Adicionalmente, ya con posterioridad al fallo, encuentra esta delegada que el recurso de apelación, oportunamente interpuesto y sustentado, solo vino a ser concedido más de ocho (8) meses después, a pesar de tratarse de una sanción de destitución e inhabilidad general y ello se hizo en el efecto devolutivo. Todas estas

deficiencias advertidas en el trámite disciplinario, además de la omisión de investigación integral, referida por la apoderada del disciplinado en su recurso de apelación, podrían llevar a esta oficina a considerar la posibilidad de decretar una nulidad con el fin de que se rehaga la actuación. No obstante lo anterior, en este caso, evaluadas las pruebas y los argumentos jurídicos que soportaron la decisión de instancia, encuentra esta oficina que es prudente y razonable aplicar la doctrina de prevalencia de la absolución sobre la declaratoria de nulidad que ha venido sosteniendo la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia de manera reiterada. Esta aplicabilidad deviene de las semejanzas entre el derecho disciplinario y el derecho penal, en cuanto formas del derecho sancionador, del carácter extremo de la nulidad y de la observancia de los principios de economía y celeridad. En cuanto a los elementos centrales de esta doctrina y su trayectoria en el máximo tribunal de la justicia ordinaria, han sido señalados por esa corporación en la sentencia de casación del 24 de julio de 2013, expedida dentro del radicado 41.205 (magistrado ponente JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ), en estos términos: «[…] tal como ha sido indicado por la Sala [Sentencia de casación de 5 de mayo de 2010. Rad. 30948], la Corte se ha orientado por sostener que de llegarse a presentar tensión entre las alternativas de declarar la ineficacia de lo actuado a consecuencia de encontrar acreditada la configuración de vicios de estructura o de garantía que afectan exclusivamente al procesado, y la de excluirlo de

responsabilidad penal, en sede extraordinaria debe resolverse a favor de la opción que le reporte mayor significación sustancial, que no es otra que la del derecho a la absolución por los cargos que le fueron formulados, como finalidad superior perseguida por la garantía fundamental de defensa técnica y material. Sobre dicho particular [entre otras, sentencia de casación de 10 de junio de 2008 Rad. 28693 y casación 27816 de 17 de junio de 2009], ha señalado que: “Si el derecho de defensa tiene como fin brindar al sujeto pasivo de la acción penal herramientas jurídicas para oponerse a la pretensión punitiva estatal y buscar, de esa forma y por regla general, desvirtuar las pruebas de cargo y, por consiguiente, obtener la declaración judicial de su inocencia, ninguna razón tiene invalidar la actuación con el único objetivo de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa cuando las pruebas recaudadas imponen el proferimiento de una absolución. En esos casos, la mejor garantía de protección del derecho de defensa es la adopción en este momento de la decisión favorable a los intereses del acusado. “Recuérdese que, según lo tiene dicho la Sala, “una de las características de la nulidad es que debe prosperar si se advierte que con la sentencia se ha causado un daño al procesado y que con la recomposición del proceso obtendría un beneficio , es decir, un bien” [Sentencia del 11 de diciembre de 2003, radicación 19775] (se resalta, ahora)”. […]» . Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 7 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 15-80, piso 8°, conmutador 5878750, Ext. 10824 – Fax 10896

En este orden de ideas, se dejará de lado el estudio detenido de las irregularidades antes referidas, con el fin de adentrarse en el análisis de las debilidades de fondo en la decisión de primera instancia que permiten, desde ya, anunciar que la sanción impuesta al exalcalde PINZÓN SALALZAR debe ser revocada para, en su lugar, absolverlo del cargo que le fuera formulado en auto del 19 de agosto de 2011.

2. Atipicidad de la conducta reprochada.

Lo primero que debe advertirse es que la prueba documental arrimada al expediente brinda evidencias concluyentes de la responsabilidad del señor JAIME PINZÓN SALAZAR en el desacato a diversas sentencias de la jurisdicción constitucional en la medida en que se incumplió con los plazos o las condiciones fijadas por los despachos judiciales para la cancelación de los dineros adeudados a exempleados de la administración municipal por concepto de prestaciones sociales. En ese sentido, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 20 de mayo de 2011, en la que desató la apelación interpuesta por el disciplinado en la acción de tutela radicada con el número 18001-22-08-0002010-00271-01 (ff. 746 a 749, reverso, c. o. 3) concluyó lo siguiente: «[…] Alega que los fallos de tutela ordenaban adelantar las gestiones necesarias para obtener los recursos para pagar tales prestaciones, y que eso fue precisamente lo que hizo, a través de distintas actuaciones para obtener empréstitos y reducir gastos en la administración municipal. Sin embargo, analizado el material probatorio, se encuentra que el presente reparo

constitucional no está llamado a prosperar. De un análisis de las pruebas aportadas, es evidente la insuficiencia de las gestiones adelantadas por el alcalde Pinzón Salazar para dar cumplimiento a los fallos de tutela de julio 12 de 2010, en los que se daba órdenes al alcalde de Puerto Rico (Caquetá) para atender una serie de mesadas pensionales a cargo del municipio. Es cierto que, en su oportunidad, los fallos de tutela de 12 de julio de 2010 ordenaban simplemente realizar todas las gestiones para obtener recursos con los que serían atendidas las mesadas pensionales; sin embargo, por la naturaleza de los derechos involucrados en dichas órdenes, no puede entenderse que la alcaldía municipal estuviera automáticamente exonerada de obtener un resultado concreto frente al pago de las mesadas […]. En efecto las autoridades de la República, en un Estado Social de Derecho, están en la obligación de aplicar las previsiones jurídicas teniendo en cuenta las condiciones de desigualdad que se encuentran presentes en la realidad, e interpretándolas para lograr que la igualdad entre todas las personas sea real y efectiva. Así, el Estado debe velar por compensar la situación de quienes por cualquier condición de edad, sexo, raza, o cualquier diversidad social o cultural se encuentran en condiciones de desventaja frente al resto de la sociedad. […] En esta medida, las “gestiones” que la alcaldía de Puerto Rico debía desempeñar no podían limitarse únicamente a la presentación de solicitudes de endeudamiento y negociaciones varias para obtener recursos, sino a una efectiva redistribución del gasto público para atender las mesadas pensionales con el

grado de prelación constitucional que ellas tienen. Atendiendo a lo anterior, no podían darse por cumplidos los fallos de tutela con la sola acreditación de que la alcaldía había presentado proyectos para lo obtención Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 8 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 15-80, piso 8°, conmutador 5878750, Ext. 10824 – Fax 10896 de empréstitos y créditos privados, reducción de nómina, o un proyecto para solicitar el inicio de un acuerdo de restructuración, y en esta medida fue acertada la decisión de los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Puerto Rico que encontraron probado el desacato e impusieron las sanciones respectivas. […]». En línea de lo anterior, los argumentos del supremo tribunal en mención obedecen a criterios de análisis objetivo del resultado de la conducta que implicó el desconocimiento o incumplimiento sistemático de fallos de tutela, lo que generó las decisiones de desacato que resultaron contrarias al disciplinado e incluso le impusieron la medida correccional de arresto, pero esa verificación objetiva no es suficiente para derivar de allí la existencia de los elementos típicos del delito de fraude a resolución judicial tal como lo hizo el a quo en este caso. En efecto, el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, dispone que «[e]l que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este Decreto incurrirá, según el

caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar […]»; sin embargo, la naturaleza de las sanciones correctivas disciplinarias, como el desacato, y las penales no pierde sus características distintivas en atención a esta previsión normativa, tal como lo ha entendido la Corte Constitucional en las sentencias C-243 de 1996 y C-092 de 1997. Así, en el segundo de los fallos antes citados, el tribunal estimó necesario puntualizar lo siguiente: «[…] La previsión normativa abstracta de las sanciones, disciplinaria por desacato y, penales a que haya lugar, eventualmente aplicables en virtud del incumplimiento de las órdenes proferidas por el juez de tutela, tanto en el trámite de la acción como en el fallo, no vulnera el principio del non bis in ídem, ya que la índole de los procesos y la causa de iniciación de los mismos, es distinta en ambos casos. El primero corresponde al ejercicio de los poderes disciplinarios del juez y se inicia con el fin de lograr la efectividad de la orden proferida y con ella el respeto del derecho fundamental vulnerado; en tanto que el segundo es de naturaleza penal y su finalidad es la de castigar la vulneración de los bienes jurídicos constitucional o legalmente protegidos, producida con la omisión del cumplimiento de lo ordenado. Lo anterior no es óbice para que en supuestos determinados los jueces de tutela o los penales, respectivamente, se abstengan de aplicar la sanción disciplinaria o penal, derivada del incumplimiento de una orden proferida por un juez de tutela, si consideran que al

hacerlo imponen una doble sanción por un mismo hecho, pues no debe olvidarse que el ejercicio de la función punitiva supone siempre el respeto de las garantías sustanciales y adjetivas de los procesados. […]». Esta aclaración tiene pleno sentido en la medida en que, de entenderse el alcance del artículo 53 del Decreto 2591 de 1991 en el sentido en que lo hace la primera instancia, toda sanción por desacato, derivada del incumplimiento de una orden de tutela, llevaría ínsito el reproche penal con las consecuencias prácticas que una derivación semejante supondría y que son, a todas luces, irrazonables. En consecuencia, la aplicación de las sanciones penales a la conducta de incumplimiento de la sentencia de tutela debe pasar por la estructuración propia del tipo penal que se pretende aplicar, en el caso que nos ocupa, el de fraude a resolución judicial. De fallarse en la adecuación de la conducta reprochada al sujeto disciplinable con la descripción típica del delito, la imputación por el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 resulta insostenible, tal como ocurre en el caso que concita este pronunciamiento. Ello es así porque el fraude a resolución judicial, como tipo penal, no se agota en el inc