PGN - NULIDAD - Pérdida de fuerza ejecutoria y solicitud de prescripción de actos administ

NULIDAD-Pérdida de fuerza ejecutoria y solicitud de prescripción de actos administrativos que ordenaron librar mandamiento de pago por impuesto predial CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-No es viable cuando no se evidencia actuación negligente de demandada CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Para su liquidación y ejecución se remite al Código General del Proceso, salvo en procesos por interés público CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-No se debe ordenar a parte demandada al no obrar comprobación de gastos en que pudo incurrir demandante/SENTENCIA-Se debe revocar parcialmente al no proceder condena en costas para demandada El Ministerio Público rinde concepto refiriéndose al punto objeto de inconformidad planteado por la sociedad recurrente, esto es, revocar el artículo tercero, de la sentencia de primera instancia, en el cual se dispuso condenarla en costas El artículo 361 del Código General del Proceso, prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho; aquellas, serán tasadas y liquidadas, con criterios objetivos y verificables en el expediente, cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (art. 363 del CGP). Lo anterior es suficiente para considerar que, en el presente caso, no se debe condenar en costas a la parte demandada, por cuanto no aparecen comprobados aquellos gastos en que pudo incurrir la demandante. Por lo tanto, la sentencia recurrida se debe revocar parcialmente, pues no hay lugar a condenar en costas a la parte demandada; en lo demás, se debe confirmar el fallo apelado.

Por lo expuesto, la Procuraduría Sexta Delegada solicita a la Honorable Sala revocar el punto TERCERO de la sentencia de 26 de enero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en lo demás, proceder a su confirmación. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5 87 87 50 ext. 11931/32 www.procuraduria.gov.co Expediente 23068 2 Concepto 252 2017-720435 Bogotá D.C., 29 de agosto de 2017 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

E. S. D.

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Referencia: 63001233300020150015801

Radicado: 23068

Asunto: IMUESTO PREDIAL. CONDENA EN COSTAS

Actor: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDÍO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 30 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000; y en la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005 expedida por el Procurador General, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto dentro del trámite del recurso de apelación en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1. La demandante INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION

DEL QUINDIO solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución 1116 del 28 de julio y 1967 del 26 de septiembre, juntas de 2014, a través de las cuales se resolvió un derecho de petición de pérdida de fuerza ejecutoria, y un recurso de reposición respectivamente. Como restablecimiento del derecho, solicito que se ordenara al municipio de Armenia que declare la pérdida de fuerza ejecutoria y prescripción de los actos administrativos por medio de los cuales se libró mandamiento de pago por concepto de impuesto predial en algunos predios de su propiedad, de los años 2003 al 2009, por haber operado la prescripción de tales obligaciones. En el acápite de normas violadas, expone la actora que el acto administrativo demandado vulneró los artículos 6, 29 y 122 constitucionales; 66 de la ley 383 de 1997; 59 de la ley 788 de 2002; 817 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) modificado por el 86 de la ley 788 de 2002; 8 de la ley 1066 de 2006; 818 del Estatuto Tributario modificado por el 81 de la ley 6 de 1992; 91 de la ley 1437 de 2011; 457 del Acuerdo 027 de 2005; 179 del Acuerdo 017 de 2012.

2. En la etapa de alegaciones, el municipio de Armenia, manifestó que INDEPORTES, después de haber presentado la acción administrativa de control judicial, solicitó al municipio dar aplicación a la figura de la exclusión consagrada en el artículo 27 literal e, que corresponde a los bienes de uso público, atendiendo el

artículo 674 del Código Civil, situación que se surtió como consecuencia de la Expediente 23068 3 actualización que adelantó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, condición que cobijó a 5 de los inmuebles relacionados en la demanda de la referencia, y que se encuentra consignado en la Resolución 022 del 15 de mayo de 2016. Indica que respecto a las fichas catastrales identificadas con los códigos 010203140001000, 01010227000300, 01010121003000 y 010101200008000, la actora efectuó el pago de las obligaciones fiscales hasta el año 2015, por lo que debe darse aplicación al artículo 819 del Estatuto Tributario, configurándose un eventual desistimiento tácito.

3. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 26 de enero de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda, a título de restablecimiento del derecho, declaró probada la prescripción de la acción de cobro por el impuesto predial de las vigencias fiscales 2003 a 2007, condenando en costas a la parte demandada, con fundamento en las siguientes consideraciones: «En ese orden de ideas, se concluye que el demandado perdió competencia temporal para la determinación de la obligación tributaria del actor, como quiera que no existe acto administrativo expedido por éste, en el que se determine el debido cobro del impuesto predial adeudado por el demandante después de la fecha del mandamiento de pago, razón por la cual se entiende, según lo expuesto en la jurisprudencia antes citada y las normas que regulan la materia, que el término de prescripción de la acción

de cobro de las obligaciones contenidas en las Resoluciones N° 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555 y 1556 de 2008, se interrumpió con la notificación de los mandamientos de pagos N° 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166 y 2167; y después de éste término, tal y como se desprende de las pruebas obrantes en el plenario, no hubo ninguna actuación desplegada por el aludido ente territorial, por lo que en consecuencia, la acción de cobro del tributo se encuentra prescrita, por cuanto han transcurrido más de cinco (5) años desde que se venció el plazo y se hizo exigible el pago de la deuda tributaria, sin que el demandado haya adelantado las gestiones de cobro respectivas para hacer efectiva la obligación a cargo del contribuyente, y sin que haya expedido el acto de determinación del tributo, lo cual no puede trasladarse al contribuyente. En igual sentido, respecto a las Resoluciones N° 2746, 2747 y 2748 de 2008, de donde se desprende que no se libró mandamiento de pago, ni mucho menos se realizó actuación alguna tendiente a efectivizar la liquidación oficial del impuesto predial, por lo que el término de prescripción para éstos, operó en el año 2013.».

3. La parte demandada apeló la decisión del a quo, solicitando que no se le condene en costas y agencias en derecho, considerando que no existe un detrimento en el patrimonio de la entidad demandante.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Es materia de definición, la legalidad de las Resoluciones 1116 y 1967 de 2014, por medio de las cuales el municipio de Armenia, negó la declaratoria de pérdida de ejecutoria por prescripción de la acción de cobro del impuesto predial unificado a correspondiente a los años 2003 a 2007, de unos predios de propiedad de cargo del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío. El Ministerio Público rinde concepto refiriéndose al punto objeto de inconformidad planteado por la sociedad recurrente, esto es, revocar el artículo tercero, de la sentencia de primera instancia, en el cual se dispuso condenarla en costas. Expediente 23068 4 En cuanto a la condena en costas, el artículo 188 del C.P.A.C.A. dispone que, salvo en los procesos sobre un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, para cuya liquidación y ejecución se remite al Código General del Proceso. La norma no impone condenar obligatoriamente en costas a la parte vencida, sólo prevé que se disponga lo relacionado con ellas (si hay lugar o no a esa condena). El artículo 361 del Código General del Proceso, prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho; aquellas, serán tasadas y liquidadas, con criterios objetivos y verificables en el expediente, cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (art. 363 del CGP). Lo anterior es suficiente para considerar que, en el presente caso, no se debe

condenar en costas a la parte demandada, por cuanto no aparecen comprobados aquellos gastos en que pudo incurrir la demandante. Por lo tanto, la sentencia recurrida se debe revocar parcialmente, pues no hay lugar a condenar en costas a la parte demandada; en lo demás, se debe confirmar el fallo apelado. Por lo expuesto, la Procuraduría Sexta Delegada solicita a la Honorable Sala revocar el punto TERCERO de la sentencia de 26 de enero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en lo demás, proceder a su confirmación. Señores Consejeros, con toda atención,

MAURICIO MICHEL MOLANO CURREA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado Proyectó Enrique Pintor